DELFINO. Delegación del Poder Ejecutivo (1927)

DELFINO.  Delegación del Poder Ejecutivo

 Buenos Aires, junio 20 de 1927.

Autos y vistos:

Y considerando en cuanto al fondo de la cuestión:

Que la Prefectura General de Puertos impuso a los agentes del vapor alemán ‘Bayen’ una multa de cincuenta pesos por haber violado el art. 43 del Reglamento del Puerto de la Capital de fecha 31/07/08, en consonancia con lo establecido por el art. 117.

Que los arts. 43 y 117 del susodicho reglamento se hallan concebidos en los términos siguientes: ‘Es prohibido a los buques arrojar al agua o a tierra en el interior del puerto objeto alguno, sea cual fuere su especie, peso, dimensiones o calidad’, dice el art. 43 y el 117 castiga con una multa de cincuenta pesos la infracción a la prohibición contenida en el primero.

Que el apelante ha sostenido que los arts. 43 y 117 del decreto aludido son inconstitucionales y constituyen una delegación de facultades legislativas, porque el Poder Ejecutivo carece de atribuciones para crear sanciones penales de un presunto poder de policía que la Constitución ha puesto exclusivamente en manos del Poder Legislativo, y que el primero no ha podido atribuirse sin violar el art. 18 de la misma y los incs. 11, 12 y 28 del art. 67 y 2 del art. 86 de la Carta Fundamental.

Que, la ley 3.445 sancionada el 20/10/1896, ha puesto la policía de los mares, ríos, canales y puertos sometidos a la jurisdicción nacional a cargo exclusivo de la Prefectura General de Puertos y de las subprefecturas y ayudantías que se creen, estableciendo en el art. 3 que mientras no sea sancionado el Código de Policía Fluvial y Marítima, serán atribuciones y deberes de aquéllas:’vigilar el cumplimiento de las disposiciones de las autoridades sanitarias; cuidar de la limpieza de los puertos donde no existan dichas autoridades y remover los obstáculos accidentales que entorpezcan la navegación y juzgar las faltas o contravenciones a las ordenanzas policiales cuando la pena no exceda de un mes de arresto o de cien pesos de multa, debiendo proceder de acuerdo con lo dispuesto en el título II, libro IV del Código de Proc. Criminales, resolución que será apelable para ante el juez de sección inmediato’. Inc.6º, art. 3º.

Que, ciertamente, el Congreso no puede delegar en el Poder Ejecutivo o en otro departamento de la administración, ninguna de las atribuciones o poderes que le han sido expresa o implícitamente conferidos. Es ése un principio uniformalmente admitido como esencial para el mantenimiento e integridad del sistema de gobierno adoptado por la Constitución y proclamado enfáticamente por ésta en el art. 29. Willoughby, p.1317; Cooley, 7ºed.,p.163.

Que, ello no obstante, ni la ley 3.445, en la parte objetada, ni los arts. 43 y 117 del Reglamento, son incompatibles con el mencionado principio. Desde luego, no existe propiamente delegación sino cuando una autoridad investida de un poder determinado hace pasar el ejercicio de ese poder a otra autoridad o persona descargándolo sobre ella. No puede decirse que en el caso de autos el Congreso por medio de la ley 3.445 haya puesto en manos del Poder Ejecutivo todos o algunos de los poderes legislativos que la Carta Fundamental le atribuye en los incs. 11 y 12 del art. 67. Existe una distinción fundamental entre la delegación del poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquélla. Lo primero no puede hacerse, lo segundo es admitido aun en aquellos países en que, como los Estados Unidos de América, el poder reglamentario del Poder Ejecutivo se halla fuera de la letra de la Constitución.

No ha sido definitivamente trazada, dice Marshall, la línea que separa los importantes asuntos que deben ser regulados por la Legislatura misma de aquéllos de menor interés acerca de los cuales una provisión general puede ser hecha, dando facultad o poder a los que deben cumplirlos bajo tal general provisión para encontrar los detalles. La diferencia entre los departamentos es ciertamente la de que la Legislatura hace la ley, el Ejecutivo la ejecuta y el Poder Judicial la interpreta, pero quien hace la ley puede someter algo a la discreción de los otros departamentos y el límite preciso de este poder en materia de la delicada investigación, 10, Weaton 1, 43.

Que la doctrina contenida en estas palabras del gran juez americano es particularmente exacta dentro de los principios consagrados sobre la materia por la Constitución Argentina. Esta, en efecto, confiere el poder de reglamentación, tanto al Congreso como al Poder Ejecutivo. Al primero se lo atribuye de dos modos distintos:

- a) en relación a objetos ciertos y determinados, reglamentar un Banco Nacional (art. 67, inc. 5), reglamentar el comercio marítimo (art. 67, inc. 12), establecer reglamentos para las presas (inc. 22), formar reglamentos y ordenanzas para el gobierno de los ejércitos (inc. 23);

- b) se lo concede de un modo general e indeterminado ‘para hacer todos los reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes’ (art. 67, inc. 28).

A su turno el inc. 2 del art. 86, autoriza al Poder Ejecutivo para expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.

Que esta facultad o poder de reglamentación conferido al Poder Ejecutivo por el inc. 2 del art. 86 de la Constitución en presencia de una ley y la reconocida al Poder Legislativo en el art. 67, son de idéntica naturaleza en el sentido de que ambos pueden comprender y se refieren a disposiciones de un orden semejante o igual, aunque el contenido y la extensión no reconozcan limitación alguna cuando el poder se ejercita por el Congreso.

Que si el poder de reglamentación, sea que lo ejercite el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, designa una determinada facultad específica comprensiva de todas aquellas modalidades de interés secundario o de detalle indispensable para la mejor ejecución de la voluntad legislativa, y si tal poder pertenece tanto al Congreso como al Poder Ejecutivo por disposición expresa de la Carta Fundamental, es evidente, que es una mera circunstancia de hecho, lo que define en cada caso concreto la extensión del poder reglamentario del Poder Ejecutivo, ya que es incontestable que cuando el Congreso ha agotado la reglamentación en mira de la más perfecta ejecución de la ley, el Poder Ejecutivo no tendría materia o sustancia sobre la cual hacer efectiva la que al mismo título le corresponde. El raciocinio es también verdadero cuando, como en el caso sub iudice, el Poder Legislativo lejos de apurar la reglamentación se ha limitado a señalar de un modo general la voluntad legislativa.

Que las observaciones precedentes autorizan a formular la conclusión de que cuando el Poder Ejecutivo es llamado a ejercitar sus poderes reglamentarios en presencia de una ley que ha menester de ellos, lo hace no en virtud de una delegación de atribuciones legislativas, sino a título de una facultad propia consagrada por el art. 86, inc. 2, de la Constitución, y cuya mayor o menor extensión queda determinada por el uso que de la misma facultad haya hecho el Poder Legislativo. Habría una especie de autorización legal implícita dejada a la discreción del Poder Ejecutivo sin más limitación que la de no alterar el contenido de la sanción legislativa con excepciones reglamentarias, pues, como es obvio, el Poder Ejecutivo no podría ir más allá de donde llega la intención de aquélla ni crear la ley, ni modificarla.

Que la Corte Suprema de los Estados Unidos, interpretando preceptos mucho más restringidos que los nuestros, pues aquella Constitución no atribuye expresamente al Poder Ejecutivo facultades reglamentarias, ha podido decir con todo acierto: ’negar al Congreso el derecho de delegar el poder para determinar algún hecho o estado de cosas de las cuales depende la fuerza de sus sanciones, sería para la máquina del gobierno y producir confusión sino parálisis en el campo de las necesidades públicas’, 204 US, p. 364.

Que atentos los términos en que se encuentra concebido el art. 3 de la del 3.445, no es posible desconocer que el Congreso ha legislado la materia relativa al buen mantenimiento de las condiciones sanitarias del puerto de la Capital, a su limpieza y cuidado y al orden de la navegación.

Que para cumplir la voluntad legislativa expresada en esa ley sólo de un modo general el Poder Ejecutivo se hallaba constitucionalmente facultado para dictar ordenanzas y reglamentos especificando y definiendo las circunstancias particulares o los hechos o conjuntos de hechos, mediante los cuales se hacían fectivos los poderes de policía conferidos y cuyo detalle aquélla no había reglado, normas y reglamentos tan obligatorios para los habitantes como si sus disposiciones se encontraran insertas en la propia ley, siempre que ellas se mantuvieran dentro de las limitaciones señaladas por el inc. 2 del art. 86.

Que el hecho previsto y prohibido por el art. 43 del Reglamento del Poder Ejecutivo de fecha 31/07/08 reviste el carácter de una contravención de policía comprendido dentro de los fines generales de la ley 3.445 y del precepto particular del inc. 7 del art. 3 de la misma. Constituye por su contenido el ejercicio legítimo de la facultad de reglamentar atribuida al Poder Ejecutivo por el art. 86, inc. 2, de la Constitución.

Que la cuestión de saber si el Poder Ejecutivo tiene facultades para crear por medio de su poder reglamentario sanciones punitorias constituidas por el arresto o la multa, no existe en la hipótesis, desde que la propia ley 2.445 en su art. 3, inc. 6, ha atribuido expresamente a aquél el derecho de aplicar multas dentro del máximum que la misma señala y la impuesta en el caso al recurrente manifiestamente se halla dentro de lo autorizado por aquélla.

Que la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución en cuanto por ella se exige para la validez de una sanción de carácter penal la existencia de una ley anterior que prevea y castigue el caso traído a la decisión judicial, ha sido observada en el caso. Demostrado como queda, en efecto, la legalidad de los arts. 43 y 117 del Reglamento dictado por el Poder Ejecutivo el 31/07/08, en consecuencia de la ley 3.445, es evidente que la prohibición y la pena contenida en ellos era tan obligatoria para los habitantes como la ley misma, siendo además de observar que la infracción fue cometida después de encontrarse en vigor el susodicho reglamento.

En mérito de estas consideraciones, se confirma la sentencia pronunciada por el señor juez federal en la parte que ha podido ser materia del recurso.

Notifíquese y devuélvanse, reponiéndose el papel en el juzgado de origen.

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Fernández Arias, Elena y otros c. Poggio, José

TRIBUNAL:             Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS)

FECHA:                    1960 / 09 / 19

PARTES:                  Fernández Arias, Elena y otros c. Poggio, José (suc.

PUBLICACION:     LA  LEY, 100, 58.

 

Opinión del procurador general de la Nación.

 

Hay en autos cuestión federal bastante como para proceder a su examen en la instancia de excepción.

A tal efecto, pues, correspondería hacer lugar a la presente queja.

Julio 15 de 1960. ­­ Ramón Lascano.

 

Buenos Aires, setiembre 19 de 1960. ­­

Considerando:

1° ­­ Que contra la sentencia apelada, dictada por la sala A de la Cámara Central Paritaria de Conciliación y Arbitraje Obligatorio, confirmatoria de la resolución de la Cámara Regional de Trenque Lauquen, que ordenaba a la parte demandada “entregar el predio cuestionado”, se dedujo recurso extraordinario, el que ha sido denegado, con motivo de lo cual fue interpuesta la presente queja.

2° ­­ Que los principales agravios expuestos por el recurrente, como fundamento de la apelación extraordinaria que intenta, son los que siguen: a) las leyes 13.246, 13.897 y 14.451 (ADLA, VIII, 85; X­A, 1 y XVIII­A, 65) infringen lo preceptuado por el art. 95 de la Constitución Nacional, toda vez que confieren facultades jurisdiccionales a las referidas Cámaras Paritarias, las que no integran el Poder Judicial de la Nación, puesto que forman parte del Poder administrador, “con dependencia del ministro del ramo y, por ende, del Presidente de la República”; b) esas leyes, asimismo, son violatorias del art. 67, inc. 11 de la Constitución Nacional, dado que “establecen tribunales con jurisdicción nacional en materia que es privativa de las autoridades judiciales de las provincias”; c) sostiénese, también, que media agravio a los arts. 16 y 18 de la Ley Fundamental, y que el fallo impugnado es arbitrario por haber omitido considerar argumentos esenciales que la demandada expuso respecto de la prueba acumulada en autos y de los honorarios “fijados en abierta contradicción con el arancel”.

3° ­­ Que, en atención a la naturaleza de las cuestiones planteadas y a lo establecido por el art. 14 de la ley 48 (ADLA, 1852­1880, 364), el recurso extraordinario es procedente y ha sido mal denegado.

Por ello, habiendo dictaminado el procurador general, se declara procedente el recurso extraordinario interpuesto.

Y considerando en cuanto al fondo del asunto, por no ser necesaria más sustanciación.

4° ­­ Que, en razón de su seriedad e importancia, el primero de los agravios citados, referido al carácter y a las funciones de las cámaras paritarias previstas en la ley 13.246, requiere detenido examen, cualquiera sea la conclusión que corresponda adoptar, habida cuenta de que, efectivamente, esta Corte Suprema tiene reiteradamente resuelto que las mencionadas cámaras son órganos administrativos que ejercen atribuciones de tipo jurisdiccional (Fallos, t. 233, p. 83 y los allí citados [Rev. LA LEY, t. 82, p. 56, fallo 38.642]).

5° ­­ Que, como punto de partida, es preciso advertir que el reconocimiento de facultades jurisdiccionales a órganos administrativos es uno de los aspectos que, en mayor grado, atribuyen fisonomía relativamente nueva al principio atinente a la división de poderes. Esta típica modalidad del derecho público actual, desde luego, no ha surgido como consecuencia de especulaciones de orden teórico. Tampoco expresa ni encubre una determinada concepción del Estado. Muy por el contrario, constituye uno de los modos universales de responder, pragmáticamente, al premioso reclamo de los hechos que componen la realidad de este tiempo, mucho más vasta y compleja que la que pudieron imaginar los constituyentes del siglo pasado, y se asienta en la idea de que una administración ágil, eficaz y dotada de competencia amplia es instrumento apto para resguardar, en determinados aspectos, fundamentales intereses colectivos de contenido económico y social (v. Fallos, t. 199, ps. 483, 524 y 536 [Rev. LA LEY, t. 36, p. 703, fallo 18.217]), los que de otra manera sólo podrían ser tardía o insuficientemente satisfechos (Landis, James M., “The Administrative Process”, ed. 1950, ps. 1, 6 y siguientes).

6° ­­ Que así acontece, incluso, en países como Gran Bretaña y los Estados Unidos, cuya organización política, a semejanza de la existente en la Argentina, confía el ejercicio de la función jurisdiccional a magistrados específicamente encargados de desempeñarla, los que son, además, diferenciados e independientes.

7° ­­ Que en el primero de los países mencionados es dado comprobar la existencia de una verdadera “plétora de tribunales administrativos” que conocen ­­entre otros asuntos­­ en cuestiones sobre tarifas e impuestos, regulación de cargas ferroviarias, beneficios de seguridad social, pensiones de guerra, indemnizaciones por pérdida de derechos reales derivada de actos administrativos, excepciones al servicio militar, etc. (A. L. de Smith, “Judicial review of administrative action”, ed. 1960, p. 4).

8° ­­ Que esta descripción, “mutatis mutandi”, es también válida para los Estados Unidos, donde la proliferación de organismos administrativos con potestades “cuasi judiciales” representa “uno de los más dramáticos desenvolvimientos legales de los últimos 50 años”, según lo puso de relieve el juez Jackson, en el caso “Wong Yang Sung. v. McGrath”, al fundar la opinión de la mayoría del tribunal (Suprema Corte de los Estados Unidos, 339 US 33, 36).

9° ­­ Que también los tribunales argentinos, desde antiguo, han declarado la validez de disposiciones equivalentes que rigieron o rigen en el orden nacional. Así, esta Corte, en numerosos fallos, resolvió que es compatible con la Ley Fundamental la creación de órganos, procedimientos y jurisdicciones especiales ­­de índole administrativa­­ destinados a hacer más efectiva y expedita la tutela de los intereses públicos, habida cuenta de la creciente complejidad de las funciones asignadas a la Administración (Fallos, t. 193, p. 408; t. 240, p. 235; t. 244, p. 548; t. 245, p. 351, entre otros [Rev. LA LEY, t. 27, p. 868, fallo 14.131; t. 96, p. 98, fallo 43.992 y Rev. LA LEY, t. 99, p. 292, fallo 45.024]).

10. ­­ Que esa doctrina, tendiente a adecuar el principio de la división de poderes a las necesidades vitales de la Argentina contemporánea y a delinear ­­en el aspecto que aquí interesa­­ el ámbito razonable del art. 95 de la Constitución Nacional, se apoya, implícitamente, en la idea de que ésta, lejos de significar un conjunto de dogmas rígidos, susceptibles de convertirse en obstáculos opuestos a las transformaciones sociales, es una creación viva, impregnada de realidad argentina y capaz de regular provisoriamente los intereses de la comunidad en las progresivas etapas de su desarrollo (doctrina de Fallos, t. 178, ps. 9 y 23 [Rev. LA LEY, t. 6, p. 988, fallo 2643]).

11. ­­ Que muchísimas sentencias del tribunal acogen y desenvuelven la concepción antedicha, proyectándola hacia las más diversas esferas del derecho argentino, tales como, verbigracia, las siguientes…etcétera.

12. ­­ Que, sin embargo, la referida doctrina, según la cual es válida la creación de órganos administrativos de la especie indicada, no supone, como es lógico, la posibilidad de un otorgamiento incondicional de atribuciones jurisdiccionales. Esto es lo que surge de los precedentes citados en el considerando anterior, los que ilustran en el sentido de que la actividad de tales órganos se encuentra sometida a limitaciones de jerarquía constitucional, que, desde luego, no es lícito transgredir. Porque va de suyo que regímenes del carácter del que en estos autos se impugna dejan de ser válidos cuando, confrontados con las normas básicas del ordenamiento jurídico, de las que no deben ser sino consecuencia (art. 31, Constitución Nacional), resulta evidente que las infringen, en vez de acatarlas o a lo sumo adaptarlas respetando su esencia.

13. ­­ Que entre esas limitaciones preestablecidas figura, ante todo, la que obliga a que el pronunciamiento jurisdiccional emanado de órganos administrativos quede sujeto a control judicial suficiente, a fin de impedir que aquéllos ejerzan un poder absolutamente discrecional, sustraído a toda especie de revisión ulterior (Fallos, t. 244, p. 548).

14. ­­ Que el alcance que ese control judicial necesita poseer para que sea legítimo tenerlo por verdaderamente suficiente, no depende de reglas generales u omnicomprensivas, sino que ha de ser más o menos extenso y profundo según las modalidades de cada situación jurídica. En otras palabras: la medida del control judicial requerido deberá ser la que resulte de un conjunto de factores y circunstancias variables o contingentes, entre los que podría mencionarse, a título de ejemplo, la naturaleza del derecho individual invocado, la magnitud de los intereses públicos comprometidos, la complejidad de la organización administrativa creada para garantizarlos, la mayor o menor descentralización del tribunal administrativo, etc. (Fallos, t. 244, p. 548). Y todo ello, como es natural, obliga a examinar, en cada caso, los aspectos específicos que singularizan a la concreta materia litigiosa.

15. ­­ Que, con arreglo a este criterio, se hace necesario destacar las particularidades que distinguen el presente juicio y lo condicionan. Trátase aquí, como se dijo al relacionar los antecedentes del sub lite, de la intervención jurisdiccional reconocida a tribunales administrativos ­­ Cámaras Paritarias de Arrendamientos y Aparcerías Rurales­­ en una situación jurídica que supone litigio entre particulares atinente a sus derechos subjetivos privados (desalojo del arrendatario fundado en el art. 3°, incs. d] y g] de la ley 14.451). De donde se sigue que, en consecuencia, de esta peculiaridad del sub lite, la gran mayoría de los precedentes antes vistos no guardan con él relación sustancial alguna.

16. ­­ Que, ello no obstante, también es exacto que la cuestión planteada dista de ser novedosa. La verdad es que esta Corte ha debido afrontar asuntos de índole semejante en anteriores ocasiones que le permitieron adelantar un expreso criterio de solución, según lo acreditan los fallos que versan sobre las facultades de: a) el Departamento del Trabajo de la Prov. de Buenos Aires, que intervenía en cuestiones relativas a accidentes del trabajo, de acuerdo con la ley local 4548 (ADLA, XIV­B, 1515) (Fallos, t. 186, p. 337; t. 187, p. 79; t. 194, p. 317, t. 195, p. 50, etc.); b) el Tribunal Bancario a que se refiere la ley 12.637 (Fallos, t. 199, p. 401); c) el Departamento Nac. del Trabajo, al que se dio participación, como “tribunal de 1ª instancia”, en asuntos concernientes a la ley 11.317, incorporada a los códigos civil y penal (Fallos, t. 182, p. 157); d) la Comisión de Conciliación creada por el decreto­ley 32.347/44 (Fallos, t. 207, p. 346).

17. ­­ Que en las decisiones citadas, y en otras similares, la Corte Suprema admitió la actuación de cuerpos administrativos con facultades jurisdiccionales, mas lo hizo luego de establecer, con particular énfasis, que la validez de los procedimientos hallábanse supeditada al requisito de que las leyes pertinentes dejaran expedita la instancia judicial posterior. Así, se asignó valor esencial a la circunstancia de haberse previsto “oportunidad para que los jueces revisen el pronunciamiento administrativo” (Fallos, t. 187, p. 79), estimándose imprescindible el otorgamiento de “recurso u curso subsiguiente ante los jueces del Poder Judicial” (Fallos, t. 195, p. 50), en la inteligencia de que, a falta de él, el régimen dejaría de ser congruente “con los derechos y garantías constitucionales” (Fallos, t. 207, p. 346). Y en la breve pero importante sentencia de Fallos, t. 199, p. 401, se encareció la necesidad de validar el recurso ante la justicia federal contra las resoluciones del Tribunal Bancario de la ley 12.637, por estimarse que un criterio distinto privaría a las partes “de la 2ª instancia que es la propiamente judicial y que obvia, por ello, el carácter administrativo del tribunal de 1ª instancia” (consid. 3°).

18. ­­ Que la misma orientación puede observarse en la doctrina jurisprudencial de los Estados Unidos. Sobre el punto, W. W. Willoughby, cuyas opiniones en la materia han sido especialmente valoradas por esta Corte (Fallos, t. 164, p. 344 y t. 187, p. 79), explica que, en su país, la atribución de facultades “cuasi judiciales” a organismos administrativos se ha considerado válida, fundamentalmente, respecto de “asuntos que atañen a derechos públicos”. Y añade: “Sería indudablemente declarada inconstitucional una ley que pretendiera poner en manos administrativas la decisión final de controversia entre particulares”, con posible exclusión de ciertos diferendos laborales (“The Constitution of the United States”, ed. 1929, t. III, p. 1655). Esta aseveración, por otra parte, coincide con la que funda las soluciones prevalecientes en la jurisprudencia (Corpus Juris Secundum, ed. 1956, t. XVI, p. 868, notas 77 a 79. Véase también: “Administrative Procedure Act”, de 1946, y A. y S. Tunc, “Le système constitutional des Etats­Unis d’Amérique”, ed. 1954, ps. 478 y sigts.; Davis, Kenneth Culp, “Administrative Law Treatise”, ed. 1958, t. IV).

19. ­­ Que las conclusiones que de todo ello derivan son claras y, además, en nada se diferencian de las que surgen impuestas por la más elemental sensibilidad jurídico­política, de la que no es dado prescindir cuando al análisis recae sobre las bases mismas de la organización del Estado democrático. De conformidad con lo hasta aquí expuesto, pues, y a título de síntesis, cabe declarar que, en casos como el de autos, control judicial suficiente quiere decir: a) reconocimiento a los litigantes del derecho a interponer recurso ante los jueces ordinarios; b) negación a los tribunales administrativos de la potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y al derecho controvertidos, con excepción de los supuestos en que, existiendo opción legal, los interesados hubiesen elegido la vía administrativa, privándose voluntariamente de la judicial (doctrina de Fallos, t. 205, p. 17; t. 245, p. 351). La mera facultad de deducir recurso extraordinario basado en inconstitucionalidad o arbitrariedad, no satisface las exigencias que en la especie han de tenerse por imperativas.

20. ­­ Que una interpretación contraria no tendría cabida dentro del derecho argentino, en mérito a dos razones principales. Primeramente, porque el art. 18 de la Constitución Nacional incluye la garantía de que, mediando situaciones del carácter indicado, ha de reconocerse a los habitantes del país el derecho a ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia (Fallos, t. 193, p. 135; t. 209, p. 28; t. 246, p. 87, consid. 9° (Rev. LA LEY, t. 48, p. 264, fallo 23.298 y t. 98, p. 289, fallo 44.740]). Si este requerimiento no recibe satisfacción, esto es, si las disposiciones que gobiernan el caso impiden a las partes tener acceso a una instancia judicial propiamente dicha, como lo hacen las leyes que el recurrente tacha de inválidas, existe agravio constitucional originado en privación de justicia. En efecto, ésta se configura toda vez que un particular, no obstante hallarse protegido por la indicada garantía del art. 18, queda sin juez a quien reclamar la tutela de su derecho, sea que ello ocurre con motivo de situaciones contradictorias como la contemplada en Fallos, t. 133, p. 135  o en virtud de la derogación de las normas que creaban los tribunales competentes para entender en la causa (Fallos, t. 234, p. 482), o bien ­­como acontece en la especie­­ a raíz de preceptos legales que lisa y llanamente excluyen la debida intervención judicial (doctrina de Fallos, t. 129, p. 405, consid. 2°; t. 184, p. 162, consid. 3° [Rev. LA LEY, t. 15, p. 460, fallo 7485]; t. 205, p. 17, consid. 3°). Puede afirmarse, por tanto, que, aun cuando el art. 18 de la Constitución no requiere multiplicidad de instancias, según ha sido uniformemente resuelto, debe entenderse que sí impone una instancia judicial al menos, siempre que estén en juego derechos, relaciones e intereses como los que aquí se debaten, los que de ningún modo pueden ser totalmente sustraídos al conocimiento de los jueces ordinarios sin agravio constitucional reparable por la vía del art. 14 de la ley 48.

21. ­­ Que la segunda razón invocable es igualmente decisiva. Ningún objetivo político, económico o social tenido en vista por el Poder Legislativo, cualquiera sea su mérito, alcanzaría a justificar la transgresión acreditada en la causa. Como se dijo al comienzo, el principio de la división de poderes puede y, sin duda, precisa ser adecuado a las necesidades de la vida contemporánea, en la medida en que lo toleren la generalidad y la sabiduría de las normas constitucionales, prescriptas para regir indefinidamente en el tiempo. Pero una cosa es la adecuación de él y otra la patente violación de su esencia. En cuanto implica que incurre en esta última, el total desposeimiento de atribuciones que, en perjuicio del Poder Judicial, consuman las normas impugnadas, no puede ser convalidado. Admitir su legitimidad importaría tanto como autorizar la supresión o cuando menos la omisión del aludido principio, sin cuya vigencia la forma republicana de gobierno queda sin base que la sustente y, en consecuencia, las funciones estatales resultan potencialmente desquiciadas con el consiguiente desamparo de las libertades humanas.

22. ­­ Que, advertida de ello, esta Corte estima indispensable expresar cuáles son los términos estrictos entre los que deberá optarse, inexcusablemente: o las leyes de cuya aplicación se agravia la demandada son inconstitucionales, o se acepta que el Poder Legislativo ­­so color de proteger altos intereses públicos­­ puede vulnerar derechos como el de defensa, y convertir en su opuesto a las instituciones que los constituyentes decretaron y establecieron para la Nación Argentina. Ante semejante disyuntiva, la elección no ofrece dudas. Es falsa y tiene que ser desechada la idea de que la prosperidad general, buscada al través de los medios del art. 67, inc. 16, constituye un fin cuya realización autoriza a afectar los derechos humanos o la integridad del sistema institucional vigente. La verdad, ajustada a las normas y a la conciencia jurídica del país, es otra. Podría expresársela diciendo que el desarrollo y el progreso no son incompatibles con la cabal observancia de los arts. 1° y 28 de la Constitución, sino que, al contrario, deben integrarse con éstos, de modo tal que la expansión de las fuerzas materiales y el correlativo mejoramiento económico de la comunidad sean posibles sin desmedro de las libertades y con plena sujeción a las formas de gobierno dispuestas por la Ley Fundamental. Porque, para esas normas y esa conciencia, tan censurables son los regímenes políticos que niegan el bienestar a los hombres como los que pretenden edificarlo sobre el desprecio o el quebranto de las instituciones.

23. ­­ Que, por las consideraciones que anteceden y con su alcance, esta Corte, en su actual integración y practicando un nuevo análisis del problema planteado, declara la invalidez de la organización vigente de las Cámaras Paritarias de Arrendamientos y Aparcerías Rurales.

24. ­­ Que ello hace innecesario considerar en esta causa los demás agravios formulados por el apelante, en referencia al art. 67, inc. 11 de la Constitución Nacional y a la garantía de la igualdad ante la ley, así como a la arbitrariedad aducida.

En su mérito, habiendo dictaminado el procurador general, se revoca la sentencia apelada y se deja sin efecto lo actuado en la causa. ­­ Benjamín Villegas Basavilbaso. ­­ Aristóbulo D. Aráoz de Lamadrid. ­­ Julio Oyhanarte. ­­ Ricardo Colombres. ­­ En disidencia de fundamentos: Luis M. Boffi Boggero. ­­ Pedro Aberastury.

 

Disidencia de fundamentos. ­­ Considerando: 1° ­­ Que en la causa se ha cuestionado el alcance de cláusulas de la Constitución Nacional relativas a la garantía del juez natural, separación de los poderes, reserva contenida en el inc. 11 del art. 67 y en el art. 100, igualdad ante la ley, y la inteligencia dada por el a quo a tales cláusulas para declarar la constitucionalidad de las normas legales aplicables ha sido adversa a los derechos reclamados por el recurrente y fundados en ellas. El recurso es, así, formalmente admisible.

2° ­­ Que, en cuanto al fondo del asunto, por no ser necesaria más sustanciación, cabe adelantar que asiste derecho al recurrente en cuanto a la garantía de los jueces naturales, separación de poderes y reserva del art. 67, inc. 11, así como el 100 de la Constitución Nacional.

3° ­­ Que el art. 95 de la Constitución Nacional, sin correspondencia en la de los Estados Unidos, establece de modo categórico: “En ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. Razones históricas y permanentes dan sentido a su letra y a su espíritu. En efecto, ya el art. 7° del reglamento del 10 de octubre de 1811 contenía una norma semejante y, mucho después, el art. 98 del proyecto de Alberdi establecía en su parte final: “…En ningún caso el Presidente de la República puede ejercer funciones judiciales, avocarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. Esta proyectada disposición fue tomada de la Constitución chilena de 1833, cuyo art. 108 (99) dispone en su parte final: “…Ni el Congreso, ni el Presidente de la República pueden en ningún caso ejercer funciones judiciales, o avocarse causas pendientes, o hacer revivir procesos fenecidos” (Obras de Jorge Hunneus, Santiago de Chile, 1891, t. II, ps. 221 y sigts.). Asimismo cabe señalar que, en la evolución histórico­institucional de la República, el Poder Ejecutivo asumió funciones tipicamente judiciales en diferentes momentos y sitios, sea en el período anterior a 1853, fuere, aun y al margen de normas constitucionales, en el período ulterior a ese año, siendo de extremado interés público, entonces, delimitar con claridad la órbita de sus funciones con arreglo a las normas que rigen.

4° ­­ Que la Constitución Nacional, se ha dicho, es un conjunto normativo en que todos los artículos deben ser razonablemente armonizados para responder así a la organización y equilibrio de los poderes constitucionales previstos por los Constituyentes de 1853. El art. 95 en examen se vincula, precisamente, y entre otras normas, con los arts. 18, que confiere derecho a exigir un proceso legal con jueces naturales; 23, que limitando las facultades del Poder Ejecutivo durante el estado de sitio, le prohibe concreta y claramente el ejercicio de funciones judiciales; 29, que veda con energía las “facultades extraordinarias”, la “suma del poder público”, las “sumisiones” o “supremacías”. Y ha de relacionarse, también, con los arts. 94 y otros del cap. I, sec. 3ª “Del Poder Judicial”, y con el cap. II, referente a las atribuciones de este poder, como, asimismo, con el art. 67, inc. 11 y con el 100, que reservan para las provincias la aplicación del derecho común por los jueces que componen sus respectivos poderes judiciales, sustentados éstos en los arts. 104 y 105 de la Constitución.

5° ­­ Que el pensamiento profundo que esas normas traducen mantiene su vigor a través del tiempo. Ellas se basan en la “separación” o “distribución” de los poderes, principio fundamental de nuestra estructura política y organización jurídica (arts. 1° y afines de la Constitución Nacional). En ese sentido, decía Montesquieu que no había libertad si el Poder Judicial no estaba separado de los otros dos (“L’esprit des Lois”, 2ª ed., vol. I, libro II, cap. VI, p. 220). Es cierto que en numerosas oportunidades se ha intentado atenuar los efectos de ese principio, cuando no apartarse de su contenido normativo, trayendo a colación expresiones vinculadas con el interés nacional, la necesidad de conferir nuevo vigor a normas añejas, el sentido evolutivo de la Constitución y otras doctrinas afines, tendencia ésta, que caracterizó muy especialmente y con caracteres agudos la época en que se sancionaron las leyes 13.246 y 13.897, particularmente esta última. Pero, cabe decir que, aun en la hipótesis no demostrada de que el interés nacional aconsejara la existencia de organismos paritarios en las condiciones y con las facultades exclusivas establecidas por las leyes precitadas, una cosa es interpretar normativamente de acuerdo al sentido de evolución, traduciendo las nuevas y cambiantes necesidades sociales, y una muy otra el apartarse de las normas so color de adaptarlas a esas necesidades, desde que nada contraría más los intereses nacionales que la propia transgresión constitucional. Si la norma fuese inconveniente, si el precepto ya no respondiera a los imperativos de la evolución económica o social, ha de ser el Poder Constituyente ­­y no otro­­ el órgano adecuado para traducir en nuevas normas las mejores soluciones. El Poder Judicial, entre tanto, cuyo organismo supremo es esta Corte, ha de velar por la supremacía de los principios constitucionales, lo que en este caso le lleva a decidir que el Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones que son propias de los jueces. Asimismo, esa función entraña afirmar que el Poder Legislativo, que incluso está impedido de delegar la función típica de sancionar la ley, no puede ­­”a fortiori”­­ disponer de las que pertenecen al Poder Judicial, transfiriéndolas al Poder Ejecutivo en evidente transgresión constitucional. Por ello ha podido expresar este tribunal en Fallos, t. 12. p. 134: “La Corte Suprema es el tribunal en último resorte para todos los asuntos contenciosos en que se le ha dado jurisdicción… Sus decisiones son finales. Ningún tribunal las puede revocar. Representa, en la esfera de sus atribuciones, la soberanía nacional, y es tan independiente en su ejercicio, como el Congreso en su potestad de legislar, y como el Poder Ejecutivo en el desempeño de sus funciones”. Síguese de ello que a esta Corte incumbe decidir cuál es el alcance del art. 95 de la Constitución Nacional ­­incluido intencionalmente en el cap. I, sec. 3ª, intitulada “Del Poder Judicial”­­, del art. 18 y, en todo caso, decir hasta qué límite podrá hacerse una interpretación amplia del art. 95 sin transgredir su claro y categórico sentido.

6° ­­ Que el art. 95 de la Constitución Nacional guarda una relación íntima con el ya citado 18, de modo que se tornarían inconstitucionales las normas que no otorgasen al menos una instancia judicial para el debate de los intereses jurídicos en pugna. Es precisamente por ello que uno de los suscriptos ha expuesto en Fallos, t. 244, p. 548: “Que el sistema constitucional reposa en el principio de la «división» o «separación» entre los poderes, uno de cuyos extremos consiste en la prohibición de que el Ejecutivo, por sí o mediante resoluciones emanadas de organismos que actúen en su órbita, realice «funciones judiciales» (art. 95, Constitución Nacional; González, Joaquín V., «Manual de la Constitución Argentina», núm. 184). Ese fundamental principio constituye una valla contra los avances de la Administración sobre la Justicia, los que han gravitado en variados momentos y lugares de la evolución histórico­institucional (Calamandrei, Piero, «Estudios sobre el Proceso Civil», Editorial Bibliográfica Argentina, 1946, ps. 343 y siguientes)”.

7° ­­ Que no obsta a lo anterior la circunstancia de que muchas veces queden convalidadas, de hecho, las decisiones de la autoridad administrativa cuando las partes las aceptan sin acudir a la instancia judicial correspondiente, porque, cuando se trata de derechos renunciables (art. 872, Cód. Civil), aun las resoluciones adversas pueden consentirse y los propios particulares pueden incluso abstenerse de accionar judicialmente en virtud de haber compuesto su diferendo mediante la convención liberatoria transaccional o simplemente por haber abdicado del derecho antes referido.

8° ­­ Que a mérito de lo expuesto en el consid. 6°, tanto en el orden nacional cuanto en el de esta ciudad o en el de provincias, se han sancionado normas donde se halla claramente establecida la instancia de revisión judicial para las cuestiones decididas originariamente por una autoridad administrativa. Así: ley 1893 ­­art. 80, inc. 3° y decreto­ley 15.374/56 (ratificado por ley 14.467),

A estos ordenamientos de orden nacional se unen, como se dijo, los provinciales: entre muchos otros, ley 5892 (art. 30) de la Prov. de Buenos Aires (ADLA, XVIII­B, 1397); ley 4548 (art. 5°) de la Prov. de Córdoba (ADLA, XVIII­B, 1518).

Es tendencia generalizada también en numerosos ordenamientos del extranjero la de asegurarla separación de los poderes, aun en países donde antes no se había instituido un Tribunal Supremo de Justicia con jerarquía de Poder de Estado (Italia, arts. 134 y afines de la Constitución).

9° ­­ Que esto no acontece en el caso de los arts. 46 de la ley 13.246, y 1° y 2° de la ley 13.897, que dicen textualmente: “Art. 46. ­ El Poder Ejecutivo organizará en el Ministerio de Agricultura de la Nación Cámaras Regionales Paritarias de Conciliación y Arbitraje obligatorio, y una Cámara Central, integradas por representantes de los propietarios y de los arrendatarios y aparceros, que designará de las propuestas en ternas presentadas por las entidades agrarias numéricamente más representativas de la zona o de la República, según correspondiere”.

“Las Cámaras regionales serán presididas por funcionarios especializados del Ministerio de Agricultura con conocimiento particular de la zona en que deban actuar. La Cámara Central estará formada por nueve miembros de los cuales tres serán funcionarios que reúnan análogas condiciones”.

“Reglamentariamente se fijará la jurisdicción territorial de cada Cámara regional, la competencia de la Cámara central, acordándole atribuciones para uniformar la jurisprudencia interpretativa de las Cámaras regionales y proponer al Poder Ejecutivo, para la mejor aplicación de la ley, la forma de integración, causales de excusación, recusación y reemplazo de los miembros de las cámaras y el procedimiento”.

“El procedimiento se dividirá en dos fases: la fase conciliatoria previa, en la que obligatoriamente se procurará el avenimiento de las partes, y la fase contenciosa, regulada de suerte que permita la audiencia de los interesados y la defensa y prueba con sujeción a los principios de contradicción, publicidad y preferente oralidad, eventualidad y concentración, impulsión de oficio e inmediación, gratuidad, sencillez y celeridad de los trámites”.

A su vez, el art. 1° de la ley 13.897 (Bol. Oficial del 9/5/50) establece lo siguiente: “Las Cámaras Regionales Paritarias de Conciliación y Arbitraje Obligatorio, creadas por el art. 46 de la ley 13.246, tendrán competencia exclusiva en la decisión de todas las cuestiones que se susciten entre arrendadores y arrendatarios o aparceros, con motivo de los respectivos contratos de arrendamiento y/o aparcerías y de las leyes que los rigen”.

El art. 2° de la ley 13.897, estrechamente vinculado al anterior, dice: “Sustitúyese el art. 48 de la ley 13.246 por el siguiente: Las Cámaras regionales deberán dictar pronunciamiento dentro de los 90 días. Sus decisiones serán apelables en relación dentro de los 15 de notificadas, para ante la Cámara Central, quien deberá fallar, en definitiva, en el plazo de 60 días, y cuyas decisiones solamente serán susceptibles del recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48, y del de aclaratoria por error material u obscuridad del fallo”.

“Las decisiones de las cámaras regionales adoptadas por unanimidad sólo serán apelables ante la Cámara central cuando las causales invocadas fuesen las de incompetencia y/o violación de la ley en la forma o fondo del pronunciamiento recurrido”.

“El recurso deberá quedar resuelto en el plazo de 60 días, decidiéndose, según corresponda: a) rechazar el recurso; b) hacer lugar al mismo, anulando la decisión apelada”.

“Los pronunciamientos de las cámaras regionales y de la cámara central harán cosa juzgada y serán ejecutables por las autoridades judiciales, federales o provinciales, según corresponda y de acuerdo con los procedimientos respectivos”.

Estos artículos fueron sancionados ya bajo las normas de la Constitución de 1949 y respondiendo, entonces, al movimiento que auspiciaba la mayor gravitación del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes que desempeñan con él el Gobierno nacional. Es por ello que resultan más claros en su doctrina de privar al Poder Judicial de funciones que le son propias para entregarlas al Poder Ejecutivo, que las habría de desempeñar, a su turno, por conducto de funcionarios designados a través del Ministerio de Agricultura de la Nación, y ello a pesar de que el art. 90 de la Constitución de 1949 reprodujo el art. 95 de la Constitución de 1853. Ellos evidenciaron aún más el vicio de inconstitucionalidad, desde que reservan la decisión de las cuestiones entre arrendadores y arrendatarios a un organismo administrativo, sin otra revisión judicial que el recurso extraordinario, el cual posibilita sólo un aspecto de esa revisión. Razonamiento análogo se ha de aplicar al art. 26 de la ley 14.451, que dice: “Todas las cuestiones que se susciten por la aplicación de la presente ley, serán de competencia exclusiva de las Cámaras de Arrendamientos y Aparcerías Rurales”.

10. ­­ Que las Cámaras Paritarias y la Cámara Central realizan, entonces, funciones de indiscutible carácter judicial al dilucidar cuestiones entre particulares regidas por normas de derecho común (Fallos, t. 243, p. 357, entre otros [Rev. LA LEY, t. 95, p. 435, fallo 43.802]). Sus integrantes deciden, como si fuesen jueces, en contiendas sustancialmente contractuales (Fallos, t. 234, p. 715 y otros), y sus sentencias son recurribles para ante la Cámara Central, que es organismo administrativo contra cuyas resoluciones sólo procede el recurso extraordinario. La intervención de los poderes judiciales prevista por el art. 2° de la ley 13.897, sólo es autorizada para dar ejecución a las resoluciones de esos organismos, a las que se atribuye valor de cosa juzgada. Y, en consecuencia, es dado concluir que aquéllas no están sometidas a contralor judicial alguno para el orden común de los asuntos que tratan.

11. ­­ Que los integrantes de esos organismos, además, son designados y removidos por el Poder Ejecutivo, no ostentando así, las garantías de inamovilidad que aseguren su independencia, ni, por tanto, el carácter de jueces naturales en el sentido constitucional. Carecen, por tanto, de esa “independencia de los jueces… requeridas para defender la Constitución y todos los derechos individuales” (Hamilton, “The Federalist”, núm. 78). Tampoco poseen título habilitante en derecho para ejercer una función jurídica como la que les asignan las normas impugnadas.

12. ­­ Que aun cuando el art. 95 de la Constitución Nacional fuese interpretado con amplitud, como lo ha sido, admitiendo la intervención de organismos administrativos en funciones propias de los jueces, el art. 18 exige que siempre exista una instancia judicial donde, al revisarse lo resuelto por aquellos organismos administrativos, siga rigiendo sustancialmente el cardinal principio de que la decisión final corresponde al Poder Judicial de la Nación o de las provincias según el caso. Y las leyes sub examen, en las disposiciones que nos ocupan, se apartan totalmente de esta inexcusable condición. Por ello son inconstitucionales. Que esta disidencia ­­y cabe decirlo para precisar más su sentido­­ significa una posición contraria a la sostenida en varios pronunciamientos de esta Corte, entre los cuales se encuentran los registrados en Fallos, t. 235, p. 369 y t. 233, p. 83. En este último se consideran “aplicables los argumentos expuestos” en fallos donde se sostuvo la constitucionalidad de las cámaras paritarias.

13. ­­ Que sentada la inconstitucionalidad de las disposiciones legales que han creado y dado organización a las Cámaras Paritarias, en cuanto implican transgresión de las precitadas normas de los arts. 95 y 18, corresponde examinar el fundamento, íntimamente unido al primer agravio, de la inconstitucionalidad por transgresión del art. 67, inc. 11 de la Constitución Nacional.

14. ­­ Que esta Corte ha decidido reiteradamente, a ese respecto, que la materia de los arrendamientos rurales es propia del derecho común, como cualquier otra dentro de la figura jurídica de la locación de cosas (Fallos, t. 243, p. 357; t. 240, p. 144; t. 238, p. 67; t. 233, p. 83 y muchos otros). La Constitución podrá o no haber impuesto al Congreso nacional un criterio definido para la legislación común prevista en el art. 67, inc. 11, y podrá o no haberla delimitado de un modo tan preciso como para impedir que normas de derecho común contengan disposiciones procesales cuando las integran (Fallos, t. 137, p. 303; t. 138, p. 154 y otros); pero lo que sí impone es una concepción clara y concreta de la separación de los poderes que constituyen el Gobierno nacional, y de las jurisdicciones entre la Nación y las provincias, de lo que surge, sin lugar a duda ni excepciones, que a las provincias corresponde asegurar la administración de justicia dentro de sus límites territoriales (art. 5°) y establecer sus respectivos poderes judiciales (arts. 104 y 105), reservándoles la aplicación del derecho común (art. 67, inc. 11). Toda explicación teórica que conduzca a sustraer de los jueces provinciales la aplicación del derecho común, no conseguiría sino transgredir estos principios. Así debe ser considerada la decisión en contrario dictada en estos autos.

15. ­­ Que el art. 67, inc. 11, y sus correlativos 100, 104 y afines ­­en efecto­­, reconocen una profunda raíz histórica en defensa de las autonomías provinciales. El primero de ellos debe su actual redacción a los constituyentes de 1860, que tuvieron en mira la necesidad de impedir que las provincias carecieran de jurisdicción civil, criminal, etc., una vez que los códigos respectivos ­­ leyes de la Nación­­ hubiesen sido sancionados. De ahí el agregado que confiere la facultad de aplicarlos “a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones” introducido al art. 67, inc. 11, y de ahí la frase: “con la reserva hecha en el inc. 11 del art. 67″, que correlativamente se incorporó al art. 100 por la Comisión nacional “ad hoc”. En la Convención de 1860 se expresó, con la firma de Bartolomé Mitre, Dalmacio Vélez Sársfield, José Mármol, Antonio Cruz Obligado y Domingo Faustino Sarmiento: “Por esto, la Comisión ha creído deber adicionar al inciso 11 del art. 64 (67), explicando que los códigos que el Congreso dictare no alterarán las jurisdicciones dadas, y la aplicación de las leyes que se contuviesen en los códigos nacionales, corresponderá a los tribunales provinciales o federales, según que las cosas o las personas cayesen bajo sus respectivas jurisdicciones” (“Asambleas Constituyentes Argentinas”, t. IV, 1827­1862, Buenos Aires, 1937, p. 782).

16. ­­ Que el art. 67, inc. 16, no puede fundar una decisión en contrario, sin similar en la Constitución norteamericana, proviene de Alberdi (artículo 67, inc. 3° de su proyecto), que lo tomó en alguna medida, a su vez, de la Constitución chilena. Ha de interpretarse cuidando que sus efectos sean compatibles con los demás derechos constitucionales, sean de la Nación o de las provincias, o bien se trate de derechos individuales. Cuidando esos límites, el Congreso ha podido dotar al país de leyes que fomentaron su progreso de modo categórico. Pero el ámbito de legislación que puede sustentarse en este inc. 16 no puede confundirse con la legislación común del inc. 11, respecto de la cual la jurisprudencia de esta Corte es, como se vio, categórica.

17. ­­ Que se ha sostenido, no obstante, que el Poder Legislativo sancionó las normas sobre cámaras paritarias refiriéndolas a una materia que adquiere un alcance distinto del que señala el inc. 11 del art. 67 de la Constitución, desde que, aunque haya modificado normas de derecho común, siempre se trataría de regular el llamado “ámbito rural específico” (Fallos, t. 241, p. 207; t. 235, p. 19 y otros [Rev. LA LEY, t. 93, p. 1, fallo 42.908 y t. 83, p. 190, fallo 39.110]). También se ha dicho que las leyes de arrendamientos han sido dictadas en uso de las facultades de “policía” conferidas por el inc. 16 del art. 67 de la Constitución ante materia constitutiva del ya mencionado “ámbito rural específico”. En ese sentido, cabe recordar que el carácter común de las normas no depende de que se encuentren en uno de los códigos mencionados por el art. 67, inc. 11, desde que hay numerosas disposiciones que se hallan fuera de ellos y revisten carácter común, así como otras numerosas que se encuentran dentro de esos cuerpos legales y carecen de tal naturaleza. La expresión empleada para destacar la especificidad de ciertos aspectos de la materia rural no entraña que se esté fuera del ámbito del derecho común tantas veces declarado en los fallos de esta Corte. Aun el llamado “ámbito rural específico” ­­ de contornos no muy precisos­­ es susceptible de regulación por el derecho común. Las normas impugnadas en esta causa no constituyen, entonces, legislación especial, temporaria y de emergencia como las dictadas en uso de la potestad contenida en el art. 67, inc. 16, para reprimir el agio (Fallos, t. 243, p. 276 [Rev. LA LEY, t. 95, p. 106, fallo 43.633]) o, por aplicación del art. 67, inc. 17, para conceder amnistías generales (Fallos, t. 245, p. 455 [Rev. LA LEY, t. 97, p. 54, fallo 44.310]). Además, admitiendo las circunstancias excepcionales que habría promovido la sanción de las normas impugnadas, cabe decir que el carácter referido no es por sí sólo bastante para declarar que la materia por ellas regulada escapa a la órbita del inc. 11 del art. 67 y penetra la del inc. 16 del mismo artículo. Así; esta Corte, que sostuvo el carácter común de las leyes de arrendamientos rurales, según se dijo, ha declarado también en una constante línea jurisprudencial, que revisten aquel mismo carácter las leyes de prórroga de las locaciones urbanas (Fallos, t. 245, ps. 200 y 571 y otros [v. LA LEY del 4/9/60, p. 2, fallo 45.111]), no obstante el evidente carácter excepcional o de emergencia que les caracteriza. Además, la Corte ha declarado de competencia judicial y ajena a la de las Cámaras Paritarias la solución de contiendas agrarias vinculadas a planes de colonización (Fallos, t. 235, p. 56 y t. 237, p. 179 [Rev. LA LEY, t. 84, p. 170, fallo 39.520 y t. 86, p. 510, fallo 40.549]) y de forestación (Fallos, t. 236, p. 318 y otros [Rev. LA LEY, t. 89, p. 293, fallo 41.568]).

Por otra parte, el examen de las circunstancias para determinar si ellas son o no excepcionales ha de hacerse con suma prudencia. Si cada vez que se invoque una circunstancia de ese tipo, o, aun, cada vez que realmente exista, se estuviese fuera del art. 67, inc. 11, la reserva de jurisdicción que éste asegura podría quedar eliminada en los hechos, tanto más cuanto que, en períodos de transformaciones constantes, acaso muy pocas materias ­­si no ninguna­­ serían excluidas en la sanción de leyes fundadas en hechos excepcionales. Además, la protección de los valiosos intereses agrarios no deja de ser eficaz a través de la interpretación y aplicación de sus leyes por la justicia que las provincias organizaran dentro del molde constitucional. El desarrollo de las potencias del progreso aludidas en Fallos, t. 171, p. 348 se halla garantizado plenamente con ese sistema y los casos extremos, que pueden acontecer también en la esfera nacional, son susceptibles del contralor definitivo por esta Corte mediante la interposición adecuada del recurso de arbitrariedad.

18. ­­ Que muy poco se habría avanzado en el país si todo el celo de los constituyentes de 1860 pudiese malograrse al poner en manos de una decisión legislativa, por elevada que fuese su finalidad, la suerte de las autonomías provinciales y, con ello, el sistema federal de gobierno (arts. 1°, 104, 105 y afines). Es por eso que esta Corte ha declarado que algunas leyes eran propias de la potestad reconocida al Poder Legislativo por el art. 67, inciso 11, tal como se ha recordado en el párrafo anterior. Y cuando declaró que algunas otras, aparentemente dictadas en uso de aquella potestad, lo habían sido en ejercicio de las contenidas por otros incisos, lo hizo porque la materia del pronunciamiento evidentemente escapaba al carácter común. Así, en el recordado precedente de Fallos, t. 245, p. 455, esta Corte declaró: “Que la ley de amnistía, en efecto, de ningún modo puede ser considerada como disposición de derecho común, accesoria de la que reprime los delitos amnistiados. Por el contrario, su naturaleza esencial evidencia que ella es acto de gobierno”, “esencialmente político y de soberanía” (J. V. González, “Obras Completas”, ed. 1935, t. III, núm. 458), esto es, acto cuyas consecuencias exceden la potestad ordinaria de legislar en materia penal y presuponen el desempeño de la elevada función que Agustín de Vedia define así: “Es el consejo supremo de la sabiduría y la experiencia humana, ante la convicción de la esterilidad y la impotencia de la fuerza para apaciguar los espíritus, cicatrizar las heridas, adormecer los odios” (“Constitución Argentina”, p. 318). Y en el precedente, también citado, de Fallos, t. 243, p. 276, declaró: “Que la legislación en examen… es ajena al art. 67, inc. 11 de la Constitución Nacional; es una legislación especial, temporaria y de emergencia…”. Y también: “Que, en atención a la finalidad de esta legislación, es indudable que se trata de una legislación de policía federal que, por ello, extiende su imperio a todo el territorio de la Nación”.

19. ­­ Que las conclusiones precedentes no importan juicio acerca de la forma como han actuado los integrantes de organismos paritarios ­­si superando la falta de título de abogado con el conocimiento de la materia rural, mediante celeridad de los trámites e independencia de los pronunciamientos; o, a la inversa, con deficiencias técnicas, sujeción al Poder Ejecutivo o a los intereses particulares de que cada integrante es copartícipe, así como lentitud en las tramitaciones; ni acerca de cuál es el sistema conveniente, aunque para su implantación fuese necesaria la reforma constitucional.

Cabe recordar, sin embargo, “de lege ferenda”, ­­para poner de resalto la prudencia extremada que debe presidir toda idea de reformar las sabias previsiones constitucionales­­, que el profesor norteamericano Lewis Mayers (“The American Legal System”, ed. Harper °° Brothers, New York, 1955) ­­con referencia a un país que, como el suyo, cuenta con organismos administrativos que ejercen funciones al amparo de una Constitución en la cual no se contiene, según se anotó, una norma tan categórica como el art. 95 de la Constitución Argentina­­ expresó los siguientes pensamientos: “…Resumiendo, se piensa que un examen de las leyes confiadas a la ejecución administrativa antes que a la judicial, revelará que solamente una minoría, tal vez una pequeña minoría, requiere conocimientos más especializados que el de aquellas leyes cuya ejecución se confía a los tribunales; y que un examen de las funciones de los órganos administrativos con jurisdicción para entender en los procedimientos de ejecución revela que muchos no tienen tales funciones de regulación o de administración sobre la materia de que tratan, como las que le daría un conocimiento especializado, si fuera necesario”.

“Si uno limita su atención al área relativamente pequeña de procedimientos de ejecución en donde el texto de la ley reglamentaria y la complejidad de la materia regulada exigen en verdad la presencia de expertos, el problema subsiste acerca de si tal pericia puede únicamente ser poseída por quienes están dedicados simultáneamente a la regulación y a la administración del problema. En cuanto concierne al personal jurisdiccional subordinado, se acepta por todos ahora que no debieran dedicarse a actividades reglamentarias o administrativas. Comunmente, el director del órgano administrativo depende de sus subordinados con funciones de asesoramiento. Si se requiere un conocimiento especializado, ¿no puede acaso encontrarse igualmente tal especialización en un tribunal ajeno completamente a la reglamentación y administración, cuyos miembros se eligen entre quienes tienen experiencia en el tema y cuyos propios conocimientos se ven fortificados por el personal de investigación y por el cuerpo de peritos­árbitros del tribunal? No es necesario recalcar que tal tribunal puede organizarse rápidamente como parte del Poder Judicial antes que del administrativo, si se deseara tal cosa” (p. 446).

“Si al elegir entre el procedimiento de ejecución judicial y el administrativo, debiera preferirse a uno de ellos sobre la base de un principio fundamental, no debiera permitirse que el factor secundario de la rapidez afecte la elección. Cualquiera que sea el procedimiento elegido sobre un principio, debe buscarse rapidez en su conducta. Pero a veces se argumenta en favor de la rapidez como si fuera de la misma esencia” (p. 447).

“…La creencia de que el tribunal administrativo se vea libre de restricciones procesales, y ello asegure de hecho automáticamente la rapidez, es en sí misma infundada. Un estudio hecho en el Congreso en 1951 sobre las actividades jurisdiccionales de la Comisión de comercio federal, se refería a sus laboriosos y dilatados procesos de jurisdicción administrativa» y expresaba que «una persona que presente una petición común a la Comisión, no debe esperar que la decisión se dicte antes de varios años, ello sobre la base de los antecedentes pasados. Los casos más graves han necesitado una década, ocasionalmente. No debiera sorprender a quienes conocen las múltiples causas de demoras en los procedimientos judiciales, no relacionados con las normas procesales o de prueba, que condiciones similares se produzcan en la justicia administrativa»”.

“Tampoco puede afirmarse que la libertad para dejar de lado las excluyentes normas de prueba que se consideran dominantes en el procedimiento judicial (así como la libertad para apartarse también del molde interrogativo seguido en dicho procedimiento) asegure automáticamente que el tribunal administrativo que dirige la audiencia llegue a luchar de entrada con los problemas fundamentales que lo enfrenta, deduciendo de ellos de manera expeditiva los hechos necesarios. De la misma manera que un juez capaz, cumpliendo las normas procesales, puede impulsar el procedimiento de manera expeditiva, un funcionario administrativo sin mayor capacidad o interés, puede, a pesar de la gran libertad de que goza, dejar que el procedimiento en que conoce se estanque innecesariamente. De tal manera, un autorizado análisis oficial sobre los órganos federales, realizado en 1949, informó que «las audiencias de alguna de las comisiones han sido muy criticadas por indebidamente largas y dilatadas. Las actuaciones tienden a estar recargadas de pruebas repetidas y acumuladas, de largas declaraciones de los asesores y los testigos que son esencialmente argumentativos, y de inútiles repreguntas»”.

“De lo que antecede surge que la actual tendencia a confiar la ejecución de nuevas leyes a los órganos administrativos antes que a judiciales requiere ser reconsiderada; y que aun en casos de procedimientos administrativos de ejecución de larga data, como el tendiente a la revocación de permisos (federal, estadual o local), el de fraudes por medio del correo, el de deportación, el de prácticas desleales del trabajo y muchos otros, exigen un fundamental reexamen de la necesidad de tribunales aparte del Poder Judicial organizado independientemente, al cual todavía se confían la gran mayoría de procedimientos de ejecución” (ps. 447/448).

Cabe destacar que la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norte América ha sostenido en reiterados pronunciamientos el principio de la revisibilidad por los jueces, al menos en una instancia, de las resoluciones administrativas (355 US 579; 358 US 184; 360 US 601 y otros).

También ha de puntualizarse que diversas medidas e iniciativas ­­cualquiera sea su éxito­­ persiguen el propósito de adecuar el régimen “sub examine” al orden constitucional. El Poder Ejecutivo de la Nación proyecta la reforma al régimen de arrendamientos y aparcerías rurales indicando los reparos sobre su inconstitucionalidad (D. de ses., Cámara de Senadores de la Nación, año 1958, ps. 520 y sigts.). El decreto­ley 868/57 de la Prov. de Buenos Aires (ADLA, XVII­B, 1294) instituye el fuero rural de esa provincia, habiéndose integrado la materia por el decreto­ley 21.209/57 (ADLA, XVII­B, 1427) y su decreto reglamentario, que lleva el núm. 22.987/57. Y, actualmente, mediante el decreto­ley 3739/58 (ADLA, XVIII­B, 1446) se pone en manos de los tribunales del trabajo de esa provincia la decisión de los litigios agrarios, hasta tanto se constituya el fuero rural. Asimismo, es subrayable que en oportunidades diversas se han expresado en el Poder Legislativo conceptos severos alegando la inconstitucionalidad de las Cámaras Paritarias (D. de ses., Cámara de Diputados, año 1948, ps. 3445 y otras; año 1950, ps. 155 y otras; año 1955, ps. 943 y otras; año 1958, ps. 2184 y otras). Y cabe recordar, finalmente, que las soluciones legislativas sancionadas al margen de la Constitución perturban cada vez más intensamente en un otro aspecto, porque, el día en que se vuelve al cauce constitucional, los intereses formados al amparo de esas soluciones deben ceder ante los superiores de la convivencia dentro de la Constitución, con los consiguientes perjuicios materiales que han de sobrevenir a aquellos intereses.

20. ­­ Que los fundamentos precedentemente expuestos hacen innecesario en esta causa la mención de otros afines.

21. ­­ Que sobre los demás agravios, por tanto, no cabe pronunciamiento porque él sería abstracto.

Por tanto, habiendo dictaminado el procurador general, se declara la inconstitucionalidad de los arts. 46 de la ley 13.246, 1° y 2° de la ley 13.897 y 26 de la ley 14.451 y, en consecuencia, se revoca la sentencia apelada. ­­ Luis M. Boffi Boggero. ­­ Pedro Aberastury.

 

 

 

 

Mouviel, Raúl O. y otros

PARTES:              Mouviel, Raúl O. y otros

TRIBUNAL:        CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION

FECHA:                CS, mayo 17-1957. -

Opinión del procurador general de la Nación.

Raúl O. Mouviel y otros han sido condenados en estos autos a sufrir penas de arresto por infracción a los edictos policiales sobre “desórdenes” (art. 1°, inc. c]) y “escándalo” (art. 1°, inc. a]), agraviándose la defensa del fallo respectivo por considerarlo violatorio de los arts. 29, 68, incs. 11, 26 y 27, 83, inc. 3°, y 90 de la Constitución nacional.

El tema no es novedoso, ni incierta la jurisprudencia existente al respecto. La validez de los edictos emanados del jefe de Policía ha sido reconocida invariablemente a partir del caso de Fallos, t. 155, p. 178 (v. también t. 169, p. 209; t. 175, p. 311; t. 191, p. 388; t. 192, p. 81; t. 193, p. 244; t. 199, p. 395; t. 208, p. 253).

Sin embargo, tan autorizadas han sido las objeciones levantadas contra este criterio (Jiménez de Asúa, “Tratado de derecho penal”, t. 2, p. 325; Ricardo C. Núñez, “La ley, única fuente del derecho penal argentino”), tal es el grado de amplitud que ha llegado a cobrar en la actualidad el conjunto de las normas así dictadas, y tan fresco permanece todavía en la memoria el recuerdo de las funestas consecuencias que para el ejercicio legítimo de la libertad tuvo su aplicación en los últimos años, que considero necesario examinar nuevamente la cuestión con la amplitud que su importancia exige.

El sistema constitucional argentino se afirma en el principio de la división de poderes. De acuerdo con este principio, el Poder Legislativo dicta las leyes; el Poder Ejecutivo las ejecuta y hace cumplir; el Poder Judicial las interpreta y aplica cuando se suscitan controversias.

Nuestra Carta fundamental, a diferencia de la de los Estados Unidos de América, que no contempló el punto en forma expresa, previó la necesidad de que la rama ejecutiva colaborara con el Congreso para la mejor ejecución de las leyes, estableciendo en su art. 83, inc. 2°, que el Presidente de la Nación “expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias…”. No es, pues, por delegación legislativa sino en uso de una atribución que le pertenece de modo exclusivo que el Poder Ejecutivo reglamenta, en este país, las leyes dictadas por el Congreso.

Sin embargo, la existencia de esta atribución reglamentaria no debe inducir a la errónea creencia de que en algún modo el Poder Ejecutivo tiene facultades concurrentes con las que son propias del Poder Legislativo. Ya estableció V. E., en el t. 1, p. 32 de su colección de Fallos, que “siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la división del gobierno en tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas; pues el uso concurrente o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la base de nuestra forma de gobierno”.

Es preciso, por lo tanto, ser muy cautos en la apreciación de los límites de la facultad reglamentaria conferida por el art. 83, inc. 2°, y sobre todo no olvidar jamás que su correcto ejercicio presupone el contenido de una ley necesariamente preexistente. Reglamentar es tornar explícita una norma que ya existe y a la que el Poder Legislativo le ha dado una substancia y contornos definidos; y ello, sólo en la medida que sea necesario para su ejecución, cuidando siempre de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.

“Para establecer las cosas en un terreno firme que impida al Poder Ejecutivo arrogarse atribuciones legislativas al tiempo de dictar decretos -dice Huneuus, comentando un precepto similar al nuestro-, sólo se necesita vigilancia activa de parte del Congreso y de parte de los tribunales, cada uno en su esfera de acción… Ejecutar las leyes no es dictarlas” (“Obras”, 2ª ed., Santiago de Chile, 1891, t. 2, p. 48). Efectivamente, el poder reglamentario se da para hacer posible la ejecución de la ley, por donde resulta evidente que todo intento de reglamentar lo que no ha sido materia de ley constituye una pura y simple usurpación de atribuciones legislativas, y no ejercicio legítimo de la facultad conferida en el art. 83, inc. 2° de la Constitución.

Es preciso agregar también que lo que no puede hacer el Poder Ejecutivo por sí sólo, tampoco lo puede aunque cuente para ello con una autorización legal, porque de acuerdo con el art. 41 de la Constitución el Congreso está investido del poder legislativo y no puede delegarlo sin violar la prohibición del art. 20. “Ciertamente -dijo V. E. en Fallos, t. 148, p. 430- el Congreso no puede delegar en el Poder Ejecutivo o en otro departamento de la Administración, ninguna de las atribuciones o poderes que le han sido expresa o implícitamente conferidos. Es ese un principio uniformemente admitido como esencial para el mantenimiento e integridad del sistema de gobierno adoptado por la Constitución y proclamado enfáticamente por ésta en el art. 29 (actual art. 20) (Willoughby, p. 1317; Cooley, C. L., 7ª ed., p. 163)”.

La diferencia entre una indebida delegación de atribuciones legislativas y una simple remisión al poder reglamentario del Presidente de la República para reglar pormenores y cuestiones de detalle, se estableció con toda claridad en el recién citado caso de Fallos, t. 148, p. 430, al expresarse: “Existe una distinción fundamental entre la delegación de poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquélla. Lo primero no puede hacerse, lo segundo es admitido aun en aquellos países en que, como los Estados Unidos de América, el poder reglamentario se halla fuera de la letra de la Constitución”.

Precisamente, el recuerdo de dos fallos célebres en los anales de la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, creo que contribuirá a precisar cuál es el límite de validez del ejercicio del poder reglamentario acordado a la rama ejecutiva.

El primero es el caso “Panamá Refining C° v. Ryan”, fallado el 7 de enero de 1935 (293 U. S. 388, v. traducción en J. A., t. 49, sec. jur. extr., p. 6), en el que se declaró inconstitucional la sección 9ª, párr. c) del tít. I de la ley de reconstrucción de la industria nacional (“Nira”), de junio 16 de 1933, que autorizaba al Presidente de los Estados a prohibir el transporte interestadual y con el extranjero del petróleo producido o retirado de depósito en exceso de la cantidad permitida por la legislación de los Estados particulares y establecía, al propio tiempo, que toda violación a una orden del Presidente en tal sentido sería castigada con una multa no mayor de 1.000 dólares o con prisión que no excediera de seis meses, o con ambas conjuntamente.

El “chief justice” Hughes expuso la opinión de la mayoría del tribunal y merecen destacarse, entre otros, los siguientes párrafos de su exposición: “La sección 9ª, c) no establece si, o en qué circunstancias, o bajo qué condiciones, el Presidente deba prohibir el transporte de la cantidad de petróleo y sus derivados producida excediendo la permitida por el Estado. No establece criterio alguno que gobierne el rumbo del Presidente. No exige fundamento alguno por parte del Presidente como condición de su acción. El Congreso, en la sección 9ª, c), no proclama, pues, política alguna acerca del transporte de la producción excedente. En cuanto a esta acción se refiere, confiere al Presidente una autoridad ilimitada para determinar la política y para hacer efectiva o no la prohibición, como lo crea conveniente. Y la desobediencia a sus órdenes es calificada de delito castigado con multa y prisión…”. “El Congreso dejó el asunto al Presidente, sin normas ni reglas, para que lo manejara a su placer. El esfuerzo de proporcionar un criterio mediante una ingeniosa y diligente interpretación permite aún tal amplitud autorizada de acción que equivale en esencia a conferir al Presidente las funciones de una Legislatura, más bien que las de un funcionario ejecutivo o administrativo que lleva a cabo una política legislativa declarada. Nada hallamos en la sección 1ª que limite o controle la autoridad conferida por la sección 9ª, c)…”. “En todos los casos en que la cuestión ha sido planteada, la Corte ha reconocido que existen límites de delegación que no pueden constitucionalmente ser excedidos. Creemos que la sección 9ª, c), va más allá de dichos límites. En lo que se refiere al transporte de la producción de petróleo excedente del permiso del Estado, el Congreso no ha hecho declaración de política alguna, no ha establecido norma alguna, no ha sentado regla alguna. No existe ningún requisito, definición de circunstancias o condiciones conforme con lo que al transporte debe prohibirse o permitirse”.

El segundo de los fallos a que he hecho alusión recayó en el llamado “caso de las aves de corral” (Schechter Poultry Corp. c. United States”, 295 U. S. 495; v. traducción en J. A., t. 50, sec. jur, extr., p. 37) y siguió de cerca al anterior, como que fué dictado el 27 de mayo de 1935. También se trataba de una de las leyes integrantes del plan de la “Nira”, la cual autorizaba al Presidente a aprobar “códigos de competencia leal” para las diversas ramas de la producción, a solicitud de una o más asociaciones o grupos representantes de una industria o comercio.

La sentencia que declaró inconstitucional la disposición respectiva fué dictada por unanimidad, pero con la disidencia parcial de fundamentos del “justice” Cardozo, a los que adhirió el “justice” Stone. El “chief justice” Hughes expresó también en este caso la opinión de la Corte, resumiendo el punto relativo a la delegación de las facultades legislativas en los siguientes términos: “La sección 3ª de la ley de reconstrucción no tiene precedentes. No proporciona norma alguna respecto de ningún comercio, industria o actividad. No contempla la imposición de reglas de conducta para ser aplicadas a situaciones de hecho dadas, determinadas mediante los procedimientos administrativos adecuados. En lugar de prescribir reglas de conducta, autoriza la redacción de códigos que las establezcan. Para tal empresa legislativa, la sección 3ª no sienta normas, fuera de la expresión de los propósitos generales de rehabilitación, corrección y expansión señalados en la sección 1ª. En vista del alcance de esa amplia declaración y de la naturaleza de las pocas restricciones que se le imponen, el arbitrio del Presidente para aprobar o proscribir códigos y sancionar así leyes para el gobierno del comercio e industria en todo el país, carece virtualmente de toda traba. Creemos que la autoridad para dictar códigos así conferida importa una delegación inconstitucional de facultades legislativas”.

El “justice” Cardozo, que había votado en disidencia en el caso “Panamá Refining C° c. Ryan”, por considerar que no mediaba allí una delegación indefinida que permitiera al Presidente “vagar a voluntad entre todas las materias posibles del transporte interestadual, tomando y eligiendo a su placer”, fué categórico al exponer su opinión en este segundo asunto: “El poder delegado para legislar que ha encontrado expresión en este código -dijo- no ha sido canalizado entre taludes que le impidan su desborde. Es ilimitado e impreciso, si se me permite repetir mis propias palabras de una sentencia anterior («Panamá Refining C° v. Ryan», 293 U. S. 388, etc.)…”.

Podrá ser objeto de duda actualmente, hasta qué punto se aceptan en todo su rigor las consecuencias que derivan de la doctrina establecida en estas decisiones, pero me parece indudable que los principios en que ella se asienta deben considerarse inconmovibles en materia penal, y constituyen, por lo tanto, una guía segura para orientarse en la cuestión de autos.

¿Qué otra cosa, en efecto, que una verdadera autorización para dictar un código de faltas implica la facultad reconocida al jefe de Policía, primero, por la jurisprudencia sentada a partir de Fallos, t. 155, p. 178 y, posteriormente, mediante la sanción del art. 7°, inc. a) del Estatuto de la Policía Federal (decreto 33.265/44, ratificado por la ley 13.030)?

Confieso que no alcanzo a comprender cómo, precisamente a través de la clara doctrina establecida en Fallos, t. 148, p. 430, ha podido llegarse a declarar la validez de los edictos policiales en t. 155, p. 178. Prescindo de que el art. 27 del Cód. de Proced. Crim., invocado entonces como fuente de la facultad de emitir estos edictos, no es más que una norma atributiva de competencia; y prescindo también de que el jefe de Policía no es el titular del poder reglamentario acordado por la Constitución al Poder Ejecutivo. Pero, no encuentro explicación para la afirmación, contenida en el cons. 7°, de “que cuando el Poder Ejecutivo es llamado a ejercer sus poderes reglamentarios en materia de policía de seguridad a mérito de una ley que lo ha autorizado para ello, lo hace no en virtud de una delegación de atribuciones legislativas, sino a título de una facultad propia consagrada por el art. 86, inc. 2° de la Constitución y cuya mayor o menor extensión queda determinada por el uso que de la misma facultad haya hecho el Poder Legislativo”.

Y bien: si ello es así, preciso será reconocer que el Congreso podría autorizar al Poder Ejecutivo, no digo ya al jefe de Policía, a dictar también un Cód. Penal, sin otra cortapisa que la fijación del máximo de las penas aplicables; y que, en tal caso, dada la existencia de una autorización legal, el Presidente no usurparía atribuciones legislativas sino que procedería en ejercicio del poder reglamentario.

Evidentemente no se ha reparado en que la facultad genérica de reglamentar las leyes acordada por el art. 83, inc. 2°, exige algo más que una simple autorización legislativa para que su ejercicio resulte válido; que es necesaria la existencia de leyes dictadas por el Congreso lo suficientemente definidas y precisas, como para que ese ejercicio no se traduzca -empleando la expresión del “justice” Cardozo- en un “vagar a voluntad entre todas las materias posibles” de lo que constituye el objeto de la autorización.

En el caso que se examina, ese objeto es la policía de seguridad, como lo señaló V. E. en Fallos, t. 155, p. 178, y tal cual resulta ahora del texto expreso del art. 7°, inc. a) del Estatuto de la Policía Federal, que entre las facultades de la misma, o mejor dicho de su jefe, prevé la de “emitir y aplicar edictos, dentro de la competencia asignada por el Cód. de Proced. Crim. (ley 2372), para reprimir actos no previstos por las leyes, en materia de policía de seguridad; y dictar las reglas de procedimiento para su aplicación”.

¿Puede darse algo más indefinido que esta vaga referencia a la policía de seguridad? La medida de sus posibilidades la da, en todo caso, el número actual de edictos: veinticuatro, es decir, exactamente el doble de los títulos que integran el libro II del Cód. Penal, dedicado a la consideración de los delitos en particular.

Parecería que en una correcta interpretación constitucional la facultad de dictar el Cód. de Faltas debiera considerarse exclusiva de la rama legislativa y, sin embargo, la Capital Federal cuenta en la actualidad con un auténtico código contravencional dictado por la sola voluntad del jefe de Policía. Lo que no hubiera podido hacer el Presidente de la República, ni por supuesto los ministros del Poder Ejecutivo, a quienes la Constitución prohibe tomar resoluciones que no conciernan al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos, lo ha venido haciendo en cambio un funcionario administrativo que, además, reúne los poderes de ejecutar y juzgar en los mismos casos que legisla.

He dicho que la Capital Federal cuenta en la actualidad con un verdadero Cód. de Faltas como producto de la actividad legislativa que en forma discrecional le ha sido reconocida al jefe de Policía, y no he exagerado por cierto al afirmarlo así.

El conjunto de los edictos contenidos en el R. R. P. F. 6 de la Policía Federal constituye, en efecto, un cuerpo legal orgánico que hasta cuenta con una parte general y otra dedicada al procedimiento.

La “parte general” consta de ochenta y cinco artículos y de los diversos capítulos que la componen cabe mencionar, a título de ejemplo, los que corresponden a imputabilidad, tentativa, complicidad y encubrimiento, diversas clases de penas, reincidencia, condena condicional, ejercicio y extinción de las acciones, resultando interesante destacar que, de acuerdo con el art. 10, en las contravenciones se aplican, además de las penas de multa y arresto, previstas en el art. 27 del Cód. de Proced. Crim., las de amonestación e inhabilitación.

En cuanto a los veinticuatro edictos a que antes hice referencia versan sobre los más variados tópicos, e integran lo que con propiedad podría llamarse “parte especial” de este verdadero código de faltas. Largo sería enumerarlos, por lo que baste señalar que en ellos se legisla toda suerte de materias, desde la referente a asilados políticos hasta la relativa a seguridad económica y reuniones deportivas, pasando por turismo, juegos de naipes y seguridad públicas, en un total de ciento cuarenta y ocho artículos.

Sea, pues, por su metodología, o por la variedad y extensión de los temas contemplados, pienso que no es una hipérbole la afirmación de que el R. R. P. F. 6 configura un código. Hiperbólica sí me resulta, en cambio, la pretensión de que todo ese amplio cuerpo de disposiciones es consecuencia legítima del poder reglamentario ejercido en torno a las escuetas e imprecisas disposiciones del art. 27 del Cód. de Proced. Crim. o del art. 7°, inc. a) del Estatuto de la Policía Federal.

Puede aquí repetirse, una vez más, con el “justice” Cardozo, que “el poder delegado para legislar que ha encontrado expresión en este código, no ha sido canalizado entre taludes que le impidan su desborde”, y aún agregar con las mismas palabras empleadas por este gran jurista en el ya citado caso “Schechter Poultry Corp. v. United States”, que “esto importa una delegación desenfrenada”.

Pero, no solamente desde el punto de vista del juego correcto del principio de la división de poderes son objetables los edictos policiales.

Está de por medio el significado que tiene en nuestra Constitución la garantía de que nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. En este sentido, y refiriéndose precisamente a una pena de $ 100 de multa impuesta por una contravención policial, ha dicho V. E. con palabras señeras que nunca serán recordadas lo bastante y que resultan totalmente contradictorias con el criterio seguido en Fallos, t. 155, p. 178, que “la configuración de un delito por leve que sea, así como su represión, es materia que hace a la esencia del Poder Legislativo y escapa de la órbita de las facultades ejecutivas. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohibe (art. 19, Constitución). De ahí nace la necesidad de que haya una ley que mande o prohiba una cosa, para que una persona pueda incurrir en falta por haber obrado u omitido obrar en determinado sentido. Y es necesario que haya, al mismo tiempo, una sanción legal que reprima la contravención para que esa persona deba ser condenada por tal hecho (art. 18). Estos dos principios fundamentales y correlativos en el orden penal, imponen la necesidad de que sea el Poder Legislativo quien establezca las condiciones en que una falta se produce y la sanción que le corresponde, ya que el Poder Ejecutivo solamente puede reglamentar la ley, proveyendo a su ejecución, pero cuidando siempre de no alterar su sentido (art. 86, inc. 2°). Así, en el caso del t. 178, p. 355, con motivo de una sanción penal creada por el Poder Ejecutivo nacional de orden pecuniario, esta Corte dijo: «Toda nuestra organización política y civil reposa en la ley. Los derechos y obligaciones de los habitantes así como las penas de cualquier clase que sean, sólo existen en virtud de sanciones legislativas y el Poder Ejecutivo no puede crearlas ni el Poder Judicial aplicarlas si falta la ley que las establezca» (Fallos, t. 191, p. 245)”.

No se diga, pues, que la circunstancia de no haberse ultrapasado en los edictos el límite de las sanciones mencionadas en el art. 27 del Cód. de Proced., basta para validarlos, porque tan inconstitucional resulta la delegación del poder para fijar penas como la del de definir acciones a los efectos de imponer esas penas. El precepto penal es inescindible y se integra con ambos elementos, uno y otro del exclusivo resorte del Poder Legislativo, como lo ha destacado V. E. en el fallo que acabo de citar.

Por otra parte, la garantía del art. 29 asegura que “ningún habitante de la Nación puede ser condenado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”, y en el texto constitucional el término “ley” no puede tener más que un sentido: el de ley formal, o sea, de acto emanado de la rama del gobierno que está investida del Poder Legislativo (art. 41), en el modo establecido por los arts. 69 y sigts. para la “formación y sanción de las leyes”. Por ello, no creo posible sostener que una disposición emanada de una simple autoridad administrativa o de un poder que no detenta la atribución de legislar, sea la “ley” que la Constitución ha exigido en algunos casos especiales como condición necesaria para autorizar, en homenaje al interés general, el menoscabo de algún derecho fundamental de los individuos.

Cuando el art. 38 de la Constitución dice que la expropiación por causa de utilidad pública o interés general debe ser calificada por “ley” y previamente indemnizada, me parece evidente que se ha referido a una ley del Congreso y no sé que se haya sostenido o resuelto lo contrario (J. V. González, “Manual de la Constitución argentina”, 9ª ed., p. 127; Montes de Oca, “Lecciones de derecho constitucional”, año 1917, t. 1, p. 389; A. de Vedia, “Constitución argentina”, año 1907, p. 88).

¿Habrá de concluirse entonces que la Constitución ha protegido con mayor vigor la propiedad que la libertad y que si es necesaria una “ley” para privar a una persona del goce de sus bienes no lo es en cambio para encarcelarla; que a este último efecto basta con una disposición dictada por el jefe de Policía? No ha sido este, en todo caso, el criterio que informó lo resuelto en Fallos, t. 136, p. 200, donde sentó los siguientes principios: “Que es una de las más precisas garantías consagradas por la Constitución la de que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Que en el presente caso ha sido violada dicha garantía desde que se han aplicado penas fundadas en simples decretos del Poder Ejecutivo provincial, que no tienen fuerza de ley dentro de nuestro régimen constitucional. Que no cabe admitir que la Legislatura de Mendoza haya podido confiar o delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de establecer sanciones penales por vía de reglamentación de las leyes dictadas por aquélla, dado lo que al respecto dispone el art. 19 de la Constitución”.

Desde otro punto de vista sería erróneo pretender que son aplicables al problema que vengo tratando los principios que justifican la validez de las que en doctrina se denominan leyes penales en blanco. En esta categoría encuadran algunas disposiciones como la del art. 6°, primera parte de la ley 12.830 (1) o la de los arts. 205 y 206 del Cód. Penal, en los que las conductas punibles sólo resultan genéricamente determinadas, remitiéndose la ley para su especificación a la instancia legislativa o bien a la administrativa.

Por supuesto, no existe problema cuando la ley penal en blanco se remite a otra ley. Pero, cuando la remisión es a la instancia administrativa conviene distinguir dos situaciones: una, en la que la conducta punible está descripta en la ley penal, pero la figura debe ser integrada con un elemento de hecho cuya especificación se defiere al Poder administrador, como ocurre en el caso de la infracción a la ley de precios máximos (art. 2°, inc. c], ley 12.830); y otra, en la cual la conducta punible no se especifica sino por referencia a normas dictadas por el Poder Ejecutivo.

La primera de estas formas de legislar no puede, en principio, dar lugar a objeciones de carácter constitucional. Pero, importa dejar bien sentado respecto de la segunda, que ella sólo es admisible si el Poder Ejecutivo ha dictado las normas a que la ley se remite en ejercicio legítimo de la atribución reglamentaria que le confiere el art. 83, inc. 2° de la Constitución, porque en tal caso dicha norma es como si fuera la misma ley reglamentada, puesto que la integra.

De otro modo, no se respetaría la garantía del art. 29 de la Constitución ya que, en definitiva, aunque por vía indirecta, resultaría que la descripción de la conducta punible no estaría hecha en la “ley” sino en una disposición autónoma del Poder Ejecutivo.

Superfluo es observar a esta altura del dictamen que, ni el art. 27 del Cód. de Proced. Crim., tal como ha sido interpretado en Fallos, t. 155, p. 178, ni el art. 7°, inc. a) del Estatuto de la Policía Federal satisfacen las exigencias apuntadas.

No se argumente, por último, que la materia legislada en los edictos policiales es de menor cuantía, porque el monto de las sanciones resulta pequeño. Aparte de que ello no bastaría para despojarles de su auténtico carácter de disposiciones penales, es un hecho comprobado, del cual conservamos desgraciadamente muy recientes recuerdos, que cuando se quiere subvertir el régimen republicano y democrático, cuando se pretende coartar el libre ejercicio de los más elementales derechos individuales, las simples contravenciones resultan ser uno de los principales instrumentos de que se valen los gobiernos dictatoriales para sofocar la libertad. Sirva esta reflexión para refirmar que, dentro del marco constitucional, sólo la prudencia del legislador, nunca la voluntad de un funcionario ejecutivo, puede asumir la delicada y trascendente función de describir acciones a los fines de imponer penas.

La jurisprudencia sentada, entre otros, en Fallos, t. 210, p. 554; t. 215, ps. 159 y 257; t. 217, p. 689, me obliga a abordar la cuestión de si el cumplimiento de la pena convierte en abstracto el caso, determinando la improcedencia del recurso extraordinario.

Disiento en forma absoluta con este criterio. La condena es un acto jurídico que sobrevive a la ejecución de la pena acarreando una serie de consecuencias que impiden sostener con fundamento que no haya interés en la decisión. Basta señalar los efectos que ella tiene en materia de reincidencia y condena de ejecución condicional aun en el actual régimen de edictos (arts. 54 y 58, disposiciones generales del R. R. P. F. 6), para comprender que existe un real interés jurídico en el fallo aunque la pena esté cumplida.

Los excesos a que puede llevar la tesis contraria los patentiza el caso de Fallos, t. 231, p. 35 (2) en el que se llegó hasta negar la procedencia de un recurso extraordinario tendiente a establecer el alcance de una ley de amnistía so pretexto de que el cumplimiento de la pena tornaba irrelevante para el beneficiario la declaración de que la ley era aplicable a su situación. En otras palabras, el hecho de haber cumplido la pena se consideró obstáculo para que se alcanzara el fin primordial de la ley, que no era otro que el de desincriminar la conducta que motivó la condena.

En el mismo orden de ideas no debe olvidarse tampoco el sonado caso “Grondona Sáenz Valiente y otras”, resuelto por la Corte Suprema el 8 de octubre de 1948, que no he podido encontrar en la colección de Fallos. Las apelantes pretendían la revisión de la sentencia de un juez de faltas de la Municip. de la Capital, que se decía dictada con violación de la garantía de la defensa en juicio. Pero, habiendo enviado el inferior una comunicación en la que informaba haber sido puestas en libertad las interesadas por haber cumplido la condena impuesta, fué decidido que en tales condiciones carecía de objeto y resultaba abstracto todo pronunciamiento sobre las cuestiones planteadas en el recurso extraordinario, invocándose al efecto como fundamento lo resuelto en fallos, t. 197, p. 321 y los allí citados.

Pues bien, basta leer este fallo y los que en él se citan (Fallos, t. 5, p. 316; t. 155, p. 248; t. 193, p. 260 [3]) para percibir que se refirieron a una situación totalmente diversa, como que en ellos no se trataba de condenas definitivas sino de recursos de hábeas corpus carentes de todo objeto por haber sido el detenido puesto en libertad o hallarse fuera de la jurisdicción argentina la persona de cuyo amparo se trataba.

En cuanto al primero de los casos que cité al comienzo, o sea, el de Fallos, t. 210, p. 554, se apoya en el de t. 209, p. 337 y el sumario de éste remite a su vez al t. 203, p. 312. Pero, también aquí la situación resulta distinta de la que se plantea en caso de condena, puesto que V. E. se limitó a declarar improcedente el recurso extraordinario interpuesto contra una resolución de la Dir. Gral. de Espectáculos Públicos que dispuso clausurar durante dos días un cinematógrafo por haberse cumplido efectivamente la medida y no tener, en consecuencia, objeto su revocatoria. Como se observa, se ha ido extendiendo en forma que estimo indebida la aplicación de un principio que si resulta razonable en los casos de medidas que no acarrean, por su naturaleza, modificaciones en el estado jurídico de las personas, aparece como notoriamente injusto cuando se trata de decisiones judiciales que declaran a alguien responsable de una infracción penal, resultando contrario incluso a la garantía de la defensa en juicio.

Que subsiste un interés jurídico digno de protección aunque la pena se haya cumplido lo demuestra la disposición del art. 552 del Cód. de Proced. Crim., cuyo espíritu es evidentemente opuesto al que inspira la jurisprudencia a que me he referido: “El recurso de revisión -dice este texto- podrá promoverse por el condenado o por su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos y por el ministerio fiscal. La muerte del condenado no impide que se deduzca para rehabilitar su memoria o procurar el castigo del verdadero culpable”.

Por lo expuesto, opino que los edictos policiales sobre “desórdenes” y “escándalo”, sobre cuya base se han dictado las condenas de autos son violatorios de la garantía establecida en el art. 29 de la Constitución nacional y del principio de la separación de poderes en que se funda el régimen republicano de gobierno. Correspondería, en consecuencia, revocar la sentencia apelada en cuanto pudo ser materia de recurso extraordinario. – Abril 25 de 1956. – Sebastián Soler.

Buenos Aires, mayo 17 de 1957. – Considerando: Que consta en autos que el jefe de Policía de la Capital, por resolución del 12 de noviembre de 1955, impuso a los acusados “la pena única e individual de treinta días de arresto no redimibles por multa, por «desórdenes» (art. 1°, inc. c]) y «escándalo» (art. 1°, inc. a]) y aplicación del núm. 36 del R. R. P. F. 6 y circunstancia agravante establecida en el art. 3° del edicto señalado en primer término -faltas de distinta naturaleza (núm. 13, reglamento citado)-”; resolución que fué posteriormente confirmada en lo principal por sentencia del juez en lo penal correccional.

Que contra esta sentencia el defensor de los imputados interpuso recurso extraordinario para ante esta Corte, sosteniendo que “el régimen de faltas vigente y las sentencias de 1ª y 2ª instancias son violatorias de los arts. 1°, 29, 68, incs. 11, 26 y 27, 83, inc. 3° y 90″ de la reforma de 1949 (1) (arts. 1°, 18, 67, incs. 11, 27 y 28, 86, inc. 3° y 95, Constitución vigente [2]), dado que la concentración de las facultades judicial, ejecutiva y legislativa en materia de faltas por parte del jefe de Policía, violaría el principio de la división de los poderes establecido por la Constitución.

Que esta Corte, en decisiones anteriores, ha declarado la constitucionalidad de los edictos policiales con el fundamento de que “no hay delegación de funciones legislativas al conferir al Poder administrador o a ciertas reparticiones, la facultad de fijar específicas normas de policía, crear infracciones y fijar las sanciones correspondientes, dentro de límites establecidos por la misma ley, sino en ejercicio de la facultad reglamentaria que preceptúa el inc. 2° del art. 86 de la Constitución nacional conformada, es claro, al espíritu y letra de la ley reglamentada” y de que el edicto policial no vulnera la garantía establecida por el art. 18 de la Constitución, que requiere para la validez de una sanción penal la existencia de una ley anterior, pues constituye una simple consecuencia de la autorización legislativa contenida en el art. 27 del Cód. de Proced. Crim., y es tan obligatorio, por consiguiente, como la ley

Que, sin embargo, esta Corte ha establecido también en causas que versaban sobre materias análogas, que “es una de las más preciosas garantías consagradas por la Constitución la de que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso” (Fallos, t. 136, p. 200); que “toda nuestra organización política y civil reposa en la ley. Los derechos y obligaciones de los habitantes así como las penas de cualquier clase que sean, sólo existen en virtud de sanciones legislativas y el Poder Ejecutivo no puede crearlas ni el Poder Judicial aplicarlas si falta la ley que las establezca” (Fallos, t. 178, p. 355 [8]); y que “la configuración de un delito, por leve que sea, así como su represión, es materia que hace a la esencia del Poder Legislativo y escapa de la órbita de las facultades ejecutivas. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohibe (art. 19, Constitución). De ahí nace la necesidad de que haya una ley que mande o prohiba una cosa, para que una persona pueda incurrir en falta por haber obrado u omitido obrar en determinado sentido. Y es necesario que haya, al mismo tiempo, una sanción legal que reprima la contravención para que esa persona deba ser condenada por tal hecho (art. 18). Estos dos principios fundamentales y correlativos en el orden penal, imponen la necesidad de que sea el Poder Legislativo quien establezca las condiciones en que una falta se produce y la sanción que le corresponde, ya que el Poder Ejecutivo solamente puede reglamentar la ley, proveyendo a su ejecución, pero cuidando siempre de no alterar su sentido (art. 86, inc. 2°)” (Fallos, t. 191, p. 245 [1]).

Que la necesidad de que el régimen de faltas tenga carácter legislativo y emane, por consiguiente, del Congreso como legislatura local para la Capital y territorios nacionales, y de las legislaturas provinciales para sus respectivas jurisdicciones, fué asimismo reconocida y destacada en los antecedentes del Cód. Penal en vigor (Rodolfo Moreno [h.], “El Cód. Penal y sus antecedentes”, t. 1, núms. 93 y sigts.).

Que conforme con esta doctrina, la “ley anterior” de la garantía constitucional citada y del principio “nullum crimen, nulla pœna sine lege”, exige indisolublemente la doble precisión por la ley de los hechos punibles y de las penas a aplicar, sin perjuicio de que el legislador deje a los órganos ejecutivos la reglamentación de las circunstancias o condiciones concretas de las acciones reprimidas y de los montos de las penas dentro de un mínimo y máximo (Fallos, t. 148, p. 430). En el sistema representativo republicano de gobierno adoptado por la Constitución (art. 1°) y que se apoya fundamentalmente en el principio de la división de los poderes, el legislador no puede simplemente delegar en el Poder Ejecutivo o en reparticiones administrativas la total configuración de los delitos ni la libre elección de las penas, pues ello importaría la delegación de facultades que son por esencia indelegables. Tampoco al Poder Ejecutivo le es lícito, so pretexto de las facultades reglamentarias que le concede el art. 86, inc. 2° de la Constitución, sustituirse al legislador y por supuesta vía reglamentaria dictar, en rigor, la ley previa que requiere la garantía constitucional del art. 18.

Que el art. 27 del Cód. de Proced. Crim., en cuanto dice: “El juzgamiento de las faltas o contravenciones a las ordenanzas municipales o de policía, corresponde, respectivamente, a cada una de estas administraciones, cuando la pena no exceda de un mes de arresto o $ 100 de multa”, sólo ha concedido a esas administraciones la facultad de juzgar las faltas o contravenciones, como surge de su propio texto, y no la de configurarlas o definirlas, facultad esta última de estricto carácter legislativo, como ya se ha dicho, ajena a los órganos de aplicación o de juzgamiento.

Que, en consecuencia, es también claramente contrario a la garantía constitucional antes aludida y al sistema de gobierno establecido por la Constitución, el precepto del art. 7°, inc. a) del decreto 33.265/44 (2), ratificado por la ley 13.830 (3), que faculta a la Policía Federal, con exclusión del territorio de las provincias, para “emitir y aplicar edictos, dentro de la competencia asignada por el Cód. de Proced. Crim. (ley 2372 [4]), para reprimir actos no previstos por las leyes, en materia de policía de seguridad; y dictar las reglas de procedimiento para su aplicación”, desde que tal facultad de emitir edictos para reprimir actos no previstos por las leyes va mucho más allá de la facultad simplemente “reglamentaria” que corresponde al Poder Ejecutivo o a las reparticiones administrativas, en su caso, e importa la de legislar en materia exclusivamente reservada al Congreso (art. 67, inc. 11).

Que es innegable la necesidad de mantener estrictamente la vigencia del principio “nullum crimen, nulla pœna sine lege”, contenido en la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución, no sólo porque se trata de un principio constitucional -y esta única consideración bastaría para aquel efecto- sino, también, porque es notorio que las modernas formas de autoritarismo o despotismo utilizan los edictos policiales como uno de los instrumentos más eficaces para la opresión de los ciudadanos y la restricción de las libertades públicas.

Que en atención a los fundamentos precedentes, carece de interés examinar los demás agravios invocados por los apelantes.

Por ello, y las consideraciones concordantes del meditado dictamen del procurador general, se revoca la sentencia apelada en cuanto ha sido materia del recurso. – Alfredo Orgaz. – Manuel J. Argañarás. – Enrique V. Galli. – Carlos Herrera. – Benjamín Villegas Basavilbaso.

Dessy, Gustavo G.

Ver VocesVoces :  ACTO DE GOBIERNO ~ APERTURA DE LA INSTANCIA EXTRAORDINARIA ~ CARCEL ~ COMPETENCIA ~ CONSTITUCION NACIONAL ~ CORRESPONDENCIA EPISTOLAR ~ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ~ DELITO ~ DERECHO A LA INTIMIDAD ~ DERECHOS CONSTITUCIONALES ~ ESPIRITU DE LA LEY ~ EXPOSICION DE MOTIVOS ~ FACULTADES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ~ GARANTIAS CONSTITUCIONALES ~ HABEAS CORPUS ~ INTERPRETACION ~ INTERPRETACION LITERAL ~ INVIOLABILIDAD DE LA CORRESPONDENCIA ~ LEY ~ LIBERTAD DE EXPRESION ~ PENA ~ PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD ~ PENADO ~ RECURSO EXTRAORDINARIO ~ SERVICIO PENITENCIARIO

 


Tribunal:  Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS)

 

     

 

 

Fecha:  19/10/1995

 

Partes:  Dessy, Gustavo G.

 

 
Publicado en:  LA LEY 1996-C, 316

 

 

 



Fallos de la Corte Premium

 

 
  Vía Procesal
 

 

Jurisdicción y competencia: Por apelación extraordinaria
Tipo de recurso: Extraordinario federal
Tipo de acción: Habeas corpus
 
  Control de Constitucionalidad
 

 

Art. 14, ley 48Resultado: INCONSTITUCIONAL
Norma analizada: DECRETO – 412/1958, ARTICULO 92
 
  Información Relacionada
 

 

Cuestiones tratadas en este fallo: HABEAS CORPUS. AGRAVAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE DETENCION. PROTECCION CONSTITUCIONAL. 

HECHOS:  Una persona privada de su libertad interpuso hábeas corpus por considerar que el Servicio Penitenciario Federal había agravado ilegalmente sus condiciones de detención, en cuanto se le obliga a entregar abiertas las cartas que se propone despachar, para permitir a las autoridades del penal ejercer la censura de su contenido. Las instancias inferiores rechazaron la acción intentada. Interpuesto recurso extraordinario federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, revocó la sentencia apelada.

SUMARIOS:

  1. La ley penitenciaria nacional (Adla, XVIIIA, 478) no prevé la censura de la correspondencia que envían los internos, por lo que las disposiciones del reglamento que la autorizan representa una extralimitación de la facultad reglamentaria prevista por el art. 99 inc. 2° de la Constitución Nacional, violatoria de los derechos constitucionales a la inviolabilidad de la correspondencia y a la privacidad: arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional.
  2. Carecen de racionalidad las circunstancias previstas por el art. 5° del Régimen de Correspondencia para Internos Condenados para fundar la negativa al envío de la correspondencia del interno.
  3. Cuando hubiese razones fundadas para temer que, a través de la correspondencia que emite, el penado pudiese favorecer la comisión de actos ilícitos, las autoridades judiciales deben requerir en sede judicial la intervención de dicha correspondencia.
  4. Resulta legítimo el control del contenido de las misivas de los internos (Disidencia de los doctores Nazareno, Belluscio y Levene -h.-).
  5. Al control de las misivas de los internos resulta aplicable la doctrina de la legitimidad de las medidas fuertemente limitativas de la libertad individual que tienden a preservar un interés estatal superior, como es la seguridad interna del establecimiento penitenciario (Disidencia de los doctores Nazareno, Belluscio y Levene -h.-).
  6. No corresponde a la Corte interpretar las normas de la ley penitenciaria nacional (Adla, XVIII-A, 478), y del régimen de correspondencia para internos condenados por no ser de naturaleza federal, debiéndose atener a la inteligencia establecida por el tribunal de la causa (Voto de los doctores Fayt, Petracchi y Boggiano).
  7. Corresponde a la Corte revisar lo resuelto acerca de la adecuación a la Constitución Nacional de la interpretación hecha por el tribunal de la causa de las normas de la ley penitenciaria nacional (Adla, XVIII-A, 478), y del régimen de correspondencia para internos condenados (Voto de los doctores Fayt, Petracchi y Boggiano).
  8. Los “justificativos” requeridos por el art. 18 de la Constitución Nacional para ocupar la correspondencia epistolar es una demanda dirigida, en especial, al legislador (Voto de los doctores Fayt, Petracchi y Boggiano).
  9. - Ningún habitante de la Nación puede ser privado de su dignidad humana, aunque su conducta haya sido reprobada y se encuentre cumpliendo una pena privativa de la libertad (Voto de los doctores Fayt, Petracchi y Boggiano).
  10. La suspensión absoluta del derecho a la inviolabilidad de la correspondencia traduciría una especie de pena no prevista en norma represiva alguna, por lo que su aplicabilidad sería ilegal (Voto de los doctores Fayt, Petracchi y Boggiano).
  11. - El modo de ejecución de las penas no puede revestir el carácter de una condena accesoria que no corresponda a las aplicadas en las sentencias que emanan del Poder Judicial, ni a la pena establecida por la ley para el delito de que se trate (Voto de los doctores Fayt, Petracchi y Boggiano).
  12. El régimen de correspondencia para internos condenados, en cuanto establece la censura de la correspondencia que envían los internos, es inconstitucional pues limita la garantía constitucional de inviolabilidad de la correspondencia sin apoyo en motivos concretos y suficientes, con una extensión que sobrepasa notablemente los alcances que pudiera demandar el logro del propósito buscado por su intermedio (Voto de los doctores Fayt, Petracchi y Boggiano).
  13. Estando en juego la inviolabilidad de la correspondencia y, eventualmente, la libertad de expresión, es inadmisible que sus limitaciones legales estén desprovistas del imprescindible grado de determinación que excluya la posibilidad de que su ejecución concreta por agentes administrativos venga a quedar en manos de la más libre discreción de estos últimos (Voto de los doctores Fayt, Petracchi y Boggiano).
  14. La garantía constitucional de inviolabilidad de la correspondencia no ha sido establecida sólo respecto de comunicaciones íntimas (Voto de los doctores Fayt, Petracchi y Boggiano).(
  15. El art. 92 de la ley penitenciaria nacional (Adla, XLVIII-A, 478), y los arts. 3º, 4º, 5º y concs. del régimen de correspondencia para los internos condenados, según la interpretación del tribunal de la causa, son inconstitucionales al exigir que la correspondencia que el interno remite al exterior sea presentada a las autoridades en sobre abierto y habilitan a aquéllas a imponerse del contenido de las misivas e impedir su curso regular (Voto de los doctores Fayt, Petracchi y Boggiano).
  16. Entre la competencia reglamentaria de los órganos que tienen a su cargo el cuidado de los presos, por un lado, y la soberanía punitiva, por el otro, media una distancia absolutamente insalvable que, puesta por la Constitución Nacional, el Poder Judicial habrá de hacer mantener (Voto de los doctores Fayt, Petracchi y Boggiano).
  17. - En un estado de derecho, la sola invocación de “razones de seguridad”, sin un andamiaje objetivo que lo motive, no puede justificar nunca la privación del goce de los derechos constitucionales (Voto de los doctores Fayt, Petracchi y Boggiano).
  18. - El derecho a la privacidad es el derecho del individuo para decidir por sí mismo en qué medida compartirá con los demás sus pensamientos, sus sentimientos y los hechos de su vida personal (Voto de los doctores Fayt, Petracchi y Boggiano).
  19. - La primera fuente de inteligencia de la ley es su letra, pero la misión judicial no se agota con ello, ya que los jueces, en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la intención del legislador y del espíritu de las normas, todo esto, a su vez, de manera que las conclusiones armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional.
  20. - La exposición de motivos de las normas es un valioso criterio interpretativo de la intención de sus autores.
  21. - Es menester atender a las normas legales en su integridad, evitando mutilaciones de su contenido, esto es, hacerse cargo de todos y cada uno de sus enunciados (Voto de los doctores Fayt, Petracchi y Boggiano).
  22. - Es regla en la interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Disidencia de los doctores Nazareno, Belluscio y Levene -h.-).
  23. - El propósito de dar pleno efecto a la intención del legislador no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas de su instrumentación legal, toda vez que ellos, en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia no deben prescindir de la “ratio legis” y del espíritu de la norma (Disidencia de los doctores Nazareno, Belluscio y Levene -h.-).
  24. -La exégesis de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción (Disidencia de los doctores Nazareno, Belluscio y Levene -h.-).
  25. -No es siempre método recomendable el atenerse estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante (Disidencia de los doctores Nazareno, Belluscio y Levene -h.-).
  26. -Es necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto, no resulta compatible con el común de la tarea legislativa y de la judicial (Disidencia de los doctores Nazareno, Belluscio y Levene -h.-).
  27. - En materia de hábeas corpus no corresponde extremar las exigencias formales para la procedencia de la apelación federal.
  28. Es admisible el recurso extraordinario, si el apelante tacha de inconstitucional un acto de autoridad nacional desarrollado de acuerdo a un reglamento que a su juicio afectaría las garantías constitucionales de inviolabilidad de la correspondencia y privacidad e intimidad en las que funda su derecho, y la sustancia del planteo conduce a determinar el alcance de dichas cláusulas.
  29. - La Corte no está investida de competencia para juzgar el acierto de las políticas de gobierno; sí para controlar que sean respetuosas de la Constitución Nacional (Voto de los doctores Fayt, Petracchi y Boggiano).

TEXTO COMPLETO:

Dictamen del Procurador General de la Nación:

1. A fojas 2, el condenado Joao Gustavo G. Dessy, alojado en la Prisión Regional del Norte del Servicio Penitenciario Federal (Unidad 7), interpuso ante el Juzgado Federal de Resistencia, provincia del Chaco, recurso de “hábeas corpus” en su favor. Al ratificar dicha presentación y en la audiencia de fojas 10/14, aquél alegó que el motivo sustancial de su denuncia consistía, por un lado, en haber constatado la apertura de una carta que se le enviara antes de serle entregada. Aclara, al respecto, que habitualmente la correspondencia que recibe es abierta en su presencia por las autoridades penitenciarias.

Por otra parte, con relación a la correspondencia por él emitida, refiere que se le obliga a entregarla abierta, con fundamento en disposiciones reglamentarias que exigen tal proceder. Agrega que al determinar en una ocasión la violación del contenido de una carta –faltante de un dibujo incorporado en el sobre– decidió presentar su correspondencia cerrada, lo cual la autoridad carcelaria no admitió por los motivos antes apuntados.

El juez federal interviniente rechazó la denuncia de “hábeas corpus”, por las razones que lucen en el auto de fojas 20/21. Consideró que el hecho no constituía el supuesto que ampara el art. 3°, inc. 2° de la ley 23.098, toda vez que, a su juicio, el proceder de la referida autoridad en el caso, es consecuencia de la aplicación de los arts. 5° y 6° del régimen de correspondencia para internos condenados, que imponen el control previo de la que remiten los internos fuera del penal.

A fojas 35/36, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó la resolución de primera instancia. Expresó, como sustento para desvirtuar la ilegitimidad y arbitrariedad del acto que originó la presentación del condenado que, sin perjuicio de la investigación penal iniciada con motivo de la violación de correspondencia denunciada, la Ley Penitenciaria Nacional remite (arts. 91 y 92) a los reglamentos que regulan el ejercicio del derecho de comunicación de los internos, disposiciones que “… deben aplicarse y así se aprecia ocurre en autos, con los alcances que las circunstancias aconsejan para cumplir lo más acabadamente posible con los fines para los cuales han sido instaurados, sin que ello implique vulnerar las disposiciones constitucionales invocadas …”.

La defensora oficial, doctora Pace de Elías, en representación del nombrado Dessy, interpuso recurso extraordinario contra dicho pronunciamiento, que fue concedido a fojas 47/48.

II. Contrariamente a lo sostenido por la Cámara, entiendo que la apelación extraordinaria deducida resulta improcedente, por las razones que a continuación detallo.

En su presentación de fojas 37/42, la recurrente sostiene que la cuestión federal planteada en el “subjudice” consiste en la desinteligencia de la cláusula constitucional relativa al resguardo necesario de la intimidad y la privacidad de la correspondencia emitida por Dessy (art. 18, Constitución Nacional), en cuyo desconocimiento incurrió la autoridad penitenciaria al ejercer irracionalmente la censura de su contenido, conculcando el derecho que el interno funda en aquélla y agravando así las condiciones bajo las cuales cumple su detención.

En este orden de ideas, refiere que el aludido control de la correspondencia de Dessy, facultad que, en su opinión, no surge expresamente contemplada en el reglamento sino que la autoridad la infiere a partir de ciertas exigencias que debe observar el contenido de toda correspondencia, lesiona la dignidad de aquél, es innecesaria y, además, lo perturba de tal forma que perjudica seriamente su recuperación.

Luego de aludir al fin resocializador que, con relación a la pena, infiere de la garantía constitucional que considera conculcada, la recurrente concluye que en el caso existió una negativa disposición de la autoridad administrativa para buscar las formas que, cuidando la seguridad, no obstaculicen la recuperación del interno.

A mi modo de ver, el razonamiento expuesto, en virtud del cual se pretende sustentar la crítica dirigida contra el pronunciamiento, permite sostener que el recurso adolece de la debida fundamentación que requiere el art. 15 de la ley 48, toda vez que las apreciaciones genéricas sobre la violación de presuntas garantías constitucionales –se alega, reitero, al fin resocializador de la pena– no bastan para demostrar la existencia de cuestión federal que permita la intervención de la Corte para conocer por la vía intentada, en la medida que resulta insuficiente a tal efecto seguir un criterio interpretativo distinto al establecido en la resolución que fue objeto de recurso (Fallos: 293:577; 308:1655 –La Ley, 1987-A, 373–).

En efecto, la intención del recurrente de demostrar lo innecesario de la censura que cuestiona –esto es, que se lean las cartas que emite– y su propósito de justificar únicamente la revisación efectuada por las autoridades penitenciarias que tienda a constatar que no se extraiga del penal ningún elemento extraño, reflejan su mera discrepancia acerca del alcance y aplicación de las normas que reglamentan el régimen de correspondencia para los internos condenados al que remite el art. 92 de la ley penitenciaria nacional, de inequívoco carácter común –v. su artículo 131– (Fallos: 303:256), cuya interpretación, entonces, más allá de su acierto o error, constituye materia propia de los jueces de la causa y es ajena, por ende, a esta instancia excepcional.

Por lo tanto, al no haberse impugnado la constitucionalidad de dicha norma, el tema planteado sólo resultaría abordable por la vía de la arbitrariedad de sentencias, extremo que, en mi opinión, tampoco se alcanza a demostrar en el remedio federal interpuesto.

En este sentido, debo destacar, ante todo, que V.E. tiene dicho que el “habeas corpus” instituido por el art. 3°, inc. 2° de la ley 23.098, ha sido previsto para evitar mortificaciones que excedan las precauciones exigidas por la seguridad (Fallos: 308:2563).

Sentado ello, opino que el disenso puesto de manifiesto por la defensa de Dessy acerca de la necesidad de que las autoridades del establecimiento carcelario donde éste se encuentra alojado se impongan del contenido de la correspondencia que emite, no alcanzada, por sí solo, a demostrar que la aplicación por la autoridad administrativa de las normas que rigen el caso resulte manifiestamente inadecuada y, menos aún, que dicho acto implique –sin perjuicio de los delitos que pudieron haberse cometido y cuya investigación fuera ordenada– una deliberada intención de mortificar al detenido, impidiéndole ejercer el derecho a comunicarse que la ley le reconoce.

III. En consecuencia, soy de la opinión que V.E. debe declarar improcedente el recurso extraordinario concedido a fojas 47/48. — Setiembre 29 de 1993. — Oscar L. Fappiano.

Buenos Aires, octubre 19 de 1995.

Considerando: 1. Que Joao Gustavo G. Dessy interpuso hábeas corpus por considerar que el Servicio Penitenciario Federal –prisión regional del norte, Unidad 7– había agravado ilegalmente sus condiciones de detención (art. 3° inc. 2, ley 23.098) al violar su correspondencia y afectar sus derechos a la intimidad, privacidad y a una pena con fin resocializador. En tal sentido señaló como fundamento de su presentación que el personal penitenciario le había rechazado una pieza de correspondencia que pretendía enviar, luego precisó que le son devueltas las piezas cerradas que entrega, y este fundamento de su demanda es ratificado en la audiencia de fs. 10, en la que también expresó que, si bien las cartas que recibe son abiertas en su presencia, en una oportunidad ello no habría ocurrido, pero esta cuestión quedó aclarada en la misma audiencia. Sostiene que la obligación de entregar abiertas las cartas que se propone despachar, para permitir a las autoridades del penal ejercer la censura de su contenido contraviene la ley penitenciaria nacional que sólo prescribe la supervisión de las cartas recibidas pero no las remitidas (arts. 91 y 92), viola los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos.

En ese orden de ideas expresó que el tipo de cartas que emite “tiene características absolutamente personales y afectivas; que esa circunstancia vuelve particularmente violento el hecho de que sus intimidades sean compartidas por el agente que a la sazón se encarga de la censura”; que “es menester obtener un criterio racional, en tal sentido, la censura indiscriminada no responde a la finalidad aducida”; que “el derecho a la intimidad únicamente puede cesar relativamente si es que existe una fundada razón para creer que el interno con su correspondencia puede poner en riesgo la seguridad del penal, de lo contrario, se trataría de una medida reglamentarista excesiva que sin razón alguna viola el art. 18″; “que el estímulo previsto en el art. 91 de la ley penitenciaria nacional en relación a las relaciones sociales, de las cuales la correspondencia es la más importante, cumple tal vez la función resocializadora de mayor trascendencia, adecuando el tratamiento a los objetivos del art. 18″; que “la Convención Americana de Derechos Humanos … explícitamente establece que en la ejecución de las penas no se puede adoptar por vía de hecho ni jurídica ninguna conducta que implique menoscabar la dignidad de la persona”; que el resguardo de la seguridad del penal “puede lograrse utilizando el mismo procedimiento que según la autoridad administrativa describió en esta audiencia para recepción de la correspondencia. Es decir, así como se abren en presencia del interno las cartas que recibe, con el objeto de verificar que no contengan elementos peligrosos, bien puede cerrarse el sobre en presencia del interno de las cartas emitidas con la misma finalidad”.

2. Que la Cámara Federal de Resistencia, confirmando el fallo de primera instancia, rechazó el hábeas corpus. La defensora oficial interpuso recurso extraordinario, que fue concedido.

3. Que el a quo rechazó la acción intentada por entender que el acto no era ilegítimo y desechó los planteos de inconstitucionalidad por considerar que el procedimiento de hábeas corpus era limitado y no apto para resolver cuestiones que requerían mayor debate.

4. Que el recurso extraordinario resulta procedente pues el apelante ha tachado de inconstitucionalidad un acto de autoridad nacional desarrollado de acuerdo con un reglamento que a su juicio afectaría las garantías constitucionales de inviolabilidad de la correspondencia y privacidad e intimidad en las que funda su derecho y la sustancia del planteo conduce a determinar el alcance de dichas cláusulas (art. 14 inc. 3, ley 48).

No obsta a ello la escueta fundamentación del recurso pues en materia de hábeas corpus no corresponde extremar las exigencias formales para la procedencia de la apelación federal (Fallos: 307:1039 –La Ley, 1986-A, 368–), máxime cuando de él resulta clara la tacha de inconstitucionalidad aludida y el derecho en que se funda.

5. Que, reseñadas las circunstancias fácticas de la causa, corresponde en primer término examinar las normas específicas en la materia a fin de correlacionarlas entre sí y con el régimen penal penitenciario, como así también con el resto del ordenamiento jurídico.

La ley penitenciaria nacional, en lo que al caso interesa establece:

Art. 91: “No podrá privarse al interno del derecho a comunicarse en forma periódica con su familia, curadores, allegados o amigos, así como con personas y representantes de organismos e instituciones oficiales o privadas que se interesen por su rehabilitación”.

Art. 92: “Las visitas y la correspondencia que reciba el interno se ajustarán a las condiciones de oportunidad, supervisión y censura que determinen los reglamentos, los cuales bajo ningún concepto podrán desvirtuar lo establecido en el artículo anterior. Sólo podrán ser restringidas transitoriamente por motivos disciplinarios o razones inherentes a su tratamiento”.

6. Que la primera fuente de inteligencia de la ley es su letra, pero además la misión judicial no se agota con ello, ya que los jueces, en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la intención del legislador y del espíritu de las normas, todo esto, a su vez, de manera que las conclusiones armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 312:2382). Para tal tarea, esta Corte tiene dicho que la exposición de motivos de las normas constituye un valioso criterio interpretativo acerca de la intención de sus autores (G.307.XXIV. “Gil de Giménez Colodrero, Dolores y otros c. Estado nacional –Ministerio de Educación y Justicia– s/daños y perjuicios”, sentencia del 5 de agosto de 1993 –La Ley, 1993-E, 263–).

7. Que, por ello cabe consignar algunas expresiones de la exposición de motivos de la ley penitenciaria nacional y de la fuente normativa que ésta tomó en consideración, es decir, el “conjunto de reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos”, aprobado por el Primer Congreso de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y tratamiento de delincuente reunido en Ginebra en 1955 el que sugirió que la Asamblea General de las Naciones Unidas recomiende a los gobiernos el estudio de las disposiciones con ánimo favorable, contemplando la posibilidad de adoptarlas y aplicarlas en la administración de las instituciones penitenciarias.

Así, en la exposición de motivos de la ley mencionada se aclara que las normas que tratan sobre la comunicación del interno con el mundo exterior, “además de dar imperatividad legal al principio que sustentan, de comunicabilidad del recluso con las personas de su familia y allegados, de vieja data en todo el mundo, asimila este capítulo a la tendencia actual en la materia, en cuanto exhibe como idea fundamentadora que la institución penitenciaria no debe aislarse del medio social, debiendo favorecerse la comunicación del recluso con el exterior en toda forma compatible con el régimen, hasta el límite que pueda hacérselo sin violentar las normas jurídico-penales que condicionan al régimen de cumplimiento de la pena” (parág. 83).

Por su parte, la segunda disposición citada –”Conjunto de reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos …”– refiere que “se autorizará a todo acusado para que se procure, a sus expensas o las de un tercero, libros, periódicos, recado de escribir, así como otros medios de ocupación, dentro de los límites compatibles con el interés de la administración de justicia, la seguridad y el buen orden del establecimiento” (art. 90).

8. Que la reglamentación que ha dado lugar al acto de autoridad nacional cuestionado como lesivo a tales postulados –Boletín Público del Servicio Penitenciario Federal Argentino n° 1266 del 24 de enero de 1979–, acompañada en la audiencia celebrada en la causa por las autoridades del servicio penitenciario establece que “La correspondencia epistolar y telegráfica será objeto de supervisión y censura. Para esto último deberán tenerse en consideración aquellos aspectos que por su naturaleza puedan aparecer, incidir o convertirse en factores negativos, desde el punto de vista que sustentan los principios en que se basa el concepto de readaptación social” (art. 3); “Si a juicio de la Dirección del Establecimiento resultara inconveniente dar curso –por su contenido– a una carta, se procederá a efectuar la devolución de la misma al remitente, informándole sobre las causales motivadoras” (art. 4); “No se autorizará la entrada o salida de correspondencia en la que se empleen signos o palabras convencionales, se utilice lenguaje obsceno, se hagan alusiones o emitan juicios con respecto al régimen interno o al personal del Servicio Penitenciario Federal, o que se refieran a asuntos que por su naturaleza escapen a los términos rigurosamente personales o de familia” (art. 5); “Cuando de la correspondencia surjan indicios que hagan presumir la comisión de un delito o la persistencia en actividades delictivas, se iniciarán actuaciones comunicando a la autoridad policial o judicial que correspondiere, acorde con las características de tales indicios” (art. 13).

Cabe agregar que dicho reglamento fue modificado un día después de la presentación de este hábeas corpus, por Boletín Público N° 2076, del 19 de agosto de 1992, en cuyo título II, capítulo I, establece el régimen de las correspondencias –arts. 64 a 80– que es similar al anterior.

9. Que las norma reglamentarias citadas han impuesto, a través de un texto ambiguo (especialmente los arts. 3 y 4 del reglamento), una restricción al secreto epistolar, absoluta y permanente. No se distinguen oportunidades ni situaciones, condiciones ni causas, remitentes ni destinatarios. Toda carta de todo preso, en todo momento, y dirigida a cualquier persona, está sometida al régimen aludido, a pesar de que el art. 92 de la ley penitenciaria sólo establece la supervisión de la correspondencia que ellos reciben.

Respecto de los papeles privados y la correspondencia, el art. 18 de la Constitución Nacional expresa que “una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación”. La ley penitenciaria nacional, cuyos autores no han dejado de tener en cuenta –no cabe la presunción contraria– la particular situación en que se encuentran los presos y la necesidad de preservar la seguridad, no prevé la censura de la correspondencia que ellos envían, por lo que las disposiciones del reglamento que lo autorizan representan una extralimitación de la facultad reglamentaria prevista en el art. 99 inc. 2° de la Constitución Nacional, autorizando, sin fundamento legal, un indiscriminado y permanente allanamiento de los derechos constitucionales a la inviolabilidad de la correspondencia y a la privacidad, amparados, respectivamente, por los arts. 18 y 19 de nuestra Carta Magna.

Sin perjuicio del vicio de inconstitucionalidad señalado, cabe agregar que carecen de racionalidad las circunstancias previstas en el art. 5° de dicho reglamento para fundar la negativa al envío de la correspondencia del interno. Por ejemplo, en cuanto a la referencia al “lenguaje obsceno”, no se advierte cuál seria el interés legítimamente del Estado para intervenir la correspondencia privada del recluso a efectos de asegurarse que ésta guarde un lenguaje decoroso. La prohibición que las misivas “hagan alusiones o emitan juicios con respecto al régimen interno o al personal del Servicio Penitenciario Federal” no sólo carece de vinculación razonable con los objetivos de seguridad y resocialización previstos en la ley penitenciaria, sino que además cercena un medio idóneo –tal vez el único– con que cuentan los reclusos para hacer llegar al mundo exterior denuncias o reflexiones sobre el ámbito carcelario, y aun, reclamar ayuda ante abusos de la autoridad. La exigencia de que las cartas de los reclusos sólo aludan a asuntos estrictamente particulares o de familia se funda en una concepción alienante, que niega al preso la facultad de expresarse sobre temas sociales y políticos.

10. Que el propósito de readaptación social del penado, que debe estar en la base del tratamiento carcelario y es expresamente predicado en el art. 1° de la ley penitenciaria nacional, se ve controvertido por disposiciones y actos de autoridad como los que han dado lugar a esta causa, ya que censurar y obstaculizar la comunicación del recluso con el exterior es un modo de distanciarlo del medio social al que deberá reintegrarse tras el cumplimiento de la pena.

Al respecto, no es ocioso recordar las palabras del juez Thurgood Marshalla –con la concurrencia del juez Brennan– y los estudios en que se apoya, en el caso “Procunier v. Martínez” (416.U.S. 396, 426): “La correspondencia proporciona uno de los escasos vínculos que los detenidos retienen con sus comunidades o familias, vínculos esenciales para el éxito en su posterior retorno al mundo exterior (véase, e.g., ‘National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals, Correction’, 67-68, … 1973). El juez Kaufman, escribiendo para el Segundo Circuito, asentó 2 observaciones particularmente a propósito del reclamo de rehabilitación de beneficios en ‘Sostre v. McGinnis”, 442 F.2d 178, 199 –1971– (en pleno): ‘Las cartas mantienen al detenido en contacto con el mundo exterior, ayudan a contener algo de lo mórbido y de la falta de esperanzas producidos por la vida y aislamiento de la prisión, estimulan sus impulsos naturales y humanos, y por otra parte pueden contribuir a mejorar las actitudes mentales y de reforma’ y ‘el daño que la censura hace a la rehabilitación no puede ser provechoso. Los detenidos pierden contacto con el mundo exterior y se vuelven cautelosos en exponer pensamientos o críticas de la prisión en sus cartas. El incremento de la alienación social que produce este arbitrio ha sido considerado nocivo’ (Singer, ‘Censorship of Prisoners’ ‘Mail and the Constitution’ …). La Corte agrega hoy que que ‘la autoridad de las opiniones profesionales parece indicar que la libertad de los presos para mantener correspondencia con externos contribuye más que retarda los fines de la rehabilitación (diversos estudios han recomendado que las autoridades tienen el derecho para inspeccionar el correo por motivos de contrabando pero no para leerlo’. ‘National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals, Corrections, Standard 2.17 –1973–; ver ‘California Board of Corrections, California Correctional System Study: Institutions 40, … ‘–1971–’; ‘Center of Criminal Justice’ ‘Boston University Law School, Modes Rules and Regulations on Prisoners, Rights and Responsabilities, Standards IC-1 y IC2, … –1973–”.

La comisión oficial que investigó la revuelta de los internos de la cárcel norteamericana de Attica, ocurrida en 1971, entre otras conclusiones expresó: “Si los presos deben aprender a tener las responsabilidades de los ciudadanos, deben tener todos los derechos de los demás ciudadanos, excepto los que fueran específicamente retirados por una orden judicial. De modo general, esto significa que los presos deben mantener todos sus derechos, excepto el de la libertad ambulatoria. Esto incluye … el derecho de recibir y enviar cartas libremente …” (“The official report of the New York State Special Commission, on Attica”, Nueva York, 1972, XVI, cit. en Fragoso, Heleno Claudio, “El Derecho de los Presos”, en Doctrina Penal, 1981, n° 13, p. 242).

El ordenamiento español establece “como regla general”, que “la correspondencia postal que expida o reciba el interno goza de la garantía del secreto” (González Navarro, F., “Poder domesticador del Estado y derechos del recluso”, en Estudios sobre la Constitución Española, Madrid, 1991, t. II, p. 1156), debiéndose respetar “al máximo” la intimidad; las comunicaciones escritas de los presos pueden ser intervenidas “motivadamente” por el director del establecimiento, dando cuenta “a la autoridad judicial competente” (Jiménez Campo, Javier, “La Garantía Constitucional del Secreto de las Comunicaciones”, en Revista Española de Derecho Constitucional, Madrid, 1987, n° 20, p. 55, con cita de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979).

La ley de ejecuciones de Italia de 1975, establece: “la correspondencia de cada condenado o internado puede ser sometida, mediante decisión motivada del magistrado de vigilancia, al examen del director (de la administración penitenciaria) …”.

La contradicción entre el objetivo de readaptación social sostenido en la Ley Penitenciaria Argentina y la censura de la correspondencia induce a recordar que no le está permitido al legislador obrar de modo que redunde en destrucción de lo mismo que ha querido amparar y sostener (Alcorta, “Garantías constitucionales”, ps. 34 y 35; Alberdi, Juan B., “Organización de la Confederación Argentina”, p. 176 y art. 20 de su “Proyecto de Constitución”, Fallos: 117:432).

11. Que la seguridad de una prisión y la finalidad de impedir que desde su interior sean conducidas actividades delictivas o planes de fuga, configuran propósitos incuestionables del Estado. Pero esto no justifica la censura de la correspondencia de los internos, ya que éstos pueden mantener, mediante el régimen de visitas, conversaciones privadas y “visitas íntimas periódicas” (art. 497, Cód. Procesal Penal de la Nación). Todo ello sin perjuicio de admitir que, en el caso particular en que hubiese razones fundadas para temer que, a través de la correspondencia que emite, las autoridades penitenciarias requieran en sede judicial la intervención de dicha correspondencia (doctrina arts. 185, 234 y 235, Cód. Procesal Penal y doctrina de Fallos: 90:152; 171:366; 177:390 –La Ley, 6-428–).

12. Que de tales consideraciones se verifica en autos un supuesto en que la reglamentación en que se funda los cuestionados actos de la autoridad carcelaria ha violado la ley y esa circunstancia la ha puesto en contradicción con las normas constitucionales citadas, pues aquélla ha ido más allá de los límites trazados por la política legislativa y las características de la materia (doctrina de Fallos: 148:430; 237:636 –La Ley, 88-254– entre otros) quebrantando las garantías constitucionales enunciadas, lo que obliga a esta Corte a su declaración de inconstitucionalidad (arts. 18, 19, 28, 31 y 99, inc. 2°, Constitución Nacional).

Por ello, habiendo dictaminado el Procurador General, se declara procedente el recurso extraordinario, se deja sin efecto la sentencia en lo que ha sido materia de recurso y se declara la inconstitucionalidad de las disposiciones del reglamento referidas a la correspondencia que remiten los internos. — Eduardo Moliné O’Connor. — Carlos S. Fayt (según su voto). — Enrique S. Petracchi (según su voto). — Antonio Boggiano (según su voto). — Julio S. Nazareno (en disidencia). — Augusto C. Belluscio. — (en disidencia). — Ricardo Levene (h.) (en disidencia).

Voto concurrente de los doctores Fayt, Petracchi y Boggiano.

Considerando: 1. Que Joao Gustavo G. Dessy, que se encuentra cumpliendo una condena de prisión en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal, inició el presente hábeas corpus en los términos del art. 3, inc. 2, de la ley 23.098, por considerar que las normas legales que le impedían despachar su correspondencia en sobre cerrado, y, al mismo tiempo, autorizaban a las autoridades administrativas a leer y censurar su contenido, eran violatorias de los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional. Agrego, que el tipo de cartas que emite “tiene características absolutamente personales y afectivas; que esa circunstancia vuelve particularmente violento el hecho de que sus intimidades sean compartidas por el agente … que a la sazón se encarga de la censura”; que “es menester obtener un criterio racional, en tal sentido, la censura indiscriminada no responde a la finalidad aducida”; que “el derecho a la intimidad únicamente puede cesar relativamente si es que existe una fundada razón para creer que el interno con su correspondencia puede poner en riesgo la seguridad del penal, de lo contrario, se trataría de una medida reglamentarista excesiva que sin razón alguna viola el art. 18″; “que el estímulo previsto en el art. 91 de la ley penitenciaria nacional en relación a las relaciones sociales, de las cuales la correspondencia es la más importante, cumple tal vez la función resocializadora de mayor trascendencia, adecuando el tratamiento a los objetivos del art. 18″; que “la Convención Americana de Derechos Humanos … explícitamente establece que en la ejecución de las penas no se puede adoptar por vía de hecho ni jurídica ninguna conducta que implique menoscabar la dignidad de la persona”; que el resguardo de la seguridad del penal “puede lograrse utilizando el mismo procedimiento que según la autoridad administrativa describió en esta audiencia para recepción de la correspondencia. Es decir, así como se abren en presencia del interno las cartas que recibe, con el objeto de verificar que no contengan elementos peligrosos, bien puede cerrarse el sobre en presencia del interno de las cartas emitidas con la misma finalidad”.

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, confirmando el fallo de primera instancia, rechazó el hábeas corpus con base en que la ley penitenciaria nacional (dec.-ley 412/58), al imponer las pautas a las que debe ajustarse el régimen de correspondencia de los detenidos –arts. 91 y 92–, remite a la aplicación de los reglamentos dictados en su consecuencia, los cuales reconocen como único límite el derecho de comunicación de los internos y “deben aplicarse y así se aprecia ocurre en autos, con los alcances que las circunstancias aconsejan para cumplir lo más acabadamente posible con los fines para los cuales han sido instaurados, sin que ello implique vulnerar las disposiciones constitucionales invocadas”.

La defensora de pobres, incapaces y ausentes interpuso recurso extraordinario, que no mereció contestación por la demandada, y fue concedido. La apelante sostiene, además de reiterar algunos de los planteos antes indicados, que la censura practicada por las autoridades carcelarias resulta violatoria del art. 18 de la Constitución ya que no respeta los principios allí sentados respecto de la inviolabilidad de la correspondencia y del objetivo de resocialización que debe poseer la pena. Considera que la lectura de las cartas del interno “… implica escudriñar en su interior; afectar su sensibilidad, su intimidad, bloquear la posibilidad de que proceda en su escritura espontáneamente …”. En su opinión, la “… censura no se legitima porque se confiere esa facultad en un reglamento …”. Agrega que, aun cuando es posible extraer implícitamente de dicho reglamento la facultad de controlar el contenido de la correspondencia que emitan los internos, ello redunda en perjuicio del proceso de resocialización. Afirma, por último, que tanto la autoridad administrativa como los jueces de la causa han considerado en forma abstracta a los arts. 91 y 92 de la ley penitenciaria nacional citada, desvinculándolos del objetivo constitucional de la resocialización.

2. Que el recurso extraordinario es admisible por cuanto se dirige contra una sentencia definitiva del superior tribunal de la causa y pone en juego la validez constitucional de la ley penitenciaria nacional y del Régimen de Correspondencia para los Internos Condenados (arts. 14 inc. 1, ley 48 y 7, ley 23.098). En cuanto a la fundamentación del remedio, no obstante sus falencias, el tribunal juzga que satisface mínimamente dicho requisito, máxime cuando se encuentran en debate derechos y garantía prevalentes de la Constitución Nacional (Fallos: 307:1039; 308:873 y muchos otros).

3. Que la ley penitenciaria nacional (dec.-ley 412/58), dispone que “las visitas y la correspondencia que reciba el interno se ajustarán a las condiciones de oportunidad, supervisión y censura que determinen los reglamentos, los cuales bajo ningún concepto podrán desvirtuar lo establecido en el artículo anterior. Sólo podrán ser restringidas transitoriamente por motivos disciplinarios o razones inherentes a su tratamiento” (art. 92; el aludido art. 91 reza: “No podrá privarse al interno del derecho a comunicarse en forma periódica con su familia, curadores, allegados o amigos, así como con personas y representantes de organismos e instituciones, oficiales o privadas, que se interesen por su rehabilitación”).

Por su lado, el Régimen de Correspondencia para los Internos Condenados (Boletín Público del Servicio Penitenciario Federal Argentino, n° 1266, agregado por la demandada –fs. 16/18–) establece: “la correspondencia epistolar y telegráfica será objeto de supervisión y censura. Para esto último deberán tenerse en consideración aquellos aspectos que por su naturaleza puedan aparecer, incidir o convertirse en factores negativos, desde el punto de vista que sustentan los principios en que se basa el concepto de readaptación social …” (art. 3°); “si a juicio de la Dirección del Establecimiento resultara inconveniente dar curso –por su contenido– a una carta, se procederá a efectuar la devolución de la misma al remitente, informándole sobre las causales motivadoras” (art. 4°); “no se autorizará la … salida de correspondencia en la que se empleen signos o palabras convencionales, se utilice lenguaje obsceno, se hagan alusiones o emitan juicios con respecto al régimen interno o al personal del Servicio Penitenciario Federal, o que se refieran a asuntos que por su naturaleza escapen a los términos rigurosamente personales o de familia” (art. 5°).

4. Que es impropio de esta Corte interpretar las normas de los cuerpos legales precedentemente citados, por no ser de naturaleza federal (N.26.XXV. “Nasso, José A. Cayetano (int. U-7) s/ hábeas corpus”, del 5 de abril de 1994, y su cita), debiéndose atener a la inteligencia establecida por el a quo, que ha sido favorable a la compatibilidad del régimen con la ley citados. Sí, en cambio, es propio del tribunal y de este pleito, revisar lo resuelto acerca de la adecuación de las normas así interpretadas a la Constitución Nacional (Fallos: 117:7; 123:313; 137:47, entre muchos otros).

Dicha inteligencia ha venido a reconocer, por un lado, que los presos están obligados, sin excepciones, a presentar toda la correspondencia que deseen remitir al exterior en sobre abierto, y, por el otro, la facultad de las autoridades penitenciarias de leer dichas cartas y, en su caso, rechazar el envío.

5. Que la inviolabilidad de la correspondencia epistolar configura un derecho cuyo reconocimiento puede hallarse en las raíces mismas del ordenamiento jurídico patrio. Al decreto sobre seguridad individual dictado por el Triunvirato en noviembre de 1811, le sigue el Estatuto Provisional de mayo de 1815, el Reglamento Provisorio de diciembre de 1817, la Constitución de 1819, así como la de 1826, además, por cierto, del proyecto de Constitución elaborado por la Sociedad Patriótica en 1813. También estaba presente en el derecho público de las provincias, anterior a 1853: Estatuto Provisorio de Santa Fe de 1819, art. 50; Reglamento Provisorio de Córdoba de 1821, cap. XVI, arts. 10 y 11; Reglamento Provisorio Constitucional de Corrientes de 1821, Sección VIII, arts. 12/14; Estatuto Provisorio Constitucional de Entre Ríos de 1822, art. 103; Reglamento Constitucional para la nueva Provincia de Catamarca de 1823, art. 6; Constitución de la Provincia de Corrientes de 1824, arts. 12/14; “Carta de Mayo” de la Provincia de San Juan de 1825, art. 5; Estatuto de la Provincia de Jujuy de 1839, art. 56; Constitución de la Provincia de Santa Fe de 1841, art. 72; Código Constitucional Provisorio de la Provincia de Córdoba de 1847, cap. XVI, arts. 9/10 (v.: Ramos, Juan P., “El Derecho Público de las Provincias Argentinas”, Buenos Aires, 1914, t. I, pássim). Esa era, por otro lado, la tradición anterior al derecho patrio: “las cartas confiadas a la Administración de correos son para ella, para sus agentes y para todas y cualesquiera persona, un depósito sagrado que no se puede abrir ni interceptar” (Escriche, J., “Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia”, París, s/f, voz: “carta”, p. 429, con cita de la ley 13, tit. 13, lib. 3, Nov. Rec.).

La Ley Fundamental que en 1853 selló la definitiva organización nacional, resulta, en tal sentido, fiel custodia de tan preciosos legados: “es inviolable … la correspondencia epistolar y los papeles privados” (art. 18).

Ya en los más tempranos comentarios fue expresado: es preciso “que los individuos de un país se crean tan seguros en el uso de la estafeta pública que miren como no emanados de su mente sus pensamientos mientras los renglones que los estampan estén bajo el frágil pero inviolable sello de una carta, y no haya llegado ésta a la persona a quien se transmite … Los países que más prósperos marchan son los que más religioso respeto tienen por esta institución …” (Sarmiento, D. F., “Comentario de la Constitución de la Confederación Argentina”, en Obras Completas de Sarmiento, Buenos Aires, 1895, t. 8, p. 192).

En la enseñanza de Joaquín V. González, junto con el domicilio, la Constitución “asegura el secreto de la correspondencia y de los papeles privados de cada uno, porque ambos atributos constituyen la esfera inviolable de la vida privada, que da mayor sentido a la libertad personal. Es un sentimiento universal de respeto el que hace de la correspondencia particular un objeto cuya violación constituye una grave falta moral. El derecho de guardar el secreto implica el de comunicarlo a aquellos que inspiran confianza, a quienes beneficia o perjudica, o con quienes se mantienen relaciones de negocios, de afectos, o de algunos de los propósitos comprendidos dentro de la absoluta libertad de la conciencia individual…” (“Manual de la Constitución Argentina”, Buenos Aires, 1959, p. 207).

Hoy, pasadas largas décadas, no parece necesario un espíritu muy afinado para apreciar la hondura y vigencia de estos antecedentes. La intromisión en la correspondencia epistolar traduce una de la fracturas más graves del ámbito de libertad y privacidad de los hombres. La carta es vehículo del pensamiento, y el pensante su exclusivo señor. Sólo él puede disponer la exteriorización de su pensamiento, y sólo él puede escoger al destinatario. La carta es relación de uno con otro. Pero sobre quién sea ese otro, sólo el uno puede disponer. Violar sin más ese vehículo es, por tanto, violar dicho señorío.

En la presente, como en muchas otras situaciones, los enunciados legales en tanto textos, no parecieran obrar –aunque necesariamente– más que a modo de espejos de los diccionarios generales de la lengua; La correspondencia epistolar mal podría ser llamada así si su lectura no estuviese reservada a quien le esté dirigida; la noción de correspondencia comprende su inviolabilidad.

La carta es, en suma, un “sagrado” sólo franqueable por su destinatario.

6. Que, con todo, es la propia Constitución Nacional la que se encarga, después de consagrar la mentada “inviolabilidad” de la correspondencia, de prescribir que “una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación”.

Ahora bien, de una primera lectura de este último pasaje normativo, podría sostenerse que, en definitiva, lo que la Ley Fundamental ha admitido expresamente es que el señalado derecho sea susceptible de reglamentación, y, por ende, de limitaciones, ya que, como reiteradamente fue dicho, reglamentar es limitar. A ello podría agregarse que, en todo caso, dicha legislación deberá ser “razonable”, máxime cuando “los principios, garantías y derechos … no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio” (art. 28, Constitución Nacional).

No obstante, tal modo de discurrir, aunque correcto, se muestra particularmente insuficiente en este caso; además de reducir el problema, entrañaría un franco descuido de la especificidad del bien jurídico en juego, y de las palabras del constituyente reveladoras de que dicha especificidad le era cosa sabida.

Los hombres de 1853 fueron hijos de un tiempo de tribulaciones y esperanzas. Conocían que el fruto de la falta de libertades era amargo; que era alimento de autoritarismos y tósigo de los pueblos. Entronizaron, así, un núcleo de fuertes libertades individuales y de proporcionadas defensas para los atentados contra aquéllas. Es así que la protección de la correspondencia epistolar y los papeles privados –junto con la del domicilio– fue objeto de celosa consideración. No se les ocultaba, por cierto, cuánto de la plenitud del hombre, cuánto de su libertad de expresión, y cuánto de lo que hoy ha dado en llamarse “privacidad” o “intimidad”, estaba en peligro a falta de la mentada “inviolabilidad”. De ahí que en esta materia, aquellos sabios hombres fueran especialmente elocuentes y precisos. No bastó, a su juicio, con la simple remisión a una ley reglamentaria. Remitieron, sí, a un acto del Congreso (“ley”), pero exigiendo de éste que contuviera no sólo la determinación de los “casos” en que pudiera producirse a la “ocupación” de la correspondencia, sino también la de los “justificativos” de tal autorización.

Si ha de seguirse el saludable método de interpretación de las leyes, según el cual es menester atender a las normas legales en su integridad evitando mutilaciones de su contenido, esto es, hacerse cargo de todos y cada uno de sus enunciados; si tal directriz no ha de ser abandonada, es indudable, cabe reiterar, que la mentada reglamentación debe encontrarse, por exigencia de la Constitución, singularmente fundada. Resulta claro para el tribunal, que los “justificativos” requeridos por la Ley Fundamental para ocupar la correspondencia epistolar son una demanda dirigida, en especial, al legislador. El ejecutor de la ocupación podrá “justificar” su acto en una ley habilitante, en el adecuado cumplimiento del debido proceso adjetivo, pero, impugnada la validez de esta última, será el turno de que aquélla responda –y con elocuencia– acerca de cuáles sean los necesarios “justificativos” por los que confirió dicha autorización (debido proceso sustantivo). Un modo de razonar opuesto no sólo volvería a la inviolabilidad establecida en el art. 18 citado en poco más que un buen consejo, sino que haría del control de constitucionalidad de las normas y de la protección jurisdiccional de los derechos y garantías individuales –cometido primordial de esta Corte y del estado de derecho diseñado por la Constitución (Fallos: 33: 162 y otros)– una mera revisión de formalidades, y ello nada menos que cuando se trata de un acto que, como el de la ocupación de las cartas particulares –cuadra insistir– entraña el ingreso del poder estatal en uno de los recintos más íntimos de los individuos.

7. Que la consideración conjunta en la Constitución Nacional de la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia epistolar traduce menos un afortunado azar, que la advertencia por los constituyentes de la consubstancialidad de ambos aspectos. El sobre es muro y el muro sobre, y es verdad que esto es una metáfora; pero, lo que la metáfora cubre no es menos verdad. Detrás de los muros del domicilio y de los pliegos que envuelven la carta está contenido un universo reservado, inaccesible para todo aquel al que no se lo permita su titular. La inviolabilidad de la carta no depende de la fragilidad de su continente, así como, parafraseando a Lord Chattam, la lluvia podrá penetrar en una débil cabaña, “pero el rey no”.

Es por ello que el tribunal ha considerado a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia en término sustancialmente entrañables, calificándolos como un derecho “básico” o “fundamental” de la persona humana (Fallos: 308: 1392 –La Ley, 1986-D-550–, ps. 1428 y 1475. Asimismo: Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 12; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 17; Declaración Americana de los Derechos del Hombre, art. X; Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11.2).

Se trata de especies de un género único, de una garantía relativa “a todas las invasiones de parte del gobierno y de sus empleados a la santidad del hogar de cada hombre y de la privacidad de su vida. No es la rotura de sus puertas, o el hurgar en sus gavetas lo que constituye la esencia de la infracción; sino la invasión de un inabrogable derecho a la seguridad personal, a la libertad personal y a la propiedad privada” (“Boyd v. United States”, 116 U.S. 616, 630).

Son aspectos como el presente los que hacen oportuno el recuerdo de la siguiente definición: “El derecho a la privacidad es el derecho del individuo para decidir por sí mismo en qué medida compartirá con los demás sus pensamientos, sus sentimientos y los hechos de su vida personal” (Oficina de Ciencia y Tecnología de los Estados Unidos de Norteamérica, “Privacidad e Investigación de la Conducta”, citada por Emerson, Thomas I., “The System of Freedom of Expression”, Nueva York, 1970, p. 545).

Derecho este último que ha sido terminantemente afirmado por el tribunal en el caso “Ponzetti de Balbín c. Editorial Atlántida S.A.” (Fallos: 306: 1892 –La Ley, 1985-B, 120–), entre otros.

8. Que la libertad en cada una de sus fases tiene su historia y su connotación (Fallos: 199: 483; “West Coast Hotel C. v. Ernest Parrish y Elsie Parrish”, 300 U.S. 379).

De ahí que las consideraciones en particular del tema en discusión, deban mantener un muy especial apego a las circunstancias del caso. El tribunal tiene dicho que los motivos que determinan el examen de la correspondencia en el caso de un delincuente, pueden diferir de los referentes a un quebrado, a un vinculado al comercio, a un sujeto de obligaciones tributarias, etc.; por ello ha interpretado que el art. 18 de la Constitución no exige que la respectiva ley reglamentaria deba ser “única y general” (Fallos: 171:348, p. 364, entre otros).

9. Que, en primer lugar, la validez de los reglamentos no puede provenir del solo hecho de que la limitación pese sobre condenados, esto es, individuos obligados a vivir en el marco de instituciones carcelarias.

El ingreso a una prisión, en tal calidad, no despoja al hombre de la protección de las leyes y, en primer lugar, de la Constitución Nacional.

La advertencia leída por el Dante: “lasciate ognisperanza, voi ch’entrate”, estaba escrita en lo alto de la puerta infernal; por el contrario, en el dintel de la que traspasan los reclusos la inscripción es otra: “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice” (art. 18 citado).

Conságrase, así, un expreso mandato constitucional que, a juicio del tribunal, ha de entenderse aplicable al caso de los condenados: “La Constitución declara punible toda medida que, por voluntad expresa, o bajo pretexto de precaución, conduzca a mortificar a los delincuentes más allá de lo que la seguridad exija…; son precauciones de la Constitución contra las tiranías, colectivas o individuales, al propio tiempo que importan verdaderos progresos en la cultura nacional” (González, Joaquín V., op. y loc. cit., ps. 199 y 200; v. asimismo: Montes de Oca, M.A., “Lecciones de Derecho Constitucional”, Buenos Aires, s/f, t. I, p. 443; González Calderón, Juan A., “Derecho Constitucional Argentino”, Buenos Aires, 1931, t. II, ps. 167/168; Linares Quintana, Segundo V., “Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional”, Buenos Aires, 1956, t. V, p. 319).

Es menester una seria y detenida reflexión sobre el particular. El fenómeno de la delincuencia despierta en la sociedad muy diversas reacciones que se manifiestan en la consideración y juicio sobre los delincuentes y el trato que deba dispensárseles. No todas responden a una pretensión de estricta justicia según las leyes y dentro de los lindes constitucionales. Es proverbial que en esta materia todos echen el problema a casa ajena. Así, es algo más verdad que error afirmar que parte de esa sociedad proyecta en la persona del condenado una genérica responsabilidad de desaciertos y frustraciones, de culpas y remordimientos, tan inasibles para la primera como no atribuibles al segundo. El condenado penalmente se ve, así, emplazado en el vértice de un haz de supuestas y primordiales causas de insatisfacción social. No es inusual, entonces, que el rostro del que comete un acto ilícito vaya perdiendo, en el espejo de parte de esa sociedad, sus caracteres de persona humana, hasta el punto de serle desconocidos irreparablemente.

Por otro lado, suele razonarse: ¿si la ley ha podido válidamente privar a un individuo de su libertad ambulatoria, que es uno de sus bienes más preciados, cómo no podrá hacerlo de otros bienes que, en definitiva, no son de mayor relevancia? ¡Quién puede lo más, puede lo menos!.

Frente a este deletéreo plano inclinado –repudiable aun desde la lógica formal–, es preciso reaccionar con vigor, con todo el que proporciona la Constitución Nacional y sus inseparables raíces humanistas, con el peso de todos los derechos y garantías que consagra en el capítulo único de su primera parte, irresistible incluso para las recias puertas de las cárceles.

Ningún habitante de la Nación puede ser privado de su dignidad humana, aunque su conducta haya sido reprobada y se encuentre cumpliendo una pena privativa de la libertad (Fallos: 313: 1262, disidencia del juez Fayt).

Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 5°, inc. 2°, en términos análogos: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 7°).

Los prisioneros son, no obstante ello, “personas” titulares de todos los derechos constitucionales, salvo las libertades que hayan sido constitucionalmente restringidas por procedimientos que satisfagan todos los requerimientos del debido proceso (“Procunier v. Martínez”, 416 U.S. 396, 428, voto del juez Douglas, William O.).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado, bien que con arreglo a su ordenamiento, que una pena privativa de la libertad –pronunciada por un tribunal competente contra una persona reconocida culpable– entrañe “inevitablemente” consecuencias que repercutan sobre el art. 8° –relativo al respeto de la correspondencia– del Convenio de Salvaguardia de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (caso “Golder”, del 21 de febrero de 1975, N° 44, en “Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 25 Años de Jurisprudencia 1959- 1983″, Boletín de Jurisprudencia Constitucional, Madrid, s/f, p. 268).

10. Que por un diferente aunque afín orden de ideas, también ha de ser rechazado el intento de la demandada, de dar validez a las disposiciones en cuestión con base en el art. 12 del Cód. Penal.

La reclusión y prisión por más de 3 años, además del natural efecto sobre la libertad ambulatoria, “llevan” como “inherente” la “inhabilitación absoluta” (art. 12 citado); empero , esta última carece de la repercusión pretendida, de conformidad con el art. 19 del Código citado. A su vez, las “privaciones” que dicho art. 12 agrega, tampoco conducen a una conclusión diversa de la asentada procedentemente (“privación… de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos”).

El argumento planteado encierra, en rigor, una tesis poco menos que alarmante. Por ella, la pena del derecho penal podría, en cierta forma, ir emancipándose del principio de legalidad (Fallos: 237: 636 –La Ley, 88-254– y 310: 1909). Aquélla, de esta manera, no se limitaría férreamente a las estrictas previsiones de las leyes punitorias y a los alcances de las sentencias que las aplican, sino que comenzaría a expandirse, por vía de inferencias o de implicaciones, hacía campos de límites insospechables. El presente caso, visto según la defensa mencionada, sería muestra de ello. Nada hay en el Código Penal, ni en ninguna otra norma, que imponga como pena a un condenado la privación absoluta del derecho constitucional al secreto de sus comunicaciones; antes bien, el Código Procesal respectivo deposita en el juez de ejecución el control de “que se respeten todas las garantías constitucionales y tratados internacionales ratificados por la República Argentina, en el trato de los condenados, presos…” (art. 493 inc. 1°). A su vez, la citada ley penitenciaria nacional tampoco establece esta suerte de pena accesoria; de sus propias palabras se desprende que su finalidad no es la de establecer penas, sino los principios y modos de “ejecución” de las penas, obviamente, ya impuestas. Sus primeros pasajes son asaz ilustrativos: “Capítulo I. Principios básicos de la ejecución. Art. 1°. La ejecución de las penas privativas de libertad tiene por objeto la readaptación social del condenado…”.

Ahora bien, si la pena puede ser considerada –en una de sus perspectivas– como la disminución de un bien jurídico, y si la inviolabilidad de la correspondencia es uno de dichos bienes, resulta que la suspensión absoluta de este último derecho traduciría una especie de pena. Empero, como esta sanción no está prevista en norma represiva alguna, su aplicabilidad sería ilegal (Fallos: 188: 555; 200: 383 y otros).

Como lo expresara Maurach, la pena de la ley penal debe ser “praevia, scripta y stricta”.

Es por ello que esta Corte tiene resuelto que el modo de ejecución de las penas no puede revestir el carácter de una condena accesoria que no corresponda a las aplicadas en las sentencias que emanan del Poder Judicial, ni a la pena establecida por la ley para el delito de que se trate (Fallos: 310: 2412; S. 213. 1987. Superintendencia Judicial. “Servicio Penitenciario Federal s/ estado de las unidades ubicadas en Cap. Fed. y Gran Buenos Aires”, del 19 de noviembre de 1987, entre otros).

En suma, las restricciones al secreto de la correspondencia de los presos deberán sustentarse en motivos ajenos a la pena.

11. Que, por cierto, todo cuanto ha sido dicho no conduce a soslayar la realidad carcelaria, sus condiciones y requerimientos, sus necesarias imposiciones. Pero sí asienta determinadas premisas del control de constitucionalidad en esta causa. La afectación al secreto de las cartas que remita un preso no es sostenible por una suerte de pena accesoria, ni por el “status” de aquél.

En tales condiciones, y atento el señalado carácter eminente del derecho constitucional en juego, esta Corte afirma como doctrina que, para restringir válidamente la inviolabilidad de la mencionada correspondencia, se requiere: a) que haya sido dictada una ley que determine en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a tomar conocimiento del contenido de dicha correspondencia; b) que la ley esté fundada en la existencia de un sustancial o importante objetivo del Estado, desvinculado de la supresión de la inviolabilidad de la correspondencia epistolar y de la libertad de expresión; c) que la aludida restricción resulte un medio compatible con el fin legítimo propuesto y d) que dicho medio no sea más extenso que lo indispensable para el aludido logro. A su vez, fines y medio deberán sopesarse con arreglo a la interferencia que pudiesen producir en otros intereses concurrentes. Cabe aclarar, aun cuando no sea materia de ese pronunciamiento, que lo expuesto no excluye la necesidad de una reglamentación que garantice, con arreglo al debido proceso adjetivo, el resguardo de los derechos del preso frente a los actos particulares por los que se ejecute la restricción.

Corresponde, entonces, juzgar la legislación puesta en el debate a la luz de los requisitos que conforman en estándar enunciado, mas con los alcances del litigio, circunscriptos a la correspondencia que remita un interno condenado.

12. Que, de acuerdo con la interpretación a la que debe atenerse el tribunal, lo que las normas aplicables han impuesto no es otra cosa que una restricción al secreto epistolar, absoluta y permanente. No se distinguen oportunidades ni situaciones, condiciones ni causas, remitentes ni destinatarios. Toda carta de todo preso, en todo momento, y dirigida a cualquier persona, está sometida al régimen aludido. Ello entraña, sin ambages, un allanamiento general e incesante del derecho durante el lapso de la condena.

Cortapisas tan profundas a garantías individuales reconocidas por la Ley Fundamental, extrañas, por lo demás, al contenido de la pena, no pueden generar otra consecuencia que la de una grave presunción de inconstitucionalidad. La reglamentación limita al derecho, pero éste limita a aquélla. No habrá derecho absoluto, mas tampoco legislador absoluto.

Y cuando la sustancia de un derecho constitucional se ve aniquilada por las normas que lo reglamentan, ni las circunstancias de emergencia son atendibles, incluso en el terreno del derecho patrimonial (Fallos: 172:21; 199:466; 201:71 –La Ley, 37-624–; 202:456; 204:195; 206:158; 235:171 –La Ley, 83-671–; 243:467; 269:416; 297:201 –La Ley, 130-485; 1977-C, 86–; entre otros).

13. Que, con todo, es igualmente necesario detenerse en los fundamentos y propósitos de los preceptos en cuestión, mayormente dadas las peculiaridades de las instituciones carcelarias. No se le escapa al tribunal que el gobierno y dirección de las cárceles es cosa seria y trabajosa. Gobernar un mundo anómalo como lo es el de los hombres y mujeres confinados, puede exigir condiciones difícilmente transferibles a extramuros. Sin embargo, y como ya fue señalado, las restricciones legales de derechos tan fervorosamente establecidos por la Constitución Nacional reclamarán siempre y en todo lugar, lo cual incluye a las cárceles, la existencia en cabeza del Estado de un interés sustancial e importante, desvinculado de la mentada supresión, entre otras condiciones.

La primera dificultad que presenta el esclarecimiento del punto radica en el carácter ambiguo y desarticulado de los enunciados normativos. Estos, a su vez, se encuentran conectados con variados motivos. Impónese, en consecuencia, su tratamiento por separado.

Ante todo, se dispone que, para la supervisión y censura de la correspondencia epistolar, deberán “tenerse en consideración aquellos aspectos que por su naturaleza puedan aparecer, incidir o convertirse en factores negativos, desde el punto de vista que sustentan los principios en que se basa el concepto de readaptación social”, para ser agregado, enseguida, que “por intermedio de la Jefatura de División Seguridad Interna se impartirán las directivas que sobre el particular resulten necesarias” (art. 3°, régimen citado).

No hay dudas para el tribunal de que los propósitos de “readaptación” son de la mayor importancia para el Estado, y que constituyen una de las principales finalidades que el legislador ha depositado en las instituciones carcelarias (ley penitenciaria nacional citada, art. 1°; Servicio Penitenciario Federal –arts. 3° y 5°, inc. c– según ley 20.416; Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 5°.6: “las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 10.3: “el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”).

Empero, cabe preguntar ¿qué relación, si alguna, media entre dicho propósito y la eliminación del secreto epistolar?

Por lo pronto, no ha sido alegado y menos probado, que hubiesen sido dictadas directivas en tal sentido.

Súmase a ello que tampoco ha sido probado que la autorización absoluta de la lectura de la correspondencia de toda la población carcelaria, esté sustentada en principio alguno que se base en “el concepto de readaptación social”. La Corte, a su vez, no alcanza a percibir cuál podría ser dicho principio. Sí, por el contrario, cuenta con datos demostrativos de que un arbitrio del tenor del enjuiciado resulta, más bien, contraproducente con los fines a los que se dirigiría. Es cuestión del todo averiguada que las comunicaciones con el exterior constituyen un elemento que, por lo regular, coadyuva significativamente en el aludido proceso de readaptación, puesto que el destino de éste radica precisamente en el retorno del sancionado al exterior. Poner trabas a dichas comunicaciones es, como principio. ponerlas al conocimiento y mantenimiento de lazos con el mundo hacia el cual apunta la rehabilitación; es ponerlas, al unísono, a uno de los medios de encuentro del confinado con el prójimo distante, cuando no consigo mismo. Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por las Naciones Unidas, observan: “la prisión y las demás medidas cuyo efecto es separar a un delincuente del mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan al individuo de su derecho a disponer de su persona al privarle de su libertad. Por lo tanto, a reserva de las medidas de separación justificadas o del mantenimiento de la disciplina, el sistema penitenciario no debe agravar los sufrimientos inherentes a tal situación” (art. 57). Asimismo, es conclusión que proporcionan los estudios interdisciplinarios la necesidad de dar al detenido la sensación de que no es sólo un número, sino un hombre entre los hombres (Di Tulio, Benigno, “Principios de criminología clínica y psiquiatría forense”, Madrid, 1966, p. 436).

La ley penitenciaria nacional citada dispone que “la ejecución de las penas privativas de libertad tiene por objeto la readaptación social del condenado. El régimen penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con las necesidades peculiares de cada caso, los medios de prevención y de tratamiento curativo, educativo, asistencial y de cualquier otro carácter de que pueda disponerse, de conformidad con los progresos científicos que se realicen en la materia” (art. 1°), y agrega que “no podrá privarse al interno del derecho a comunicarse en forma periódica con su familia, curadores, allegados o amigos, así como con personas y representantes de organismos e instituciones oficiales o privadas que se interesen por su rehabilitación” (art. 91). A su vez, el memorándum que acompañó al proyecto que se convertiría en el cuerpo legal antes citado, expresaba: el capítulo IX sobre “Relaciones Sociales”, además “de dar imperativadad legal al principio que sustenta, de comunicabilidad del recluso con las personas de su familia y allegados, de vieja data en todo el mundo, asimila… la tendencia actual en la materia, en cuanto exhibe como idea fundamentadora que la institución penitenciaria no debe aislarse del medio social, debiendo favorecerse la comunicación del recluso con el exterior en toda forma compatible con el régimen, hasta el límite que pueda hacérselo sin violentar las normas jurídico-penales que condicionan el régimen de cumplimiento de la pena” (“Memorandum sobre el Proyecto”, Ministerio de Educación y Justicia, Buenos Aires, 1958, Nros. 82 y 83, ps. 28 y 29). Añádese a ello la expresa referencia normativa al “tratamiento individualizado” que debe deparársele al recluso (art. 4°). De su lado, las ya citadas Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Naciones Unidas), después de hacer hincapié en el mentado “tratamiento individual” de los penados y en el “contacto (de éstos) con el mundo exterior” tanto “por correspondencia como mediante visitas” (arts. 50 y 37), señalan que “en el tratamiento no se deberá recalcar el hecho de la exclusión de los reclusos de la sociedad, sino, por el contrario, el hecho de que continúan formando parte de ella” (art. 61). En sentido análogo: Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Consejo de Europa, art. 62; a su vez, el art. 58 indica: “el régimen del establecimiento debe tratar de reducir las diferencias que puedan existir entre la vida en prisión y la vida libre, en cuanto éstas contribuyan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a la dignidad de su persona”.

Es consecuencia, habida cuenta del carácter permanente y no individualizado de la ocupación de las cartas prevista en los reglamentos, éstos terminan envolviendo un contrasentido; entorpecen el propio camino que procuran recorrer. Y lo hacen gravemente, toda vez que el epistolar es uno de los pocos medios para la comunicación externa del penado, cuando no el único (la correspondencia emitida por el actor entre enero y julio de 1992 –21 cartas–, está dirigida, en su totalidad, a domicilios distantes de su lugar de reclusión: Capital Federal, y provincias de Córdoba, Misiones y Buenos Aires; asimismo, de estos lugares provienen las recibidas por el primero –25 cartas en el lapso indicado–; fs. 8/9, expte. agregado por cuerda). Comunicaciones que entrañan relaciones familiares, de afectos, etc. Agravar, en los términos en que se lo ha hecho, el ya inevitable aislamiento que conlleva la condena, no es, por ende, método preparatorio de la reinserción social, sino propedéutica para la marginación o, quizá, para futuros robinsones.

Es ilustrativo, en este contexto, citar las palabras del juez Thurgood Marshall –con la concurrencia del juez Brennan– y los estudios en que se apoya, en el citado caso “Procunier v. Martínez”.

“La correspondencia proporciona uno de los escasos vínculos que los detenidos retienen con sus comunidades o familias, vínculos esenciales para el éxito en su posterior retorno al mundo exterior (véase, e.g. National Advisory Commission on Criminal Justice Standars and Goals, Corrections 67-68, … 1973). El juez Kaufman, escribiendo para el Segundo Circuito, asentó dos observaciones particularmente a propósito del reclamo de rehabilitación de beneficios en ‘Sostre v. Mc. Ginnis’, 442 F. 2d. 178, 199 –1971– (en pleno): ‘Las cartas mantienen al detenido en contacto con el mundo exterior, ayudan a contener algo de lo mórbido y de la falta de esperanzas producidos por la vida y aislamiento de la prisión, estimulan sus impulsos naturales y humanos, y por otra parte pueden contribuir a mejorar las actitudes mentales y de reforma’ y ‘el daño que la censura hace a la rehabilitación no puede ser provechoso. Los detenidos pierden contacto con el mundo exterior y se vuelven cautelosos (‘wary’) en exponer pensamientos o críticas de la prisión en sus cartas. El incremento de la alienación social que produce este arbitrio ha sido considerado nocivo’ (Singer, ‘Censorship of Prisoners Mail and the Constitution’, …). La Corte agrega hoy que ‘la autoridad de las opiniones profesionales parece indicar que la libertad de los presos para mantener correspondencia con externos contribuye más que retarda los fines de la rehabilitación (diversos estudios han recomendado fuertemente que las autoridades tienen el derecho para inspeccionar el correo por motivos de contrabando pero no para leerlo. “National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals, Corrections, Standard 2. 17, …–1973–; v. California Board of Corrections, California Correctional System Study; Institutions” 40, …–1971–; “Center of Criminal Justice, Boston University Law School, ‘Modes Rules and Regulations on Prisoners’ Rights and Responsabilities, Standars” IC-1 y 1C2, …–1973–)” (loc. cit., ps. 426/427 y notas 9, 11 y 12).

En este aspecto, por ende y de acuerdo con el estándar señalado (supra, consid. 11, sub b), el allanamiento de las cartas es inválido pues no se adecua al fin o programa, aunque legítimo, hacia el que dice enderezarse (“readaptación social”); antes bien, su inocultable generalidad lo contraviene al paso que violenta, sin ninguna razón, derechos primordiales que el Poder Judicial debe amparar (v. Fallos: 118:278).

No le está permitido al legislador obrar al modo de destruir lo mismo que ha querido amparar y sostener (Alcorta, “Garantías constitucionales”, ps. 34 y 35; Alberdi, Juan B., “Organización de la Confederación Argentina”, p. 176 y art. 20 de su “Proyecto de Constitución”, Fallos: 117:432).

14. Que, desde otro ángulo, tampoco son hallables los propósitos relevantes que sustentarían a determinadas circunstancias expresadas en el art. 5° del régimen citado, y por los que no se “autorizará la … salida de correspondencia”. Por cierto que tampoco en esta búsqueda ha prestado ayuda la actividad procesal de la demandada.

La referencia al lenguaje obsceno causa sorpresa, pues resulta harto difícil acertar con el interés que podría tener el Estado para que las cartas privadas de los reclusos deban ajustarse a supuestas reglas del buen decir, o a una suerte de “nivel de inocuidad necesario en una guardería para niños” (ver Douglas, William O., “El Derecho del Pueblo”, Buenos Aires, 1964, p. 45 “obscenidad”).

“Dentro de nuestro sistema de gobierno existe lugar para la más amplia variedad de gustos de ideas. Las opiniones acerca de qué es buena literatura, qué cosas tiene valor educativo, qué es información pública refinada, qué es arte, etc., varían de una persona a otra, así como varían de una generación a otra… Pero el requisito de que la literatura o el arte se adapten a normas prescriptas por un funcionario conforman una ideología ajena a nuestro sistema” (Hannegan v. Escuire”, 327 U.S. 146, 157/158).

No menor sorpresa, y sobre todo una marcada inquietud, produce la prohibición de que las misivas “hagan alusiones o emitan juicios con respecto al régimen interno o al personal del Servicio Penitenciario Federal”. ¿Es que no resulta el recluso uno de los sujetos especialmente calificados y legitimados para opinar sobre el régimen impuesto a sus días y noches en prisión? ¿Acaso no es aquél quien posee datos y vivencias, en muchos casos exclusivos, sobre la vida carcelaria? ¿No es el suyo, un juicio irremplazable? Más todavía; querido o no, la limitación en estudio viene a cercenar, sin ninguna razón favorable y muchas de signo opuesto, un medio idóneo — y quizá único– para que el recluso pueda hacer llegar al mundo exterior denuncias, planteos o reflexiones, sobre un ámbito prácticamente oculto. ¿Qué justificativos podría aducir el Servicio Penitenciario para suprimir la expresión de juicios acerca del comportamiento de sus integrantes o sobre las bondades o defectos del régimen interno de la institución? ¿En qué otra cosa sino en una asfixiante mordaza se traduce esta prohibición?

No es admisible que las autoridades penitenciarias puedan “censurar la correspondencia de los presos simplemente para eliminar opiniones no lisonjeras o desagradables o declaraciones inexactas sobre los hechos” (“Procunier v. Martínez”, citado, voto de la mayoría, p. 413, asimismo: p. 415; en igual sentido: “Pell v. Procunier”, 417 U.S. 817, 824). “Acaso –agregó al juez Marshall en su opinión concurrente citada– la más obvia víctima de la censura indirecta efectuada por la regla que autoriza a las autoridades carcelarias a leer la correspondencia de los presos es el criticismo a la administración de las prisiones. La amenaza de identificación y de la correspondencia represalia al permitir la lectura, por las autoridades correccionales, de la correspondencia de los reclusos, está orientada a los presos que podrían de otra manera criticar a sus carceleros. El correo es uno de los pocos medios que los detenidos tienen para informar a la comunidad acerca de su existencia y, en estos días refriegas en nuestras instituciones correccionales, la palabra de los prisioneros es una materia de apremiante interés público. Defender una norma que desalienta (“chills”) la necesaria comunicación para informar al público de estas materias es estar de punta con el más básico principio de la garantía a la libertad de expresión” (ídem, p. 427).

La garantía en cuestión, de este modo reglamentada, se torna poco menos que “irrisoria” (Fallos: 117:432).

Es más que apropiado subrayar en este punto, que el reglamento ni siquiera distingue la correspondencia que el preso pueda dirigir a los jueces o a otras autoridades públicas, destinatarios habituales de las denuncias de los encarcelados sobre el “régimen interno y su personal” (ver: Italia, Vittorio, “Libertà e Secretezza della Corrispondenza y delle Comunicazioni”, Milán, 1963, p. 331 y sigtes.; Azzali-Giampiero, “Libertà e Secretezza della Corrispondenza e Poteri di Vigilanza”, en “Il Politico”, Pavia, 1970, N° 2, ps. 394/395. El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone: “Todo Estado parte en el pacto que llegue a ser parte en el presente protocolo reconoce la competencia del Comité para recibir y considerar comunicaciones de individuos que se hallen bajo la jurisdicción de ese Estado y que aleguen ser víctimas de una violación, por ese Estado Parte, de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto”, art. 1°).

Para una administración que pretenda honrarse por su servicio y acabado cumplimiento de las leyes pareciera más que aconsejable estimular, y no acallar, las voces de quienes son sus administrados.

Por otro lado, es aún menos consistente la autorización para leer las cartas de los condenados fundada en que estas no puedan escapar a los asuntos “estrictamente particulares o de familia”. La demandada no ha ofrecido explicación alguna que la justifique y esta Corte tampoco advierte qué circunstancia exculparía el sacrifico de lo advertido por Terencio: “homo sum et humani nihil a me alienum puto”.

En consecuencia, las reglas examinadas sufren de una insalvable invalidez por limitar el derecho constitucional de que se trata, sin apoyatura en un interés substancial atribuible al Estado (“supra”, consid. 11, sub b).

15. Que en la exposición efectuada por el director de la Unidad 7, lugar de alojamiento del actor, aquél afirmó, después de mencionar a la letra los arts. 5° y 6° del régimen citado, que la lectura de las cartas de los condenados se efectuaba a fin de cumplir con dichas disposiciones, y “además” por “razones de seguridad del penal, a fin de evitar la organización de fugas de reclusos y otros hechos previstos en el art. 13 del referido Reglamento” (fs. 10 vta.; dicho art. 13 reza: “Cuando de la correspondencia surjan indicios que hagan presumir la comisión de un delito o la persistencia en actividades delictivas, se iniciarán actuaciones comunicando a la autoridad policial o judicial que correspondiere, acorde las características de tales indicios”).

Es probable que tales expresiones pongan en negro sobre blanco lo que sólo entrelíneas puede contener el art. 13 citado, así como el primer supuesto del art. 5° de ese cuerpo reglamentario: no se autorizará la salida de correspondencia en la que se “empleen signos o palabras convencionales”.

Es más que probable, a su vez, que en ello radique el argumento más importante –y, en este litigio, último– en defensa de los reglamentos, máxime ante la manifiesta fragilidad de los antes examinados.

La seguridad de una prisión y la finalidad de impedir que desde su inferior sean conducidas actividades delictivas –y los planes de fuga con violencia en las personas o fuerza en las cosas serían una de éstas–, configuran propósitos sustanciales e incuestionables del Estado, a los que debe atenderse con empeño. En tal sentido, mención especial merece el supuesto de que un recluso pueda dirigir organizaciones o proyectos delictivos externos.

Sin embargo, no ha sido arrojada luz alguna demostrativa de que la supresión de la inviolabilidad de la correspondencia de los presos guarde proporción con el objetivo señalado. El cercenamiento, como ya fue dicho, no puede extenderse más allá de lo indispensable para obtener el fin buscado (consid. 11, sub d).

En efecto, la administración penitenciaria omitió exponer y probar, siquiera mínimamente, que la realidad objetiva de la concreta vida carcelaria con la que debe vérselas, haga que la seguridad de los institutos penales y el conjuro de las mencionadas operaciones, necesiten, de una manera consistente, de la autorización para leer toda la correspondencia que emitan todos los internos.

Está fuera de discusión que una fuga, la dirección de organizaciones criminales, y otras actividades tendientes a la comisión de delitos, puedan planearse mediante la correspondencia. Más no será de simples probabilidades de los que se siga la existencia de un requerimiento tan amplio y generalizado como el que la autorización impugnada descuenta, pero que esta Corte debe contar.

El examen del conflicto entre el cercenamiento del derecho constitucional “sub examine” y los propósitos preventivos anteriormente indicados, demanda conocer el grado objetivo de las necesidades propias de estos últimos. No es del caso juzgar hipótesis, sino realidades (estudios de campo llevados a cabo en Alemania, han demostrado que en muchos establecimientos domina un fuerte exceso de seguridad, ya que gran parte de los detenidos pueden ser considerados en verdad como no peligrosos en cierta medida, pues respecto de ellos no existe el riesgo de fuga –Einsele, “Taguncsberichte”, t. III, ps. 46 y sigtes.; Schüller-Springorum, “Strafvoll-zuc”, p. 181–, lo cual se corresponde con determinadas conclusiones relativas a que dichos conflictos, en establecimientos del mismo tipo, de ninguna manera son relevantes en general de un mismo modo. V. Kaufmann, Hilde, “Criminología Ejecución Penal y Terapia Social”, Buenos Aires, 1979, p. 102, con cita de investigaciones que concluyeron en que una parte considerable de los funcionarios penitenciarios tiene un elevado recelo que lleva, necesariamente, a una “sobrevaloración”, de la necesidad de seguridad, p. 104).

Un reglamento carcelario no se justifica por el solo hecho de que entre éste y los propósitos de seguridad o disciplina que persiga, medie una relación en términos meramente lógicos (“indudablemente hay una relación lógica –’logical connection’– entre la disciplina en la prisión y el uso del látigo con los prisioneros; y la seguridad está lógicamente apoyada mediante una total incomunicación de los reclusos, no sólo con otros internos, sino también con personas de afuera que de una manera imaginable pueden estar interesadas en concertar ataques dentro de la prisión o fugas”, voto del juez Stevens –al que concurrieron los jueces Brennan, Marshall y Blackmun– en “Turner v. Safley”, 482 U.S. 78, 101).

A ello corresponde añadir, que tampoco se observa la virtualidad de esta intromisión en la correspondencia de los presos, toda vez que a éstos les es dado mantener, mediante el régimen de visitas, conversaciones no controladas y “visitas íntimas periódicas” (art. 497, Cód. Procesal Penal de la Nación).

Más aún: ¿acaso la administración penitenciara carece de medios legítimos que le permitan siquiera barruntar cuándo puedan estar llevándose a cabo actividades como las indicadas precedentemente?

Pareciera que, existentes o no dichos medios, se hubiese optado por la vía más sencilla, no obstante resultar la menos respetuosa de las garantías constitucionales, amén de contraproducente con los recordados propósitos de rehabilitación.

Lo que la ley y el régimen citados han venido a autorizar sería, en el logrado decir del “justice” Holmes, una verdadera “expedición de pesca” en los papeles privados, basada en la posibilidad de que por su intermedio puedan descubrirse evidencias sobre algún crimen (“Federal Trade Commission v. American Tobacco Co.”, 264 U.S. 298, 68).

Todos los reclusos son, de tal suerte, permanentes sospechosos de dirigir organizaciones criminales, y de planear fugas y reincidencias por el medio epistolar.

Pero si esto es así, es menester ocuparse del tema con cuidado. Numerius –gobernador de Narbonensis– se hallaba sometido a juicio criminal y, habiendo asumido su propia defensa, negó su culpabilidad y señaló la falta de prueba en su contra. Delphidius, su adversario, previendo el rechazo de la acusación, se dirigió a Juliano: “Oh! ilustre César –dijo– si es suficiente con negar, qué ocurrirá con los culpables”; a lo que Juliano respondió: “Y si fuere suficiente con acusar, qué le sobrevendría a los inocentes” (Ammianus Marcellinus, “Rerum Gestarum”, L. XVIII, C. 1).

He ahí expresado uno de los quizá más remotos antecedentes del principio de inocencia (v. “Coffin v. United States”, 156 U.S. 432, 453 y sigtes.), principio o estado que, para los habitantes de la Nación, tiene raigambre constitucional (Fallos: 102:219, p. 228; sentencia del 11 de mayo de 1993, “in re” K.30.XXIV. “Kacoliris, Dionisio y otros s/ desbaratamiento de derechos acordados Causa N° 29.081″; ver Fallos: 314:451 –La Ley, 1993-E, 274–). Ello significa que todo habitante ha de ser considerado y tratado como inocente de los delitos que se le reprochen hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme (ver asimismo: Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 2°; Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 11.1; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. XXVI; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.2).

Por ende, si bien esta Corte no pasa por alto que la condena judicial da por tierra con dicho estado o presunción; tampoco lo hace de que esto es así sólo y exclusivamente respecto del hecho por el que el individuo fue juzgado y sentenciado. Lo contrario resultaría aberrante; la prisión por un determinado delito traería aparejada, para el condenado, la pérdida de la mentada garantía de la Constitución. Numerius debió haber sido castigado, no obstante su negativa y la falta de pruebas, de haber estado cumpliendo una condena anterior.

Puestas las cosas en este quicio, es irrefragable que, en los términos indicados, todo preso goza de la recordada presunción o estado de inocencia. Ergo, aun cuando quepan diferencias explicables por la singularidad del régimen carcelario, la inspección permanente sobre la correspondencia no puede respaldarse en un hipotético e invariable estado de sospecha de todos los presos. sino en circunstancias reales, en motivos razonables y actuales. Serían éstos, por lo demás, los que cohonestarían la ocupación de la correspondencia, pues su validez no puede depender del resultado que arroje (ver doctrina de Fallos: 46:36; 303:1938; 306:1752; 308:733 –La Ley, 1982-D, 225; 1985-A, 160; 1986-C, 396–, entre otros; “Byars v. United States”, 273 U.S. 28).

Consecuentemente, y en los puntos indicados, el reglamento es inconstitucional por cuanto limita la garantía constitucional estudiada sin apoyo en motivos concretos y suficientes, o con una extensión que sobrepasa notablemente los alcances que pudiese demandar el logro del propósito buscado por su intermedio (supra, consid. 11, sub d: Fallos: 312: 496, p. 513). Es inadmisible una amplia restricción cuando el fin puede ser alcanzado por medios más estrechos (“Shelton v. Tucker”, 364 U.S. 479, 488; “Procunier v. Martínez”, citado, ps. 413 y 424). Añádese a ello, la interferencia que produce el arbitrio en el proceso de rehabilitación que, bueno es reiterarlo, forma parte del interés preponderante del administrador (supra, consid. 11).

En un estado de derecho, la sola invocación de “razones de seguridad”, sin un andamiaje objetivo que lo motive, no puede justificar nunca la privación del goce de los derechos constitucionales (Fallos: 306:126). Es más en contraposición a la “seguridad” alegada por la administración, cabe ubicar al conjunto de condiciones establecidas para la manifestación de la personalidad y para su pleno desarrollo que se corresponde con la cualidad esencial de aquélla: la dignidad, conjunto éste que también ha sido llamado “seguridad” y del que forma parte la inviolabilidad de la correspondencia (Sánchez Viamonte, Carlos, “Manual de Derecho Constitucional”, Buenos Aires, 1959, p. 133; asimismo: Estrada, José Manuel, “Curso de Derecho Constitucional”, Buenos Aires, 1927, 2ª ed., t. I, p. 127 y siguientes).

16. Que las restricciones a los derechos de los presos, establecidas con base en programas de rehabilitación, en la preservación del orden y la disciplina de las cárceles, y en la prevención de los delitos, han de ser fruto del estudio y la cautela. Motines y disturbios, desde hace años, vienen sucediéndose con asiduidad en esos ámbitos. En diciembre de 1993, por citar casos recientes y con indiferencia de las jurisdicciones, se produjeron situaciones como las indicadas, en las unidades de Caseros, Devoto, Ezeiza, Olmos, Bahía Blanca, La Plata, Mercedes, Batán, Tandil, Azul y Loreto. También es apropiado recordar los resultados luctuosos de motines como el del Penal de Olmos, de mayo de 1991, que produjo 30 muertos; el del Penal de Villa Devoto, de marzo de 1978, 60 muertos; y el de diciembre de 1959, 14 muertos; el de la Unidad Carcelaria 13 de La Pampa, de julio de 1991, 12 muertos, etc. etc. No es el punto establecer relaciones de causalidad entre esos sucesos y la materia en litigio. Si señalar la delicadeza por la que piden los asuntos concernientes al régimen interno de los presidios. Los excesos reglamentarios suelen incubar los males que pretenden evitar. Uno de los derechos reclamados por los internos en la gravísima rebelión ocurrida en la cárcel norteamericana de Attica, en 1971, fue el de recibir y enviar cartas sin censura. La comisión oficial que investigó la revuelta, después de expresar, en su informe, que el sistema penitenciario de Nueva York debía ser reestructurado, afirmó que el principio fundamental a seguir sería el siguiente: “Si los presos deben aprender a tener las responsabilidades de los ciudadanos, deben tener todos los derechos de los demás ciudadanos, excepto los que fueran específicamente retirados por una orden judicial. De modo general, esto significa que los presos deben mantener todos sus derechos, excepto el de la libertad ambulatoria. Esto incluye… el derecho de recibir y enviar cartas libremente…” (“The official report of the New York State Special Commission, on Attica”, Nueva York, 1972, XVI, citado en Fragoso, Heleno Claudio, “El “Derecho de los Presos”, en Doctrina Penal, 1981, N° 13, p. 242).

Uno de los datos de la Encuesta sobre el Servicio Penitenciario Argentino, del Instituto de Estudios Criminológicos del Secretariado de Ayuda Cristiana a las Cárceles, se vincula con esta pregunta: “¿está sometida a censura la correspondencia del interno? ¿cómo se realiza?”, lo cual pone de manifiesto la importancia de esta información (“Realidad Penitenciaria Argentina 1974 y 1983″, Buenos Aires, 1985, t. I. p. 32).

17. Que desde el punto de vista de la ciencia del derecho, es dable aislar, entre otros, dos elementos en la estructura de las normas “sub lite”; la situación o realidad objetiva a la que el legislador presta atención, y la disposición por parte de éste de mantener o modificar esa realidad hacia determinados fines. Esto es así, aun cuando ambos aspectos se encuentran íntimamente ligados en el acto legislativo, como acto voluntario que es. Por ello, en contextos como el presente, que importan severas restricciones a derechos humanos amparados por la Constitución Nacional, el estudio no se agota en el solo esclarecimiento de si los fines se corresponden o no con materias sobre las que pueda versar la legislación, o con intereses que el Estado debas tutelar. Han de estructurarse, asimismo, las causas desencadenantes de la reglamentación. Son éstas, si se quiere, los hechos antecedentes de la norma al tiempo que los propósitos, el consecuente. Es por ello que el tribunal, en diversos pronunciamientos en los que juzgó sobre la validez de determinadas leyes del Congreso, hubo de estudiar y hacer hincapié tanto, por un lado, en las “causas determinantes” de las normas, en las “circunstancias que las originan”, cuanto, por el otro, en los “fines que se procura alcanzar con ellas” (Fallos: 200:450: 247:121 –La Ley, 100-47–, entre otros). Leyes análogas, en cuanto signadas por propósitos parejos y legítimos del Estado, pueden resultar constitucionales en determinada situación fáctica e inconstitucionales en otra. Así sucesión, v. gr., con las llamadas leyes de prórroga de las locaciones que, tenidas por válidas frente a cierto contexto social –caso “Ercolano c. Lanteri de Renshaw” de 1922, Fallos: 136: 161–, fueron invalidadas, en 1925, ante la presencia, entre otras razones, de “un ambiente muy distinto por cierto de aquél que dio lugar a la sanción originaria” de dichas leyes (caso “Mango c. Traba”, Fallos: 144:219).

Este examen particularizado se proyecta, asimismo, sobre la apreciación de la proporcionalidad y de la adecuación de la medida restrictiva, pues ello menta una suerte de cotejo entre los dos aspectos de esta última con las señaladas “causas” y “fines” que configuran lo que daría en llamarse las “circunstancias del caso” para el legislador.

Apreciaciones, cotejos y escrutinios, cuyas modalidades de aplicación traducen, bueno es advertirlo, respuestas arregladas a la especificidad de los conflictos y al diferente emplazamiento de los diversos derechos y garantías que viene dado, principalmente, del sistema de valores consagrado por la Ley Fundamental. Ello supone, entre otras consideraciones de índole constitucional, las atinentes al emplazamiento, naturaleza y vinculación de los concretos derechos y garantías comprometidos, a los intereses estatales alegables, y a la relación entre éstos y aquéllos.

18. Que sin perjuicio de lo expuesto y, si se quiere, en refuerzo de ello, cuadra agregar que la legislación “sub lite” también peca, desde el punto de vista constitucional, de una vaguedad inaceptable. Ya ha sido subrayado el especial énfasis puesto por el constituyente: la ley “determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse” a tomar conocimiento de la correspondencia epistolar (consid. 6°).

Es evidente que disponer que “la correspondencia… se ajustarán a las condiciones de … supervisión y censura que determinen los reglamentos…” (art. 92, ley penitenciaria nacional citada), traduce un mandato de una latitud tan extrema que no confiere, al encargado de la reglamentación, estándar objetivos ni precisos. Otro tanto ocurre, ya en el plano del citado Régimen de Correspondencia, con enunciados tales como “asuntos estrictamente familiares o personales”, “lenguaje obsceno”, “juicios con respecto del régimen interno y al personal”.

Encontrándose en juego un bien tan precioso como el de la inviolabilidad de la correspondencia –y, eventualmente, el de la libertad de expresión– es inadmisible que sus limitaciones legales estén desprovistas del imprescindible grado de determinación que excluya la posibilidad de que su ejecución concreta por agentes administrativos no venga a quedar en manos de la más libre discreción de estos últimos.

Las expresiones transcriptas invitan a que los funcionarios ejerzan sus propios criterios, juicios y prejuicios. Ni la ley ni su reglamentación contienen patrones seguros ni, por lo tanto, frenos para los órganos que deben ejecutarla.

Luego, también por este motivo las disposiciones atacadas resultan inválidas, pues viene a dejar a merced del órgano de ejecución los mencionados bienes constitucionales (supra, consid. 11, sub a; en igual sentido”, Procunier v. Martínez”, citado, p. 415).

19. Que, desde otra perspectiva, la Corte observa que los requerimientos de acceder al contenido de las cartas emitidas por los presos sólo han sido basados, como se desprende de las normas impugnadas y de las alegaciones de la demandada, en la necesidad de conocer lo expresado en aquéllas, es decir, su texto. No han sido alegadas razones relativas a que la correspondencia pudiese ser vehículo para la remisión de otros efectos o cosas.

Por lo demás, la consistencia de dicha hipótesis, dada la grave perturbación que origina en los derechos constitucionales del actor, hubiese conducido al estudio de la existencia de otros medios idóneos y practicables, ajenos a la apertura de los sobres, para comprobar el contenido material de éstos (doctrina de Fallos: 312: 2216; “Procunier v. Martínez”, citado, voto del juez Marshall, ps. 424/425).

20. Que, a mayor abundamiento, nótase que las disposiciones censuradas tampoco parecen responder a prácticas universales de los sistemas carcelarios. En efecto, el ordenamiento español establece “como regla general”, que “la correspondencia postal que expida o reciba el interno goza de la garantía del secreto” (González Navarro. F., “Poder domesticador del Estado y derechos del recluso”, en Estudios sobre la Constitución Española, Madrid, 1991, t. II, p. 1156), debiéndose respetar “al máximo” la intimidad; las comunicaciones escritas de los presos pueden ser intervenidas “motivadamente” por el director del establecimiento, dando cuenta “a la autoridad judicial competente” (Jiménez Campo, Javier, “La Garantía Constitucional del Secreto de las Comunicaciones”, En Revista Española de Derecho Constitucional, Madrid, 1987, N° 20, p. 55, con cita de la Ley Orgánica General penitenciaria 1/1979).

Asimismo, la Ley de Ejecuciones de Italia de 1975, establece: que “la correspondencia de cada condenado o internado puede ser sometida (“sottoposta”), mediante decisión motivada del magistrado de vigilancia (“sorveglianza”), al examen (“visto di controllo”) del director (de la administración penitenciaria)…”.

En cuanto al derecho norteamericano, es ilustrativa la ya citada sentencia del caso “Procunier v. Martínez”, por la que fue invalidado un estatuto penitenciario del Estado de California que, como se habrá inferido, guardaba gran parecido con el argentino, respecto de cartas emitidas por los internados.

Son conducentes estas citas, además, por haber sido propósito de la ley penitenciaria nacional, dec.-ley 412/58 citado, según el ya mencionado memorándum que acompañó la elevación del proyecto al Poder Ejecutivo “de facto” estar “al influjo de las modernas concepciones penitenciarias”, y “favorecerse la comunicación del recluso con el exterior…” (op. citado, Nros. 82 y 83, ps. 28 y 29). Incluso en los considerandos del propio dec.-ley 412/58, señálase que “se inspira en el propósito de promover la readaptación social del condenado, de conformidad a las moderadas orientaciones de la criminología…” (ídem, p. 35).

Conviene advertir que las reformas introducidas al citado Régimen de Correspondencia, con posterioridad a la iniciación de estas actuaciones, en nada modifican cuanto se ha venido expresando pues dejan intacta la índole y modalidad de las limitaciones examinadas (ver “Normas de Procedimiento de Visitas y Correspondencia para Internos Condenados”, Boletín Público del Servicio Penitenciario Federal, N° 2076, del 19 de agosto de 1992).

21. Que el tribunal no descarta que el conocimiento del texto de las cartas de un recluso pueda llegar a constituir un elemento necesario para aclarar circunstancias de las que dependa su individual proceso de readaptación. Tampoco excluye que, respecto de determinados condenados, o destinatarios (v. gr. correspondencia entre presos), o frente a ciertas situaciones relativas al orden interno de la institución, pueda tornarse conveniente acceder a dicho conocimiento. El tribunal no emite juicio a esos respectos –como tampoco, entre otros, sobre el debido proceso objetivo que deba informar al trámite de ocupación de las cartas (“supra”, consid. 11), ni sobre la correspondencia que ingrese al penal (ver “Thornburgh v. Abbot”, 490 U.S. 401)–, por la sencilla razón de que resultan ajenos a la causa.

La demandada, en tal sentido, no ha expuesto ningún particular o pormenor acerca de la persona del actor, o en punto a coyuntura alguna por la que atravesara el penal. Tampoco, y esto es subrayable, ha suministrado datos sobre la experiencia que haya podido recoger en aval de la reglamentación u otros antecedentes que, en este sentido, le haya proporcionado su contacto permanente con la vida en las cárceles (ver “Turner v. Safley”, relativo a correspondencia entre condenados, 482 U.S. 78). Su posición ha sido la de defender, en los términos ya considerados, el carácter general e ilimitado de su autoridad para imponerse del contenido de todas las cartas que expidan en todo momento todos los presos.

El actor, por su lado, ha puesto de manifiesto las diferentes y serias perturbaciones que le irroga el hecho de que sus misivas hayan de ser leídas por funcionarios del penal. Más ello ni siquiera era necesario, y por dos razones. La primera de éstas es la siguiente: las vinculaciones que, sobre todo en determinadas situaciones, pueda guardar el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia epistolar con el campo de la libertad de expresión y la privacidad, de las que se ha hecho reiterada mención en este pronunciamiento, no implican desconocer la particularidad del primero, esto es, su carácter de garantía “formal” o “material” del proceso de comunicación epistolar con indiferencia de que repercuta en las antedichas órbitas o no. De ahí que la garantía constitucional no deba entenderse que ha sido establecida, verbigracia, sólo respecto de comunicaciones íntimas (ver la sentencia 114 del Tribunal Constitucional Español, del 29 de noviembre de 1984: “el concepto de ‘secreto’ en el art. 18.3 –de la Constitución española–… se predica de lo comunicado sea cual sea su contenido y pertenezca o no el objeto de la comunicación misma al ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado”).

Hacer depender la inviolabilidad de las cartas particulares de su contenido íntimo o no, es mucho más que un absurdo, es herir de muerte la garantía, es aniquilarla: ¿cómo podría conocerse dicha condición sin rasgar el sobre, sin escrutar el texto?.

El segundo motivo reside en que lo alegado por el actor atañe a un hecho relevado de prueba, por ser notorio y no controvertido. Bastaría con enfrentarse a la hoja en blanco para tomar conciencia del estado que produce la certidumbre de que todo lo que allí se vuelque podrá ser leído por quien no sea su destinatario.

22. Que en la naturaleza de las prisiones, de los sistemas carcelarios, anida una permanente fuerza que tiende a hacer del recluso un sujeto transparente a los ojos del administrador. Fuerza escudriñadora incluso de aquellos aspectos más profundos, más reservados, del preso. Nada hay en éste, para esa tendencia, que haya de quedar oculto a aquella mirada; el sistema ha de poder conocerlo exhaustivamente. Buena parte de las finalidades depositadas en dichos sistemas –v. gr.: readaptación–, cuando no otras razones –v. gr.: seguridad de los institutos y de sus internos, disciplina– se han aunado en la apología de estas posiciones extremas. Por tan desencaminados pasos el régimen carcelario comienza a rozar los márgenes mismos de la omnipotencia.

Semejantes propensiones no son, por cierto, novedosas. Recuerdan, en gran medida, proyectos cuya antigüedad, al parecer, no los ha puesto en desuso. “Si se hallara un medio de hacerse dueño de todo lo que puede sucederle a un cierto número de hombres, de disponer de todo lo que les rodea de manera de operar en ellos la impresión que se quiere producir, de asegurarse de sus acciones, de sus relaciones, de todas las circunstancias de su vida, de suerte tal que nada pudiera ignorarse ni contrariar el efecto deseado, no se puede dudar que un medio de esta especie sería un instrumento muy enérgico y muy útil que los gobiernos podrían aplicar a diferentes objetos de la más alta importancia”. Hállase así expuesto, y en las primeras palabras de su autor, Jeremías Bentham, el proyecto del Panóptico (“Panoptique Mémoire”, en “Traités de Législation Civil et Pénale” de Jeremías Bentham, Paris, 1830, t. 3, ps. 1/2).

Se trataba, en suma de ubicar al preso “en una posición donde pudiese ser influido como se lo desease”. Así los fines –preventivos, ejemplares, reformadores– de la cárcel bentamita, la forma de establecer el “nuevo orden de cosas” y de asegurar que “no denegará”, eran asequibles bajo un “principio único”: “la inspección”, pero una “inspección de un género nuevo”, es la que “toca a la imaginación más que a los sentidos, que pone a centenas de hombres bajo la dependencia de uno sólo, dando a ese sólo hombre una suerte de presencia universal dentro del ámbito de su dominio” (ídem, ps. 4/5).

No es preciso, por conocido, describir el plano de la cárcel dibujada por Bentham. Si, por el contrario, es imprescindible recordar su sustancia. La “simple idea de arquitectura”, como la llamó, dotaba al guardián de “la facultad de ver con un golpe de ojo todo lo que allí pasaba”; y más aún: de ver “sin ver visto”. Las celdas, dispuestas a lo largo de una planta circular, sólo están cerradas, en su cara interior, por rejas. En el centro del anillo, y a distancia de esas caras, se levanta la torre del guardián. Pero sus ventanas cuentan con persianas que impiden escrutar el interior. En inspector, desde allí, todo lo observa; el inspector, hacia allí, es invisible. La torre es un símbolo, un recordatorio. Puede estar desierta; poco importa, el encarcelado lo ignorará. Creer que el guardián puede estar presente es tan eficaz como su presencia misma.

El inspector reina como “un espíritu”, e “ingresa en cada instancia de la vida” del recluso (ídem, ps. 6 y 16).

23. Que algo de estas ideas, una cierta dosis de panoptismo, ha impregnado las normas “sub discussio”. No conciernen a los movimientos del recluso, a su cuerpo; ha tocado el turno de hurgar todavía más, de penetrar en sus cartas, en todas, en las de todos, siempre. La misiva se ha vuelto transparente. Debe ser entregada abierta y puede ser leída; nada agrega que, en definitiva, esto último suceda o no. El efecto enmudecedor estará igualmente logrado; la lesión a la inviolabilidad de la correspondencia y al derecho de libre expresión, también.

“El que está sometido a un campo de visibilidad, y que lo sabe, reproduce por su cuenta las ocasiones del poder; las hace jugar espontáneamente sobre sí mismo; inscribe en sí mismo la relación de poder en la cual juega simultáneamente los dos papeles; se convierte en el principio de su propio sometimiento” (Foucault, Michel, “Vigilar y castigar”, México, 1984, p. 206).

24. Que la institución carcelaria es problema recurrente, máxime desde el momento en que se ha erigido en el brazo ejecutor de la sanción que prácticamente agota el catálogo penal: reclusión y prisión. Bien puede decirse que las inquietudes y proyectos reformistas de los sistemas de reclusión, nacieron junto con éstos.

Por su intermedio se sembraron esperanzas que tuvieron nombre: “readaptación”, “reinserción social”, “rehabilitación”, etc., etc.; mas la cosecha ha venido siendo exigua.

Los datos sobre el incremento de la delincuencia y de las reincidencias causan justificada alarma. Se solía responder a tal apremio mediante un paralelo incremento de las penas, y, por lo visto, mediante inútiles cuando no contraproducentes medidas coercitivas en el modo de cumplimiento de las condenas.

La fuerza expansiva de los reglamentos carcelarios, de los usos y costumbres de los presidios; sus disciplinas y reglas internas, pueden producir una ruptura en el funcionamiento penal. Por ello resulta imperioso señalar, con toda gravedad, que entre la competencia reglamentaria de los órganos que tienen a su cargo el cuidado de los presos, por un lado, y la soberanía punitiva, por el otro, media una distancia absolutamente insalvable que, puesta por la Constitución Nacional, el Poder Judicial habrá de hacer mantener.

Es preciso que “el derecho administrativo no sea un medio falaz de eliminar o escamotear las libertades y las garantías constitucionales” (Alberdi, Juan B., “Bases”, XVI).

La Corte no está investida de competencia para juzgar el acierto de las políticas de gobierno; sí para controlar que sean respetuosas de la Constitución Nacional.

Sin perjuicio de la señalada limitación el tribunal no puede ocultar que casos como el “sub lite” le son motivo de seria preocupación máxime cuando, junto con los otros dos poderes, tiene a su cargo el gobierno de la Nación. Esto es así, pues el presente pone en evidencia un rumbo desprendido de la realidad, desentendido de la experiencia y del magro saldo antes apuntado. La Corte tampoco puede olvidar los lamentables hechos y situaciones carcelarias que la condujeron a repetidos pronunciamientos (Fallos: 310: 2412; S. 213. 1987. Superintendencia Judicial. “Servicios Penitenciario Federal s/ estado de las unidades ubicadas en Capital Federal y Gran Buenos Aires”, del 19 de noviembre de 1987; res. 970, del 28 de agosto de 1990 –Fallos: 313:57–, entre otros).

“Acordaos de los presos, como si estuvierais con ellos encarcelados, y de los maltratados, pensando que también vosotros tenéis un cuerpo” (“Hebreos” 13, 3).

Sólo resta expresar que, cuando es alto el número de reprobados, no es ya cuestión de preguntarse por los destinatarios del sistema, sino por el propio sentido de éste.

La Constitución afirma –manda– que las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y agrega: “toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice” (art. 18 citado).

Entiende el tribunal que este último señalamiento, rectamente interpretado, no alcanza sólo a los estrados judiciales.

25. Que, en conclusión, corresponde decidir que el citado art. 92 de la ley penitenciaria nacional –dec.-ley– 412/58– y el citado Régimen de Correspondencia para los Internos Condenados –arts. 3°, 4°, 5° y concs.–, bajo la interpretación seguida por el a quo, son inconstitucionales puesto que no se adecuan a los requerimientos de que se ha hecho mérito y, por lo tanto, resultan inoponibles al actor –interno condenado– en cuanto le exigen que la correspondencia que remita al exterior deba ser presentada ante las autoridades en sobre abierto, y en tanto habilitan a que aquéllas puedan imponerse del contenido de las misivas e impedir su curso regular.

Por ello, oído el Procurador General, se declara admisible y procedente y recurso extraordinario, y se deja sin efecto el pronunciamiento apelado. Hácese lugar al hábeas corpus interpuesto, declarándose la inconstitucionalidad de la ley penitenciaria nacional –dec.-ley 412/58– y el citado Régimen de Correspondencia para los Internos Condenados, con los alcances precisados en el consid. 25. — Carlos S. Fayt. — Enrique S. Petracchi. — Antonio Boggiano.

Disidencia de los doctores Nazareno, Belluscio y Levene (h).

Considerando: 1. Que contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, por la que no hizo lugar al hábeas corpus interpuesto por Joao Gustavo G. Dessy, la defensa dedujo el recurso extraordinario que fue concedido.

2. Que de las constancias de autos surge:

a) que el nombrado, alojado en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal en calidad de condenado dedujo, en agosto de 1992, hábeas corpus por agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención, porque las autoridades penitenciarias no le permitieron enviar una carta sin previo control de su contenido. En la audiencia fijada a los fines del art. 14 de la ley 23.098 expresó que la correspondencia que recibe es abierta en su presencia, pero en el caso de la que presentó como prueba, fue abierta antes de que le fuera entregada. Respecto de las misivas que remite, manifestó que siempre se le exige la entrega abierta, pero como en una ocasión comprobó que faltaba parte del contenido de una carta, decidió entregarlas cerradas, habiéndose negado la autoridad a aceptar su reclamo;

b) que en la audiencia mencionada, el director de la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal hizo referencia a las disposiciones que rigen el control de las cartas (arts. 5° y 13, Régimen de Correspondencia para Internos Condenados). Añadió que la lectura de la correspondencia halla fundamento en “razones de seguridad del Penal, a fin de evitar la organización (de) fuga de reclusos y otros hechos que están previstos en el art. 13 del referido Reglamento”;

c) que la defensa, por su parte, en el mismo acto adujo que el reclamo se dirige a cuestionar la censura practicada en la cartas enviadas por el interno Dessy, la que entiende es violatoria del art. 18 de la Constitución Nacional por agravar ilegítimamente la ejecución de la pena. Por esas razones, y por desvirtuar los fines de los arts. 91 y 92 de la Ley Penitenciaria Nacional, impugnó la validez del art. 5° del Régimen de Correspondencia de Internos Condenados;

d) que el juez de primera instancia rechazó la acción de hábeas corpus. Al así decidir, considero que el control previo de la correspondencia es una legal consecuencia de la aplicación de normas reglamentarias tendientes a preservar el sentido y objeto de las instituciones del derecho penal y penitenciario;

e) que la defensa se agravió expresando que la única censura prevista en la ley penitenciaria comprende las cartas recibidas; pero en modo alguno puede hacerse una interpretación extensiva del texto –como lo hace la norma reglamentaria impugnada– y abarcar las misivas enviadas, y menos aún perjudicar el proceso de resocialización de los condenados;

f) que la Cámara, al confirmar el rechazo de la acción, sostuvo que “la ley penitenciaria nacional remite, en lo que al régimen de correspondencia se refiere –arts. 91 y 92– a los reglamentos que regulan su ejercicio, disposiciones éstas que, dejando a salvo el derecho de comunicación de los internos, deben aplicarse y así se aprecia ocurre en autos, con los alcances que las circunstancias aconsejan para cumplir lo más acabadamente posible con los fines para los cuales han sido instaurados, sin que ello implique vulnerar las disposiciones constitucionales invocadas”.

3. Que la apelante basa la apelación federal en las disposiciones constitucionales que tienden al resguardo necesario de la intimidad y privacidad de la correspondencia emitida por el condenado, las que –según estima– han sido desconocidas por las autoridades penitenciarias y derivado en el agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Al respecto alega que “si bien implícitamente se puede extraer del reglamento la facultad de controlar el contenido de la correspondencia que emiten los internos, no lo es menos que tal actitud de ninguna forma puede perjudicar el proceso de resocialización”. Se agravia porque en las instancias anteriores se ha considerado en forma abstracta la ley penitenciaria nacional –arts. 91 y 92– y la reglamentación. Invoca, además, la violación de garantías fundamentales referentes al cumplimiento de la pena.

4. Que si bien el actor de autoridad nacional cuestionado fue concebido según las normas que rigen el sistema de correspondencia de los internos condenados –ley penitenciaria nacional y norma reglamentaria– de inequívoco carácter común (Fallos: 303:256), procede el recurso extraordinario en la medida en que los agravios se vinculan de modo directo con la interpretación de las garantías constitucionales inherentes a la intimidad y ejecución de la pena.

5. Que, reseñadas las circunstancias fácticas de la causa, corresponde en primer término examinar las normas específicas en la materia a fin de correlacionarlas entre sí y con el régimen penal penitenciario, como así también con el resto del ordenamiento jurídico.

La ley penitenciaria nacional, en lo que al caso interesa, establece:

“art. 91″: “No podrá privarse al interno del derecho a comunicarse en forma periódica con su familia, curadores, allegados o amigos, así como con personas y representantes de organismos e instituciones oficiales o privadas que se interesen por su rehabilitación”;

“art. 92″: “Las visitas y la correspondencia que reciba el interno se ajustarán a las condiciones de oportunidad, supervisión y censura que determinen los reglamentos, los cuales bajo ningún concepto podrán desvirtuar lo establecido en el artículo anterior. Sólo podrán ser restringidas transitoriamente por motivos disciplinarios o razones inherentes a su tratamiento”.

La norma reglamentaria –Boletín Público n° 1266 del Servicio Penitenciario Federal Argentino– en el capítulo “Régimen de Correspondencia para Internos Condenados” dice:

“art. 1°”: “Los internos condenados podrán comunicarse en forma periódica con su familia, curadores, allegados y amigos, así como con personas y representantes de organismos e instituciones oficiales o privadas que se interesen por su readaptación y se encuentren debidamente autorizados, todo ello en concordancia con los arts. 91 a 96 de la ley penitenciaria nacional”;

“art. 3°”: “La correspondencia epistolar y telegráfica será objeto de supervisión y censura. Para esto último deberán tenerse en consideración aquellos aspectos que por su naturaleza puedan aparecer, incidir o convertirse en factores negativos, desde el punto de vista que sustentan los principios en que se basa el concepto de readaptación social…”.

“art. 4°”: “Si a juicio de la Dirección del Establecimiento resultara inconveniente dar curso –por su contenido– a una carta, se procederá a efectuar la devolución de la misma al remitente, informándole sobre las causas motivadoras”.

“art. 5°”: “No se autorizará la entrada o salida de correspondencia en la que se empleen signos o palabras convencionales, se utilice lenguaje obsceno, se hagan alusiones o emitan juicios con respecto al régimen interno o al personal del Servicio Penitenciario Federal, o que se refieran a asuntos que por su naturaleza escapen a los términos rigurosamente personales o de familia”.

“art. 6°”: “La correspondencia deberá ser escrita en idioma nacional. La que fuera recibida en otro idioma deberá ser correctamente traducida”.

“art. 13″: “Cuando de la correspondencia surjan indicios que hagan presumir la comisión de un delito o la persistencia en actividades delictivas, se iniciarán actuaciones comunicando a la autoridad policial o judicial que correspondiere, acorde las características de tales indicios”.

6. Que es regla en la interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 182:486; 184:5; 186:258 –La Ley, 13-379; 14-1013; 17-877–; 200:165; 281:146; 296:22; 297:142; 299:93 –La Ley, 146-687; 1976-D, 515; 1977-C, 455; 1978-B, 67–; 301:460; 304:794 –La Ley, 1982-C, 4091–). Ese propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas de su instrumentación legal, toda vez que ellos, en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia, no deben prescindir de la “ratio legis” y del espíritu de la norma (Fallos; 257:99 –La Ley, 113-458–; 259:63; 271:7 –La Ley, 131-773–; 302:973). La exégesis de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción (Fallos: 303:578 –La Ley, 1982-C, 501–). En esa tarea no es siempre método recomendable el atenerse estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto, no resulta compatible con el fin común de la tarea legislativa y de la judicial. En tal sentido, no debe prescindirse de las consecuencias que derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (Fallos: 234:482; 302:1284 –La Ley, 82-690; 1981-A, 401–). Sobre la base de estas pautas, pues, se examinará el alcance de las disposiciones que rigen el caso (doctrina de la causa “Capitán Santa Ana y otros”, Fallos: 307:1018 –La Ley, 1986-A, 423–)

7. Que a los efectos de determinar el espíritu de las normas cuestionadas, corresponde consignar algunas expresiones de la exposición de motivos de la ley penitenciaria nacional y de la fuente normativa que ésta tomó en consideración, es decir, el “Conjunto de reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos”, aprobado por el Primer Congreso de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y tratamiento del delincuente reunido en Ginebra en 1955 el que sugirió que la Asamblea General de las Naciones Unidas recomiende a los gobiernos el estudio de las disposiciones con ánimo favorable, contemplando la posibilidad de adoptarlas y aplicarlas en la administración de las instituciones penitenciarias.

Así, en la exposición de motivos de la ley mencionada se aclara que las normas que tratan sobre la comunicación del interno con el mundo exterior, “además de dar imperatividad legal al principio que sustentan, de comunicabilidad del recluso con las personas de su familia y allegados, de vieja data en todo el mundo, asimila este capítulo a la tendencia actual en la materia, en cuanto exhibe como idea fundamentadora que la institución penitenciaria no debe aislarse del medio social, debiendo favorecerse la comunicación del recluso con el exterior en toda forma compatible con el régimen, hasta el límite que pueda hacérselo sin violentar las normas jurídico-penales que condicionan el régimen de cumplimiento de la pena” (parág. 83).

Por su parte, la segunda disposición citada –”Conjunto de reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos…”– refiere que “se autorizará a todo acusado para que se procure, a sus expensas o las de un tercero, libros, periódicos, recado de escribir, así como otros medios de ocupación, dentro de los límites compatibles con el interés de la administración de justicia, la seguridad y el buen orden del establecimiento” (art. 90).

8. Que de una interpretación armónica de las disposiciones que rigen el caso, así como de las normas y principios inherentes al derecho penal penitenciario, se deduce que han de considerarse con sustento legal los motivos que hacen a la seguridad del establecimiento penitenciario para legitimar el control del contenido de las misivas de los internos –tal como lo manifestó el director de la Unidad Penitenciaria N° 7 en el sentido de que con la medida se trata de evitar la organización de fuga de presos y la persistencia en actividades delictivas (véase audiencia de fs. 10 y art. 13 de la norma que reglamenta el régimen de correspondencia de condenados, transcripta en el consid. quinto)–. Y ello es así atento la naturaleza de los bienes jurídicos protegidos y la necesidad de preservar la seguridad y el buen orden de los establecimientos carcelarios. En ese sentido nada más elocuente que lo consignado en el “Conjunto de reglas mínimas para el tratamiento de reclusos” (ver consid. séptimo) al destacar que debe favorecerse la comunicación del interno con el exterior, procurarle los medios para que pueda escribir, “dentro de los límites compatibles con el interés de la administración de justicia, la seguridad y el buen orden del establecimiento”.

9. Que, asimismo, siguiendo el método interpretativo señalado en el considerando anterior, se concluye, como lógica consecuencia, en que el control o censura tanto debe abarcar a las cartas que entran como a las que salen del Penal, dado que no existe razón alguna que permita siquiera suponer que el Poder Legislativo hubiera decidido excluir de la limitación expuesta a las misivas enviadas por los internos. En verdad, resultaría realmente irracional que si el fin de la ley penitenciaria nacional y su reglamentación, en lo que al punto interesa, es el de evitar la organización de fuga de presos y la persistencia en actividades delictivas (art. 13, reglamentación) haya previsto solamente el control y la censura de la correspondencia recibida y haya excluido la remitida por los internos, sin que requiera explicación alguna el hecho de que tanto en uno como en otro caso la falta de control puede coadyuvar a la realización de actos que pongan en peligro los bienes jurídico que la ley y su reglamentación pretenden resguardar.

Al ser ello así, corresponde rechazar la impugnación del acto de autoridad nacional en tanto halla sustento en la ley penitenciaria nacional razonablemente interpretada, la reglamentación pertinente y en los principios expuestos aplicables al régimen penal penitenciario.

10. Que no se trata de desconocer las palabras de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no se adecuen a los principios axiológicos enunciados precedentemente, arribe a conclusiones reñidas con las circunstancias singulares del caso o a consecuencias concretas notoriamente disvaliosas. De lo contrario, aplicar la ley se convertiría en una tarea mecánica incompatible con la naturaleza misma del derecho y con la función específica de los magistrados, la que les exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos y otros no se compadece con la misión de administrar justicia (confr. Fallos: 302:1284 y la jurisprudencia allí citada).

11. Que no desconoce el tribunal el fuerte impacto que la lectura de la correspondencia provoca en el derecho a la intimidad del interno condenado, pero es precisamente el supuesto de autos uno de los cuales en que resulta aplicable la doctrina de la legitimidad de las medidas fuertemente limitativas de la libertad individual cuando ellas tienden a preservar un interés estatal superior tal como es el relacionado con la seguridad interna del establecimiento penitenciario (confr. doctrina de Fallos; 312:2218).

12. Que en lo relacionado con la invocación de garantías constitucionales inherentes al cumplimiento de la pena, contenidas –según tradicionalmente se ha entendido–, en el art. 18 de la Constitución Nacional, conviene aclarar que las restricciones circunscriptas al correo que entra y sale del Penal, constituyen medidas de orden elemental que de ningún modo pueden considerarse como penalidades ya que hacen a la buena marcha de los establecimientos en que la detención se cumple e importan restricciones que no exceden las que lógicamente deben soportar quienes se hallan privados de su libertad.

Por ello, se rechaza el planteo de inconstitucionalidad y se confirma la sentencia apelada. — Julio S. Nazareno. — Augusto C. Belluscio. — Ricardo Levene (h).

Irigoyen, Hipólito s/hábeas corpus (1930)

Tribunal: Corte Sup.
Fecha: 22/10/1930
Partes: Irigoyen, Hipólito s/hábeas corpus
Publicado: Fallos 158:391.  JA 34-301.

CONSTITUCIÓN - Estado de sitio – Hábeas Corpus – Gobierno de facto


1ª INSTANCIA.- Buenos Aires, octubre 3 de 1930.

Considerando: 1. Que de acuerdo con los términos del art. 20 Ver Texto ley 48 y del art. 622 Ver Texto CPCCN., la petición de hábeas corpus sólo puede ser deducida por la misma persona detenida o por otra a su nombre o por sus parientes o amigos.

2. Que el recurrente no ha comprobado ni siquiera manifestado, encontrarse en alguna de las situaciones enunciadas, únicas, que según las disposiciones legales citadas, lo habilitarían para iniciar las gestiones de hábeas corpus.

Por ello resuelvo; no dar curso al presente recurso, con costas.- Jantus.

Buenos Aires, octubre 7 de 1930.

Visto y Considerando: Que con la nueva presentación del recurrente ha quedado salvada la objeción formulada por auto de fs. 4, desde que el mismo recurrente manifiesta expresamente que es amigo del detenido, ciudadano Hipólito Irigoyen y que ha obrado en tal carácter.

Y considerado en cuanto al fondo: Que habiéndose decretado el estado de sitio en todo el territorio de la República, han quedado en suspenso las garantías constitucionales, entre ellas el hábeas corpus, durante la vigencia de ese decreto.

Por ello resuelvo: no hacer lugar al recurso interpuesto y archívese.- Miguel L. Jantus.

2ª INSTANCIA.- Buenos Aires, octubre 11 de 1930.

Visto y Considerando: Incurre en error el a quo al rechazar un recurso de amparo de la libertad sólo porque habiéndose decretado el estado de sitio en todo el territorio de la República, han quedado en suspenso las garantías constitucionales, entre ellas el hábeas corpus.

Es exacto que las garantías constitucionales se hallan en suspenso durante el estado de sitio y que la libertad de las personas se encuentra restringida en razón de que, contrariamente a lo que ocurre en circunstancias normales, pueden ser detenidas por mayor tiempo que el señalado por las leyes, sin orden del juez competente. Pero ello no significa en modo alguno que la libertad individual se suprima en absoluto y queden anulados los medios creados para su protección.

Las palabras intergiversables del art. 23 Ver Texto in fine CN. ponen de manifiesto que sólo cuando una persona no prefiera salir del territorio argentino, puede ser mantenida en arresto sin orden judicial o trasladada de un punto a otro de la Nación.

Apenas es necesario recordar que el recurso de amparo de la libertad tiene por objeto hacer cesar un procedimiento ilegal y restrictivo de la libertad de las personas; mientras el procedimiento seguido no exceda las facultades acordadas, o la libertad no se haya restringido de manera efectiva, o aparezca que ella lo será de órdenes impartidas, se carece de fundamento y de derecho para intentar el recurso de hábeas corpus.

En el presente caso lo que se afirma es que el Sr. Hipólito Irigoyen, detenido a bordo del crucero “Buenos Aires” está enfermo y desea salir por sus propios medios del país. No se afirma que haya expresado su preferencia de hacerlo conforme al citado precepto constitucional y que se le haya desconocido ese derecho.

Estrictamente no existe un procedimiento ilegal puesto que durante el estado de sitio puede ordenarse la detención de las personas en la forma a que alude el presentante: ello cae dentro de facultades constitucionales. Y no resulta que exista restricción indebida de la libertad; en el caso, libertad de salir del territorio.

Las peticiones formuladas por el recurrente, demuestran claramente la improcedencia de dar trámite al recurso. Solicita a fs. 3 -parte final- se ordene dar al detenido “la opción alternativa a que se refiera la Constitución Nacional en su art. 23 Ver Texto y se le permita salir del país si recaudos ni exigencias no insertos en el texto constitucional durante el tiempo que dure el estado de sitio”. Y a fs. 13, in fine, solicita que se revoque la resolución del inferior “haciendo lugar al recurso en los términos pedidos o sea recordando a la autoridad de hecho que el detenido, Hipólito Irigoyen puede salir del país en la forma otorgada por el art. 23 Ver Texto CN. sin limitaciones de ninguna especie”.

Debe recordarse a este respecto la norma fijada por la Corte Suprema hace largo tiempo -Fallos 9:382- al establecer que según los términos del art. 20 Ver Texto ley del 14/9/1863, la facultad de la Suprema Corte o de los jueces de sección a que respectivamente se recrea, se limita a decretar la libertad del recurrente cuando no resulta justificada la prisión, sin que, en el caso contrario, pueda tal facultad extenderse por interpretación hasta dar reglas de procedimiento al Poder Ejecutivo, prescribiéndole lo que debe hacer respecto de presos que se encuentran detenidos bajo la responsabilidad del mismo Poder Ejecutivo.

Esta norma, consecuencia necesaria del principio de la separación de los poderes debe ser observada en el presente caso por ser de estricta aplicación.

Por ello, y oído del procurador fiscal, se desestima sin más trámite el recurso de amparo a la libertad deducido por Aquiles Damianovih, a favor de Hipólito Irigoyen.- José Marcó.- Marcelino Escalada.- B. A. Nazar Anchorena.- Rodolfo Ferrer.

DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL.- Buenos Aires, octubre 22 de 1930.- Aunque en el escrito de fs. 24 no se ha fundado la procedencia del recurso extraordinario interpuesto en los términos que requiere el art. 15 Ver Texto ley 48, dicha procedencia es evidente, conforme a lo dispuesto en el art. 14 Ver Texto inc. 3 ley 48 cit., ya que la sentencia dictada a fs. 22 de la Cámara Federal de Apelación de esta Capital contiene una decisión contraria al derecho que el recurrente invocó, fundado en el art. 23 Ver Texto CN.

Ha sido, pues, bien concedido el recurso extraordinario de apelación para ante V.E.

En cuanto al fondo, advierto que, según los términos de la resolución dictada por V.E. a fs. 28 vta., esta Corte Suprema solicitó del gobierno provisional informara si el Sr. Hipólito Irigoyen está detenido a la orden de dicho gobierno; en tal caso, si el detenido ha manifestado que desea salir del territorio argentino y la resolución que en el supuesto afirmativo haya recaído en dicha petición.

Por otra parte, como se desprende de la propia manifestación del recurrente, Dr. Aquiles Damianovich, consignada en su precedente escrito, y lo corroboran además todas sus anteriores presentaciones en este expediente, el motivo del recurso instaurado en el presente caso es la libre opción constitucional que a su juicio, acuerda el art. 23 Ver Texto CN. y que, en el caso, habría sido restringida o violada.

Ahora bien, en la nota del gobierno provisional que antecede, dirigida a V.E. en respuesta del pedido de informes formulada en virtud de la antes aludida resolución de esta Corte, se expresa, entre otras consideraciones, que “no existe en poder del gobierno manifestación, en forma auténtica, de que el Sr. Hipólito Irigoyen haya pedido salir del territorio argentino”.

En presencia de esta manifestación del gobierno provisional que V.E. no puede poner en duda, es de toda evidencia que desaparece la razón de ser del recurso deducido en autos, es decir, su fundamento de hecho, toda vez que de lo informado surge la inexistencia de la circunstancia que se presenta por el recurrente como la restricción o violación del derecho o garantía constitucional que motiva su petición de amparo.

Por estas razones, que hacen innecesario, por ahora, entrar a considerar las demás manifestaciones contenidas en la precedente nota del gobierno provisional, soy de opinión que el recurso de amparo deducido a fs. 1, tal como aparece planteado ante este tribunal, no puede prosperar y que corresponde se sirva V.E. así declararlo, dejando en estos términos confirmada la sentencia apelada de fs. 22.- Horacio R. Larreta.

Buenos Aires, octubre 22 de 1930.

Visto: La apelación extraordinaria interpuesta y concedida contra la sentencia de la Cámara Federal de Apelación de la Capital, en el recurso de hábeas corpus deducido por el Dr. Aquiles Damianovich a favor del Sr. Hipólito Irigoyen.

Considerando: Que según resulta del informe corriente a fs. 37 expedido por el gobierno provisional, éste mantiene en arresto al Sr. Irigoyen en ejercicio de las facultades que le confiere el estado de sitio decretado en todo el territorio de la República porque la situación el país no está aún normalizada; y “no existe en poder del gobierno manifestación en forma auténtica de que el Sr. Hipólito Irigoyen haya podido salir del territorio argentino”.

Que así especificados en el caso los antecedentes del hecho y la fundada invocación del derecho que los rige, no es dudosa la improcedencia del recurso de hábeas corpus que se ha traído al examen y decisión de esta Corte.

En efecto, este tribunal ha establecido conforme con difundidos principios de doctrina y jurisprudencia, que el estado de sitio importa la autorización de arrestar sin causa legal ordinaria o autorización de juez competente, para cuyo efecto la Constitución ha suspendido aquellas garantías de que, sin el estado de sitio, gozan las personas y las cosas (Fallos 54:484), poder y facultad discrecionales, limitadas sin embargo a arrestar o trasladar las personas si no prefieren salir del país, y que no autorizan al presidente de la República a condenar por sí ni aplicar penas. en el caso sub judice dichas atribuciones aparecen ejercidas en la medida y forma constitucionalmente prescriptas, toda vez que la detención responde sólo a una medida de seguridad determinada por exigencias que se consideran de orden público, y por su parte el detenido mantiene su situación sin expresar que prefiere salir del territorio argentino.

Que a las precedentes consideraciones no las afecta en su estructura legal y jurídica la circunstancia de que el decreto de estado de sitio y las medidas emergentes del mismo deriven su procedencia del gobierno de facto que ejerce el Poder Ejecutivo de la Nación, pues esta Corte dejó establecido en su acuerdo del 10/9/1930, respecto de los funcionarios de hecho, que la doctrina constitucional e internacional se uniforma en el sentido de dar validez a sus actos, cualquiera que pueda ser el vicio o deficiencia de sus nombramientos o de su elección, fundándose en razones de policía y de necesidad y con el fin de mantener protegido al público y a los individuos cuyos intereses puedan ser afectados, etc. Y que el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país es un gobierno de facto cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas, en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza, como resorte de orden y seguridad social.

Que carece, pues, de eficacia la alegación de inconstitucionalidad del decreto de referencia, como la tienen las impugnaciones relativas a los fundamentos o motivos determinantes del mismo, que son de la atinencia propia y están librados al criterio y apreciación del Poder que ejercita la facultad aludida, de la que debe cuenta el Congreso, que aprueba o suspende el estado de sitio declarado durante su receso (art. 67 Ver Texto inc. 26 CN.).

Por estos fundamentos los concordantes del dictamen del procurador general y de la sentencia apelada, se la confirma en cuanto ha podido ser materia de la apelación extraordinaria impuesta.- J. Figueroa Alcorta.- Roberto Repetto.- R. Guido Lavalle.- Antonio Sagarna.- Julián V. Pera.

Caso CELS (Derecho Constitucional)

Caso CELS

Suprema Corte:

-I-

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) interpuso acción de habeas corpus, en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, en amparo de todas las personas privadas de su libertad en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, detenidas en establecimientos policiales superpoblados, y de todas aquellas detenidas en tales lugares, pese a que legal y constitucionalmente su alojamiento debería desarrollarse en centros de detención especializados.//-

Expresó que la superpoblación y el consecuente hacinamiento que deben padecer las personas privadas de su libertad es la nota distintiva de las 340 comisarías que funcionan en el territorio de la provincia de Buenos Aires. No obstante poseer una capacidad para 3178 detenidos, alojan 6364, según información del mes de octubre de 2201. La situación se agrava en el conurbano, donde 5080 detenidos ocupan 2068 plazas. Los calabozos se encuentran en un estado deplorable de conservación e higiene;; carecen por lo general de ventilación y luz natural. La humedad y, en verano, el calor son agobiantes. No  cuentan con ningún tipo de mobiliario, por lo que toda la actividad (comer, dormir, etc.) que desarrollan los internos debe llevarse a cabo en el piso. Los sanitarios no son suficientes para todos y no se garantiza la alimentación adecuada de los reclusos. El riesgo de propagación de enfermedades infecto-contagiosas es, sin dudas, mucho mayor y el aumento de casos de violencia física y sexual entre los propios internos es más que significativo.-

Ante esa situación, solicitó que el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires asumiera su competencia respecto de ese colectivo de personas para que, luego de comprobar la situación descripta, se pronunciara expresamente acerca de la ilegitimidad, constitucional y legal, del encierro de esas personas en las condiciones en las que se hallan, ordenando el cese de esa situación. A tal fin, requirió el establecimiento de una instancia de ejecución de la sentencia, en la que, a través de un mecanismo de diálogo entre todos los actores involucrados, pudiera determinarse -y controlar el Tribunal de Casación- el modo en que la administración pueda hacer efectivo el cese de esas condiciones oprobiosas de detención.-

Aclaró que no se pretendía que el órgano jurisdiccional llevase a cabo un análisis acerca de la oportunidad, mérito o conveniencia de los cursos de acción que el Poder Ejecutivo provincial llevare adelante en la materia, pero sí que se sometiera al control de legitimidad legal y constitucional.-

En cuanto a la competencia del Tribunal de Casación para conocer de la acción, destacó que la propia jurisprudencia del tribunal -que citó- posibilitaba la deducción directa del habeas corpus en casación mediando manifiesta importancia o gravedad institucional en la cuestión que se somete a su decisión. Expresó que ante la inobjetable gravedad de la situación denunciada, era imperioso que el Tribunal de Casación se avocara originariamente a su tratamiento y resolviera la problemática de la totalidad de las personas privadas de su libertad en las comisarías de la provincia de Buenos Aires, dado que, si bien numerosos tribunales locales habían ordenado reiteradamente en los últimos años la clausura de comisarías y centros de detención, las resoluciones parciales así producidas sólo habían generado el movimiento de internos de un lugar a otro, aliviando la situación de unos, pero agravando la de otros, sin que, en definitiva, se dispusiese una solución eficaz al problema del alojamiento.-

-II-

La Sala III del Tribunal de Casación decidió rechazar el habeas corpus interpuesto con fundamento en que no era competente para entender originariamente en la acción instaurada. Sostuvo que su competencia estaba limitada en la materia al conocimiento del recurso en los términos y con los alcances establecidos en los artículos 406 y 417 del Código Procesal Penal local. Agregó, además, que el habeas corpus no autorizaba, en principio, a sustituir a los jueces propios de la causa en decisiones que les incumben, de modo tal que la reparación de las agravaciones en las condiciones de detención denunciadas en la presentación de origen debían encontrar remedio en los respectivos órganos jurisdiccionales, a cuya disposición se hallan los beneficiarios del habeas corpus. Por último, señaló que no correspondía tomar una única decisión que englobase las situaciones plurales indeterminadas con otros posibles objetivos perseguidos aun cuando estén, de manera significativa, referidos a un problema común. En tal sentido, entendió que la acción planteada apuntaba a cuestionar el sistema carcelario -y su sucedáneo policial como extensión de a aquél- en forma genérica, y no a obtener una decisión concreta en casos individuales, los cuales pueden variar mucho entre sí, respecto de lesiones a derechos esenciales.-

El Centro de Estudios Legales y Sociales impugnó la sentencia del Tribunal de Casación a través de los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley previstos en los acápites “a” y “b” del artículo 161, inciso 3, de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y en los artículos 491 y 494 del Código Procesal Penal local.-

En lo que atañe al primero, argumentó que el Tribunal de Casación había omitido el tratamiento de una cuestión esencial, relativa a la gravedad o interés institucional de la situación por la que se solicitaba su intervención, circunstancia ésta que, según la propia jurisprudencia del tribunal, habilitaba a hacer excepción a la regla general según la cual la competencia de ese órgano jurisdiccional se halla limitada al conocimiento sólo por vía recursiva de la acción de habeas corpus.-

A su vez, en lo que hace al recurso de inaplicabilidad de ley, expresó que el Tribunal de Casación había desconocido la posibilidad de accionar en defensa de derechos e intereses colectivos, contemplada en el artículo 43, párrafo segundo, de la Constitución Nacional, al decir que con la acción intentada sólo se apuntaba “a cuestionar el sistema carcelario [...] en forma genérica, y no a obtener una decisión concreta en casos individuales [...] respecto a lesiones de derechos esenciales”, al resolver que debía ocurrirse individualmente ante los respectivos jueces a cuya disposición se hallan los beneficiarios del habeas corpus, y considerar que “las situaciones descriptas por los requirentes se sitúan en un cuadro general de crisis no remediable por la vía intentada”.-

Invocando en su apoyo jurisprudencia de V.E. sobre la materia, sostuvo que la legitimación para interponer esa acción colectiva derivaba de que su objeto no era la solución de la situación individual de una persona -caso en el que sería ubicua la acción individual-, sino la situación de alcance colectivo de violación por parte del Estado provincial de los estándares jurídicos fijados en materia penitenciaria por la Constitución Nacional y diversos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.-

Explicó así que el intento de resolución individual se veía frustrado porque la resolución individual de un caso afectaba necesariamente la situación de las demás personas que padecían la misma situación, generando además evidentes problemas de igualdad. A modo de ejemplo, mencionó que la orden judicial de traslado de una unidad de detención a otra podía aliviar la situación de la primera pero agravar la de la segunda. Y a ello agregó que también hablaban a favor de una acción colectiva razones de economía procesal que la hacían preferible por sobre una multiplicidad de acciones individuales. Por un lado, señaló que encauzar el reclamo por la vía de una acción colectiva permite que la orden judicial al Poder Ejecutivo para que solucione la situación provenga de un único órgano judicial y se refiera a la totalidad del problema. Por el otro, refirió que, dada la gravedad y urgencia de la situación denunciada, la centralización de la cuestión en un solo tribunal evitaría la acumulación de múltiples causas individuales con el mismo objeto y la existencia de decisiones contradictorias, sin mencionar las declaraciones de incompetencia cuando los tribunales inferiores considerasen que el remedio colectivo solicitado excede las potestades judiciales en una causa individual. Concluyó, en síntesis, que todas esas razones militaban a favor de la legitimación colectiva y fundaban la idoneidad de la acción interpuesta que el Tribunal de Casación había desconocido expresamente.-

Por lo demás, también argumentó que al ser -por las razones que expusiera- la vía colectiva propuesta la única apta para reparar el agravamiento de las condiciones bajo las cuales se encuentran las personas detenidas en el ámbito de la provincia, la negativa del Tribunal de Casación de abordar la problemática de todos los detenidos en comisarías superpobladas de esa jurisdicción había importado privar de justicia a ese colectivo de personas cuyos derechos se pretendía tutelar, en violación a los artículos 18, 43 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, así como diversos instrumentos internacionales en relación con el derecho de acceder a la jurisdicción y obtener una efectiva protección por parte del Poder Judicial.-

Asimismo, señaló que si se interpretara, por vía de hipótesis, que al declararse el Tribunal de Casación incompetente para conocer originariamente en la acción había descartado implícitamente que el caso configurara un supuesto de gravedad o interés institucional en los términos de su propia jurisprudencia, entonces aun cuando ya no sería procedente el recurso de nulidad, sí lo sería de todos modos el recurso de inaplicabilidad de ley, y ello por resultar el fallo autocontradictorio al reconocer la magnitud del problema planteado y rehusarse, al mismo tiempo, a aplicar la doctrina que el tribunal considera pertinente para casos de esas características.-

Por último, con sustento en la doctrina sentada por V.E. en los precedentes “Strada” y “Di Mascio” [Fallo en extenso: elDial - AA1493], planteó la inconstitucionalidad del artículo 494 de la ley procesal local para el supuesto de que se interpretara esa norma como óbice a la admisibilidad formal del recurso de inaplicabilidad de ley por no ser el resolutorio impugnado uno de aquellos que el precepto menciona como susceptible de ser atacado por esa vía.-

Llegadas las actuaciones a conocimiento del la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el a quo, por el voto de la mayoría de sus miembros, declaró inadmisibles los recursos de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos.-

Para resolver así sostuvo, primeramente, que la resolución del Tribunal de Casación que rechazó la acción de habeas corpus intentada, por no resultar competente ese tribunal, no encuadraba en los supuestos previstos en los artículos 491 y 494 del Código Procesal Penal de la provincia, que sólo habilitan la procedencia de ambos recursos contra las sentencias definitivas.-

Además, sin perjuicio de lo anterior, señaló que en el caso la decisión cuestionada no sólo no cancelaba definitivamente los respectivos procesos principales, sino que ni siquiera hacía lo propio con misma pretensión incoada, en tanto ésta fue sometida a los magistrados a cuya disposición se encuentran los detenidos en cuya representación la acción fue interpuesta.-

Por último, expresó que resultaba inadmisible que la competencia de los tribunales se abriera como consecuencia de una conjetura del recurrente relativa a un supuesto impedimento de solución por parte de los magistrados legalmente habilitados, sin que exista en consecuencia la necesidad de apelar a poderes implícitos que, en todo caso, no podrían ser usados en detrimento de las normas vigentes en tanto éstas permiten que se ventile judicialmente ante quien corresponda la pretensión del recurrente.-

Contra este pronunciamiento la actora interpuso el recurso extraordinario federal, cuya denegatoria dio lugar a esta presentación directa.-

-III-

El apelante funda el carácter definitivo de la sentencia impugnada en la circunstancia de que impide la prosecución del procedimiento tal como se lo había planteado, esto es, como acción colectiva. Al respecto, aduce que no es posible sostener, sin incurrir en un claro error conceptual, que la misma cuestión objeto de la presentación puede ser aún debatida -en forma desgranada- ante cada uno de los magistrados a cuya disposición se hallan los detenidos por quienes se iniciara el habeas corpus, pues ello implicaría defender la idea errónea de que una acción colectiva es igual a la suma de muchas acciones individuales tramitando separadas. Agrega, una vez más, que el artículo 43 del texto constitucional reconoce legitimación a entidades no gubernamentales como el CELS para accionar en forma colectiva en representación de un grupo o clase de personas que necesitan especial tutela, lo cual desconoce el resolutorio cerrando definitivamente la discusión sobre este tema. Añade, también, que prueba de la conveniencia de encauzar la pretensión en el marco de una acción colectiva y de la falta de equivalencia con la solución individual postulada por el a quo era que habiéndosele dado intervención en el procedimiento a todos los jueces supuestamente competentes, el gravamen que se intenta subsanar no sólo aún subsiste, sino que ha ido aumentando inexorablemente su magnitud, a pesar de haberse clausurado los calabozos de algunas comisarías y haberse trasladado a algunos reclusos de un lugar hacia otro. En tal sentido, informó, con mención de la fuente, una serie de acontecimientos ocurridos con posterioridad al dictado del resolutorio de casación en los calabozos de las comisarías del conurbano bonaerense (motines, muertes, incendios, etc.) que darían cuenta de la situación denunciada no sólo perdura sino que se empeora cada día.-

Subsidiariamente manifiesta que, aun cuando se disintiera con la idea de que la cuestión no puede plantearse o renovarse en otro juicio, la resolución del a quo debe ser considerada equiparada a una sentencia definitiva a los efectos del recurso extraordinario federal, pues causaría, en todo caso, un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior, en tanto los garantías constitucionales afectadas requieren tutela jurisdiccional inmediata ya que una ulterior decisión favorable no podría suprimir los perjuicios ocasionados entretanto por las denigrantes condiciones de detención que los afectados deben padecer, y que ponen en peligro no sólo su integridad física, sino también su vida.-

Por lo demás, expresa que al rechazar los recursos extraordinarios locales por considerarlos inadmisibles, el a quo se pronunció, sin embargo, sobre las cuestiones constitucionales controvertidas, pues al señalar que la pretensión debe ventilarse judicialmente ante los magistrados a cuya disposición se encuentran los detenidos por quienes se iniciara la acción, desconoce la posibilidad de accionar colectivamente en el marco de un habeas corpus correctivo, tal como lo prevé el artículo 43, párrafo segundo, de la Constitución Nacional. Asimismo, aduce que, al sostener el a quo que es inadmisible que la competencia de los tribunales se abra como consecuencia de una conjetura del recurrente, rechazó el planteo de que dicha negativa importa una violación al derecho al acceso a la jurisdicción. Concluye, sobre esta base, que las mismas cuestiones que el CELS intenta someter a conocimiento de V.E. fueron propuestas oportunamente a través de los recursos locales deducidos ante el a quo, tribunal que al rechazarlos se pronunció sobre las mencionadas cuestiones, por lo que cabe tener por fenecida la causa ante el superior tribunal provincial.-

Supletoriamente, para el caso de que se entendiera que el a quo se limitó a declarar formalmente inadmisibles los remedios extraordinarios locales, sin pronunciarse sobre las cuestiones constitucionales controvertidas, sostiene que el recurso extraordinario sería igualmente procedente, pues la negativa a conocer la materia constitucional constituye en sí misma una cuestión federal suficiente, de acuerdo con la jurisprudencia de V.E. (Fallos: 308:490 y 311:2478) invocada oportunamente ante el a quo.-

Asimismo, aduce que el a quo también habría incurrido en arbitrariedad, al haber omitido tratar la cuestión relativa a la falta de pronunciamiento del Tribunal de Casación respecto a si existía o no en el caso planteado gravedad institucional, lo cual había sido objeto del recurso de nulidad interpuesto, o bien la autocontradicción que imputó, subsidiariamente, también a ese tribunal para el caso de que se entendiera que su declaración de incompetencia para conocer originariamente en la acción significó descartar implícitamente que el caso configurara un supuesto de gravedad o interés institucional.-

-IV-

A mi modo de ver, el recurso intentado es formalmente admisible, toda vez que el pronunciamiento impugnado proviene del tribunal superior de la causa, y rechaza en forma definitiva la acción con el alcance colectivo que la actora pretende con apoyo en normas de carácter constitucional.-

Además, se halla cuestionada la inteligencia del artículo 43, párrafo segundo, de la Constitución Nacional y la resolución ha sido contraria al derecho que el apelante fundó en esa norma (artículo 14, inciso 3°, de la ley 48).-

En lo que respecta a la causal de arbitrariedad invocada por el apelante, estimo que se vincula de un modo inescindible con los temas federales en discusión y, por ello, debe ser examinada en forma conjunta (Fallos: 322:3154 y 323:1625).-

En cuanto al fondo de la cuestión, considero que asiste razón al recurrente cuando afirma que, por la índole de las cuestiones debatidas y expuestas in extenso en los acápites precedentes, el Centro de Estudios Legales y Sociales se halla legitimado activamente para accionar en forma colectiva en representación de las personas detenidas en comisarías de la provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto por el párrafo segundo del artículo 43 de la Constitución Nacional (Fallos: 320:690; 323:1339 y 325:524).-

Pienso, asimismo, que reconocer a la actora legitimación para representar a los individuos de un colectivo, pero ordenar que el ejercicio de esa representación tenga lugar de manera individual y separada ante cada uno de los jueces a cuya disposición se hallan detenidos, equivale a desvirtuar la previsión constitucional de una acción grupal o colectiva como medio más idóneo para la solución de la controversia en el caso de los derechos de incidencia colectiva.-

Por lo demás, también lleva la razón, a mi entender, la actora cuando sostiene que, en atención a la situación denunciada -cuyas características y gravedad tanto el Tribunal de Casación como el propio a quo reconocen-, el ejercicio de acciones individuales en procesos separados podría incluso perjudicar a los miembros del colectivo.-

Por último, y en cuanto la pretensión de que sea el Tribunal de Casación provincial el órgano jurisdiccional que conozca en forma originaria la acción de habeas corpus colectiva, observo que el a quo omitió pronunciarse sobre la tacha de arbitrariedad que el recurrente dirigió al fallo del Tribunal de Casación que omitió, a su vez, resolver esa cuestión a pesar de su planteamiento oportuno y con invocación de su propia jurisprudencia. En tales condiciones, la falta de tratamiento y resolución de la cuestión planteada priva al pronunciamiento de fundamentos suficientes que lo sustenten, lo cual lo descalifica en este aspecto como acto jurisdiccional válido (Fallos: 321:2243).-

-V-

Por lo expuesto, opino que corresponde declarar procedente la queja, hacer lugar al recurso y dejar sin efecto el pronunciamiento apelado.-

Buenos Aires, 9 de febrero de 2004.-

Fdo.: NICOLAS EDUARDO BECERRA

Buenos Aires, 3 de mayo de 2005.-

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus”, para decidir sobre su procedencia.-

Considerando:

1°) Que contra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que -por mayoría- declaró inadmisibles los recursos de nulidad e inaplicabilidad de ley deducidos contra la resolución de la Sala III del Tribunal de Casación Penal provincial, que había rechazado la acción de habeas corpus interpuesta, en forma directa ante ese tribunal, por Horacio Verbitsky, en su calidad de director del Centro de Estudios Legales y Sociales -en adelante CELS-, a favor de la totalidad de los detenidos que se encuentran alojados en establecimientos policiales superpoblados y/o en comisarías de la Provincia de Buenos Aires, el accionante interpuso recurso extraordinario federal, cuya denegación dio lugar a la presentación de esta queja.-

I.- Relato de los hechos

I.1.- La acción de habeas corpus

2() Que con fecha 15 de noviembre de 2001 Horacio Verbitsky, en su carácter de representante legal del CELS, interpuso ante el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires una acción de habeas corpus correctivo y colectivo en amparo de todas las personas privadas de su libertad en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires detenidas en establecimientos penales y comisarías sobrepoblados, a pesar de que legal y constitucionalmente su alojamiento debería desarrollarse en centros de detención especializados.-

Indicó que en el territorio provincial funcionan 340 comisarías cuyas instalaciones permiten albergar a 3178 personas, pero que en la realidad alojan 6364; haciendo hincapié en que esta situación se agravaba notablemente en las seccionales del conurbano bonaerense, en las cuales a la fecha de la presentación se hallaban detenidas 5080 personas en celdas que sólo podían cubrir 2068 plazas.-

Describió que los calabozos de estas comisarías se encontraban en un estado deplorable de conservación e higiene, que carecían por lo general de ventilación y luz natural, que no contaban con ningún tipo de mobiliario -por lo que toda actividad (comer, dormir, etc.) que desarrollaban los internos, debía llevarse a cabo en el piso-, que los sanitarios no eran suficientes para todos y que no se garantizaba la alimentación adecuada de los reclusos. Frente a esta situación, sostuvo que el riesgo de propagación de enfermedades infecto-contagiosas se tornaba mucho mayor, al igual que el aumento de los casos de violencia física y sexual entre los propios internos.-

Especificó que los lugares de alojamiento de detenidos provinciales deben respetar reglas mínimas que garanticen los derechos de los reclusos. En ese sentido, indicó que los lugares de alojamiento de detenidos debían ser considerados en función al cubaje mínimo por interno, a las condiciones de aireación, de iluminación, de calefacción, de sanidad, a la cantidad de camas, de seguridad para el descanso, de contacto diario al aire libre con posibilidad de desplazamiento, de acceso al servicio médico, al sistema educativo, trabajo y a la alimentación adecuada; condiciones éstas, que el Estado provincial no satisfacía siquiera mínimamente en virtud del hacinamiento denunciado.-

Manifestó que estas condiciones de detención incrementaban las posibilidades de poner en riesgo la vida y la integridad física de las personas, tanto de los detenidos como del personal asignado a la custodia.-

Por otra parte, señaló que la situación en las cárceles provinciales no era mejor y que incluso el Poder Ejecutivo provincial había reconocido esta situación al declarar la emergencia físico-funcional del Sistema Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires mediante el decreto 1132/01.-

Explicó que muchas personas permanecen detenidas en comisarías, pese a que la Constitución y la ley lo impiden, consignando además, que gran cantidad de los detenidos continuaban en dichas instalaciones pese a haber vencido el plazo que la ley menciona para su alojamiento excepcional, y si bien había sido ordenado el traslado de gran parte de ellos a unidades penitenciarias, éste no se había hecho efectivo por falta de cupos en éstas.-

Refirió que muchas de las personas detenidas en comisarías se encontraban procesadas con prisión preventiva, por lo que su detención debía llevarse a cabo en dependencias carcelarias propiamente dichas, pertenecientes al Servicio Penitenciario, invirtiendo de esta manera los roles del personal policial, que debe garantizar la seguridad de aquéllos, cuando dicha tarea no corresponde a su órbita institucional.-

Mencionó especialmente la situación de las mujeres y menores detenidos en establecimientos policiales como una violación flagrante de las normas internacionales que rigen la materia.-

En suma, consideró que la situación planteada en los hechos resultaba violatoria del art. 18 de la Constitución Nacional y de diversos instrumentos internacionales de jerarquía constitucional; como así también de las leyes nacionales y provinciales que aseguran y regulan los derechos básicos de las personas detenidas, estableciendo un tratamiento humano y digno tendiente a garantizar el fortalecimiento de la dignidad humana y la inserción social de los procesados y condenados.-

Sostuvo que la situación denunciada constituía un caso inobjetable de gravedad institucional que tornaba imperioso el tratamiento por parte de dicha judicatura, para que, mediante su pronunciamiento, se resolviera la problemática de la totalidad de las personas privadas de su libertad en comisarías de la Provincia de Buenos Aires, dado que, las acciones individuales incoadas ante los tribunales de instancia inferior sólo habían producido resoluciones parciales que aliviaban la situación concreta de algunos, agravando en ciertas ocasiones la de otros, sin que, en definitiva, se dispusiese una solución eficaz al problema del alojamiento y la superpoblación.-

En virtud de ello, el accionante consideró que las situaciones descriptas constituían agravamientos arbitrarios de las condiciones de detención legal y por ello hacían procedente la acción en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Sobre tal base solicitó al Tribunal de Casación provincial que asumiera la competencia respecto de la situación de ese colectivo de personas a los efectos de repararla como así también para que se determinara un mecanismo que sea capaz de evitar la reiteración de estas irregularidades en el futuro.-

A tal fin requirió el establecimiento de una instancia de ejecución de la sentencia, en la que, a través de un mecanismo de diálogo entre todos los actores involucrados pudiera determinarse el modo en que la administración pueda hacer efectivo el cese de esas condiciones oprobiosas de detención; modo éste que debía ser controlado por el Tribunal.-

I.2.- El dictamen conjunto del fiscal y del defensor ante el Tribunal de Casación Provincial

3°) Que a fs. 23/24 de la presente queja se halla glosada la presentación conjunta efectuada por el fiscal y el defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. En la misma, solicitaron que se declarara admisible la acción de habeas corpus interpuesta por el CELS.-

Coincidieron con el accionante en cuanto a que la situación planteada por éste constituía una violación sistemática y deliberada de las normas protectoras del respeto a la dignidad de la persona. Por ello, entendieron que resultaba insuficiente abordar la problemática en forma aislada, realizando presentaciones ante cada uno de los órganos jurisdiccionales de los distintos departamentos judiciales de la provincia, puesto que con ellas sólo podía lograrse una respuesta parcial o temporal sobre determinados casos, pero que en manera alguna, podía considerarse satisfactoria con respecto a la situación colectiva.-

Finalmente, consideraron que el caso revestía gravedad institucional, no sólo porque excedía el interés de las partes, sino también porque comprometía eventuales responsabilidades del Estado Argentino ante los distintos organismos internacionales.-

I.3.- La sentencia del Tribunal de Casación

4°) Que la Sala III de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires decidió rechazar la acción incoada al considerar que no era el órgano competente para intervenir en los hechos denunciados en la presentación, pues en ésta, se hacía una referencia genérica y colectiva a las distintas situaciones e irregularidades en que se encontraban las personas privadas de su libertad en causas penales y detenidas en comisarías o establecimientos policiales provinciales. Sostuvo que su competencia estaba limitada al conocimiento del recurso de la especialidad, regulado en los arts. 406 y 417 del Código Procesal Penal local, por lo que no era competente para decidir en el caso traído a su conocimiento.-

Señaló que no correspondía tomar una única decisión que englobase situaciones plurales indeterminadas, aun cuando estén, de manera significativa, referidas a un problema común. En función de ello, y en tanto la acción interpuesta en forma genérica cuestionaba el sistema carcelario provincial -y su sucedáneo policial como extensión de aquél-, no se dirigía a obtener decisiones específicas para casos concretos, no procedía su consideración puesto que las situaciones individuales podían variar mucho entre sí, en la medida en que podían encontrarse lesionados distintos derechos esenciales. Por este motivo, correspondía que cada supuesto fuera evaluado por el juez propio de la causa.-

Finalmente, agregó que la acción de habeas corpus, no autorizaba -en principio- a sustituir a los jueces propios de la causa en las decisiones que les incumben, de modo tal que la reparación de las agravaciones de las condiciones de detención denunciadas en la presentación debía encontrar remedio en los respectivos órganos jurisdiccionales a cuya disposición se hallaban los detenidos.-

I.4.- Los recursos locales de nulidad e inaplicabilidad de ley

5°) Que el CELS impugnó ante la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires la sentencia del Tribunal de Casación a través de los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley previstos en la Constitución provincial y en el procedimiento penal local, por considerar que había omitido el tratamiento de las cuestiones planteadas por razones formales de competencia, sin tomar en cuenta la gravedad institucional que los hechos denunciados acarreaban.-

Por otra parte, consideró que la decisión adoptada -en tanto estableció que se debía analizar cada caso concreto de manera individual por los jueces de la causa, lo que obligaba a interponer una acción de habeas corpus correctivo por cada persona detenida en las condiciones referidas, ante los distintos jueces que entendieran en su causa-, había desconocido la posibilidad de accionar en defensa de derechos e intereses colectivos, contemplada en el art. 43, párrafo segundo de la Constitución Nacional.-

En este sentido, sostuvo su legitimación procesal activa para accionar en forma colectiva, pues lo que se perseguía con la presentación incoada no era sólo la solución de la situación individual de cada detenido, sino, antes bien, una respuesta concreta al conflicto colectivo que comprometía al Estado provincial, en virtud de la violación permanente y sistemática de los estándares jurídicos en materia penitenciaria fijados por la Constitución Nacional y diversos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.-

Agregó que los fundamentos dados por el tribunal para justificar su decisión conspiraban contra el principio de economía procesal, puesto que la interposición de una multiplicidad de acciones iba a generar otras tantas sentencias individuales que, incluso, podrían ser contradictorias entre sí, generando evidentes problemas de igualdad; mientras que la acción colectiva permitía el dictado de un único pronunciamiento jurisdiccional referido a la solución de todo el conflicto.-

Asimismo resaltó que la negativa a tratar las cuestiones planteadas en la acción colectiva significaba un supuesto de privación de justicia, en tanto que el agravamiento de las condiciones de detención de las personas amparadas continuaba sin repararse, y ello implicaba la continuidad de la vulneración de sus derechos, en franca violación de distintas normas del bloque de constitucionalidad federal.-

Por último señaló, que si por vía de hipótesis el Tribunal de Casación provincial al declararse incompetente había descartado implícitamente que en el caso no concurrieran circunstancias para que se configurara un supuesto de gravedad institucional, este criterio no sólo no se ajustaba con sus propios pronunciamientos, sino que además, el propio fallo impugnado resultaba arbitrario por autocontradictorio, pues luego de indicar que la vía correspondiente para atender el reclamo era la de la acción individual ante cada juez de la causa donde se verificaran supuestos de agravamiento de las condiciones de detención, obiter dictum aparte, el propio juez Mahiques -que conformó la mayoría-, admitió que se trataba de un supuesto de gravedad institucional, reconociendo de esta forma la magnitud del conflicto.-

I.5.- La sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires

6°) Que la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, por mayoría, decidió declarar inadmisibles los recursos del accionante. Para resolver de esta manera sostuvo que la resolución impugnada mediante los recursos incoados no revestía carácter de definitiva. Tuvo en cuenta que el pronunciamiento recurrido no sólo no cancelaba definitivamente los respectivos procesos principales sino que ni siquiera hacía lo propio con la misma pretensión deducida, en tanto ésta fue sometida a los magistrados a cuya disposición se encuentran las personas detenidas amparadas por la acción interpuesta.-

Por último indicó que no era inadmisible desplazar la competencia de los tribunales en detrimento de las normas vigentes, por supuestos que no pasaban de ser una conjetura del recurrente, en la medida que se planteaba la necesidad de un pronunciamiento del Tribunal de Casación provincial, ante la imposibilidad de arribar a una solución del conflicto por parte de los magistrados legalmente habilitados en cada caso concreto.-

I.6.- El recurso extraordinario federal

7°) Que contra este pronunciamiento del tribunal superior local la actora interpuso recurso extraordinario federal. En dicho libelo, el recurrente justificó el carácter definitivo de la sentencia impugnada en la circunstancia de que impide la prosecución del procedimiento por la vía escogida, es decir, como habeas corpus colectivo.-

En este sentido, calificó como error conceptual sostener que la cuestión planteada en el sub judice podía ser debatida individualmente en cada caso ante los magistrados a cuya disposición se hallan detenidos los amparados por el habeas corpus correctivo incoado, en tanto este razonamiento identifica a la acción colectiva como la suma de muchas acciones individuales tramitadas por separado, vulnerando de esta manera las pautas fijadas por el art. 43 constitucional que legitima a las entidades no gubernamentales para accionar en forma colectiva en representación de un grupo o clase de personas que requieren especial tutela.-

De esta manera, a criterio del recurrente, el pronunciamiento impugnado, cerraba definitivamente la discusión sobre el tema, impidiendo el tratamiento de los agravios encauzados en la acción colectiva, que difieren sustancialmente de la solución individual y aleatoria que podría obtenerse en cada caso individual.-

Por otra parte, tomando en cuenta la situación denunciada, remarcó que el transcurso del tiempo y la demora que implicaría tratar cada caso en forma particular aumentaba el gravamen que padecen las personas detenidas en condiciones agravadas, incrementando los riesgos contra la vida y la integridad física, tanto de los detenidos como del personal policial y penitenciario de custodia, en virtud de los peligros de crisis violentas que la situación pudiera generar. En este sentido, sostuvo que el perjuicio que ocasionan las distorsionadas condiciones de detención que sufren los amparados, no sólo subsistían sino que habían aumentado desde que se interpuso la acción y tendían a empeorar día tras día.-

En virtud de ello, manifestó que aun cuando no se compartiera el criterio en torno al carácter definitivo de la sentencia por la conclusión del procedimiento por vía de la acción colectiva, la sentencia de la Corte bonaerense debía ser equiparada a definitiva, en tanto el gravamen que ocasionaba sería de imposible o insuficiente reparación ulterior, y se encontraban comprometidas en el caso garantías constitucionales que requerían de una tutela judicial inmediata, en la medida en que un pronunciamiento ulterior no podría subsanar los perjuicios causados por la demora de su dictado.-

Por lo demás, consideró que el tribunal superior provincial al descartar la acción colectiva en favor de las acciones individuales se había expedido sobre la cuestión federal puesta a su consideración, por lo que cabía tener por fenecida la causa en la jurisdicción local.-

Finalmente, y en forma supletoria para el caso que se entendiera que en la sentencia recurrida el tribunal a quo se había limitado a declarar formalmente inadmisible los remedios extraordinarios locales, sin pronunciarse sobre las cuestiones federales involucradas, solicitó que la misma sea revocada no sólo por no cumplir con lo establecido por esta Corte en los precedentes “Strada” y “Di Mascio” [Fallo en extenso: elDial - AA1493 ] , sino porque además el pronunciamiento era arbitrario, toda vez que había omitido tratar la cuestión relativa a la falta de pronunciamiento del Tribunal de Casación respecto a si existía o no gravedad institucional en el caso planteado, o en su defecto, de haberse considerado tratada, la autocontradicción imputada a esta sentencia la tornaba arbitraria.-

II.- El trámite de las audiencias públicas

8°) Que esta Corte resolvió, en los términos del art. 34, inc. 4°, ap. a, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación convocar a las partes a dos audiencias públicas, que se llevaron a cabo el 1° de diciembre del pasado año y el 14 de abril del corriente.-

En las mismas, tanto el CELS como el Poder Ejecutivo provincial presentaron sus inquietudes y aportaron escritos en los que sostuvieron sus respectivas posiciones.-

9°) Que el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires proporcionó un informe que da cuenta del estado de situación en materia de personas privadas de la libertad en el ámbito territorial de la provincia, y también del programa de medidas propiciado por esa cartera para solucionar el conflicto.-

De aquél, se desprende la existencia de un incremento notable (296,70%) en la cantidad de detenidos procesados por la justicia local desde el año 1990 -acentuándose desde 1998-, los que representan el 75% del total de las personas privadas de su libertad.-

Por otra parte, también consta que la situación de las cárceles provinciales es crítica en materia de capacidad de alojamiento, habiéndose dispuesto por ello la imposibilidad de incorporación de nuevos detenidos por la resolución ministerial 221/04.-

Se anexó un programa de reformas y ampliación del patronato de liberados, que lo posicionaría como una alternativa al encierro; la adquisición de un mayor número de pulseras magnéticas, y el impulso para la construcción de nuevas cárceles y alcaldías.-

Por lo demás, se reconoció la superpoblación del sistema carcelario, la existencia de personas detenidas en comisarías bonaerenses -pese a la implementación del programa de traslado de detenidos a unidades del servicio penitenciario-; que la mayoría de los detenidos son procesados y que los juicios son lentos, y los inconvenientes para solucionar de manera definitiva la situación en el corto plazo en virtud de la profundidad y los alcances de la crisis económica que afectó al Estado Nacional y provincial.-

También se indicó que, para determinar las condiciones de alojamiento de los detenidos, resultan aplicables las “Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos adoptadas por el 1° Congreso de la Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente”. Asimismo se reconoció que existe un abuso en la utilización del instituto de la prisión preventiva, el cual, sumado a la demora en la tramitación de los juicios, agregaba en las cárceles y comisarías una cantidad adicional de detenidos. Por este motivo puso en conocimiento de este Tribunal que se había elaborado un proyecto de ley de control de cupo penitenciario, a los efectos de dotar de un mecanismo de corrección de las situaciones de detención que no se ajusten a las reglas internacionales, como así también de un sistema de comunicación con los jueces a cuya disposición se encuentren los detenidos que estén en condiciones de obtener su libertad o de ser incluidos en un régimen atenuado o alternativo de la prisión.-

Finalmente propuso la introducción de medidas de oportunidad e instancias de mediación penal para solucionar estos inconvenientes, pero que aún no fueron aprobadas legislativamente.-

10) Que la parte actora puso en conocimiento del tribunal que en los tres años transcurridos la situación descripta en la acción originaria, no sólo no se había modificado sino que se había incrementado.-

Al respecto, mencionó que la cantidad de personas privadas de su libertad por la justicia provincial había crecido de 23.264 en noviembre del año 2001, a 30.414 para el mismo mes del año 2004, lo que implicaba un incremento del 31% en el término de tres años.-

Del mismo modo indicó que -según datos suministrados por el propio servicio penitenciario de la provincia-, pese a haberse construido en el lapso señalado ut supra 6810 plazas carcelarias, continuaban detenidas en comisarías 5441 personas a julio del pasado año.-

Con respecto a las condiciones de detención en las cárceles de la provincia, indicó que, a septiembre del pasado año, la distorsión de plazas oscilaba entre las 7700 y las 10.114 de acuerdo con los diversos mecanismos utilizados para medirla. Este dato ponía de relieve que la cantidad de personas alojadas en las dependencias penitenciarias provinciales excedía en más del 30% la capacidad máxima prevista, llegando incluso -según otras mediciones- al 50% de superpoblación.-

Cuestionó las medidas llevadas a cabo por la provincia por cuanto ellas no habían tenido como resultado una variación sustancial de la situación, agregando a su vez, que algunas de las circunstancias se habían agravado en el último tiempo. En este sentido consideró que las propuestas del Estado provincial eran insuficientes e inidóneas para resolver las dificultades planteadas.-

Consideró que las propuestas referidas al fortalecimiento del Patronato de Liberados y la adquisición de pulseras magnéticas, no tendrían un impacto sustancial sobre el problema del hacinamiento. Finalmente sostuvo que la superpoblación y las condiciones de detención continuaban agravándose como así también que había aumentado la cantidad de detenidos en dependencias policiales.-

Sostuvo que la autoridad provincial considera que el hacinamiento padecido por los presos obedece -como regla general- a la escasez de espacio, motivo por el cual la solución al problema se reduciría a la construcción de nuevos lugares de detención, sin tomar en cuenta el aumento de la tasa de prisionización provocado por las medidas legislativas, ejecutivas y judiciales provinciales, dispuestas en los últimos seis años.-

Así refirió que “el alojamiento ilegal de personas en establecimientos policiales, así como el hacinamiento en el sistema penitenciario se ha ido consolidando en la Provincia de Buenos Aires como una componente de las condiciones de privación de la libertad en los últimos años. Esto más allá de la permanente construcción de establecimientos penitenciarios y otras medidas que se hayan intentado… Una serie de políticas públicas en materia criminal, que ubicaron a la cárcel como principal herramienta de solución de los conflictos sociales, han provocado que la provincia de Buenos Aires esté cerca de las tasas de encarcelamiento cada 100.000 habitantes más alta de la región. Con 220 para el 2004 esta tasa solo es superada por Chile. Sin embargo su nivel de crecimiento ha sido superior no solo al de Chile sino inclusive a los niveles de incremento de la tasa de prisionización en los Estados Unidos de América. Los datos señalan que una serie de acciones llevadas a cabo desde los poderes ejecutivo provincial, reformas legislativas y decisiones judiciales han sido unas variables fundamentales del incremento de los niveles de privación de la libertad y de las condiciones en que ésta se cumplen en dependencias policiales y penitenciarias. Entre otras cosas, las modificaciones introducidas en la normativa provincial promovieron: a) restringir al máximo los supuestos de libertad durante la sustanciación del proceso, invirtiendo el principio de excepcionalidad de la privación de libertad cautelar, y b) limitar el acceso a regímenes de ejecución de penas alternativos al encierro carcelario a cada vez más supuestos específicos, retomando la concepción de que los institutos pre-liberatorios constituyen ‘beneficios penitenciarios’ en lugar de modalidades de cumplimiento de condenas. Las decisiones de política criminal en la provincia de Buenos Aires están orientadas a promover, sin que la ilegalidad de las privaciones de la libertad actúe como límite, más privación de libertad tanto en su aspecto cuantitativo como cualitativo, es decir, más presos detenidos por lapsos cada vez más prolongados” (confr. fs. 256 vta.)

De esta manera mencionó que en los últimos seis años las reformas legislativas introducidas en el ordenamiento procesal local por las leyes provinciales 12.405 y 13.183 -que modificaron la regulación en materia de excarcelación-, como así también las modificaciones efectuadas a la legislación bonaerense de ejecución penal mediante la sanción de la ley 13.177, trajeron aparejadas un significativo aumento en la cantidad de personas privadas de su libertad en el ámbito local.-

Asimismo señaló que, en virtud de estas reformas legislativas, se incrementó significativamente el número de condenas de prisión o reclusión por más de 3 años, pasando del 20% del total de condenas pronunciadas en 1998, al 31,4% en el año 2003.-

Sin perjuicio de ello, refirió que igualmente la situación más grave de aumento de detenidos se vincula con detenciones durante el curso de los respectivos procesos, puesto que la gran mayoría de las personas privadas de la libertad aún no tienen condena firme.-

III.- Las presentaciones de los amicus curiae

11) Que en el trámite del recurso interpuesto ante esta Corte, fueron anexadas al expediente las presentaciones en carácter de amigos del tribunal, articuladas por la “Comisión Nacional de Juristas”, la Organización “Human Rights Watch”, la “Organización Mundial contra la Tortura”, la “Asociación por los Derechos Civiles”, la “Clínica Jurídica de Interés Público” de Córdoba, la Asociación Civil “El Agora”, la Asociación Civil “Casa del Liberado” de Córdoba, y el “Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal”.-

En ellas, los organismos mencionados aportaron argumentos de derecho y jurisprudencia internacional relacionados con el caso en estudio para conocimiento de esta Corte.-

IV.- Dictamen del señor Procurador General de la Nación

12) Que llegada la presentación directa a conocimiento de este Tribunal, con fecha 29 de agosto de 2003 se dispuso dar vista al señor Procurador General de la Nación, quien con fecha 9 de febrero de 2004, emitió el dictamen obrante a fs. 99/104 de los presentes actuados, opinando que correspondía declarar procedente la queja, hacer lugar al recurso extraordinario y, en consecuencia, dejar sin efecto el pronunciamiento apelado.-

Para así dictaminar, consideró que el recurso es formalmente admisible, puesto que el fallo impugnado proviene del tribunal superior de la causa, y además, rechaza en forma definitiva la acción con alcance colectivo que la actora pretende con apoyo en normas de carácter constitucional.-

Agregó, que en el sub lite se halla cuestionada la inteligencia del art. 43, párrafo segundo, de la Constitución Nacional; y la resolución impugnada había sido contraria al derecho en que el recurrente fundó su planteo. Asimismo, estimó, que el tratamiento de la arbitrariedad del pronunciamiento apelado, no podía escindirse del conferido a la cuestión federal controvertida en el pleito.-

En cuanto a los aspectos de fondo planteados, consideró que asistía razón al recurrente en cuanto sostuvo que se halla legitimado activamente para accionar en forma colectiva en representación de las personas privadas de su libertad en el ámbito provincial a las que se les habían agravado las condiciones de detención.-

Destacó que esta legitimidad se desprende de la inteligencia que cabe asignarle al párrafo segundo del art. 43 de la Constitución Nacional, y en este sentido, tomando en cuenta que la pretensión del accionante tiene por objeto obtener una solución que abarque la totalidad de los casos que se encuentran en la misma situación, el razonamiento efectuado por el tribunal a quo en la medida en que impide el progreso de la acción colectiva, desvirtúa el alcance otorgado por la cláusula constitucional mencionada.-

Por lo demás, compartió el criterio de la actora en lo que se refiere a que la acción colectiva resultaba el remedio procesal apto para solucionar la situación denunciada, toda vez que el ejercicio de acciones individuales en procesos separados podía incluso perjudicar a los miembros del colectivo.-

Finalmente, coincidió con la recurrente en que la falta de tratamiento de cuestiones planteadas e invocadas oportunamente en la sentencia del tribunal inferior en grado, tornaban arbitrario el pronunciamiento, dado que no cuenta con fundamentos suficientes que sustenten esta carencia, descalificándolo entonces como acto jurisdiccional válido.-

V.- Procedencia del recurso extraordinario

13) Que el recurso extraordinario, tal como lo manifestara el señor Procurador General de la Nación, resulta formalmente procedente puesto que cumple con todos los requisitos exigidos por la ley 48.-

Ello es así puesto que la sentencia impugnada fue dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que reviste en el caso el carácter de superior tribunal de la causa.-

Dicho pronunciamiento es definitivo, pues pone fin a la acción colectiva pretendida por la recurrente en los términos pautados por el art. 43 constitucional. Por otra parte, en cualquier caso sería equiparable, pues el gravamen que provoca el objeto de la acción y que perjudicaría a todos los detenidos en establecimientos policiales de la Provincia de Buenos Aires -representados por la actora- es de imposible e insuficiente reparación ulterior, denunciándose como vulneradas distintas garantías enmarcadas en el art. 18 de la Constitución Nacional, como así también en diversos instrumentos internacionales incorporados a ella en virtud de la recepción establecida en el art. 75, inc. 22, que demandan tutela judicial efectiva e inmediata.-

Asimismo existe cuestión federal suficiente pues se cuestiona la inteligencia y el alcance otorgado al art. 43 de la Constitución Nacional, como así también la violación al art. 18 in fine del mismo cuerpo, y a diversas normas contenidas en los tratados, convenciones y documentos internacionales que forman parte de nuestro bloque constitucional.-

A mayor detalle, cabe destacar que al hallarse cuestionadas garantías del derecho internacional, el tratamiento del tema resulta pertinente por la vía establecida en el art. 14 de la ley 48, puesto que la omisión de su consideración puede comprometer la responsabilidad del Estado Argentino frente al orden jurídico supranacional.-

Por lo demás, la resolución ha sido contraria al derecho que el recurrente fundó en esas normas, el agravio subsiste al momento de fallar y existe relación directa e inmediata entre el planteo realizado, la sentencia impugnada y las cláusulas constitucionales invocadas.-

VI.- El “habeas corpus” colectivo.-

14) Que según consta en autos, en sus recursos ante la Corte provincial el CELS impugnó la interpretación del artículo constitucional 43 que hizo la Sala III del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto al resolver que se debía accionar caso por caso desconoció la posibilidad de hacerlo en beneficio de intereses colectivos.-

En consecuencia, al introducir sus agravios en la instancia extraordinaria federal, la parte recurrente sostuvo que la denegación de la acción intentada con fundamento en que ésta debía ejercerse ante cada uno de los magistrados a cuya disposición se encuentran detenidos sus amparados, vulnera el derecho a promover acciones en forma colectiva reconocido en el párrafo segundo del art. 43 de la Constitución Nacional.-

15) Que es menester introducirnos en la cuestión mediante el estudio de la cláusula constitucional en crisis, a fin de especificar el alcance de lo allí dispuesto, esto es, si sólo se le reconoce al amparo strictu sensu la aptitud procesal suficiente para obtener una protección judicial efectiva de los derechos de incidencia colectiva, o si, por el contrario, se admite la posibilidad de hacerlo mediante la acción promovida en el sub judice.-

16) Que pese a que la Constitución no menciona en forma expresa el habeas corpus como instrumento deducible también en forma colectiva, tratándose de pretensiones como las esgrimidas por el recurrente, es lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo, con igual o mayor razón la Constitución otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla.-

17) Que debido a la condición de los sujetos afectados y a la categoría del derecho infringido, la defensa de derechos de incidencia colectiva puede tener lugar más allá del nomen juris específico de la acción intentada, conforme lo sostenido reiteradamente por esta Corte en materia de interpretación jurídica, en el sentido de que debe tenerse en cuenta, además de la letra de la norma, la finalidad perseguida y la dinámica de la realidad (Fallos: 312:2192, disidencia del juez Petracchi; 320:875, entre otros).-

18) Que este Tribunal -en una demanda contra la Provincia de Buenos Aires articulada en función de su competencia originaria, promovida a raíz de la muerte de 35 detenidos alojados en la cárcel de Olmos- ya había advertido que “si el estado no puede garantizar la vida de los internos ni evitar las irregularidades que surgen de la causa de nada sirven las políticas preventivas del delito ni menos aún las que persiguen la reinserción social de los detenidos. Es más, indican una degradación funcional de sus obligaciones primarias que se constituye en el camino más seguro para su desintegración y para la malversación de los valores institucionales que dan soporte a una sociedad justa” (Fallos: 318:2002).-

19) Que no se trata en el caso de discutir cuestiones importantes pero no esenciales, como el exactísimo cubaje de aire, dos o tres grados más o menos de temperatura u horarios de recreos y provisión de trabajo carcelario, media hora más o menos del horario de visitas, etc., sino que lo denunciado y lo admitido oficialmente como superpoblación carcelaria genera muy serios peligros para la vida y la integridad física de personas incluso ni siquiera involucradas en los potenciales conflictos.-

VII.- Los hechos no controvertidos en el caso y las propuestas del Estado provincial.-

20) Que el marco excepcional y acotado previsto para el tratamiento de agravios federales por vía del recurso regulado por el art. 14 de la ley 48, impide a este Tribunal examinar y analizar situaciones que se vinculen con cuestiones de hecho y prueba, justamente para no desnaturalizar su contenido, ni alterar irracionalmente la función de esta judicatura.-

21) Que en virtud de lo expuesto, no es posible verificar en el caso concreto algunas de las situaciones planteadas, puesto que requieren de medidas de prueba que no corresponden a esta instancia. Ellas, indefectiblemente son de competencia de los jueces propios de las causas a cuya disposición se encuentran las personas detenidas, quienes tienen, por expreso imperativo constitucional, la obligación de comprobarlas y, en su caso, de adoptar las medidas necesarias para corregirlas.-

22) Que muchas de estas situaciones, vinculadas con el espacio, la aireación, la alimentación, la iluminación, las instalaciones sanitarias, la recreación y la asistencia médica -si bien la experiencia común en la conflictividad global en que se enmarcan llevaría en principio a admitirlas como ciertas en general-, seguramente varían en cada lugar de detención y para cada caso individual, por lo que requieren un tratamiento específico, reservado prima facie a los jueces provinciales.-

23) Que sin embargo, existen hechos no controvertidos en las actuaciones que surgieron en el marco del trámite de las audiencias públicas, y que esta Corte no puede dejar de considerar, pues corresponden a una situación genérica, colectiva y estructural y, además, quedan fuera de las cuestiones probatorias, pues, como se ha destacado, fueron admitidos por el gobierno provincial con encomiable sinceridad.-

24) Que no se ha puesto en discusión la superpoblación de detenidos, tanto en las instalaciones del servicio penitenciario, como en las dependencias policiales provinciales. Esta superpoblación, en los niveles alcanzados y admitidos, de por sí acreditan que el Estado provincial incumple con las condiciones mínimas de trato reconocidas a las personas privadas de su libertad.-

Por otra parte, tampoco se puso en duda que se encuentran alojados en comisarías en calidad de detenidos adolescentes y personas enfermas.-

También ha sido reconocido que, por los menos, el 75% de la población privada de su libertad son procesados con prisión preventiva que todavía no han sido condenados, y por lo tanto gozan de la presunción de inocencia.-

Finalmente, está dicho y no controvertido en autos que si bien la cantidad de detenidos en la provincia ha aumentado año a año desde 1990, en los últimos seis años ha alcanzado un incremento exponencial que no guarda relación de proporcionalidad alguna ni con el aumento demográfico de la población ni con el aumento de los índices delictivos en la provincia.-

25) Que no compete a esta Corte evaluar la oportunidad, el mérito o la conveniencia de las medidas políticas adoptadas por la administración provincial, ni poner en discusión su política penitenciaria y, menos aún, su política criminal en la parte en que le compete, como tampoco podría hacerlo ni siquiera respecto del Estado Federal. La valoración de las medidas que el Estado provincial comunica haber adoptado y que fueran expuestas en las audiencias públicas, solicitando que se incorporaran a las actuaciones, no son materia que deba evaluar esta Corte en cuanto a su acierto o conveniencia, más allá de considerar que acreditan el esfuerzo del Estado provincial respecto del problema.-

26) Que reconoce la actora que la actuación judicial tiene sus límites y que en materias tales como la presente no puede imponer estrategias específicas, sino sólo exigir que se tengan en cuenta las necesidades ignoradas en el diseño de la política llevada a cabo. En consonancia, acepta que no se trata de que la Corte Suprema defina de qué modo debe subsanarse el problema pues ésta es una competencia de la Administración, en tanto una Corte Constitucional fija pautas y establece estándares jurídicos a partir de los cuales se elabora la política en cuestión.-

Como consecuencia de admitir como impracticable una solución total e inmediata a la pretensión y que la obligación estatal está compuesta por múltiples y variadas cargas que necesariamente requieren planeamiento y despliegue a lo largo del tiempo, pide se establezcan instancias de ejecución en las que a través de un mecanismo de diálogo entre todos los actores involucrados pueda determinarse el modo en que podrá hacerse efectivo el cese de la inapropiada detención de personas.-

Efectivamente, las políticas públicas eficaces requieren de discusión y consenso.-

En tal contexto y en el marco de lo que aquí se decide, es prudente implementar un criterio de ejecución que en justo equilibrio y con participación de la sociedad civil, contemple los intereses en juego y otorgue continuidad al dialogo ya iniciado con el propósito de lograr el mejoramiento de las condiciones de detención en la Provincia de Buenos Aires.-

Por ello, se estima procedente que esta Corte encomiende a la Provincia de Buenos Aires para que a través de su Ministerio de Justicia organice la convocatoria de una Mesa de Diálogo a la que invitará a la accionante y restantes organizaciones presentadas como amicus curiae, sin perjuicio de integrarla con otros sectores de la sociedad civil que puedan aportar ideas y soluciones y que en un ámbito de discusión facilitada permita arribar a soluciones consensuadas y sustentables.-

27) Que a diferencia de la evaluación de políticas, cuestión claramente no judiciable, corresponde sin duda alguna al Poder Judicial de la Nación garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que éstos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y decidir las controversias.-

Ambas materias se superponen parcialmente cuando una política es lesiva de derechos, por lo cual siempre se argumenta en contra de la jurisdicción, alegando que en tales supuestos media una injerencia indebida del Poder Judicial en la política, cuando en realidad, lo único que hace el Poder Judicial, en su respectivo ámbito de competencia y con la prudencia debida en cada caso, es tutelar los derechos e invalidar esa política sólo en la medida en que los lesiona. Las políticas tienen un marco constitucional que no pueden exceder, que son las garantías que señala la Constitución y que amparan a todos los habitantes de la Nación; es verdad que los jueces limitan y valoran la política, pero sólo en la medida en que excede ese marco y como parte del deber específico del Poder Judicial. Desconocer esta premisa sería equivalente a neutralizar cualquier eficacia del control de constitucionalidad.-

No se trata de evaluar qué política sería más conveniente para la mejor realización de ciertos derechos, sino evitar las consecuencias de las que clara y decididamente ponen en peligro o lesionan bienes jurídicos fundamentales tutelados por la Constitución, y, en el presente caso, se trata nada menos que del derecho a la vida y a la integridad física de las personas.-

28) Que en este sentido, si bien resultan atendibles algunas de las razones expuestas por el Poder Ejecutivo provincial, en cuanto a la carencia de recursos económicos para solucionar en el corto plazo los problemas planteados, este Tribunal ya se ha pronunciado sobre el particular indicando que “estas dolorosas comprobaciones, que es deber del Tribunal destacar, no encuentran justificativo en las dificultades presupuestarias que se traducen en la falta de infraestructura edilicia, la carencia de recursos humanos, la insuficiencia de formación del personal o las consecuentes excesivas poblaciones penales” … “Las carencias presupuestarias, aunque dignas de tener en cuenta, no pueden justificar transgresiones de este tipo. Privilegiarlas sería tanto como subvertir el Estado de Derecho y dejar de cumplir los principios de la Constitución y los convenios internacionales que comprometen a la Nación frente a la comunidad jurídica internacional, receptados en el texto actual de aquélla (art. 5°, inc. 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)” (Fallos: 318:2002)

29) Que en consecuencia, se plantea como disyuntiva, qué circunstancias ponderar al momento de decidir; pues no resulta sencillo determinar en qué medida el fallo que se dicte, según el temperamento escogido y su fuerza ejecutoria, pueda contribuir a solucionar el conflicto, manteniendo el equilibrio y el respeto armónico que los principios republicano y federal demandan, como así también para garantizar el funcionamiento correcto de las instituciones y sus objetivos, sin sacrificar en aras de ellos otros derechos y deberes.-

30) Que por este motivo, reconociendo la gravedad de la situación, los peligros que avizora y las dificultades que genera encontrar una solución en esta instancia, y con el marco acotado que proporciona el tratamiento del recurso extraordinario, fue que este Tribunal decidió convocar a las partes a sendas audiencias públicas, para tratar de encontrar en esa instancia de diálogo una propuesta consensuada y viable que permitiera allanar el camino para superar el conflicto.-

31) Que no obstante ello y luego de realizadas las audiencias, esta propuesta consensuada no se ha vislumbrado, y la gravedad del caso impide seguir demorando el dictado de una sentencia, tomando en cuenta que el proceso ya lleva más de cuatro años de trámite sin que las medidas que se han adoptado para remediarlo hayan tenido eficacia. El Poder Ejecutivo provincial expuso una serie de esfuerzos que demuestran su empeño, pero que no resuelven la situación, precisando incluso que ésto se debe al accionar de otros poderes del Estado provincial. Lo cierto es que parece que la situación se mantiene y se agrava con el aumento de detenidos informado por el Poder Ejecutivo provincial y se proyecta hacia el futuro inmediato con perspectivas de mayor gravedad. Se está jugando una carrera entre la Administración, que amplía el número de celdas disponibles, y el número de detenidos en aumento, sin que haya perspectivas cercanas de que las curvas se crucen, lo que impide hacer cesar la violación de derechos fundamentales y en particular el derecho a la vida y a la integridad personal de los presos, del personal de custodia y de terceros.-

La experiencia corriente y técnica, y el sentido común indicarían que de seguir esta proyección, en el corto tiempo, el Estado provincial tampoco podría continuar su actual empeño, por obvias razones presupuestarias y políticas, o sea, porque se vería en la disyuntiva de continuar construyendo celdas indefinidamente o de atender otros requerimientos necesarios para el bienestar general (salud, educación, higiene pública, pavimentos, caminos, etc.). Esta perspectiva sería aun más peligrosa para los derechos que hoy se hallan comprometidos con las actuales condiciones de detención, pues se agravarían aun más y abarcarían a un número mayor de personas.-

32) Que en el curso de las audiencias ha sido establecido, sin controversia alguna: a) el cuadro de situación señalado en el considerando 24; b) que hay menores y enfermos en comisarías; c) que los esfuerzos del Poder Ejecutivo provincial no alcanzan para resolver el problema porque no cede la curva ascendente del número de presos en la provincia; d) que este aumento responde básicamente a leyes provinciales en materia excarcelatoria y penitenciaria; e) que también el Poder Ejecutivo provincial considera que media un excesivo uso de la prisión preventiva por parte de los jueces de la Provincia de Buenos Aires.-

33) Que frente a esta situación, al momento de definir las distintas alternativas a adoptarse y en el marco de su competencia corresponde que esta Corte adopte las medidas posibles y para ello es menester explorar esas posibilidades con referencia a los señalados puntos.-

VIII.- El cuadro de situación de los detenidos en la Provincia de Buenos Aires y las posibles medidas de competencia de esta Corte.-

34) Que el art. 18 de la Constitución Nacional al prescribir que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que ella exija, hará responsable al juez que la autorice”, reconoce a las personas privadas de su libertad el derecho a un trato digno y humano, como así también establece la tutela judicial efectiva que garantice su cumplimiento. El alcance de este texto ha sido puesto en discusión, dudándose si abarcaba a los condenados, pues tiene un claro origen histórico iluminista referido a la prisión cautelar, como que parece provenir de Lardizábal: “Aunque la cárcel no se ha hecho para castigo, sino para custodia y seguridad de los reos…” (Discurso sobre las penas contrahido á las leyes criminales de España, para facilitar su reforma, Madrid, 1782, pág. 211, ed. con estudio preliminar de Manuel de Rivacoba y Rivacoba, Fundación Sancho El Sabio, Vitoria, 2001). Sin embargo, ha quedado superada la discusión después de la reforma constitucional de 1994, en cuanto a que los fines reintegradores sociales de la pena de prisión están consagrados en virtud del inc. 22 del art. 75 constitucional, y, además, en el caso se refiere al 75% de los amparados, que son presos cautelares.-

35) Que la privación de libertad, al título que fuese, tiene un efecto aflictivo y deteriorante para toda persona institucionalizada, que en cierta medida es imposible eliminar por ser inherente a su situación, pero que de ningún modo puede tolerarse que se agrave indebidamente. “Las cárceles en sí mismas, por sus condiciones materiales, higiénicas y de salubridad no deben agravar el mal inherente a la pena, ni las autoridades ejecutarlas en forma que aumentan ese mal” (Nuñez, Ricardo; Dcho. Penal Argentino. Parte Gral. Tomo II; Ed. Bibliográfica Argentina; Buenos Aires, 1960).-

36) Que este Tribunal ha expresado: “Que un principio constitucional impone que las cárceles tengan como propósito fundamental la seguridad y no el castigo de los reos detenidos en ella, proscribiendo toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que ella exija (art. 18 de la Constitución Nacional). Tal postulado, contenido en el capítulo concerniente a las declaraciones, derechos y garantías, reconoce una honrosa tradición en nuestro país ya que figura en términos más o menos parecidos en las propuestas constitucionales de los años 1819 y 1824 a más de integrar los principios cardinales que inspiran los primeros intentos legislativos desarrollados por los gobiernos patrios en relación a los derechos humanos. Aunque la realidad se empeña muchas veces en desmentirlo, cabe destacar que la cláusula tiene contenido operativo. Como tal impone al Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios respectivos, la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia que se manifiesta también en el respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral”. “La seguridad, como deber primario del Estado, no sólo importa resguardar los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia sino también, como se desprende del citado art. 18, los de los propios penados, cuya readaptación social se constituye en un objetivo superior del sistema y al que no sirven formas desviadas del control penitenciario” (Fallos: 318:2002).-

37) Que la situación no controvertida de los detenidos en la Provincia de Buenos Aires pone en peligro la vida y la integridad física del personal penitenciario y policial, además de que genera condiciones indignas y altamente riesgosas de trabajo de esos funcionarios y empleados.-

Una prisión es un establecimiento en el que hay un fino equilibrio entre presos y personal, y la superpoblación provoca descontrol y violencia llevando ese equilibrio siempre precario al límite de la fragilidad.-

A ello cabría agregar que el personal policial, por su entrenamiento, no está preparado para cumplir esta función que no es la específica de su tarea social.-

38) Que también genera peligro para la vida de terceros ajenos al conflicto, pues en no pocas ocasiones han padecido consecuencias lamentables vecinos de los lugares de detención o de las mismas cárceles amotinadas e incluso familiares sorprendidos por los acontecimientos en el interior de los establecimientos. También se vuelve peligroso para el propio personal judicial, habiéndose registrado casos de jueces tomados como rehenes. Todo ello sin contar con que la distracción de personal policial de sus funciones específicas resiente considerablemente el servicio de seguridad pública, con el consiguiente riesgo para la prevención secundaria de delitos de gravedad.-

39) Que el derecho a un trato digno y humano reconocido a la personas privadas de su libertad no sólo encuentra soporte en nuestra Constitución Nacional desde 1853, sino que ha sido reconocido desde los orígenes mismos de la legislación penitenciaria del país y especialmente de la propia Provincia de Buenos Aires, en cuyo Reglamento Provisorio de la Penitenciaría de 1877, sancionado por el gobernador Carlos Casares, establecía un régimen respetuoso de la dignidad humana sensiblemente notable para los estándares de su tiempo (Reglamento Provisorio de la Penitenciaría, Buenos Aires, Imprenta de M. Biedma, calle de Belgrano número 135, 1877).-

La República Argentina tuvo un papel protagónico en el establecimiento de las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos, en el Primer Congreso de Naciones Unidas para la Prevención del delito y el tratamiento del delincuente, de Ginebra, en 1955, aprobadas por el Consejo Económico y Social en su resolución 663 C31-7-57 y complementada en la 2076 del 13 de mayo de 1977. Después de la reforma de 1994, con jerarquía constitucional, la Nación está obligada por tratados internacionales de vigencia interna y operativos, que fortalecen la línea siempre seguida por la legislación nacional en la materia: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece en el art. XXV que “todo individuo tiene también un tratamiento humano durante la privación de su libertad”; el art. 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que “toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”; fórmula ésta que recepta de modo similar el art. 5 inc. 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.-

Las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas -si bien carecen de la misma jerarquía que los tratados incorporados al bloque de constitucionalidad federal- se han convertido, por vía del art. 18 de la Constitución Nacional, en el estándar internacional respecto de personas privadas de libertad. No cabe duda de que hay un marco normativo, no sólo nacional sino también internacional que, de confirmarse y continuarse la situación planteada, estaría claramente violado en la Provincia de Buenos Aires.-

40) Que ante esta situación es indudable que esta Corte no puede resolver todas las cuestiones particulares que importa, dadas las dificultades antes señaladas y el número de casos y variables posibles, pero es su deber instruir a la Suprema Corte y a los demás tribunales de la Provincia de Buenos Aires para que en sus respectivas competencias extremen la vigilancia para el adecuado cumplimiento de las Reglas Mínimas y de las normas que nacional e internacionalmente imponen el tratamiento digno de toda persona privada de libertad y, en especial, en lo que hace a la tutela de la vida humana y la integridad física de los presos, del personal y de terceros.-

41) Que no escapa a esta Corte que de verificarse algunos de los extremos mencionados por el accionante, sería posible que se configurasen eventuales casos de agravamientos que importarían trato cruel, inhumano o degradante u otros análogos, susceptibles de acarrear responsabilidad al Estado Federal. En esta eventualidad, es deber de esta Corte, por estar comprometida la responsabilidad internacional del Estado Federal, instruir a la Suprema Corte y a los demás tribunales de la Provincia de Buenos Aires para que hagan cesar con la urgencia del caso el agravamiento o la detención misma, según corresponda.-

IX.- Adolescentes y enfermos en dependencias policiales, y la jurisprudencia internacional

42) Que la presencia de adolescentes y enfermos en comisarías o establecimientos policiales, configura con gran certeza uno de los supuestos contemplados en el considerando anterior, con flagrante violación a los principios generales de las Reglas Mínimas citadas y muy probablemente innegables casos de trato cruel, inhumano o degradante. Esta Corte, en virtud del alto riesgo de responsabilidad internacional que de ello se deriva para el Estado Federal, debe disponer, sin dilación, que en un plazo perentorio, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, por las vías procedentes, haga cesar esas situaciones. Respecto de los niños y adolescentes, la presencia en comisarías resulta, además de intolerable, sospechosa respecto del índice de institucionalizados de la provincia, materia en la que sería terrible que se produjese una escalada análoga al número de presos, cuando es sabido el efecto reproductor que tiene la institucionalización de menores, además de responder a una ideología tutelar incompatible con la normativa internacional vigente.-

43) Que recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado de modo mucho más específico sobre cuestiones similares a las que motivan este habeas corpus correctivo, al analizar la violaciones de diversos derechos de la Convención Americana, en virtud de las condiciones de detención en el Establecimiento “Panchito López” en el Paraguay, que resultan de ineludible exposición (CIDH caso “Instituto de Reeducación del Menor v. Paraguay”, el 2 de septiembre de 2004).-

En dicho caso el tribunal internacional tuvo por probado que el crecimiento de la población carcelaria, originó serios problemas de hacinamiento e inseguridad entre los internos de dicho instituto paraguayo. Los internos se encontraban recluidos en celdas insalubres con escasas instalaciones higiénicas; mal alimentados y carecían de asistencia médica psicológica y dental adecuada. Los internos que sufrían discapacidades físicas, enfermedades mentales y/o problemas de adicciones, no disponían de una atención médica acorde con las necesidades especiales. Contaban con pocas oportunidades de hacer ejercicio o de participar en actividades recreativas. Muchos de los internos no tenían camas, frazadas y/o colchones, con lo cual se vieron obligados a dormir en el suelo, hacer turnos con sus compañeros o compartir camas y colchones. La falta de camas y colchones, junto con el hacinamiento, facilitaron que hubiera abusos sexuales entre los internos. También sostuvo que a pesar de que el nuevo código procesal paraguayo establecía que la prisión preventiva es la excepción a la regla que es la libertad, “la implementación de esa norma no se llevó a cabo por completo, pues la mayoría de los internos se encontraban procesados sin sentencia”. Además los internos procesados sin sentencia no estaban separados de los condenados en el Instituto.-

Respecto al hacinamiento consideró que fomentaba la desesperación y las tendencias hacia la violencia de los internos, y que “en vez de ser rehabilitados en el Instituto para una reinserción satisfactoria en la sociedad, los internos fueron sometidos a sufrimientos diarios y por lo tanto, a un proceso de aprendizaje negativo y vicioso, el cual, en parte, explicaba el alto índice de reincidencia de los mismos”. Como consecuencia de tal estado de hacinamiento se produjeron varios incendios que el Instituto no estaba en condiciones de repeler, ocasionado la muerte de algunos de ellos.-

En tal contexto, la Corte Interamericana interpretó los derechos y garantías previstos en el art. 5 de la Convención, el que establece en lo conducente que:

1″Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”.-

2″Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.-

3″La pena no puede trascender de la persona del delincuente”

4″Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas”.-

5″Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento”

6″Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”.-

44) Que el tribunal interamericano señaló que “quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal, y que es el Estado el que se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna.-

45) Que, en cuanto al derecho a la integridad personal, el tribunal señaló que es de tal importancia que la Convención Americana lo protege particularmente al establecer, inter alia, la prohibición de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y la imposibilidad de suspenderlo durante estados de emergencia. Agregó que el derecho a la integridad personal no sólo implica que el Estado debe respetarlo (obligación negativa), sino que, además, requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlo (obligación positiva), en cumplimiento de su deber general establecido en el art. 1.1 de la Convención Americana.-

46) Que, específicamente en lo referente a los menores, la Corte Interamericana ha analizado la cuestión a la luz del art. 19 de la Convención Americana, tomando en consideración las disposiciones pertinentes de la Convención sobre los Derechos del Niño, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 54 Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, párr. 54 (“Instituto de Reeducación del Menor v. Paraguay” op. cit).-

Allí consideró que tales instrumentos y la Convención Americana conformaban un plexo normativo, el corpus juris internacional de protección de los niños. El tribunal señaló que cuando el Estado se encuentra en presencia de niños privados de libertad, tiene, además de las obligaciones señaladas para toda persona, una obligación adicional establecida en el art. 19 de la Convención Americana. Por una parte, debe asumir su posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño, particularmente de las circunstancias de la vida que llevará mientras se mantenga privado de libertad.-

47) Que, respecto a los presos sin condena, en el mencionado precedente la Corte Interamericana recordó que la prisión preventiva “es la medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por el derecho a la presunción de inocencia, así como por los principios de necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática” (parágrafo 190). Por tales razones consideró que la prisión preventiva debe ceñirse estrictamente a lo dispuesto en el art. 7.5 de la Convención Americana, en el sentido de que no puede durar más allá de un plazo razonable, ni más allá de la persistencia de la causal que se invocó para justificarla. No cumplir con estos requisitos equivale a anticipar una pena sin sentencia, lo cual contradice principios generales del derecho universalmente reconocidos (parágrafo 228).-

Sin embargo, al pronunciarse sobre si en el caso paraguayo se había violado el art. 7 del Pacto -que regula las condiciones de la prisión preventiva- consideró que era preciso conocer las particularidades de la aplicación de la prisión preventiva a cada interno para poder analizar si se ha cumplido con cada uno de los extremos señalados por el mismo. Razón por la cual señaló que aunque “la Corte frecuentemente ha utilizado la existencia de patrones o prácticas de conductas como un medio probatorio para determinar violaciones de derechos humanos, en el caso del artículo 7 de la Convención Americana se requiere una información individualizada al respecto de la que carece la Corte en el presente caso” (parágrafos 232 y 233), descartando de tal manera declaraciones genéricas o abstractas, y precisando que no podía pronunciarse respecto de presuntas víctimas específicas por carecer de elementos.-

48) Que el art. 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que “toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Por su parte los Principios básicos elaborados por las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos expresa que “con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos…” (aprobado por Asamblea General, resolución 45-111 del 14 de diciembre de 1990, ap. 5°).-

El Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión prescribe que “Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos crueles o penas crueles, inhumanas o degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna como justificativo para la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Principio Sexto, Asamblea General Resol. 43/173 del 9 de diciembre de 1998).-

Por su parte las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos expresan que “Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles. Es decir que: a) Los hombres y las mujeres deberán ser recluidos, hasta donde fuere posible, en establecimientos diferentes; en un establecimiento en el que se reciban hombres y mujeres, el conjunto de locales destinado a las mujeres deberá estar completamente separado; b) Los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los que están cumpliendo condena; c) Las personas presas por deudas y los demás condenados a alguna forma de prisión por razones civiles deberán ser separadas de los detenidos por infracción penal; d) Los detenidos jóvenes deberán ser separados de los adultos (arts. 8 y 9 aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus res. 663 C 31-7-57 y 2076-13-5-77).-

49) Que respecto a los niños, y en igual sentido, la regla 13.5 de 1997 de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad establece que: “No se deberá negar a los menores privados de libertad, por razón de su condición, los derechos civiles, económicos, sociales o culturales que les correspondan de conformidad con la legislación nacional o el derecho internacional y que sean compatibles con la privación de la libertad”. Asimismo, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) disponen que: Los menores confinados en establecimientos penitenciarios recibirán los cuidados, la protección y toda la asistencia necesaria -social, educacional, profesional, sicológica, médica y física- que puedan requerir debido a su edad, sexo y personalidad y en interés de su desarrollo sano.-

50) Que también resultan importantes, sobre el agravamiento de las condiciones de detención la Declaración sobre Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Adoptada por la Asamblea General en su resolución 3452 (XXX), del 9 de diciembre de 1975), la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes (Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984), así como las Observaciones del Comité Derechos Humanos respecto Las Torturas y las Penas o Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (art. 7 del 30 de julio de 1982); Trato Inhumano de las Personas Privadas de su libertad (art. 10) del 30 de julio de 1982 Observación General n( 9 del 10 de abril de 1992, la Observación n( 20 y 21 del 10 de abril de 1992, entre otras.-

El 15 de noviembre de 2004, Argentina se convirtió en el sexto país en ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes (Naciones Unidas, Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, General 22 de noviembre del 2004 CAT/C/SR. 622, parágrafo 6).-

Interpretando dicha convención, recientemente las Naciones Unidas, a través del Comité Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos y Degradantes dictó “sus Conclusiones y Recomendaciones”, respecto del caso Argentino el 10 de diciembre de 2004 (CAT/C/CR/33/1 33( Período de Sesiones 15 a 26 de noviembre de 2004).-

Allí señaló los “Factores y dificultades que obstaculizan a aplicación de la Convención” para lo cual tomaba “nota de las dificultades a las que se enfrenta el Estado Parte, especialmente aquellas de tipo económico y social”. No obstante, señaló “que no existen circunstancias excepcionales de ningún tipo que puedan invocarse para justificar la tortura”. Al establecer las cuestiones que eran motivos de especial preocupación para la situación argentina enumeró entre otras las siguientes:

1. d) La no implementación uniforme de la Convención en las diferentes provincias del territorio del Estado Parte, como asimismo la ausencia de mecanismos para federalizar las disposiciones de la Convención, aun cuando la Constitución del Estado Parte les otorga rango constitucional.-

2 (f) Los informes de arrestos y detenciones de niños por debajo de la edad de responsabilidad penal, la mayoría “niños de la calle” y mendigos, en comisarías de policía donde llegan a estar detenidos junto a adultos, y sobre las supuestas torturas y malos tratos padecidos por éstos, que en algunos casos les produjeron la muerte.-

3 (h) El hacinamiento y las malas condiciones materiales que prevalecen en los establecimientos penitenciarios, en particular la falta de higiene, de alimentación adecuada y de cuidados médicos apropiados, que podrían equivaler a tratos inhumanos y degradantes.-

4 (i) El elevado número de presos en prisión preventiva, que en el sistema penitenciario bonaerense alcanza un 78% según el Estado Parte.-

5 (j) La no aplicación del principio de separación entre condenados y procesados en centros de detención, y entre éstos y los inmigrantes sujetos a una orden de deportación.-

6 (m) La falta de independencia del personal médico de los establecimientos penitenciarios, quienes pertenecen a la institución penitenciaria.-

A partir de ello el Comité fijó, entre otras, las siguientes recomendaciones:

1 (d) Garantice que las obligaciones de la Convención sean siempre acatadas en todas las jurisdicciones provinciales, con el objeto de velar por una aplicación uniforme de la Convención en todo el territorio del Estado Parte; se recuerda al Estado Parte que la responsabilidad internacional del Estado incumbe al Estado Nacional aunque las violaciones hayan ocurrido en las jurisdicciones provinciales;

2 (g) Garantice, como fue asegurado por la delegación del Estado Parte para el caso de la Provincia de Buenos Aires, lo siguiente: la prohibición inmediata de retención de menores en dependencias policiales; el traslado a centros especiales de los menores que actualmente se encuentran en dependencias policiales; y la prohibición del personal policial de realizar detenciones de menores por “motivos asistenciales” en todo el territorio nacional; (lo resaltado no es original) (Ver las Estadísticas denunciadas por Country Repporteur ONU CAT Comité Contra la Tortura. CAT/C/SR. 622, del 22 de noviembre de 2004, parágrafo 46).-

3 (h) Adopte medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales en los establecimientos de reclusión, reducir el hacinamiento existente y garantizar debidamente las necesidades fundamentales de todas las personas privadas de libertad;

4 (i) Considere revisar su legislación y prácticas en materia de detención preventiva, a fin de que la imposición de la prisión preventiva se aplique sólo como medida excepcional, tomando en cuenta las recomendaciones de diciembre de 2003 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en cuanto a las medidas alternativas a la detención preventiva; 4 (m) Adopte las medidas necesarias para garantizar la presencia de personal médico independiente y calificado para llevar a cabo exámenes periódicos de personas detenidas;

5 (o) Establezca un mecanismo nacional de prevención que tenga competencia para efectuar visitas periódicas a centros de detención federales y provinciales a fin de implementar plenamente el Protocolo Facultativo de la Convención;

6 (p) Establezca y promueva un mecanismo efectivo dentro del sistema penitenciario para recibir e investigar denuncias de violencia sexual y proveer de protección y asistencia psicológica y médica a las víctimas;

7 (r) Informe al Comité en el plazo de un año sobre las medidas concretas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en los aps. e, f, l y o del presente párrafo.-

51) Que por su parte el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en el año 2002 recomendó al Estado Argentino que revise sus leyes y prácticas relativas al sistema de justicia de menores, y que recurra a la prisión preventiva únicamente como medida extrema por períodos que sean lo más breves posible y medidas alternativas, cuando ello sea posible. También le recomendó que incorpore en sus leyes y prácticas las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, y que adopte las medidas necesarias para mejorar las condiciones de encarcelamiento (Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Argentina. 9/10/2002. CRC/C/15/Add. 187 9 de octubre de 2002).-

52) Que en relación al estado de la cuestión en los últimos años, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado una serie de resoluciones significativas sobre violaciones al Convenio Europeo sobre Derechos Humanos por parte de las administraciones penitenciarias de varios países de Europa. En 2001, el Tribunal dictaminó que Grecia había infringido el art. 3 al encerrar a Donald Peers en una celda sobrepoblada sin ventanas ni ventilación, en la que se veía obligado a hacer sus necesidades delante de otro recluso, todo el día trascurría en la cama ante la ausencia de programa para trabajar, educarse o hacer ejercicio y por la carencia de otros espacios físicos para movilizarse, ponderó además que había más prisioneros que camas. El tribunal señaló que si bien no había evidencias de una intención por parte de las autoridades penitenciarias de humillar al interno, ello no era determinante para considerar que se había violado en art. 3 de la Convención Europea (TEDH Case Peers v. Greece, sentencia del 19 de abril de 2001). También dictaminó que el Reino Unido había violado el mismo artículo al encerrar a Adele Price, una víctima de la talidomida sin brazos ni piernas, durante siete días en una celda no adaptada en modo alguno para sus discapacidades, allí no tenía un lugar adecuado para dormir, ni tampoco para hacer sus necesidades (Caso Price v. The United Kingdom, sentencia del 10 de octubre de 2001).-

El mencionado tribunal en el caso “Kalashnikov” expresó que la forma de ejecutar medidas al interior de las cárceles no debe aumentar la intensidad del sufrimiento que lleva aparejado la permanencia en el interior de la prisión. Allí la Corte consideró que en todo momento, la superpoblación era tal que cada interno de la celda del demandante disponía de entre uno y dos metros cuadrados de espacio, que tenían que dormir por turnos de ocho horas que estaba infestada de olores y que los retretes estaban sucios y sin privacidad. La ausencia de una intención de humillar al detenido, aunque es tomada en cuenta, no excluía un trato inhumano y degradante violatorio del art. 3 del Convenio (TEDH en “Kalashnikov v. Russia” sentencia del 15 de julio de 2002).-

53) Que, por su parte, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos al interpretar la VIII enmienda de la Constitución de ese país, que prohíbe aplicar penas o tratos crueles inhumanas y degradantes, señaló que aunque determinados derechos de los condenados pueden ser disminuidos por las exigencias del encierro, al prisionero no se lo despoja de la protección constitucional por cuanto “no hay una cortina de hierro trazada entre la Constitución y las prisiones de este país” (Wolff v. McDonnell; 418 US 539, 1974). Por ello ha reconocido que las condiciones de confinamiento de los internos pueden, incuestionablemente, en determinadas circunstancias, constituir una pena cruel inhumana o degradante. Así los internos han obtenido respuestas a sus clamores constitucionales por sus condiciones de confinamiento, en lo referente a la comida inadecuada, a poca ventilación, hábitat con roedores o insectos, baños inoperables, pero el más común de todos los reclamos ha sido por las condiciones de hacinamiento, situación que se da en muchas prisiones de ese país (Lynn S. Branham, The Law of Sentencing, Corrections, and Prisioners’ Rights, págs. 284/291, ed. West Group, 2002).-

Si bien el gobierno federal y los estaduales de dicho país han invertido mucho dinero en la construcción de nuevas cárceles, pese a eso ello no se ha podido solucionar el problema de hacinamiento frente a una tasa de encarcelamiento siempre creciente. En algunos casos las autoridades penitenciarias han tenido que colocar camas en los gimnasios, en los comedores del establecimiento, en pasillos y en otros extraños lugares. Otra forma de responder ha sido aumentar en número de internos por celda diseñadas para albergar a menos personas (Lynn S. Branham, op. cit.).-

En el caso Bell v. Wolfish, 441 U.S. 520 (1979) la Corte Suprema consideró que era posible mantener a dos presos en una misma celda teniendo en cuenta, al mismo tiempo, que se trataba de plazos breves de detención y cuando los detenidos tenían una gran libertad de movimiento dentro del penal. Posteriormente en Rhodes v. Chapman 452 U.S. 337 (1981) juzgó que la presencia de dos presos por celda no significa que sus derechos constitucionales han sido violados siempre que las condiciones de las respectivas celdas resultaran adecuadas en cuanto a la superficie habitada, las condiciones de comida y temperatura y la posibilidad de utilizar otras instalaciones del penal en períodos diurnos.-

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que con anterioridad la Corte Suprema también consideró en Hutto v. Finney 437 U.S. 678 (1978) que una corte de distrito estaba facultada para limitar la confinación de detenidos en celdas punitivas aisladas a no más de treinta días como un medio de aliviar las condiciones inconstitucionales de esas celdas. En particular, el máximo tribunal destacó que la decisión de la corte de distrito era una razonable respuesta a las condiciones sórdidas e inconstitucionales de esas celdas. Posteriormente en Wilson c. Seiter 501 U.S. 294 (1991) estableció dos requisitos para considerar que se presentaba un castigo cruel e inusual para las condiciones de confinamiento. El primer requisito -objetivo- requiere que el preso haya sido privado de una “necesidad humana identificable” como comida, clima adecuado o ejercicio. El segundo requisito -subjetivo- supone que el demandante debe demostrar que el demandado actuó con indiferencia deliberada en fallar en la rectificación de las deficiencias de esas condiciones. Cabe aclarar que cuatro de los integrantes de la corte consideraron este requisito como innecesario y que los oficiales de las prisiones podían evitar su responsabilidad en estos casos echándole la culpa a los legisladores por no haber suministrado los fondos necesarios para superar estos problemas en las prisiones (Lynn S. Branham, op. cit.).-

X.- La legislación procesal y penitenciaria de la Provincia de Buenos Aires.-

54) Que se ha manifestado que el número creciente de presos en la Provincia de Buenos Aires responde a las reformas legislativas en materia excarcelatoria y penitenciaria, lo que neutraliza los esfuerzos del Poder Ejecutivo provincial para resolver los problemas de capacidad en las prisiones.-

55) Que tanto en materia procesal penal como de ejecución penal se plantea la cuestión de la competencia legislativa. Si bien no cabe duda de que los códigos procesales son materia de legislación provincial en función de la cláusula residual, la existencia de disposiciones procesales en el Código Penal y la facultad del Congreso Nacional para dictar las leyes que requiera el establecimiento del juicio por jurados, parecen indicar que el Estado Federal ejerce cierto grado de legislación y orientación en materia procesal, con el fin de lograr un mínimo equilibrio legislativo que garantice un estándar de igualdad ante la ley.-

56) Que si bien la Constitución Nacional adopta el principio federal, lo hace según lo establece la presente Constitución, es decir, conforme a las modificaciones que la misma introduce respecto de su modelo, que era el norteamericano. Puesto que el federalismo argentino no tiene el mismo origen histórico que el norteamericano, pues procede de un régimen de descentralización administrativa que regía en la colonia, la distribución de competencia legislativa no es idéntica y las provincias delegan en el Estado Federal materias que se reservan en la Constitución de los Estados Unidos. En 1853 y en especial en la fuente norteamericana tomada con preferencia, no se conocían modelos constitucionales de facultades concurrentes en forma de leyes marco, como sucede contemporáneamente.-

57) Que respecto de la prisión preventiva, cualquiera sea la tesis que se adopte acerca de su naturaleza, lo cierto es que importa en la realidad un contenido penoso irreparable, lo que lleva a asimilar las controversias a su respecto a casos de sentencia definitiva, según inveterada jurisprudencia de esta Corte. Cualquiera sea el sistema procesal de una provincia y sin desmedro de reconocer su amplia autonomía legislativa en la materia, lo cierto es que si bien no puede llevarse la simetría legislativa hasta el extremo de exigir una completa igualdad para todos los procesados del país, la desigualdad tampoco puede extremar las situaciones hasta hacer que el principio federal cancele por completo el derecho a la igualdad ante la ley, pues un principio constitucional no puede borrar o eliminar otro de igual jerarquía.-

Una asimetría total en cuanto a la legislación procesal penal destruiría la necesaria unidad en materia penal que se mantiene en todo el territorio en virtud de un único Código Penal. Partiendo de la conocida afirmación de Ernst von Beling, de que el derecho penal no toca un solo pelo al delincuente, es sabido que incumbe al derecho procesal penal tocarle toda la cabellera y, por ello, se debe entender que, sin pretensión de cancelar las asimetrías, para la prisión preventiva -que es donde más incidencia represiva tiene el derecho procesal penal- las provincias se hallan sometidas a un piso mínimo determinado por los estándares internacionales a los que se ajusta la legislación nacional. No es lo mismo que, habiendo dos imputados en igualdad de condiciones y por el mismo delito, uno llegue al juicio libre y otro lo haga después de muchos meses o años de prisión, sin que el Estado Federal se asegure de que en el último caso, al menos, se respeta un piso mínimo común para todo el territorio.-

Por lo demás, no puede soslayarse, que en esta materia la legislación procesal nacional, receptaría las distintas disposiciones establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos que forma parte de nuestro bloque constitucional federal.-

58) Que conforme a lo señalado en el considerando anterior, cabría analizar la eventual constitucionalidad de la legislación vigente en la Provincia de Buenos Aires en materia excarcelatoria, que prima facie parece alejarse del estándar trazado por el derecho internacional y que sigue la legislación nacional. Si bien no corresponde un pronunciamiento de esta Corte sobre este tema en la presente causa, tampoco el Tribunal puede permanecer indiferente ante la gravedad de la situación y, por consiguiente, cabe que exhorte a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires a que adecuen la legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación a los estándares mínimos internacionales que, a modo de ejemplo, recepta la legislación procesal penal de la Nación.-

59) Que en materia penitenciaria la cuestión es aún más clara que en lo procesal. El 21 de agosto de 1917, al fundar Rodolfo Moreno (h) el despacho de la comisión acerca del Código Penal, decía que “es necesario que se dicte una ley carcelaria, una ley en la que se establezca el régimen de la penalidad en primer término, pero el régimen de la penalidad en toda la República, y bajo el sistema progresivo, si fuera posible, porque hoy en cada cárcel, en cada provincia, y en cada lugar se cumplen las penas como les parece oportuno a los gobiernos locales, es decir que, habiendo o debiendo haber un solo código penal, la aplicación de las represiones se hace de manera totalmente diferente en unos y en otros lugares, como si no pertenecieran todos al mismo país”.-

Después de un largo camino, que se inició en 1933, con la ley 11.833 (Ley de organización carcelaria y régimen de la pena), reglamentada por decreto 35.758 de 1947, reemplazada por el decreto-ley 412 de 1958, conocido como ley penitenciaria nacional, se llegó a la 24.660 de 1996 (Ley de ejecución de la pena privativa de la libertad), cuyo art. 230 deroga el mencionado decreto-ley 412/58 y cuyo art. 228 dispone: “La Nación y las provincias procederán, dentro del plazo de un año a partir de la vigencia de esta ley, a revisar la legislación y las reglamentaciones penitenciarias existentes, a efectos de concordarlas con las disposiciones contenidas en la presente”. Esta disposición es mucho más sabia y respetuosa del principio federal que la consagrada en el decreto-ley precedente, pues, a diferencia de aquél, que se consideraba complementario del Código Penal y por ende, pretendía desconocer la competencia legislativa provincial, en la ley vigente se trata de una clara norma marco que es constitucional pues no impide ni avanza sobre las legislaciones de ejecución penal provinciales, sino que establece su adecuación, debiendo interpretarse que establece un marco mínimo de régimen, más allá del cual pueden avanzar las provincias en sus respectivas legislaciones.-

60) Que, conforme a lo señalado en el considerando anterior, y que en esta materia también prima facie la ley provincial parece haberse alejado del estándar internacional y de la legislación nacional, si bien tampoco corresponde pronunciamiento de esta Corte en la presente causa, por iguales razones a las señaladas en el considerando 58, cabe que esta Corte exhorte a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires a que adecuen la legislación de ejecución penal a los marcos mínimos señalados por los estándares internacionales receptados por la legislación de ejecución penal de la Nación.-

XI.- Excesivo uso de la prisión preventiva

61) Que ya no hay controversias respecto a que el 75% de detenidos en la Provincia de Buenos Aires aun no tiene condena firme. Este hecho puede deberse a distintas razones: parálisis o colapso casi total del sistema judicial, aplicación generalizada a imputaciones por delitos de menor gravedad, etc. Se ha admitido en los autos que este fenómeno creció a partir de las reformas legislativas antes señaladas y cuya eventual inconstitucionalidad corresponderá analizar en caso de ser planteada y de verificarse que viola los estándares internacionales mínimos válidos para toda la Nación.-

No consta a esta Corte, si además se produce un uso discrecional muy extendido en las decisiones judiciales, pues es un dato aportado por el Poder Ejecutivo de la provincia y no controlable por este Tribunal.-

62) Que el 75% de presos sin condena, en caso de no hallarse colapsado casi totalmente el sistema judicial, está indicando el uso de la prisión preventiva como pena corta privativa de la libertad, contra toda la opinión técnica mundial desde el siglo XIX a la fecha, pues fueron criticadas desde el primer congreso penitenciario internacional de Londres de 1872, en el que se destacaba ya su inutilidad, desatando una cadena de opiniones condenatorias que fue casi unánime a lo largo de todo el siglo XX. Hace casi cincuenta años, en el segundo congreso de Naciones Unidas para la prevención del crimen y tratamiento del delincuente (Londres, 1960), si bien se sostuvo la imposibilidad de suprimirla, se recomendaron los llamados sustitutivos.-

63) Que en cualquier caso es dable evocar en esta emergencia -y con el 75% de presos sin condena- la descripción que hace ciento treinta años hacía para España doña Concepción Arenal, para que si no se ha llegado a extremos análogos a la radiografía de la célebre penitenciarista española, todos los poderes públicos de la Provincia de Buenos Aires se esfuercen por evitarlos y, si eventualmente se han alcanzado, hagan lo propio por revertirlo: “Imponer a un hombre una grave pena, como es la privación de la libertad, una mancha en su honra, como es la de haber estado en la cárcel, y esto sin haberle probado que es culpable y con la probabilidad de que sea inocente, es cosa que dista mucho de la justicia. Si a esto se añade que deja a la familia en el abandono, acaso en la miseria; que la cárcel es un lugar sin condiciones higiénicas, donde carece de lo preciso para su vestido y sustento; donde, si no es muy fuerte, pierde la salud; donde, si enferma no tiene conveniente asistencia y puede llegar a carecer de cama; donde, confundido con el vicio y el crimen, espera una justicia que no llega, o llega tarde para salvar su cuerpo, y tal vez su alma; entonces la prisión preventiva es un verdadero atentado contra el derecho y una imposición de la fuerza. Sólo una necesidad imprescindible y probada puede legitimar su uso, y hay abuso siempre que se aplica sin ser necesaria y que no se ponen los medios para saber hasta dónde lo es” (Concepción Arenal, Estudios Penitenciarios, 2ª. Edición, Madrid, Imprenta de T. Fortanet, 1877, página 12).-

XII.- Resolutorio:

Por ello, y oído que fuera el señor Procurador General, corresponde:

1. Declarar admisible la queja y procedente el recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada.-

2. Declarar que las Reglas Mínimas para el tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas, recogidas por la ley 24.660, configuran las pautas fundamentales a las que debe adecuarse toda detención.-

3. Disponer que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a través de los jueces competentes, haga cesar en el término de sesenta días la detención en comisarías de la provincia de menores y enfermos.-

4. Instruir a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a los tribunales de todas las instancias de la provincia para que, en sus respectivas competencias y por disposición de esta Corte Suprema, con la urgencia del caso, hagan cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado Federal.-

5. Ordenar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires que, por intermedio de la autoridad de ejecución de las detenciones, remita a los jueces respectivos, en el término de treinta días, un informe pormenorizado, en el que consten las condiciones concretas en que se cumple la detención (características de la celda, cantidad de camas, condiciones de higiene, acceso a servicios sanitarios, etc.), a fin de que éstos puedan ponderar adecuadamente la necesidad de mantener la detención, o bien, dispongan medidas de cautela o formas de ejecución de la pena menos lesivas. Asimismo, se deberá informar en el plazo de cinco días toda modificación relevante de la situación oportunamente comunicada.-

6. Disponer que cada sesenta días el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires informe a esta Corte las medidas que adopte para mejorar la situación de los detenidos en todo el territorio de la provincia.-

7. Exhortar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Provincia de Buenos Aires a adecuar su legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación y su legislación de ejecución penal y penitenciaria, a los estándares constitucionales e internacionales.-

8. Encomendar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires para que a través de su Ministerio de Justicia organice la convocatoria de una mesa de diálogo a la que invitará a la accionante y restantes organizaciones presentadas como amicus curie, sin perjuicio de integrarla con otros sectores de la sociedad civil, debiendo informar a esta Corte cada sesenta días de los avances logrados.-

Agréguese la queja al principal y extráiganse fotocopias certificadas para su reserva en este Tribunal. Notifíquese y remítase.-

Fdo.: ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI – CARLOS S. FAYT (en disidencia parcial)- ANTONIO BOGGIANO (en disidencia)- JUAN CARLOS MAQUEDA – E. RAUL ZAFFARONI – ELENA I. HIGHTON de NOLASCO – RICARDO LUIS LORENZETTI – CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia parcial).-

DISIDENCIA PARCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT

Considerando:

1°) Que contra la sentencia de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires que -por mayoría- declaró inadmisibles los recursos de nulidad e inaplicabilidad de ley deducidos contra la resolución de la Sala III del Tribunal de Casación Penal provincial, que había rechazado la acción de habeas corpus interpuesta en forma directa ante ese tribunal por Horacio Verbitsky, en su calidad de director del Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS- a favor de la totalidad de los detenidos que se encuentran alojados en establecimientos policiales superpoblados y en comisarías de la Provincia de Buenos Aires, esa entidad interpuso recurso extraordinario federal, cuya denegación dio lugar a la presentación de esta queja.-

2°) Que el 15 de noviembre de 2001 el representante legal del CELS, interpuso ante el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires una acción de habeas corpus correctivo y colectivo en amparo de todas las personas privadas de su libertad en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires detenidas en establecimientos penales y comisarías superpoblados. Indicó que en el territorio provincial funcionan 340 comisarías cuyas instalaciones permitirían albergar a 3178 personas, pero que en la realidad alojan 6364; que esta situación se agravaba notablemente en las seccionales del conurbano bonaerense, que a esa fecha alojaban 5080 personas en celdas que sólo podían cubrir 2068 plazas.-

Describió el estado deplorable de conservación e higiene de los calabozos de estas comisarías, que carecían por lo general de ventilación y luz natural, que no contaban con ningún tipo de mobiliario -toda actividad (comer, dormir, etc.) de los internos, debía llevarse a cabo en el piso-, que los sanitarios no eran suficientes para todos y que, por otra parte, no se garantizaba la alimentación adecuada de los reclusos. Esta situación -sostuvo- agravaba el riesgo de propagación de enfermedades infecto-contagiosas, al igual que el aumento de los casos de violencia física y sexual entre los propios internos.-

Especificó que los lugares de alojamiento de detenidos provinciales deben respetar reglas mínimas que garanticen los derechos de los reclusos. Entre ellas mencionó el cubaje mínimo por interno, las condiciones de aireación, iluminación, calefacción y sanidad, la cantidad de camas y la seguridad para el descanso, el contacto diario con el aire libre y la posibilidad de desplazamiento, el acceso al servicio médico y a la educación y al trabajo; condiciones éstas, que el Estado provincial no satisfacía siquiera mínimamente. Estos extremos incrementaban las posibilidades de poner en riesgo la vida y la integridad física de las personas, tanto de los detenidos como del personal asignado a la custodia.-

Por otra parte, señaló que la situación en las cárceles provinciales no era mejor y que incluso el Poder Ejecutivo provincial lo había reconocido al declarar la emergencia físico-funcional del Sistema Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires mediante el decreto 1132/01.-

Explicó que muchas personas permanecen detenidas en comisarías, pese a que la Constitución y la ley lo impiden, consignando además, que gran cantidad de los detenidos continuaban en dichas instalaciones pese a haber vencido el plazo que la ley menciona para su alojamiento excepcional, y que si bien había sido ordenado el traslado de gran parte de ellos a unidades penitenciarias, éste no se había hecho efectivo por falta de cupos en esos establecimientos.-

Refirió que muchas de las personas detenidas en comisarías se encontraban procesadas con prisión preventiva, por lo que su detención debía llevarse a cabo en dependencias carcelarias propiamente dichas pertenecientes al Servicio Penitenciario, invirtiendo de esta manera los roles del personal policial, que debe garantizar la seguridad de aquéllos, cuando dicha tarea no corresponde a su órbita institucional.-

Mencionó especialmente la situación de las mujeres y menores detenidos en establecimientos policiales como una violación flagrante de las normas internacionales que rigen la materia.-

Consideró que la situación planteada en los hechos resultaba violatoria del art. 18 de la Constitución Nacional y de diversos instrumentos internacionales de jerarquía constitucional en cuanto garantizan el fortalecimiento de la dignidad humana y la inserción social de los procesados y condenados.-

Sostuvo que la situación denunciada constituía un caso inobjetable de gravedad institucional que tornaba imperioso el tratamiento por parte de dicha judicatura, para que, mediante su pronunciamiento, se resolviera la problemática de la totalidad de las personas privadas de su libertad en comisarías de la Provincia de Buenos Aires. Para sostener tal aserto, afirmó que las acciones individuales incoadas ante los tribunales de instancia inferior sólo habían producido resoluciones parciales que aliviaban la situación concreta de algunos, agravando en ciertas ocasiones la de otros, sin que, en definitiva, se dispusiese una solución eficaz al problema del alojamiento y la superpoblación.-

En virtud de ello, el accionante consideró que las situaciones descriptas constituían agravamientos arbitrarios de las condiciones de detención legal y por ello hacían procedente la acción en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Sobre tal base, solicitó al Tribunal de Casación provincial que asumiera la competencia respecto de la situación de ese colectivo de personas a los efectos de repararla, como así también para que se determinara un mecanismo que sea capaz de evitar la reiteración de estas irregularidades en el futuro.-

A tal fin requirió el establecimiento de una instancia de ejecución de la sentencia, en la que se determinara -con audiencia de todos los involucrados- el modo en que la administración local pudiera hacer efectivo el cese de esas condiciones oprobiosas de detención.-

3°) Que a fs. 23/24 de la presente queja se halla glosada la presentación conjunta efectuada por el fiscal y el defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, en la que solicitaron que se declarara admisible la acción de habeas corpus interpuesta por el CELS.-

Ambos funcionarios coincidieron con el peticionario, en tanto la situación descrita por éste constituía una violación sistemática y deliberada de las normas protectoras del respeto a la dignidad de la persona. Entendieron igualmente que resultaba insuficiente abordar la problemática en forma aislada, es decir, mediante presentaciones ante cada uno de los órganos jurisdiccionales locales intervinientes pues, de ese modo, sólo se lograría una respuesta parcial o temporal sobre determinados casos, insatisfactoria respecto a la situación colectiva.-

Finalmente, consideraron que el caso revestía gravedad institucional, no sólo porque excedía el interés de las partes, sino también porque comprometía eventuales responsabilidades del Estado Argentino ante los distintos organismos internacionales.-

4°) Que la Sala III de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires decidió rechazar in limine la acción incoada al considerar que no era el órgano competente para intervenir en los hechos denunciados en la presentación sobre la base de que su competencia estaba limitada al conocimiento del recurso de la especialidad, regulado en los arts. 406 y 417 del Código Procesal Penal local, por lo que no era competente para decidir en el caso traído a su conocimiento.-

Señaló que no correspondía tomar una única decisión que englobase situaciones plurales indeterminadas, aun cuando estén, de manera significativa, referidas a un problema común. En función de ello, y en tanto la acción interpuesta en forma genérica cuestionaba el sistema carcelario provincial -y su sucedáneo policial como extensión de aquél-, no se dirigía a obtener decisiones específicas para casos concretos, no procedía su consideración. Por este motivo, correspondía que cada supuesto fuera evaluado por el juez propio de la causa.-

Finalmente, agregó que la acción de habeas corpus, no autorizaba -en principio- a sustituir a los jueces competentes en las decisiones que les incumben, de modo tal que la reparación de las agravaciones de las condiciones de detención denunciadas en la presentación debían encontrar remedio en los respectivos órganos jurisdiccionales a cuya disposición se hallaban los detenidos.-

5() Que contra esta decisión el CELS interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Indicó que se había omitido el tratamiento de las cuestiones planteadas por razones formales de competencia, sin tomar en cuenta la gravedad institucional que los hechos denunciados acarreaban.-

Consideró que la decisión había desconocido la posibilidad de accionar en defensa de derechos e intereses colectivos, contemplada en el art. 43, párrafo segundo de la Constitución Nacional. En este sentido, sostuvo su legitimación procesal activa para accionar en forma colectiva, pues lo que se perseguía con la presentación incoada no era sólo la solución de la situación individual de cada detenido sino, antes bien, una respuesta concreta al conflicto colectivo que comprometía al Estado provincial, en virtud de la violación permanente y sistemática de los estándares jurídicos en materia penitenciaria fijados por la Constitución Nacional y diversos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.-

Agregó que los fundamentos dados por el tribunal para justificar su decisión conspiraban contra el principio de economía procesal, toda vez que la acción colectiva permitiría el dictado de un único pronunciamiento jurisdiccional referido a la solución de todo el conflicto frente a una situación de gravedad institucional que como obiter dictum aparte, el propio juez Mahiques -que conformó la mayoría-, admitió.-

6°) Que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, por mayoría, decidió declarar inadmisibles esos recursos. Para así resolver, sostuvo que la resolución impugnada no revestía carácter de definitiva, en tanto no vedaba que la cuestión fuera sometida a los magistrados a cuya disposición se encuentran las personas detenidas cuyo amparo se perseguía por la acción interpuesta.-

Por último, indicó que era inadmisible desplazar la competencia de los tribunales en detrimento de las normas vigentes, frente a un supuesto que no pasaba de ser una conjetura del recurrente, esto es, la imposibilidad de arribar a una solución del conflicto por parte de los magistrados legalmente habilitados en cada caso concreto.-

7°) Que contra este pronunciamiento del tribunal superior local, la actora interpuso recurso extraordinario federal.-

Sustancialmente, esgrimió que constituía un error conceptual sostener que la cuestión planteada en el sub judice podía ser debatida individualmente en cada caso ante los magistrados a cuya disposición se hallan detenidos los amparados, razonamiento éste que identifica a la acción colectiva como la suma de múltiples acciones individuales tramitadas por separado, vulnerando de esta manera las pautas fijadas por el art. 43 constitucional que legitima a las entidades no gubernamentales para accionar en forma colectiva en representación de un grupo o clase de personas que requieren especial tutela. De esta manera, a criterio del recurrente, el pronunciamiento impugnado, cerraba definitivamente la discusión sobre el tema, impidiendo el tratamiento de los agravios encauzados en la acción colectiva.-

Por otra parte, la demora que implicaría tratar cada caso en forma particular sólo aumentaría los padecimientos de las personas detenidas en condiciones agravadas, a la par que incrementaría los riesgos respecto de la vida y la integridad física, tanto de los detenidos como del personal policial y penitenciario de custodia, en virtud de los peligros de crisis violentas que la situación pudiera generar. Manifestó, aun cuando no se compartiera el criterio en torno al carácter definitivo de la decisión en tanto cierra la vía de la acción colectiva, la sentencia recurrida debía equipararse a definitiva, en tanto el gravamen que ocasionaba sería de imposible o insuficiente reparación ulterior.-

8°) Que en el curso del trámite de la queja interpuesta por la denegación del referido recurso, esta Corte dispuso -en los términos del art. 34, inc. 4°, ap. a, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- convocar a las partes a dos audiencias públicas, que se llevaron a cabo el 1° de diciembre del pasado año y el 14 de abril del corriente. Allí, tanto el CELS como el Poder Ejecutivo provincial expusieron sus puntos de vista y aportaron escritos en los que sostuvieron sus respectivas posiciones.-

9°) Que el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires agregó un informe que da cuenta del estado de situación en materia de personas privadas de la libertad en el territorio de la provincia, y también del programa de medidas propiciado por esa cartera para solucionar el conflicto.-

De aquél, se desprende la existencia de un incremento notable (296,70%) en la cantidad de detenidos procesados por la justicia local desde el año 1990 -acentuándose desde 1998-, los que representan el 75% del total de las personas privadas de su libertad. Igualmente, da cuenta de la crítica situación de las cárceles provinciales en materia de capacidad de alojamiento, lo cual dio lugar a que se dispusiera -por la resolución ministerial 221/04- la imposibilidad de incorporación de nuevos detenidos.-

Se anexó un programa de reformas y ampliación del patronato de liberados, que lo posicionaría como una alternativa al encierro; la adquisición de un mayor número de pulseras magnéticas, y el impulso para la construcción de nuevas cárceles y alcaldías.-

De ese informe resulta igualmente la superpoblación del sistema carcelario, la existencia de personas detenidas en comisarías bonaerenses -pese a la implementación del programa de traslado de detenidos a unidades del servicio penitenciario-; que la mayoría de los detenidos son procesados y que los juicios son lentos, y los inconvenientes para solucionar de manera definitiva la situación en el corto plazo en virtud de la profundidad y los alcances de la crisis económica que afectó al Estado Nacional y provincial. También se indicó que, para determinar las condiciones de alojamiento de los detenidos, resultan aplicables las “Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos adoptadas por el 1° Congreso de la Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente”.-

Asimismo el documento destaca que existe un abuso en la utilización del instituto de la prisión preventiva el cual, sumado a la demora en la tramitación de los juicios, agregaba en las cárceles y comisarías una cantidad adicional de detenidos. Por este motivo puso en conocimiento de este Tribunal que se había elaborado un proyecto de ley de control de cupo penitenciario, a los efectos de dotar de un mecanismo de corrección de las situaciones de detención que no se ajusten a las reglas internacionales, como así también de un sistema de comunicación con los jueces a cuya disposición se encuentren los detenidos que estén en condiciones de obtener su libertad o de ser incluidos en un régimen atenuado o alternativo de la prisión.-

Finalmente propuso la introducción de medidas de oportunidad e instancias de mediación penal para solucionar estos inconvenientes, pero que aún no fueron aprobadas legislativamente.-

10) Que, por su parte, la actora destacó que en los tres años transcurridos la ya grave situación descripta en la acción originaria, no sólo no se había modificado sino que se había incrementado.-

Al respecto, mencionó que la cantidad de personas privadas de su libertad por la justicia provincial había crecido de 23.264 en noviembre del año 2001, a 30.414 para el mismo mes del año 2004, lo que implicaba un incremento del 31% en el término de tres años.-

Del mismo modo indicó que -según datos suministrados por el propio servicio penitenciario de la provincia-, pese a haberse construido en el lapso señalado ut supra 6810 plazas carcelarias, continuaban detenidas en comisarías 5441 personas a julio del pasado año.-

Con respecto a las condiciones de detención en las cárceles de la provincia, indicó que, a septiembre del pasado año, la distorsión de plazas oscilaba entre las 7700 y las 10.114 de acuerdo con los diversos mecanismos utilizados para medirla. Este dato ponía de relieve que la cantidad de personas alojadas en las dependencias penitenciarias provinciales excedía en más del 30% la capacidad máxima prevista, llegando incluso -según otras mediciones- al 50% de superpoblación.-

Cuestionó las medidas llevadas a cabo por la provincia por cuanto ellas no habrían tenido como resultado una variación sustancial de la situación. En este sentido consideró que las propuestas del Estado provincial eran insuficientes e inidóneas para resolver las dificultades planteadas. Así, el fortalecimiento del Patronato de Liberados y la adquisición de pulseras magnéticas, no tendrían un impacto sustancial sobre el problema del hacinamiento.-

Sostuvo que la autoridad provincial considera que el hacinamiento padecido por los presos obedece -como regla general- a la escasez de espacio, motivo por el cual la solución al problema se reduciría a la construcción de nuevos lugares de detención, sin tomar en cuenta el aumento de la tasa de prisionización provocado por las medidas legislativas, ejecutivas y judiciales provinciales, dispuestas en los últimos seis años.-

Así refirió que “el alojamiento ilegal de personas en establecimientos policiales, así como el hacinamiento en el sistema penitenciario se ha ido consolidando en la Provincia de Buenos Aires como una componente de las condiciones de privación de la libertad en los últimos años. Esto más allá de la permanente construcción de establecimientos penitenciarios y otras medidas que se hayan intentado… Una serie de políticas públicas en materia criminal, que ubicaron a la cárcel como principal herramienta de solución de los conflictos sociales, han provocado que la provincia de Buenos Aires esté cerca de las tasas de encarcelamiento cada 100.000 habitantes más alta de la región. Con 220 para el 2004 esta tasa solo es superada por Chile. Sin embargo su nivel de crecimiento ha sido superior no solo al de Chile sino inclusive a los niveles de incremento de la tasa de prisionización en los Estados Unidos de América. Los datos señalan que una serie de acciones llevadas a cabo desde los poderes ejecutivo provincia, reformas legislativas y decisiones judiciales han sido unas variables fundamentales del incremento de los niveles de privación de la libertad y de las condiciones en que ésta se cumplen en dependencias policiales y penitenciarias. Entre otras cosas, las modificaciones introducidas en la normativa provincial promovieron: a) restringir al máximo los supuestos de libertad durante la sustanciación del proceso, invirtiendo el principio de excepcionalidad de la privación de libertad cautelar, y b) limitar el acceso a regímenes de ejecución de penas alternativos al encierro carcelario a cada vez más supuestos específicos, retomando la concepción de que los institutos pre-liberatorios constituyen ‘beneficios penitenciarios’ en lugar de modalidades de cumplimiento de condenas. Las decisiones de política criminal en la provincia de Buenos Aires están orientadas a promover, sin que la ilegalidad de las privaciones de la libertad actúe como límite, más privación de libertad tanto en su aspecto cuantitativo como cualitativo, es decir, más presos detenidos por lapsos cada vez más prolongados” (confr. fs. 256 vta.)

De esta manera argumentó que en los últimos seis años las reformas legislativas introducidas en el ordenamiento procesal local por las leyes provinciales 12.405 y 13.183 -que modificaron la regulación en materia de excarcelación-, como así también las modificaciones efectuadas a la legislación bonaerense de ejecución penal mediante la sanción de la ley 13.177, trajeron aparejadas un significativo aumento en la cantidad de personas privadas de su libertad en el ámbito local.-

Asimismo señaló que, en virtud de estas reformas legislativas, se incrementó significativamente el número de condenas de prisión o reclusión por más de 3 años, pasando del 20% del total de condenas pronunciadas en 1998, al 31,4% en el año 2003.-

Sin perjuicio de ello, refirió que igualmente la situación más grave de aumento de detenidos se vincula con detenciones durante el curso de los respectivos procesos, puesto que la gran mayoría de las personas privadas de la libertad aún no tienen condena firme.-

11) Que en el trámite de la presentación directa ante esta Corte, se agregaron escritos de “amigos del tribunal”, por parte de la “Comisión Nacional de Juristas”, la Organización “Human Rights Watch”, la “Organización Mundial contra la Tortura”, la “Asociación por los Derechos Civiles”, la “Clínica Jurídica de Interés Público” de Córdoba, la Asociación Civil “El Agora”, la Asociación Civil “Casa del Liberado” de Córdoba, y el “Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal”. Las mencionadas entidades aportaron argumentos de derecho y jurisprudencia internacional relacionados con el caso en estudio para conocimiento de esta Corte.-

12) Que con fecha 29 de agosto de 2003 se dispuso dar vista al señor Procurador General de la Nación, quien el 9 de febrero de 2004, emitió el dictamen obrante a fs. 99/104 de la queja.-

Consideró que el recurso es formalmente admisible, puesto que el fallo impugnado proviene del tribunal superior de la causa, y además, rechaza en forma definitiva la acción con alcance colectivo que la peticionaria pretende con apoyo en normas de carácter constitucional.-

Agregó que, en el sub lite, se halla cuestionada la inteligencia del art. 43, párrafo segundo, de la Constitución Nacional y la resolución impugnada había sido contraria al derecho en que el recurrente fundó su planteo. Asimismo, estimó que el tratamiento de la arbitrariedad del pronunciamiento apelado, no podía escindirse del conferido a la cuestión federal controvertida en el pleito.-

En cuanto a los aspectos de fondo planteados, consideró que asistía razón al recurrente en cuanto sostuvo que se halla legitimado activamente para accionar en forma colectiva en representación de las personas privadas de su libertad en el ámbito provincial a las que se les habían agravado las condiciones de detención.-

Destacó que esta conclusión se desprende de la inteligencia que cabe asignarle al párrafo segundo del art. 43 de la Constitución Nacional, y en este sentido, tomando en cuenta que la pretensión del accionante tiene por objeto obtener una solución que abarque la totalidad de los casos que se encuentran en la misma situación, el razonamiento efectuado por el tribunal a quo en la medida en que impide el progreso de la acción colectiva, desvirtúa el alcance otorgado por la cláusula constitucional mencionada. Compartió el criterio del recurrente en lo que se refiere a que la acción colectiva resultaba el remedio procesal apto para solucionar la situación denunciada, toda vez que el ejercicio de acciones individuales en procesos separados podía incluso perjudicar a los miembros del colectivo.-

Finalmente, coincidió con la recurrente en que la falta de tratamiento de cuestiones planteadas e invocadas oportunamente en la sentencia del tribunal inferior en grado, tornaban arbitrario el pronunciamiento, dado que no cuenta con fundamentos suficientes que sustenten esta carencia, descalificándolo entonces como acto jurisdiccional válido.-

13) Que el recurso extraordinario resulta formalmente procedente. En efecto, la sentencia impugnada fue dictada por el superior tribunal de la causa -la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires-. La decisión -si bien no pone fin al pleito ni impide su continuación- es equiparable a definitiva pues el gravamen que provoca es de imposible e insuficiente reparación ulterior, en la medida en que las denunciadas vulneraciones de distintas garantías enmarcadas en el art. 18 de la Constitución Nacional, como así también en diversos instrumentos internacionales incorporados a ella en virtud de la recepción establecida en el art. 75, inc. 22, demandan una tutela judicial efectiva e inmediata que no admite el diferimiento a otro tipo de procesos.-

Asimismo, existe cuestión federal suficiente pues se encuentra en tela de juicio la inteligencia y el alcance otorgado al art. 43 de la Constitución Nacional, y, fundamentalmente, la alegada preterición de las garantías previstas por el art. 18 in fine de esa Constitución y diversas normas de tratados de derechos humanos (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), so color de limitaciones de índole procesal. La resolución ha sido contraria al derecho que el recurrente fundó en esas normas, el agravio subsiste al momento de fallar y existe relación directa e inmediata entre el planteo realizado, la sentencia impugnada y las cláusulas constitucionales invocadas.-

14) Que en primer término, corresponde estudiar si resulta procedente la interposición -en este particular supuesto- de un habeas corpus colectivo, en protección de las condiciones de detención de todos los sujetos privados de libertad en el territorio de la Provincia de Buenos Aires y si a ese fin se encuentra legitimada la recurrente, persona colectiva distinta de los afectados.-

15) Que a juicio de este Tribunal, la respuesta a dichos interrogantes debe ser afirmativa. En efecto, más allá del nomen juris empleado, la peticionaria pretende la modificación de una situación en la que se encuentran quienes están detenidos, respecto del goce de derechos básicos que afectan el respeto a su dignidad humana. Por tanto, y de acuerdo a lo decidido por la mayoría de esta Corte en Fallos: 325:524, corresponde dar curso a la acción de habeas corpus colectivo, solución para la que este Tribunal no encontró obstáculo en aquella oportunidad no obstante que, si se quiere, el derecho allí lesionado no comprometía -como ocurre en el caso- la vida misma de los afectados.-

Para arribar a esta solución no puede pasarse por alto que la previsión del actual art. 43 de la Constitución Nacional contempla expresamente la figura del amparo colectivo. Y si bien no lo hace -al menos en forma expresa- con el habeas corpus colectivo, ello no puede conducir a negar la posibilidad de su ejercicio. Sucede que el amparo ha nacido en nuestro derecho constitucional como una extensión a otros derechos de la protección sumaria que las leyes otorgaron desde antiguo a la libertad corporal; basta para comprobar este aserto la lectura del señero precedente del Tribunal publicado en Fallos: 239:459 -caso “Siri”-. De tal manera, la interpretación del ámbito de sujetos amparados por el primigenio remedio procesal -bien que circunscrito a la protección de los derechos vinculados con la libertad física y las condiciones de detención- no puede prescindir de esta nueva categoría -la colectiva- de violaciones susceptibles de ser remediadas por procedimientos sumarios. Tal como lo sostuvo el Tribunal en Fallos: 241:291 -caso “Kot”- “[l]o que primordialmente tienen en vista el habeas corpus y el recurso de amparo, no es el origen de la restricción ilegítima a cualquiera de los derechos fundamentales de la persona humana, sino estos derechos en sí mismos, a fin de que sean salvaguardados. Dichas garantías no atienden unilateralmente a los agresores, para señalar distinciones entre ellos, sino a los agredidos, para restablecer sus derechos esenciales. La Constitución está dirigida irrevocablemente a asegurar a todos los habitantes ‘los beneficios de la libertad’, y este propósito, que se halla en la raíz de nuestra vida como nación, se debilita o se corrompe cuando se introducen distinciones que, directa o indirectamente, se traducen en obstáculos o postergaciones para la efectiva plenitud de los derechos” (énfasis agregado).-

16) Que, en definitiva, la cuestión de autos, especialmente debido a la gravedad que reviste, requiere -más allá del nomen juris de la acción apta para la defensa colectiva intentada- que frente a la comprobación inmediata de la clara violación de la garantía constitucional invocada, ésta sea restablecida por los jueces en su integridad. “(L)as garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias, las cuales sólo son requeridas para establecer ‘en qué caso y con qué justificativos podrá procederse’…” (causa “Siri” antes citada).-

Los hechos denunciados en autos, constituidos por la existencia de situaciones plurales, demuestran la necesidad de admitir una acción igualmente plural, en beneficio de intereses colectivos de todos los sujetos privados de libertad en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, cuya satisfacción no podría lograrse mediante peticiones individuales. 17) Que como lo ha decidido esta Corte aun con anterioridad a la consagración constitucional del amparo colectivo -disidencia del juez Fayt en Fallos: 313:1262-, las pretensiones del recurrente no apuntan en modo alguno a cuestionar el sistema carcelario en forma genérica, sino a obtener soluciones concretas a las lesiones en los derechos más esenciales de cada uno de los amparados que varían en mucho de un caso a otro. En tal sentido, por ejemplo, el otorgamiento de asistencia médica adecuada a determinados amparados “no parece ser una petición desmedida ni de contenido genérico, ni de remedio imposible ni difícil, aun para los menguados recursos públicos” (disidencia citada, considerando 4(, in fine). Lo que se pretende “es la defensa de la dignidad humana de la cual no puede ser privado ningún habitante de la Nación, aunque su conducta haya sido reprobada y se encuentre cumpliendo una pena privativa de la libertad. En otros términos, se exige la aplicación de derechos constitucionales, cuya [preterición] agravia a la conciencia social” (disidencia citada, considerando 5(; voto de los jueces Fayt, Petracchi y Boggiano en autos “Dessy, Gustavo Gastón”, publicado en Fallos: 318:1894).-

18) Que las circunstancias señaladas precedentemente, dan cuenta de la necesidad de hacer uso de la facultad que a esta Corte acuerda el art. 16 segunda parte de la ley 48. Sin embargo, no debe perderse de vista que esa atribución significa tan sólo sustituir al tribunal apelado (Fallos: 189:292) en el examen y decisión de la totalidad de las cuestiones comprendidas en la causa como lo habría hecho en un recurso ordinario de apelación (Ymaz-Rey, El recurso extraordinario, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., año 2000, pág. 267 y sgtes.). En el caso y toda vez que la decisión recurrida se limitó a rechazar liminarmente la pretensión, la manera de “sustituir al tribunal apelado” debe circunscribirse necesariamente a disponer que se dé curso al presente habeas corpus.-

La jurisdicción que a esta Corte le otorga la segunda parte del art. 16 de la ley 48 regula -como es evidente- el ejercicio de un supuesto de su competencia apelada. No es posible por esta vía asumir el conocimiento originario en una causa que como la presente aun no fue sustanciada, pues ello importaría violación de la previsión del art. 117 de la Constitución Nacional. Debe recordarse que conforme reiteradamente lo ha sostenido este Tribunal, su competencia originaria es taxativa y no puede ser ampliada por la ley ni por vía interpretativa (causas “Siri, Angel”, Fallos: 252:293; “Sara Rosenda Luján de Molina v. Jorge Rafael Videla y otros”, publicada en Fallos: 306:1113; 311:1200; 318:1738). El imperio del estado de derecho requiere de la Corte, como lo sostuvo este Tribunal en el citado precedente de “Luján de Molina”, el respetuoso cuidado de su competencia reglada, de naturaleza excepcional e interpretación restrictiva. La invocación de un supuesto de gravedad institucional no es apta para hacer excepción a la regla enunciada (causas “Orden y Justicia”, Fallos: 312:640 y “Actuaciones relacionadas con la exportación de material bélico”, Fallos: 322:1809, voto del juez Petracchi) en cuya preservación esta Corte ha sido siempre celosa, porque ella resulta de expresas disposiciones constitucionales. En este sentido, cabe recordar que desde el célebre caso “Sojo” (Fallos: 32:120) el Tribunal ha declarado que son ajenos a su competencia originaria los pedidos de habeas corpus, salvo que se trate de alguna de las personas mencionadas en el art. 117 de la Constitución Nacional (doctrina reiterada en los casos “Perez de Smith” Fallos: 300:1282; “Ernesto Toribio Chaparro” (Fallos: 311:999), “Miguel Ángel Julián” (Fallos: 312:541), “Bernardino Rolando Ochoa Zambrano” y “Sergio Rogelio Castro” (Fallos: 313:493 y 615 respectivamente), “Fabián Guzmán Giménez” (Fallos: 314: 644), “Daniel Enrique Gorriarán Merlo” (Fallos: 318:2307), “Miguel Angel Natalio Rondano” (Fallos: 319:812), “Enrique Haroldo Gorriarán Merlo” (Fallos: 322:2488) y N.285.XXXIX “Nicolaides, Cristino s/ su solicitud de habeas corpus” del 31 de agosto de 2004, entre muchos otros).-

19) Que, la grave situación descripta ya ha motivado que esta Corte reconociera la responsabilidad patrimonial de la Provincia de Buenos Aires por la muerte de 35 detenidos alojados en la cárcel de Olmos (Fallos: 318:2002). Esta comprobación exige recordar que para una genuina preservación de las garantías debe tenderse a su efectiva operatividad cuando ello es posible y no a generar situaciones que sólo conducirían eventualmente a reducirlas a instrumentos fundantes de responsabilidades patrimoniales del Estado (Fallos: 323:4130, disidencia del juez Fayt).-

20) Que en este sentido, el Tribunal no puede dejar de señalar algunos extremos que necesariamente deberán ponderar los jueces de la causa a fin de adoptar decisiones compatibles con la efectiva vigencia de los derechos en juego.-

Es un deber de esta Corte como guardián último de las garantías constitucionales, señalar que la salvaguardia del derecho a la vida de los beneficiarios del pedido en estudio, podrá formularse ante los jueces competentes para ser atendida con la celeridad y eficacia que la situación requiere, actitud que el Tribunal -huelga decirlo- descarta que habrá de ser seguida (Fallos: 323:4008, voto del juez Fayt).-

Durante el desarrollo de las audiencias convocadas por el Tribunal, existió consenso respecto de la gravedad de las condiciones de vida de los detenidos, tanto en las instalaciones del servicio penitenciario, como en las dependencias policiales provinciales. La superpoblación en los niveles alcanzados y admitidos, de por sí acreditaría el incumplimiento del Estado provincial respecto de las condiciones mínimas de trato reconocidas a las personas privadas de su libertad.-

Por otra parte, tampoco se puso en duda que se encuentran alojados en comisarías en calidad de detenidos, niños, adolescentes, mujeres y personas enfermas.-

También ha sido reconocido que, por los menos, el 75% de la población privada de su libertad son procesados con prisión preventiva que todavía no han sido condenados, y por lo tanto inocentes.-

Finalmente, está dicho y no controvertido en autos que si bien la cantidad de detenidos en la provincia ha aumentado año a año desde 1990, en los últimos seis años ha alcanzado un incremento exponencial que no guarda relación de proporcionalidad alguna ni con el aumento demográfico de la población ni con el aumento de los índices delictivos en la provincia.-

21) Que a ese fin cabe recordar que no compete a los jueces evaluar la oportunidad, el mérito o la conveniencia de las medidas políticas adoptadas por la administración provincial, ni poner en discusión su política penitenciaria -menos aún, su política criminal-. Mucho menos le toca a esta Corte inmiscuirse en la forma en que las autoridades locales competentes cumplan con tan elementales deberes de gobierno (arts. 5, 121 y 122 de la Constitución Nacional). La valoración de las medidas que el Estado provincial adopte o haya adoptado, sólo podrá ser materia de decisión en la causa en la medida en que incidan en la situación de los amparados por este habeas corpus.-

22) Que en el curso de las audiencias se ha informado a este Tribunal: a) el cuadro de situación señalado en el considerando 20; b) que hay mujeres, menores y enfermos en comisarías; c) que los esfuerzos del Poder Ejecutivo provincial no alcanzan para resolver el problema porque no cede la curva ascendente del número de presos en la provincia; d) que este aumento responde en parte a leyes provinciales en materia excarcelatoria y penitenciaria; e) que el Poder Ejecutivo provincial considera que media un excesivo uso de la prisión preventiva por parte de los jueces de la Provincia de Buenos Aires.-

23) Que frente a esta situación, si bien al momento de decidir esta causa, los jueces competentes no podrán ir más allá de sus propias facultades, que no son tan amplias como para acordar una solución total, armónica y definitiva del conflicto global en lo inmediato. Sí deberán adoptar todas las medidas necesarias y compatibles con un rol republicano de la justicia.-

24) Que en este sentido, no podrá prescindirse del claro texto constitucional del art. 18 que dispone que “[l]as cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”. Reconoce así -como ya se afirmó- a las personas privadas de su libertad el derecho a un trato digno y humano -igualmente consagrado por diversos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22)-.-

25) Que sin desconocer el contenido aflictivo que comporta la privación de libertad -en cierta medida imposible de eliminar por ser inherente a esa situación- son los jueces ordinarios con competencia penal quienes mejor pueden apreciar con un importante grado de precisión y cercanía el intolerable e indebido agravamiento, que en muchos casos se configura y que legitima el pedido de autos. “Las cárceles en sí mismas, por sus condiciones materiales, higiénicas y de salubridad no deben agravar el mal inherente a la pena, ni las autoridades ejecutarlas en forma que aumentan ese mal” (Nuñez, Ricardo; Derecho Penal Argentino. Parte Gral. Tomo II; Ed. Bibliográfica Argentina; Buenos Aires, 1960).-

26) Que los jueces no podrán soslayar que situaciones semejantes poseen aptitud suficiente para poner en peligro la vida y la integridad física de los amparados por esta acción, además de la de terceros.-

Igualmente, deberán recordar que esta situación de hecho debe decidirse con criterios compatibles con el derecho a un trato digno y humano reconocido a las personas privadas de su libertad, que ya había sido reconocido antes de la sanción de la Constitución Nacional, desde los orígenes mismos de la legislación penitenciaria del país. Especialmente de la propia Provincia de Buenos Aires, cuyo Reglamento Provisorio de la Penitenciaría de 1877, sancionado por el gobernador Carlos Casares, establecía un régimen respetuoso de la dignidad humana sensiblemente notable para los estándares de su tiempo (Reglamento Provisorio de la Penitenciaría, Buenos Aires, Imprenta de M. Biedma, calle de Belgrano número 135, 1877). La República Argentina tuvo un papel protagónico, por otra parte, en el establecimiento de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, en el Primer Congreso de Naciones Unidas para la Prevención del delito y el tratamiento del delincuente, de Ginebra, en 1955, aprobadas por el Consejo Económico y Social en su resolución 663 C31-7-57 y complementada en la 2076 del 13 de mayo de 1977.-

A este último instrumento de innegable valor interpretativo se suman las previsiones de los tratados internacionales de derechos humanos a los que se ha asignado jerarquía constitucional “en las condiciones de su vigencia”. Así, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece en el art. XXV que “todo individuo que haya sido privado de su libertad…tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad”; el art. 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que “toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”; fórmula ésta que recibe de modo similar el art. 5 inc. 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.-

27) Que esta decisión no tiene la pretensión de obligar a los tribunales locales a resolver todas las cuestiones particulares que sin duda se encuentran involucradas, dadas las dificultades antes señaladas y las particularidades que puede asumir cada caso; sin embargo, es su deber instruirlos para que -dentro de sus respectivas competencias- comprometan sus esfuerzos para lograr el cabal cumplimiento de las normas nacionales e internacionales que imponen el tratamiento digno de toda persona privada de libertad y, particularmente, en lo que hace a la tutela de su vida humana e integridad física.-

De ahí, que se exhorte a las instancias de grado a fin de que soliciten a los poderes políticos que agoten el aprovechamiento de los recursos materiales -particularmente de los ociosos- en orden a dar satisfacción a los derechos de los amparados en autos.-

28) Que especial atención debe merecer la presencia de mujeres, adolescentes y enfermos en comisarías o establecimientos policiales -en un total desamparo que agrava la ya preocupante situación de exclusión social que padece una parte importante de nuestra población-. Esa tarea deberá cumplirse, a la luz de los principios recogidos por las aludidas “Reglas Mínimas”, destinadas a estimular el esfuerzo constante para lograr una buena organización penitenciaria y de tratamiento de los recluidos (conf. “Observaciones Preliminares” 1 a 3 de esas Reglas).-

Por ello, y lo concordantemente dictaminado por el señor Procurador General, se declara procedente la queja y el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y se decide admitir formalmente el habeas corpus iniciado, al que en las instancias de grado, deberá darse curso con la celeridad que el caso amerita, en los términos expuestos en los considerandos precedentes. Agréguese la queja al principal, notifíquese y devuélvase.-

Fdo.: CARLOS S. FAYT.-

DISIDENCIA PARCIAL DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY

Considerando:

Que la infrascripta coincide con los considerandos 1° a 54 del voto de la mayoría.-

55) No hay controversias respecto a que el 75% de detenidos en la Provincia de Buenos Aires aún no tiene condena firme. Este hecho puede deberse a distintas razones: parálisis o colapso casi total del sistema judicial, aplicación generalizada a imputaciones por delitos de menor gravedad, etc. Se ha admitido en los autos que este fenómeno creció a partir de las reformas legislativas antes señaladas y cuya eventual inconstitucionalidad corresponderá analizar en caso de ser planteada y de verificarse que viola los estándares constitucionales e internacionales mínimos válidos para toda la Nación.-

No consta a esta Corte, si, además, se produce un uso discrecional muy extendido en las decisiones judiciales, pues es un dato aportado por el Poder Ejecutivo de la Provincia y no controlable por este Tribunal.-

56) Sin embargo, el examen de constitucionalidad del régimen de la prisión preventiva y la excarcelación vigente en la Provincia de Buenos Aires debe llevarse a cabo exclusivamente sobre la base de las reglas contenidas en la Constitución federal y en los instrumentos internacionales que vinculan a las legislaturas provinciales.-

La propuesta de utilizar como marco normativo obligatorio el Código Procesal Penal de la Nación importa una severa restricción del principio federal adoptado por nuestro país en el artículo 1° de la Constitución Nacional, pues, fuera del respeto a la Constitución y leyes federales, las provincias no pueden ser obligadas a seguir los criterios legislativos del Congreso Nacional en un tema que no ha sido delegado por las provincias, como lo es, la regulación de la excarcelación y la prisión preventiva. Tanto menos cuando el Congreso al dictar el Código Procesal Penal no lo hizo con la expresa declaración o voluntad de que se utilizase como marco obligatorio para la legislación procesal provincial. En esta medida, considero que tal utilización configura también una desviación del principio democrático, pues se asigna a la voluntad legislativa un efecto y un alcance que no estuvo presente en el proceso deliberativo que precedió a la sanción de la ley y que tampoco es necesario para establecer una recta interpretación de su texto.-

57) Todo ello sin perjuicio de que para establecer la constitucionalidad de la legislación procesal en materia de prisión preventiva y excarcelación deba tenerse también en cuenta su impacto sobre el servicio de custodia penitenciaria, en particular, la superpoblación y sus deletéreas consecuencias en términos de derechos humanos de los reclusos. Lo contrario implica admitir el funcionamiento de un sistema ciego a sus efectos, que sigue alimentando cárceles atestadas sin posibilidad de corregirse a partir de la percepción de este dato de la realidad.-

Por ello, y oído que fuera el señor Procurador General, corresponde:

1. Declarar admisible la queja y procedente el recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada.-

2. Declarar que las Reglas Mínimas para el tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas, recogidas por la ley 24.660, configuran las pautas fundamentales a las que debe adecuarse toda detención.-

3. Disponer que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a través de los jueces competentes, haga cesar en el término de sesenta días la detención en comisarías de la provincia de menores y enfermos.-

4. Instruir a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a los tribunales de todas las instancias de la provincia para que, en sus respectivas competencias y por disposición de esta Corte Suprema, con la urgencia del caso, hagan cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado Federal.-

5. Ordenar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires que, por intermedio de la autoridad de ejecución de las detenciones, remita a los jueces respectivos, en el término de treinta días, un informe pormenorizado, en el que consten las condiciones concretas en que se cumple la detención (características de la celda, cantidad de camas, condiciones de higiene, acceso a servicios sanitarios, etc.), a fin de que éstos puedan ponderar adecuadamente la necesidad de mantener la detención, o bien, dispongan medidas de cautela o formas de ejecución de la pena menos lesivas. Asimismo, se deberá informar en el plazo de cinco días toda modificación relevante de la situación oportunamente comunicada.-

6. Disponer que cada sesenta días el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires informe a esta Corte las medidas que adopte para mejorar la situación de los detenidos en todo el territorio de la provincia.-

7. Encomendar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires para que a través de su Ministerio de Justicia organice la convocatoria de una mesa de diálogo a la que invitará a la accionante y restantes organizaciones presentadas como amicus curie, sin perjuicio de integrarla con otros sectores de la sociedad civil, debiendo informar a esta Corte cada sesenta días de los avances logrados.-

Agréguese la queja al principal y extráiganse fotocopias certificadas para su reserva en este Tribunal. Notifíquese y remítase.-

Fdo.: CARMEN M. ARGIBAY.-

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO

Considerando:

1°) Que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires desestimó los recursos de nulidad e inaplicabilidad de ley deducidos contra la resolución de la Sala III del Tribunal de Casación provincial, que había rechazado la acción de habeas corpus promovida por Horacio Verbitsky, en su calidad de director del Centro de Estudios Legales y Sociales, a favor de la totalidad de los detenidos alojados en establecimientos policiales y comisarías de la provincia. Tal decisión motivó la apelación federal, cuya denegación motivó la presente queja.-

2°) Que, esta Corte ha establecido, como principio, que el habeas corpus no autoriza a sustituir a los jueces propios de la causa en las decisiones que le incumben, respecto de las cuales, en caso de existir agravio constitucional, cabe la interposición de los recursos de ley (Fallos: 219:111; 220:35, 1224; 231:106; 237:8; 308:2236; 313:1262; 317:916; entre muchos otros).-

3°) Que, en rigor, la pretensión de autos, tal como ha sido deducida, constituye una impugnación genérica al sistema carcelario provincial. En consecuencia, cabe atenerse a la inveterada jurisprudencia de esta Corte según la cual no compete a los jueces hacer declaraciones generales o abstractas, porque es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos (Fallos: 2:253; 24:248; 95:51 y 290; 130:157; 243:176; 256:103; 263:397, entre otros).-

4°) Que no atañe a esta Corte diseñar una política carcelaria provincial y reglamentar su ejecución en todo o en parte. En este sentido, cabe recordar que desde antiguo se ha considerado que la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saberse mantener dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones pues es el judicial el llamado a hacer observar la Constitución Nacional, y de ahí que su avance en desmedro de otras facultades revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público (Fallos: 155:248; 311:2580; 320:2851; 324:2315).-

5°) Que, como se advierte, existen sustanciales diferencias entre el sub lite y otros precedentes de esta Corte relativos a la condición de las personas privadas de su libertad, tales como los registrados en Fallos: 318:1894 “Dessy”, 325:524 “Mignone” y la causa R.230.XXXIV “Romero Cacharane, Hugo Alberto s/ ejecución penal”, pronunciamiento del 9 de marzo de 2004, pues allí se perseguía una reparación susceptible de obtenerse mediante un pronunciamiento judicial. En efecto, en esos casos se hallaba en juego, respectivamente, la inviolabilidad de la correspondencia epistolar, el derecho al voto y la revisión de una sanción disciplinaria durante la ejecución de la pena. En cambio, aquí se persigue la modificación de un sistema carcelario en el ámbito de una provincia, lo cual excede las facultades jurisdiccionales de esta Corte. Máxime, cuando la nacionalización del régimen carcelario de una provincia probablemente haya de extenderse a las otras.-

6°) Que, empero no es posible permanecer indiferente ante situaciones incompatibles con la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos a ella incorporados (art. 75, inc. 22), las que, por su gravedad, son susceptibles de conducir a que el modo en que se hacen efectivas las detenciones durante el proceso o la ejecución de las penas revistan el verdadero carácter de una condena accesoria incompatible con la dignidad personal y con las garantías que el Estado tiene la obligación de preservar, para no incurrir en responsabilidad internacional. Si alguna situación de aquella magnitud alcanzara los estrados de esta Corte en una causa justificable, su jurisdicción habrá de ejercerse para la más plena vigencia de la Constitución, los tratados con jerarquía constitucional y las normas inferiores aplicables.-

7º) Que, en tal sentido, cabe recordar que el art. 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación general de los Estados Partes, de respetar los derechos y libertades en ella consagrados y el pleno ejercicio a toda persona que está sujeta a su jurisdicción, lo que implica el deber de adoptar las medidas de seguridad necesarias para su protección. Estas obligaciones se tornan aún más evidentes en relación con las personas privadas de su libertad que están bajo custodia estatal (conf. caso Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Bulacio vs. Argentina, sentencia del 18 de septiembre de 2003, Serie C, N° 100; Medidas provisionales respecto de la República Federativa del Brasil, Caso de la Cárcel de Urso Branco, 7 de julio de 2004; en igual sentido, Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay, del 2 de septiembre de 2004, Serie C, N° 112; Caso de las Penitenciarías de Mendoza, 22 de noviembre de 2004).-

8°) Que las provincias no son ajenas al cumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Ello en atención a lo dispuesto por el art. 31 de la Constitución Nacional según el cual ella, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales. Por lo demás, con la reforma constitucional de 1994 la supremacía del derecho internacional respecto del derecho interno ha pasado a integrar los principios de derecho público de la Constitución (arts. 27 y 75, incs. 22 y 24 de la Constitución Nacional; Fallos: 324:3143, voto del juez Boggiano).-

9°) Que, en ese orden de ideas, en reiteradas oportunidades, como aquí en el enjundioso voto de la mayoría, esta Corte ha expresado su preocupación por la dolorosa realidad que afecta a las personas privadas de su libertad. Así, ha establecido la necesidad de dar a las personas detenidas adecuada atención médica y odontológica, controles regulares, el otorgamiento de medicamentos esenciales y condiciones dignas de habitabilidad. Por ello, requirió al Poder Ejecutivo Nacional la implementación de medidas concretas para dar solución a los problemas económicos, administrativos y asistenciales que padecen las cárceles argentinas (Fallos: 310:2412; 311:313; acordada 90/92; Fallos: 315:2202;; 316:155).-

10) Que en virtud de tales precedentes ha de urgirse a los poderes de la Provincia de Buenos Aires, para que adopten las medidas necesarias en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, con el fin de asegurar que las detenciones y las condenas que se ejecutan en establecimientos sometidos a su jurisdicción no agreguen a la privación de la libertad lesiones a los derechos humanos de los presos (arts. 18 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional).-

Empero, tales rogatorias, por apremiantes que sean, no pueden llegar a suplir la ley provincial misma.-

Por ello, oído el señor Procurador General, se desestima la queja a los poderes constituidos de la Provincia de Buenos Aires en los términos de la presente sentencia. Notifíquese, devuélvase los autos principales y archívese.//-

Fdo.: ANTONIO BOGGIANO

Fallo Alem, CS (1893)

Caso Alem

Excarcelación bajo fianza é inmunidad de los miembros del Congreso. Corte Suprema de Justicia de la Nación, 15 de diciembre de 1893. Con el Dictamen del Procurador General y los fallos de las cortes inferiores.

FALLO DE LA CORTE SUPREMA :

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1893.

Vistos:

En el recurso interpuesto por el senador al congreso nacional doctor Leandro N. Alem, del auto de foja veinte y nueve en que el Juez de Sección de Santa Fé se declara incompetente para decretar su libertad, con motivo de la detención que sufre, después del auto de excarcelación de foja once; detención que, según se establece, ha sido ordenado por el Poder Ejecutivo Nacional en virtud de las facultades del estado de sitio, es menester tomar en cuenta las dos distintas causales en que el recurrente funda sus agravios.

La primera de ellas consiste en la afirmación de que el auto del Juez a quo que ordenó su excarcelación bajo fianza, no ha sido cumplido por el funcionario ejecutivo encargado de su custodia; y la segunda, en que ha sido nuevamente detenido en arresto, por órden del poder administrativo, violándose en su persona las inmunidades constitucionales que le amparan como miembro del senado nacional.

En cuanto a la primera de dichas causales, de autos resulta que el mandato del Juez de Sección fue acatado y cumplido por los funcionarios a quienes les fué notificado, sin que en momento alguno se haya puesto en cuestión su eficacia.

Las excarcelaciones bajo de fianza decretadas por los jueces en un proceso dado, refiriéndose sólo a la materia judicial pueden afectar las facultades políticas que durante el estado de sitio corresponden al Poder Ejecutivo.

Así lo ha entendido y resuelto con oportunidad y justicia el Juez de Sección, y esta Corte entiende que está suficientemente fundado el fallo apelado, en lo que se refiere a la primera de las causales que motivan el recurso.

En cuanto a la segunda causal, para poder resolver con acierto el punto en debate, es necesario estudiar otras cuestiones que le son anexas, y de cuya solución depende el fallo que corresponde dictarse en la presente.

Desde luego es indispensable precisar los objetos del estado de sitio y el alcance de las facultades que durante él puede ejercer el Presidente de la República, para detenerse después a estudiar el carácter de las inmunidades de los Senadores y Diputados, y los objetos que la Constitución ha tenido en vista al acordarlas.

El artículo 23 de nuestra ley fundamental es el único que puede servir para determinar sus propósitos al establecer el estado de sitio.

El estado de sitio que ese artículo autoriza es un arma de defensa extraordinaria que la Constitución ha puesto en manos de los póderes políticos de la nación, para que, en épocas también extraordinarias, puedan defenderse de los peligros que amenacen tanto a la Constitución como a las autoridades que ella crea.

Cuando la Constitución Argentina ha considerado necesario suspender las garantías constitucionales que acuerdan algunas de sus cláusulas, por tiempo y en parajes determinados, lo ha hecho en términos tan expresos, que difícilmente podría recurrirse, por necesidad a la interpretación para tener pleno conocimiento de sus propósitos, Perfectamente definidos y limitados.

Solo “en caso de conmoción interior ó de ataque exterior, que ponga en peligro el ejercicio de la Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia ó territorio donde exista la perturbación del órden”. (Constitución Nacional, art.23).

Sin esfuerzo se deduce lógicamente de este texto constitucional que el objeto primordial del estado de sitio, es la defensa de la Constitución y de las autoridades federales que ella crea. Con estos propósitos, y como medio eficaz de alcanzados, el artículo 23 agrega que, “allí”, donde el estado de sitio sea declarado, “quedarán suspendidas las garantías constitucionales “.

Si de un lado los objetos del estado de sitio son la defensa de la Constitución y de las autoridades, y del otro, durante ese tiempo, quedan suspendidas las garantías constitucionales, corresponde averiguar qué carácter tienen dentro de nuestra ley orgánica las inmunidades de los miembros del Congreso, y si aquellas pueden quedar comprendidas entre las garantías constitucionales que el estado de sitio suspende.

En nuestro mecanismo institucional, todos los funcionarios públicos son meros mandatarios que ejercen poderes delegados por el pueblo, en quien reside la soberanía originaria. Al constituir el gobierno de la Nación, ese pueblo dividió los poderes de esa soberanía en los tres grandes departamentos en los cuales depositó el ejercicio de todas sus facultades soberanas, en cuanto se refiriesen a dictar, ejecutar y aplicar las leyes en el orden nacional.

Y con el objeto de asegurar la estabilidad de ese mismo gobierno que el pueblo creaba, éste estableció, en la misma constitución, ciertos artículos que limitaron sus propias atribuciones soberanas, negándose a si mismo el derecho de deliberar ó de gobernar por otros medios que los de sus legítimos representantes y declarando suspensas sus propias garantías constitucionales allí donde una conmoción interior ó un ataque exterior, que pusiese en peligro el ejercicio de la Constitución ó de las autoridades que ella crea, haga necesario declarar el estado de sitio.

De esta serie de prescripciones constitucionales resulta que las facultades del estado de sitio, en cuanto se refiere a las autoridades creadas por la Constitución, deben ejercitarse dentro de ella misma. El estado de sitio, lejos de suspender el imperio de la Constitución, se declara para defenderla, Y lejos de suprimir las funciones de los poderes públicos por ella instituidos, les sirve de escudo contra los peligros de las conmociones interiores ó de los ataques exteriores.

Toda medida que, directa ó indirectamente, afecte la existencia de esos poderes públicos, adoptada en virtud de las facultades que el estado de sitio confiere, sería contraria a la esencia misma de aquella institución, y violaría los propósitos con que la ha crearlo el artículo 28 de la Constitución.

Ahora bien: la supresión de las garantías constitucionales, que trae como consecuencia inmediata la declaración del estado de sitio, en cuanto se refiere a las personas, autoriza al Presidente de la República “a arrestarlos ó trasladarlos de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefirieran salir del territorio Argentino “.

Puede adoptarse cualquiera de estas medidas, tratándose de un miembro del Congreso Nacional?.

El artículo 61 de la Constitución establece que “ningún Senador ó Diputado, desde el día de su elección hasta el de su ceso, pueda ser arrestado, excepto en el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante ó aflictiva.

Esta prescripción determina la regla ineludible: los miembros del Congreso no pueden ser arrestados; y, al lado de la regla, coloca la única excepción: el caso da ser sorprendido in fraganti en la comisión de algún delito.

Sean cuales fueren los actos que se atribuyan al Senador Alem para motivar su arresto, en virtud de las facultades que el estado de sitio confiere, ellos no podrían incluirse en la excepción que este artículo consigna.

Para que un miembro del Congreso pueda ser arrestado. es menester que se le sorprenda in fraganti en la comisión de un delito; y actos como éste no caen, en caso alguno, bajo, la acción política del Presidente de la República que, durante el estado de sitio “no puede condenar por sí ni aplicar penas”, sinó bajo la acción de los tribunales, que son los depositarios del poder judicial de la Nación, y, por tanto, los únicos competentes para entender en caso de delito.

Y es tal el celo que la Constitución ha tenido por guardar esta inmunidad dada a los miembros del Poder Legislativo contra los arrestos posibles de sus personas, que, aún en estos casos de excepción, cuando el Poder Judicial interviene, éste está obligado a dar cuenta a la Cámara respectiva, con la información sumaria del hecho, la que, en los casos de querella por escrito, necesita el concurso de dos terceras partes de los votos de sus miembros para ponerlo a disposición del Juez competente para su juzgamiento (Constitución Nacional, arts. 61 y 62).

Se ve, pues, que aun tratándose de los actos de indiscutible jurisdicción de los tribunales ordinarios, cuando ellos ordenan el enjuiciamiento de un Senador ó Diputado, la Cámara respectiva tiene acción decisiva sobre la persona de sus miembros, con prescindencia completa de las resoluciones de los demás poderes de la Nación.

Siendo esto así, ¿Cómo puede concebirse que la misma Constitución haya autorizado el arresto de los Senadorhes ó Diputados, sin la base de la comisión de un delito, solo como consecuencia emergente del estado de sitio, y sin que pueda tomar intervención alguna la Cámara a que pertenezcan esos miembros del Congreso ó el Poder Judicial, encargado de amparar todos los derechos?.

Para que las facultades políticas discrecionales puedan ser ejercidas con amplia libertad por el Presidente de la República, sobre las personas y las cosas, es que la Constitución ha declarado suspensas las garantías constitucionales durante el estado de sitio; pero esta suspensión de garantías es solo en cuanto afecta a las personas y a las cosas, y no a las autoridades creadas por la Constitución.

Si esta amplitud se diese a las facultades que el estado de sitio confiere, resultaría saltante la incongruencia en que habría incurrido nuestra Constitución autorizando por el artículo 23 el estado de sitio para garantir la existencia de las autoridades creadas por ella, y autorizando por el mismo artículo al Presidente para destruir los poderes legislativo y judicial, por medio del arresto ó la traslación de sus miembros, durante el estado de sitio.

Reconocida en el Poder Ejecutivo la facultad de arrestar a un Senador ó Diputado, queda sentado el principio, y reconocido, en consecuencia, el derecho del Presidente para arrestar a todos los miembros del Congreso, en los casos de conmoción interior ó de ataque extranjero.

Ejercida discrecional mente y sin control esa facultad que el artículo veinte y tres de la Constitución confiere al Presidente, ella puede venir a modificar substancialmente las condiciones de las cámaras del Congreso: ejerciéndose esa facultad sobre sus miembros y alternándose el resultado de las decisiones, parlamentarias, por la calculada modificación

de las mayorías, ó impidiendo en absoluto el funcionamiento del Poder Legislativo, o arrestándose ó trasladándose por la sola voluntad del Presidente, los senadores ó diputados en el número necesario para producir esos resultados.

En un fallo de esta Suprema Corte se ha establecido precisamente, tratándose de los privilegios parlamentarios, que “el sistema de gobierno que nos rige, no es una creación nuestra. Lo hemos encontrado en acción, probado por largos años de experiencia, y nos lo hemos apropiado. Y se ha dicho con razón, que una de las grandes ventajas de esa adopción, ha sido encontrar formado un vasto cuerpo de doctrina, una práctica y una jurisprudencia que ilustran y completan las reglas fundamentales, y que podemos y debemos utilizar en todo aquello que no hayamos podido alterar por disposiciones peculiares “.(Serie segunda, tomo X, página 236).

En el caso sub-judice, si bien las disposiciones de la constitución Argentina alteran las disposiciones análogas de la constitución norte-americana, lo hacen por una peculiaridad que tiene aquella, y que sirve para ensanchar el alcance de la inmunidad contra el arresto de que gozan los miembros de nuestro congreso nacional.

El artículo primero, sección primera, párrafo primero de la Constitución de los Estados Unidos, consagra este privilegio en los términos siguientes: “Gozarán (los Diputados y Senadores) en todos los casos, excepto en los de traición, felonía y perturbación de la paz (breach of the peace) del privilegio de no ser arrestados, mientras asistan a sus respectivas cámaras y al ir y al volver a las mismas “.

Las diferencias que entre este artículo y el de la constitución Argentina existen, son dos: la primera, que mientras que en los Estados Unidos puede ser arrestado, por órden judicial, en cualquier momento un miembro del Congreso que haya cometido delito, por la Constitución Argentina el arresto sólo puede tener lugar cuando el senador ó diputado ,es sorprendido infraganti, es decir, en el acto mismo de la comisión del delito. La segunda diferencia, es que en los Estados Unidos la inmunidad dura sólo el tiempo de las sesiones de las cámaras y el necesario para ir y volver al Congreso, mientras que en la República Argentina esa inmunidad dura para los diputados y senadores desde el día de su elección hasta el de su cese.

Fueron indudablemente razones peculiares a nuestra propia sociabilidad y motivos de alta política los que aconsejaron estas enmiendas hechas al modelo que se tenía presente por los constituyentes argentinos. Se buscaba, sin duda alguna, dar a los miembros del Congreso Nacional aún mayores garantías para el desempeño de sus funciones que aquellas de que gozaban los legisladores de la Nación Americana, asegurando su independencia individual y la integridad de los poderes.

Esto no obstante, la jurisprudencia de aquella Nación sirve sólo para justificar la inteligencia que en este fallo se da a las cláusulas recordadas de la Constitución Nacional.

En la doctrina norte-americana “para que sea legal y constitucional el arresto de un miembro del Congreso, es indispensable que exista un delito por él cometido”; y, en estos casos, el arresto no es un acto político, emergente del estado de sitio, sinó un acto ordinario y de jurisdicción del Poder Judicial.

Del hecho de que las inmunidades acordadas a los senadores y diputados les amparen contra el arresto político que autoriza el estado de sitio, no puede desprenderse su impunidad para conspirar contra la paz de la República.

Los miembros del Congreso, como todos los habitantes de la Nación, están sujetos a las leyes penales; y si conspirasen, ó produjesen actos de sedición ó rebelión, su arresto procedería, no en virtud de las facultades del estado de sitio, sinó en virtud de las facultades que tiene el poder judicial para aprehender a los presuntos delincuentes sometidos a su jurisdicción, ó para reclamarlos a sus cámaras respectivas.

Por otra parte, aun en los casos en que no exista propiamente delito, cada Cámara es el juez de sus miembros, y este es el creado contra la participación posible de los Senadores ó Diputados, en asuntos que pueden afectar al órden público. El estado de sitio no puede llegar hasta el seno del parlamento, para levantar de su asiento a uno de sus miembros, porque la existencia del cuerpo y su funcionamiento regular depende precisamente de esa existencia; pero cada Cámara tiene acción sobre todos y cada uno de sus miembros.

La razón substancial de estas prerrogativas de las Cámaras sobre sus miembros, es porque son sus privilegios los que se consideran violados; porque aunque la inmunidad de arresto de los miembros del Congreso es personal, ella tiene por objeto “habilitarles para desempeñar sus deberes como tales, y son esenciales a este fin “, y es por esta razón que, “cuando un miembro del Congreso está ilegalmente arrestado ó detenido, es deber de la asamblea adoptar medidas inmediatas y efectivas para obtener su libertad”, porque “los privilegios de sus miembros son parte de la ley de la tierra”, puesto “que el gran objeto de la institución de esos privilegios es asegurarles su asistencia a las asambleas legislativas”. (Cushing, Ley parlamentaria americana, páginas 224 a 238).

La Constitución no ha buscado garantir a los miembros del Congreso con una inmunidad que tenga objetos personales, ni por razones del individuo mismo a quien hace inmune. Son altos fines políticos los que se ha propuesto, y si ha considerado esencial esa inmunidad, es precisamente para asegurar no solo la independencia de los poderes públicos entre si, sinó la existencia misma de las autoridades creadas por la Constitución.

De todo lo expuesto resulta que, en tanto que no se trate del arresto autorizado, por excepción, por el artículo 61 de la Constitución, los miembros del Congreso nacional no pueden ser arrestados. Las facultades del estado de sitio no alcanzan hasta ellos, sobre quienes sólo tiene jurisdicción en esos casos la propia Cámara a que pertenecen.

En cuanto a la nota de 26 de Septiembre de 1893, que el Juez a quo invoca en el duo décimo considerando del fallo apelado, que se dice dirigida por el honorable Senado al Poder Ejecutivo, confiriéndole autorización para arrestar al Senador Alem, desde luego se extraña que no figure en autos el documento en que se apoya aquel funcionario, si es que alguna vez ha sido producido en ellos, y que resulta se hallaba en poder del Procurador Fiscal, según la conferencia telegráfica celebrada con la Secretaría de esta Corte.

Pero aún admitiendo en los autos el documento que se ha recibido en esta Corte por la vía telegráfica, y que aparece ser el que tuvo presente el Juez a quo al negar su competencia para decretar la libertad del Senador Alem, fundándose en que el Senado Nacional había autorizado su arresto, ese documento, no expresa semejante autorización.

En su texto solo dice que: “El Senado de la Nación, en presencia del mensaje de V. E., fecha de hoy, ha resuelto manifestarle que, en el caso ocurrente; puede hacer uso de sus facultades constitucionales con relación al senador electo doctor Leandro N. Alem, cuyos términos no implican una autorización especial para arrestar al senador Alem, durante y por las facultades del estado de sitio, máxime cuando el Senado solo se pronunciaba a propósito del caso ocurrente en la fecha del mensaje, y se pronunciaba dejando al Poder Ejecutivo que usara de sus facultades constitucionales.

Es ese precisamente el punto estudiado en este fallo, y resultando de él que, entre las facultades constitucionales del Presidente de la República durante el estado de sitio, no entra la de arrestar, a los miembros del Congreso, basta esta sola consideración para negar a la nota de la referencia la importancia decisiva que le atribuye el Juez a quo en su fallo.

Por estos fundamentos, se revoca la sentencia apelada corriente a foja 29, y se declara que las inmunidades constitucionales del senador electo doctor Leandro N. Alem, no están limitadas por el estado de sitio, y que debe ser puesto en libertad; a cuyo efecto, devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia.

Benjamín Paz.- Luis V. Varela.- Abel Bazan.- Octavio Bunge.- Juan E. Torrent.-

FALLO DE LA CORTE SUPREMA

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1893.

Vistos:

En cuanto a la apelación deducida por el Procurador Fiscal, del auto de foja 11, que concede excarcelación bajo de fianza a los procesados por rebelión doctores Leandro N. Alem y Mariano N. Candioti.

y considerando:

1º.- Que en los fallos de esta Suprema Corte que “se invocan por los procesados, y en los que con ellos forman la jurisprudencia sobre esta materia, se ha declarado, con reiteración, que todos aquellos actos delictuosos que aisladamente podrían dar lugar a una acción penal, cuando se cometen durante la rebelión y, tienen por objeto producirla ó continuarla, deben tomarse como elementos de ella, y que la ley castiga con la pena máxima de diez años de extrañamiento y seis mil pesos fuertes de multa.

2º.- Que los delitos de sustracción y ocultación de armas, voladura de puentes, destrucción de vías férreas, apoderamiento de ferrocarriles y oficinas nacionales, que el Ministerio Fiscal atribuye en estos autos a los procesados, también les fueron atribuidos, en conjunto y en detalle, a los procesados por idéntico delito en la provincia de Tucumán; desestimando

esta Corte la pertinencia de las conclusiones fiscales al respecto, al decretar en ese caso la excarcelación bajo de fianza y reconociendo que esos delitos no formaban sinó elementos del delito mismo de rebelión, el que, produciendo un estado de guerra, forman los elementos lícitos del ataque y la defensa, según el derecho de las naciones.

3º.- Que ninguno de los actos a que la acusación fiscal se refiere, son ajenos al delito político de rebelión, y, por tanto no pueden tomarse aisladamente para producir acciones diversas que pudieran tener otras penas, que las establecidas para dicho delito; lo que no sucedía en el caso que se registra en la serie 2º, 12, página 121, en que la Suprema Corte negó al procesado la excarcelación bajo de fianza, por tratarse entonces de delitos comunes, que consistían en “haber cometido ó autorizado dicha rebelión y las precedentes

de 1870 y 1873, gran número de homicidios, siendo las víctimas unas veces fusiladas, otras ejecutadas a cuchillo; por haber hecho azotar un condenado en las cárceles del país, mientras que la otra exige su extrañamiento de la República, lo que importa establecer que los delitos conexos en estos casos son meras circunstancias agravantes del delito principal.

Por estos fundamentos y los de la sentencia apelada de foja once, oído el señor Procurador General, se confirma ella y devuélvanse.

Benjamín Paz. – Luis v, Varela.- Abel Bazan.- Octavio Bunge (en disidencia). – Juan E. Torrente.-

En disidencia: Por los fundamentos aducidos en la causa seguida sobre rebelión, contra los miembros de la Junta revolucionaria de Tucumán.

Octavio Bunge

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Buenos Aires, 7 de diciembre 1893.

Suprema Corte:

Los doctores Alem y Candioti expresan a foja 1 que nunca pensaron rehuir responsabilidades de sus actos confesados, y habían esperado serenos y dispuestos a todo, la solución definitiva del proceso, sin promover expontáneamente gestión de ninguna especie.

Pero, he ahí, agregan, que la Suprema Corte de Justicia acaba de declarar, con motivo de los encausados de Tucumán, que la libertad bajo fianza procede aun durante la tramitación del proceso, y en tal situación pensando que su proceder no sería bien visto y aun podría ser criticado, si manteniéndose prisioneros, dejaran de prestar a su partido el concurso a que tiene derecho en estos momentos, solicitan su libertad inmediata en aquellas condiciones y en aquella forma.

Cuando sólo resultaran hechos de rebelión y seducción de tropas con el propósito de realizarla, la analogía de causas obligaría a soluciones análogas.

Pero las sentencias invocadas, que interpretando los artículos 15 y 27 de la ley sobre crímenes contra la Nación, declararon en las causas contra los revolucionarios en Tucumán y a bordo de la torpedera ” Murature “, aplicable pena de extrañamiento, y ésta no comprendida entre las corporales; no podrían extenderse al caso sub-judice, en el que otros hechos delictuosos previstos y pasibles de pena corporal, han sido incluidos especialmente como otros tantos capítulos de la acusación fiscal.

Esa acusación sustentada por el Procurador Fiscal de la Sección Federal en Santa Fé, responsabiliza a los procesados no solo por la seducción de tropas, batallas cruentas libradas contra las fuerzas nacionales y sublevación y combate naval del acorazado los “Andes”, sinó también:

1º.- De la sustracción y ocultación de las armas de ese buque, que no han podido ser aún habidas ó restituidas al Parque Nacional.

2° De las explosiones de puente por medio de la dinamita; de la destrucción de vías férreas y del apoderamiento de ferrocarriles nacionales.

3° Del asalto y apoderamiento violento de las oficinas nacionales de correos y telégrafos, y sustracción de correspondencia.

Puedo prescindir de la rebelión y seducción de tropas; de las batallas libradas contra la autoridad constitucional de la Nación. Esos hechos y sus consecuencias luctuosas aún pueden comprenderse en el delito principal y, como lo expresa el Juez Federal en el 7° considerando de su sentencia, ampararse bajo la éjida de la jurisdicción invocada.

Pero aún queda examinar, todavía, la penalidad aplicable a los hechos fundamentales de la acusación y si resulta que algunos de ellos, uno solo, tuviese atribuida pena mayor de dos años de prisión, la excarcelación no procedería, según el texto mismo del artículo 376 del Código de Procedimientos.

Ese artículo prescribe que la excarcelación procede, cuando el hecho que motiva la prisión tenga solo pena pecuniaria ó corporal, cuyo máximun no exceda a dos años de prisión. Si el máximun de pena aplicable excede de dos años, la excarcelación no procede entónces.

Este artículo establece claramente, como base de aplicación, el máximun, no el mínimun de la pena imponible.

Resulta, pues, que aun cuando la penalidad recorra una vasta escala, cuyo mínimun puede ser uno y cuyo máximun tres ó más años, es este máximun que ha de tomarse en cuenta, para la declaración de procedencia de la excarcelación. Y esto es lógico y legal. Porque no pudiendo en el estado de sumario, apreciarse ni declararse motivos ó circunstancias atenuantes, debe estarse a lo que establezca el Código en toda su amplitud.

Ahora bien, el artículo 214 del Código Penal impone pena de Penitenciaría al que cause estragos por medio de explosión de minas, bombas, etc., u otro medio de destrucción análogo ó tan paderoso como los expresados.

El artículo 215 pena de uno á tres de prisión, al que rompa caminos de fierro, impida el tránsito de vagones y locomotoras, los haga salir de los rieles ó emplee otro medio con este fin, y el artículo 40 de la ley sobre crímenes contra la Nación, de 14 de Septiembre de 1863, aplica a los que con violencia despojen a un conductor de correspondencia, pena pecuniaria ó de trabajos forzados por dos a cuatro años, ó una y otra conjuntamente.

La designación y aplicación de estas penas, no es arbitraria, depende de los grados de culpabilidad que caracterizan el hecho constatado; antes que el Juez pueda apreciar los grados de culpabilidad resultantes del proceso no puede suponer aplicable ni el máximun ni el mínimun de la pena.

Basta que esta pueda ser de más de dos años de prisión en el caso, para que la excarcalación no sea procedente.

Aplicando las prescripciones penales citadas, a los hechos referidos y fundamentales de la acción Fiscal, y aun prescindiendo de la gravedad emergente de la magnitud de los daños causados al Gobierno Nacional, de su producción repetida en puentes, caminos, naves y armamentos nacionales y de su conección con los hechos de rebelión y soborno, siempre resultaría “que el hecho que motiva la prisión” puede ser pasible de una pena superior a dos años de prisión, y por ello excluido del beneficio del artículo 376 del Código de Procedimientos en lo criminal.

Adhiriendo por ello a la apelación lnstaurada por el Procurador Fiscal de Santa Fé, pido a V. S. la revocación del auto apelado corriente a foja 11.

En cuanto al recurso instaurado por el doctor Alem contra el auto del Juez Federal que a foja 34 vuelta declara su incompetencia para reveer la nueva orden de prisión dictada por el P. E. de la Nación en uso de las facultades del estado de sitio, nada debo agregar a los sólidos fundamentos en que la resolución judicial se apoya. Invocándolos sólo para evitar repeticiones estériles, pido a V. E. la confirmación por sus fundamentos del auto apelado corriente de foja 29 a 34.

Sabiniano Kier.

PETICION

Rosario de Santa Fe, Noviembre 17 de 1893.

Señor Juez Federal

El Senador Nacional doctor Leandro N. Alem y el doctor Mariano N. Candioti en la forma conveniente exponemos:

Nuestras declaraciones han demostrado a V. S. y a todo el mundo, que nunca hemos pensado en rehuir la responsabilidad de nuestros actos y hemos esperado serenos y dispuestos a todo, como nos mantendremos, la solución definitiva del proceso sin promover expontáneamente gestión de ninguna especie. Pero he ahí que la Suprema Corte de Justicia acaba de declarar, con motivo de los encausados en Tucumán, que nuestra libertad procede, es decir, la de todos los que en nuestro caso se encuentran aún durante la tramitación del proceso siempre que se comprometan por medio de una fianza, a estar a las resultas del juicio. En este caso y así colocadas las cosas, hemos pensado que no sería bien visto, y aún podría ser con razón criticado nuestro proceder, si nos mantuviéramos prisioneros por un capricho, sin prestar el concurso activo a que nuestro Partido tiene derecho en estos momentos. Y en consecuencia venimos a manifestar a V. S. que haciendo uso de ese recurso legal que la Suprema Corte acaba de establecer de una manera clara, terminante y precisa, solicitamos nuestra libertad inmediata en aquellas condiciones y en aquella forma.

El extenso y bien meditado fallo del Tribunal Superior ha sido publicado en todos los diarios de la capital federal, de uno de los cuales adjuntamos un ejemplar a V. S. y creyendo que sería completamente inútil entrar en consideraciones legales, en vista de aquel documento y de aquella resolución, que no puede ser desacatada, esperamos que V. S., previos los trámites de estilo, se sirva decretar la libertad solicitada.

Será justicia.

L. N. Alem._ M. N. Candioti.-

Otrosí: Fácilmente se comprende que para nosotros la fianza viene a ser una simple fórmula, que nunca rehuiremos como hemos dicho, la responsabilidad de nuestros actos; pero como la ley lo exige, ofrecemos respetuosamente por fiadores, el doctor Alem al señor Zenon Pereira, y el doctor Candioti al señor A. Alberti, quienes en prueba de su conformidad firman este escrito.

Será Justicia.

Leandro N. Alem._ mariano N. Candioti._ Zenon Pereyra._ A. Alberti.

Vista Fiscal

Señor Juez Federal:

Mi opinión en el presente caso tiene que estar de acuerdo con el dictámen expedido en el incidente de excarcelación del señor Sivori.

En aquel incidente manifesté á. V. S. que no encontraba procedente la soltura solicitada, por cuanto al delito de sedición de que era acusado, se agregaban otros hechos de grave carácter y penalidad cuya solidaridad habría aceptado aquel señor al confesarse miembro conspicuo y dirigente del Partido Radical, autor del movimiento insurreccional contra la Nación.

Tratándose hoy del incidente de excarcelación promovido por los doctores Alem y Candioti, mi actitud no cabe modificarse, porque subsisten los mismos hechos y principios que aconsejaron mi oposición a la excarcelación del señor Sivori.

Opino, pues, que V. S. Debe denegarla también en el presente caso, tanto más cuanto que ahora se trata de los autores y cabecillas principales de la rebelión en esta Provincia.

Mi oposición no es arbitraria ni antojadiza.

Cónstale á V. S. por las resultancias del proceso como por la autoridad de los hechos que tuvieron lugar en Septiembre pasado, que el objeto primordial de aquel movimiento insurreccional no fue otro que el del derrocamiento del Gobierno Federal; que para la ejecución de estos propósitos se sobornaron soldados del Ejército, asociados a los cuales se hizo fuego sobre la bandera nacional; que se sedujo é hizo venir a este puerto al acorazado “Los Andes”, donde para ser sometido tuvo que librarse un combate naval, que puso en inminente peligro la vida, y los intereses de los habitantes de esta ciudad; que de “Los Andes” se extrajeron, para ser distribuidos sin regla ni criterio, muchos miles de carabinas y fusiles remington, sables ,y cañones cuya mayor parte no ha podido aún volver al Parque Nacional, por la ocultación que de ellas se ha hecho y sigue haciéndose a pesar de las medidas conminatorias de la Policía; que se han destruido vías férreas y volado puentes, y apropiado el servicio de los Ferrocarriles; las oficinas de Correo y Telégrafo han sido asaltadas a mano armada, persiguiendo a sus empleados y apoderándose de toda la correspondencia y servicio telegráfico.

Todos estos hechos, señor Juez, constituyen delitos muy graves, cuya penalidad no es solamente la atribuida a los autores principales del delito de sedición.

Aquí hay hechos, como el del asalto al Correo y despojo de la correspondencia, cuyos sumarios V. S. conoce que merecen pena corporal aflictiva.

No hay, pues, verdadera similitud entre ellos y los de los procesados en Tucumán.

¿Necesitaré demostrar que los doctores Alem y Candioti son responsables, solidariamente de todos aquellos delitos y que así lo tienen confesado y reconocen en el curso de esta causa?

Bastaría para esto el solo escrito que motiva este dictamen fiscal.

Con arreglo a las precedentes consideraciones y a lo dispuesto en la parte final del inciso 2º del artículo 377 del Código de Enjuiciamiento Criminal, solicito de V. S. deniegue la excarcelación pedida.

Desiderio Rosas.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Rosario, Noviembre 18 de 1893,

Autos y vistos:

El incidente sobre excarcelación deducido por los doctores Leandro N. Alem y Mariano N. Candioti en la causa que por rebeldía sigue en su contra el Ministerio Fiscal, a consecuencia de los sucesos producidos en esta Provincia en el mes de Septiembre próximo pasado; y

Considerando:

1º.- Que la Suprema Corte en su reciente fallo de fecha 14 del actual, pronunciado en la causa análoga seguida a los procesados por igual delito de rebelión en la Provincia de Tucumán, ha declarado no ser corporal la pena de destierro que a los delitos de rebelión y sedición infligen los artículos 15 y 25 de la ley nacional de 14 de Septiembre de 1863, designando los crímenes cuyo juzgamiento compete a los Tribunales Nacionales.

2º.- Que asímismo se ha establecido en dicho fallo que aun cuando en la imputación criminal se atribuya a los procesados participación en otro crimen que tenga impuesta pena corporal, como la sedición de tropas de líneas a que se refiere el artículo 27 de la ley recordada, esa circunstancia no puede tomarse en consideración, por cuanto el artículo 28 de la misma establece que si llegan a tener efecto la rebelión ó la sedición, los seductores (de tropas) se reputarán promovedores (de la rebelión ó sedición) y respectivamente comprendidos en los artículos que les conciernen, que son aquellos que designan el extrañamiento y la multa como únicas penas procedentes, no habiendo -disposición alguna en esa ley que autorice la acumulación, arbitraria de la pena del artículo 27, con sólo la multa que como agravación al destierro establecen los artículos 15 y 25 citados (Considerando 6°).

3°.- Que ante esas premisas y demás que contiene el predicho fallo de la Suprema Corte, ese alto Tribunal concluye estableciendo ser procedente la excarcelación bajo fianza de los promovedores de la rebelión ó sedición, concediéndola a las personas encausadas en la Sección de Tucumán, que interpusieron el recurso que ha dado orígen a ese fallo.

4°.- Que el Ministerio Fiscal aduce en el actual caso no ser esa jurisprudencia aplicable al presente, por cuanto no exista similitud entre los hechos llevados a cabo en la insurrección sucedida en Tucumán y la producida en esta Provincia, en la cual se han perpetrado, dice, otros delitos que llevan consigo para sus ejecutores la inflicción de otras penas corporales, obstaculizando así la excarcelación solicitada por los doctores Alem y Candioti.

5° Que en presencia de lo anterior es entónces del caso y necesario entrar a examinar el valor legal de la objeción formulada.

6° Que el señor Fiscal aduce en apoyo de su aserto el hecho de encontrarse los peticionantes, doctores Alem y Candioti, además de acusados del crímen de rebelión ó sedición, de los siguientes otros: 1 ° Soborno de tropas del ejército, habiéndose hecho fuego sobre la bandera nacional; 2° Seducción de fuerzas de la Escuadra haciendo arribar a este puerto el acorazado “Los Andes “, donde para ser sometido tuvo que librarse un combate naval; 3° Extracción de armas de dicho buque, y las que no han podido volver aun al parque Nacional por la ocultación que de ellas se ha hecho; 4º Destrucción de vías férreas y apropiación del servicio de los ferrocarriles; y 5º Asalto a las oficinas de Correos y telégrafos, y despojo de la correspondencia pública.

7º.- Que el delito de seducción de fuerzas a que, el Ministerio Fiscal se refiere en los dos primeros números, como que ha tenido lugar también en la insurrección de Tucumán y ha sido tomado en consideración por la Suprema Corte en el fallo del 14 del actual (Considerando 6°), queda despojado de la calidad de argumento nuevo con que lo reviste el señor, Fiscal cayendo él por el contrario bajo la éjida de la jurisprudencia establecida en el fallo mencionado, quedando así, por consiguiente, dicha observación destruída y primando la procedencia de la soltura.

Pero el Fiscal aduce como causa agravante el hecho de los combates que han tenido lugar. A este respecto hay que advertir que en los delitos políticos de rebelión ó sedición no pueden considerarse aisladamente los resultados luctuosos de los combates, considerando como asesino ú homicida al que mata en ellos (Pacheco, Código Penal concordado y comentado, tomo 2°, página 205, párrafo 1º; Aguirre, Código Penal argentino y, concordado, página 317), careciendo así entonces de importancia legal esta otra circunstancia.

8° Que respecto al tercer delito aducido por el señor Fiscal sobre sustracción de armas, la Suprema Corte en casos anteriores en que se ha aducido como obstáculo a la excarcelación otras exacciones y robos llevados acabo por los rebeldes y sediciosos, ha establecido la jurisprudencia de que la excarcelación es procedente no obstante la existencia de esos delitos conexos (serie 1º, tomos 5°, 6° y 8°, páginas 386, 24 y 142), debiéndose por tanto desechar también la objeción Fiscal formulada sobre este punto.

9° Que el cuarto delito enunciado respecto a destrucción de vías férreas y voladuras de puentes por medio de la dinamita, si es que no estuviera tal delito comprendido en las exacciones a que se refiere el juzgamiento de la suprema Corte en los fallos indicados en el considerando anterior, y sin que lo siguiente que se dirá ó ya se ha dicho importe un juzgamiento de parte de este Tribunal, imposible, por otra parte, en el estado actual del proceso, no elevado a plenario ni abierto a prueba, tendrían esos delitos que ser regidos por la prescripción del artículo 215 del Código Penal, que inflige para ellos la pena de prisión de uno a tres años, pues no se ha aducido en la acusación fiscal haberse ocasionado descarrilamiento ni destrucción de vehículos para que su penalidad pueda ser mayor impidiendo así la procedencia de la soltura.

10°.- Que el quinto y último delito invocado por el Ministerio Fiscal y referente a asalto de las oficinas de Correos y Telé grafos, con despojo de la correspondencia pública, si bien es

verdad que por el artículo 49 de la ley nacional antes recordada de fecha 14 de Septiembre de 1863, tiene una pena de dos a cuatro años de trabajos forzados, y que es evidentemente corporal, también lo es que ésta no se impone en dicho artículo de manera irremisible, pudiendo ser sustituida por el Juez por multa de 1000 a 2000 pesos fuertes, la que también es evidente no constituye pena corporal y por ende en su calidad de alternativa, hace procedente la excarcelación, pues que es un principio inconcuso de derecho criminal el que lo odioso se restringe y lo favorable se amplia (Favorabilia sunt amplianda et odia restringenda; titulo 34, parte 7a, Recopilacion 2a).

11º.-Que a lo anterior se agrega el hecho comprobado en autos (incidente de excarcelación del doctor Julián Paz), de que los tres sacos de correspondencia tomados por los revolucionarios y a que se refiere el señor Fiscal, han sido encontrados intactos por los empleados nacionales del correo al terminar la revolución y al hacerse estos nuevamente cargo de las oficinas nacionales, según así lo expresa el Jefe de este distrito en el informe que oportunamente se le solicitó por este Tribunal.

12°.- Que destruidos así los argumentos del Ministerio Fiscal, y quedando por tanto equiparados los solicitantes doctores Alem y Candeloti a los encausados de igual clase que han motivado el fallo de la Suprema Corte de 13 del actual, la jurisprudencia en dicho fallo establecida es de ajustada aplicación a los recurrentes.

13°.- Que los fiadores propuestos, don Zenon Pereira y don Andrés Alberti, por su radicación en el país, su posición social y pecuniaria, nada dejan que observar a su respecto; siendo por tanto aceptables en todo concepto.

14°.- Que no es posible en el estado actual del juicio apreciar debidamente el valor exacto de las responsabilidades, que pudiera pesar sobre los solicitantes para designar una suma

determinada de dinero como fianza suficiente a esas responsabilidades, debiendo en tal caso el Juzgado exigir de ellos un afianzamiento general, o sea la fianza de judicatum solvi.

Por estos fundamentos: Hácese lugar a la excarcelación de los doctores Leandro N. Alem y Mariano N. Candioti bajo las fianzas ofrecidas respectivamente de los señores Zenon Pereira y Andrés Alberti, quienes deberán extenderla en legal forma, debiendo además los solicitantes prestar la de judicatum solvi en personas suficientemente abonadas y una vez todo ello fecho, líbrese la órden correspondiente a la Jefatura Política para la libertad de los recurrentes. Notifíquese con el original y repónganse los sellos.

G. Escalera y Zuviría.

RECURSO

Rosario, Noviembre 18 de 1893.

Señor Juez Federal:

El Senador Nacional Doctor Don Leandro N. Alem, a V. S, en la forma conveniente, expongo: Acabo de ser notificado por el Jefe Político que no le es posible cumplir la orden dictada por V. S. acordando mi libertad, y entiendo que procede por orden superior. La trascendencia de este acto para nuestras instituciones y el sistema de Gobierno que el Pueblo Argentino se ha dado por medio de sus legítimos representantes, los constituyentes que formularon y sancionaron el Estatuto Político que nos rige, no puede escapar a la más débil penetración, y V. S. la habrá comprendido sin duda alguna desde el primer momento.

Todo queda completamente subvertido, desapareciendo hasta la última garantía, no digo para el ciudadano, sino para todos los habitantes del país, una vez que el Poder Ejecutivo se hace árbitro supremo atribuyéndose hasta la facultad de revisar y anular las decisiones del Poder Judicial. Aquí no se trata ya, señor Juez, de la libertad de un ciudadano, tomado aisladamente el caso; la cuestión es gravísima y fundamental, porque el derecho herido de esta manera y con las consecuencias que fluyen, en uno de los miembros de la sociedad política y civil, afecta y conmueve vitalmente a la sociedad entera, y porque, finalmente y en una palabra, nuestro sistema de Gobierno desaparece completamente con este desgarramiento, sin precedentes, de nuestra Constitución.

Pero V. S., representante del Poder Judicial en este caso, tiene no solamente el derecho, sino el deber de defender y mantener incólumes las facultades propias, exclusivas y soberanas que la Constitución le acuerda. Yo no dependo ahora en nada y para nada del Poder Ejecutivo, y él mismo lo reconoce desde el momento en que fui colocado bajo la jurisdicción y el juicio de V. S. que es el representante, como he dicho, del Poder Judicial en este caso. No es posible, pues, que V. S. tolere tan atentatorio y vejatorio procedimiento; y yo cuya actitud ha demostrado al país entero que afronto decididamente la responsabilidad de mis actos, promuevo este incidente, no por el deseo de liberarme de la molestia de esta prisión, honrosa para todo “ciudadano honesto y amante de su patria, sino conducido por aquellos móviles y en vista de las funestas consecuencias que entrañan estos procederes sin calificación. Ruego, pues, y así vengo a pedir a V. S. que, invocando sus facultades exclusivas y las leyes fundamentales del país, se dirija inmediatamente al Ministro del Interior a fin de que deje sin efecto sus órdenes coercitivas e invasoras de las atribuciones del Poder Judicial ; ó si V. S. lo prefiere, y tal vez sería más eficaz, se dirija a la Suprema Corte de Justicia, el más alto Tribunal de nuestra Constitución, y cuyos fallos, en definitiva, son ahora los desacatados, para que promueva las gestiones procedentes en guarda de su propia existencia seriamente amenazada en estos momentos.

Tampoco es posible, señor Juez, detenerse, admitiendo la superchería y la burla sangrienta que el Ministro del Interior quiere hacer al Poder Judicial llevando al prisionero hasta la puerta del calabozo, con la sonrisa irónica en los labios, para decirle en seguida que hasta ahí no más llegan las órdenes de aquel poder independiente y soberano en sus decisiones.

Y todavía, señor Juez, en mi caso hay que tener presente otra consideración fundamental, yo soy un Senador de la Nación, cuyo diploma está puro y limpio como ninguno, y una vez que el Tribunal de Justicia ordena libertad por el único hecho en que ha podido intervenir él únicamente, no hay poder en la tierra argentina que pueda coartar mi libertad en estos momentos, y por esas consideraciones, sin violar de la manera más irritante nuestro estatuto político; y es precisamente la Suprema Corte de Justicia que debe declararlo enérgica y terminantemente para conservar la alta autoridad de que está investida.

Es tan clara y tan sencilla esta cuestión, que hasta impertinente sería abundar en consideraciones legales, por lo que reitero, sin más a V. S. mi pedido, a fin de que resuelva las medidas conducentes indicadas para que sea acatada la autoridad judicial y sus órdenes cumplidas. Será justicia.

L. N. Alem.

AUTO DEL JUEZ FEDERAL

Rosario, 18 de Noviembre de 1893.

Vistos:

Al Fiscal e informe el señor Jefe Político sobre la exactitud de las aseveraciones que se consignan en el precedente escrito de haber manifestado al recurrente “que no es posible cumplir la órden dictada por este Tribunal” y referente a la excarcelación decretada. Repóngase.

Escalera

VISTA FISCAL

Señor Juez Federal:

Los informes que preceden, de los señores Jefe Político y de Policía, atestiguan que se ha dado cumplimiento al decreto del Juzgado, notificando al señor Doctor Alem la orden de soltura provisional expedida por V. S. con fecha 18 del corriente.

De los mismos informes resulta, empero, que al hacérsele conocer aquella resolución, se le hizo saber a la vez, que obedeciendo a órdenes superiores quedaba detenido por la Policía.

Según lo que queda, expuesto no ha habido pues, derecho, aunque por la forma que se practicó la notificación de soltura y la intimación de un nuevo arresto, con arreglo a las órdenes ya enunciadas puede aparecer, aquello como un acto de resistencia.

No cabe por lo tanto conflicto ni discusión alguna sobre esto.

El acto practicado por la Policía ha sido correcto, puesto que, ha dado cumplimiento a la orden del Juzgado reservándose, empero, sin perjuicio de ésto, de cumplir otras disposiciones, resultantes del estado de sitio, provenientes del Gobierno General.

Con arreglo a este juicio, que no mediando defecto en el proceder de la Policía, la cual, como consta de sus notas, acepta con el mayor respeto las decisiones del Juzgado, V. S. no debe hacer lugar a lo solicitado por el Doctor Alem, dejando a este señor en libertad de ocurrir donde y en la forma que corresponda, contra la medida administrativa que le impone un nuevo arresto, salvo el mejor juicio de V. S.

Desiderio Rosas

AUTO DEL JUEZ FEDERAL

Rosario, 22 de Noviembre de 1893.

Autos y vistos:

El incidente formulado por el Doctor Leandro N. Alem sobre obstrucción a su libertad bajo fianza, del que resuIta :

1°.- Que habiendo el recurrente, encausado por rebelión, solicitado excarcelación bajo fianza, ésta le ha sido acordada por el Juzgado con fecha 18 del actual.

2°.- Que a mérito de ella el Tribunal libró la órden correspondiente a la Jefatura Política para que pusiera en libertad al solicitante.

3°.- Que pocos momentos después de entregar la dicha órden al funcionario a quien iba dirijida, el recurrente se presentó al Juzgado con el escrito de foja 20, manifestando que el señor Jefe Político le impedía su libertad, desacatando la órden impartida y haciéndolo continuar en prision.

4°.- Que pedido el informe de regla a aquel funcionario y a objeto de que éste se manifestara sobre la exactitud de la denuncia hecha, el Jefe Político la evacua rectificando la aseveración formulada, y expresando que al hacerse al Doctor Alem la notificación correspondiente se le había hecho presente “que por órden del señor Juez Federal quedaba en libertad “.

Y considerando:

1°.- Que como se manifiesta en el informe de la referencia y nota de foja 25 hay error de información en el escrito de foja 20, no existiendo desobediencia a las órdenes impartidas sobre la libertad del solicitante, a quien por el contrario se le ha manifestado de manera clara y esplícita “se encontraba en libertad por órden del infranscripto”, quedando así incólume y sin obstrucción la orden judicial de libertad librada por el Tribunal en su favor.

2°.- Que aunque es verdad que a lo anterior se ha agregado de parte de la Jefatura que debía el recurrente continuar preso por orden del Poder Ejecutivo y en uso de las facultades que a éste acuerda el estado de sitio, esto no importa una desobediencia a la libertad decretada, puesto que de manera esplícita, como se ha dicho, se notificó al recurrente ya no era retenido por parte del Juzgado Federal, viniendo así la continuación de su arresto a constituir una nueva y distinta prisión, ajena ya a la acción del Tribunal, desde el momento en que la sentencia de éste, como toda otra judicial, no tiene más radio de acción que el circunscrito al caso que la motiva, sin trascendencia a otro distinto, pero ni siquiera análogo, y menos podría entonces invadir, con una extensión ilegal otras facultades constitucionales del resorte de los otros poderes del Estado.

3°.- Que una de las facultades pecuIiares del Poder Ejecutivo en el estado de sitio y que no se discute por su evidencia, es la de poder “arrestar a las personas ó trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino” (artículo 23 de la Constitución Nacional; página 327 y siguientes, Tiffany, Gobierno y Derecho Constitucional, página 306, párrafo 457).

4°.- Que en la remarcable similitud que existe entre nuestro sistema constitucional y el de los Estados Unidos, la jurisprudencia de éste es de perfecta aplicabilidad al caso.

5°.- Que aquella tiene sentado que la suspensión del auto de habeas corpus, es un permiso expreso y un mandato del Congreso al Ejecutivo, para arrestar y encarcelar todas las personas de cuya intención ó conducta tenga razones para creer ó sospechar a la sazón, con relación a la rebelión ó la invasión, que sea ó pueda ser peligrosa para el bien común” (M. C. Coll v. Dr. C. Dowell Dedy, 238; S. C., 1, Abb, C. 212); como también que “la suspensión del privilegio del auto, de habeas hábeas siendo la autorización virtual de arrestar sin causa lega ú órden de Juez competente, se deduce que tales arrestos durante la suspensión y cuando está hecha en obediencia á la órden, ó autoridad del empleado a quien se ha investido con ese poder, son prácticamente legales, y las personas que las hacen no son responsables a la acción de daños y perjuicios por el hecho. (Idem, idem; Calvo, Decisiones Constitucionales, tomo 10, página 215, párrafos 728 y 729).

6°.- Que no es una razón que destruya la doctrina que se sostiene, el hecho de estar encausado y sometido a este Tribunal el solicitante: 1 ° porque tal excepción no la formula la ley ni la jurisprudencia que se dejan invocadas, y, por el contrario, esta última hace extensivo el poder del Ejecutivo “para arrestar y encarcelar a todas las personas sobre cuya intención ó conducta, dude ó sospeche, y es una regla de jurisprudencia de que donde la ley no distingue no debe distinguirse; y 2° porque si se estableciera en favor de los encausados una limitación a la facultad constitucional indicada, que se fundase en el solo hecho de la existencia de una causa criminal abierta contra el excepcionado, sería dar a los encausados un privilegio sobre los demás ciudadanos y habitantes del estado, quienes podrían ser encarcelados por meras sospechas ó simples presunciones; procedimiento éste que a más de ser injusto y odioso, sería a todas luces ilógico é inaceptable, llevándonos al extremo de que se encontraban más favorecidos los reos convictos y confesos que las personas inculpables, meramente sospechosas.

7°.- Que en nuestro sistema constitucional existe como base fundamental la independencia y la autonomía de los tres poderes que constituyen el Gobierno Representativo Federal, procediendo cada uno de ellos en la esfera que le corresponde con libertad amplia y completa, no siendo por tanto, permitido a ninguno de aquellos, coartar la acción que es propia y privativa del otro, y una coacción al ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo en el estado de sitio en que se encuentra esta sección, sería, sin duda, la oposición que se formulase por el Poder Judicial a la detención del recurrente, ordenada por el Poder Ejecutivo, autorizado para ello por el artículo 23 de la Constitución Nacional.

8°.- Que esta independencia de la acción de los poderes públicos en el sistema federal que nos rige, es tan amplia como lo es, a su vez y en su caso, la que existe entre el Gobierno General y los de los Estados particulares, siendo por lo tanto aplicable, por su analogía al caso, la jurisprudencia norte-americana establecida con relación al auto de habeas corpus dictado por el Estado General en contraposición a un Estado confederado.

En el caso que se registra bajo el número 2522 de la Obra del señor Calvo, antes indicada, los Tribunales Norte-americanos tienen resuelto que “ningún Juez de Estado, después de estar judicialmente informado que el preso está bajo la autoridad de los Estados Unidos, tiene derecho alguno para intervenir con él ni para mandar que sea traído a sus estrados; que ningún procedimiento judicial, cualquiera que sea la forma que asuma, puede tener autoridad legal alguna, fuera de los límites de la jurisdicción del Tribunal ó del Juez que lo adopta”.

De igual manera en el caso que se registra bajo el número 2521 , se estableció que: “despues que se ha informado sobre el auto de habeas corpus, y el Juez Federal ó Tribunal de Estado saben judicialmente que la parte está en custodia bajo la autoridad de los Estados Unidos, ya no puede seguir adelante. Ellos, entónces, dice, saben que el preso está bajo el dominio y jurisdicción de otro Gobierno, y que ni el auto de habeas corpus, ni ningún otro procedimiento tomado bajo autoridad del Estado, puede pesar sobre la línea de división que separa las dos soberanías “(Ableman v. Booth, 21, How., 506, S. C. 3; Bis 1; obra citada, tomo 2º, párrafos 268 y 269).

9°.- Que no obstante la nueva prisión decretada por el Poder Ejecutivo en contra del encausado, la causa se prosigue por el representante legal de la acción pública, el Ministro Fiscal, lo que demuestra no haber sido la mente ni la intención del Poder Ejecutivo al ordenar aquella, paralizar la secuela del proceso.

10º.- Que siendo ello así, la nueva prisión que se estudia, no pone al encausado fuera de la acción inmediata y jurisdiccional asumida legalmente por el Juez que lo juzga, única circunstancia que podría oponerse al acto del Poder Ejecutivo en razón de venir a obstacularizar el ejercicio de esa jurisdicción excluyente y privativa del Poder Judicial.

11º.- Que no existiendo entónces ante la ley ni la jurisprudencia razón legal alguna que haga inadmisible ó contrario a derecho el procedimiento empleado en el caso por el Poder Ejecutivo, teniendo en prisión al Doctor Leandro N. Alem, y ese acto como privativo de las facultades de aquél, emanadas del estado de sitio en vigencia, escapa a la acción judicial del proveyente, no teniendo, por tanto, que oponer a ello legalmente el Tribunal.

12º.- Que la calidad de Senador Nacional que acompaña a la persona del Doctor Leandro N. Alem y que éste invoca en su escrito de foja 20, no modifica la doctrina que en el presente fallo se sustenta, pues si bien es cierto que el desempeño de aquel alto puesto público, rodea a quien lo ejerce de ciertas garantías excepcionales, entre las cuales se cuenta la de no poder ser preso sinó tomado infraganti delito (artículo 61 de la Constitución Nacional), también lo es que el honorable Congreso de la Nación en nota fecha 26 de Septiembre próximo pasado, tiene concedido al Poder Ejecutivo, autorización especial para retener al recurrente, desapareciendo de este modo todo y cualquier obstáculo, que pudiera oponerse a la prisión realizada.

Por éstos fundamentos y oído el Ministro Fiscal, no se hace lugar a lo solicitado en el escrito de foja 20, y se declara incompetente este Tribunal para reveer la nueva órden de prisión dictada por el Poder Ejecutivo de la Nación en contra del Doctor Don Leandro N. Alem, y en uso de las facultades, que a aquel confiere el actual estado de sitio, dejando a salvo los derechos del solicitante para ocurrir a quien corresponda, como se pide por el señor Procurador Fiscal. Notifíquese con el original y repónganse los sellos.

G. Escalera y Zuviria.

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